Sentencia AP-41-16 — Registro 6304
Resumen
Sentencia en consulta denegó recurso de amparo contra resolución que declaró fracasada la presentación voluntaria del imputado y ordenó librar ordenes de captura para que rindiera su declaración en sede judicial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Sentencia denegó recurso de amparo interpuesto contra resolución que declaró fracasada la presentación voluntaria y ordenó librar orden de captura en contra del recurrente para que rindiera su declaración ante juez
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE a favor del señor JORGE LUIS ZAPPI CASTRO ante la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, venido en consulta, de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, que DENEGÓ el recurso presentado contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha uno de julio de dos mil quince, en relación a la causa instruida contra el señor JORGE LUIS ZAPPI CASTRO por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de la señora MARTHA CONCEPCION FIGUEROA TORRES. Estimó el recurrente que con el acto reclamado se han violado los Artículos 69, 82, 89, 90, 95 y 98 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE interponiendo recurso de amparo a favor del señor JORGE LUIS ZAPPI CASTRO, contra la resolución dictada en audiencia de declaración de imputado celebrada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha uno de julio de dos mil quince, mediante la cual, el citado órgano jurisdiccional resolvió, que en la presente causa se le dio oportunidades suficientes al imputado para que procediera a presentarse de manera voluntaria ante dicha judicatura, a efecto, de que rindiera su declaración, si bien es cierto, la defensa presentó documentos para fundamentar sus justificaciones medicas para no comparecer a la audiencia de mérito, la cual se reprogramó más de una vez, por lo que resultó improcedente extender mayor cantidad de tiempo para su presentación voluntaria, razones por la que el Tribunal A-quo, declaró fracasada la presentación voluntaria del encausado y ordenó a la Secretaría de ese despacho judicial librar cuantas ordenes de captura fueren necesarias contra el imputado a fin de ponerlo a la orden de ese Juzgado y se proceda en definitiva tomar su respectiva declaración, argumentos éstos que considera el recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los Artículos, 69, 82, 89, 90, 95 y 98 de la Constitución de la República. (Folios 01-04 de la pieza de la Corte de Apelaciones y 744-745 de la pieza de primera instancia).-2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, emitió la sentencia mediante la cual falló: “… DENEGAR la acción de amparo interpuesta…” (Folios 42-43 de la pieza de la Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito de conformidad a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, que DENEGÓ el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de julio de dos mil quince, en relación a la causa instruida contra el señor JORGE LUIS ZAPPI CASTRO por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de la señora MARTHA CONCEPCION FIGUEROA TORRES.
CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que el auto dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de julio de dos mil quince, en relación a la causa instruida contra el señor JORGE LUIS ZAPPI CASTRO por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de la señora MARTHA CONCEPCION FIGUEROA TORRES es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 69, 82, 89, 90, 95 y 98 de la Constitución de la República; puesto que el acto que ha generado la orden de captura nace de un acto meramente mercantil, como lo es una compraventa de un vehículo mediante un dispensa oficial, celebrado entre la Sociedad Mercantil Euroautos de Honduras, S.A. y la señora Martha Concepción Figueroa Torres, por lo tanto no corresponde que sea sometido a la jurisdicción penal el conocimiento del caso.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, ésta Sala de lo Constitucional aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, ha estimado que la finalidad de la audiencia de declaración de imputado es dar a conocer al acusado, a través del Juez en respeto al derecho de defensa, los hechos denunciados según exponen en el requerimiento fiscal, agregando también que se consignan sus datos personales en acta y lo más importante es dar a conocer los derechos y garantías que le corresponden según el Artículo 101 del Código Procesal Penal. Hasta este momento todos los derechos fundamentales han sido respetados, no se puede considerar que la mera existencia de una orden de captura relacione una vulneración de la libertad, cuando ni siquiera se ha sometido al conocimiento del Juez la situación personal, física y demás del imputado, mismas que sebe considerar en su oportunidad para que el Juzgador imponga las medidas idóneas y proporcionales, para asegurar la eficacia del proceso, la presencia del imputado y la obtención de la prueba.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa así como el derecho a la propiedad; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, mediante la cual DENIEGA la Acción de Amparo, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiuno (21) días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0041-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL