Sentencia AP-422-16 — Registro 6298
Resumen
Sentencia en consulta declaró ha lugar recurso de amparo contra resolución del juzgado de primera instancia que no admitió procedimiento expedito de flagrancia contra el recurrente contra el delito que se le imputa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta sala Constitucional comparte el criterio de la Corte de Apelaciones, que considera que no se trata de un delito de investigación compleja, asimismo no hay en la causa la multiplicidad de hechos relacionados a un número elevado de imputados o de victimas; no es tampoco de las investigaciones que requieran del cumplimiento de actuaciones en el exterior y que se requiera la practica de pruebas de difícil realización; por lo que en consecuencia era procedente, en su momento haber admitido a trámite el procedimiento expedito de flagrancia en el presente caso, como lo solicito el Ministerio Público..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016)..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de Agosto de dos mil dieciséis. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016), que declaró ha lugar el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha uno (1) de febrero del dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra el señor OLBIN NEFTALI BANEGAS FIGUEROA, por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES
- Que en fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor OLBIN NEFTALI BANEGAS FIGUEROA, por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en la misma fecha el referido Juzgado celebró Audiencia de admisión de procedimiento expedito en la cual: Resolvió declarando Sin Lugar la solicitud planteada por el Ministerio Público. 3) Que en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, interpuso ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha uno (1) de febrero del dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro; Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en el Artículo 90 de la Constitución de la República.
- Que en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, OTORGO LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ. 5) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar, en este caso miembros del Ministerio Público, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal B) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016),que DECLARÓ HA LUGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha uno (1) de febrero del dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra el señor OLBIN NEFTALI BANEGAS FIGUEROA, por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando básicamente que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha uno (1) de febrero del dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra el señor OLBIN NEFTALI BANEGAS FIGUEROA, por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; vulneró el derecho contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República; dada que no tiene fundamento legal, trastocando de esta manera el debido proceso, dejando de cumplir lo que manda el Código Procesal Penal, en sus Artículos 8 y 9, en lo relacionado en una pronta y eficaz aplicación de la justicia, evitando, todo lo que tenga como propósito, dilatar indebidamente los procedimientos, actuando con estricto respeto de los derechos que corresponden a los derechos procesales. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta sala Constitucional comparte el criterio de la Corte de Apelaciones, que considera que no se trata de un delito de investigación compleja, asimismo no hay en la causa la multiplicidad de hechos relacionados a un número elevado de imputados o de victimas; no es tampoco de las investigaciones que requieran del cumplimiento de actuaciones en el exterior y que se requiera la practica de pruebas de difícil realización; por lo que en consecuencia era procedente, en su momento haber admitido a trámite el procedimiento expedito de flagrancia en el presente caso, como lo solicito el Ministerio Público CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el presente caso se enmarca dentro de los supuesto de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en el que si bien es cierto ha alegado lo procedente, también es cierto que no se han cumplido todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que se cuestiona con la despojo de la protección permitida por la ley, y al final no se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que no se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la persona humana es el fin supremo del Estado y de la sociedad, cuya integridad física, síquica y moral es tutelada mediante la adopción de instrumentos internacionales, la consagración de derechos y garantías en la Constitución de la República, la emisión de leyes y la creación del marco institucional capaz de hacer cumplir tales disposiciones CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016). POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FALLA: CONFIRMADO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0422-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL