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Sentencia AP-403-15 — Registro 6249

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó resolución dictada por Juzgado de primera instancia que decretó auto de formal procesamiento contra imputada por suponerla responsable del delito de Comercialización Ilegal y Daños en perjuicio de la Fauna del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida consideró que si bien el Instituto de Conservación Forestal (ICF) documentó que la encausada no se le ha otorgado permiso para comercializar Fauna (dos Tucanes), también es cierto que es necesario acreditar los indicios de los actos de comercio; es decir, que se encontraba vendiéndolos sin el permiso correspondiente por ello consideró procedente revocar el auto de formal procesamiento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida, resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de marzo de dos mil quince, que declaró con lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; se aprecia en la misma, que el Ad-Quem concluye que el hecho de que se haya documentado por parte de la autoridad Noroccidental del Instituto de Conservación Forestal (ICF), de que a la encausada no se le ha otorgado permiso para comercializar Fauna, este indicio por si no es concluyente para acreditar que ella comercializaba los dos tucanes que le fueron decomisados, pues es necesario acreditar los indicios de los actos de comercio, es decir, que se encontraba, vendiéndolos sin el permiso correspondiente; y no existiendo ni mínimamente los mismos, no existe acreditada acción referida a dicha conducta, por lo que compartió los argumentos expuestos por la parte defensora, en su recurso; y , por ello consideró procedente revocar el auto de formal procesamiento dictado..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el sobreseimiento de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de marzo de dos mil quince, que declaró con lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; con relación a la causa instruida contra la señora GUILLERMINA OFELIA ALVARADO MARTINEZ, por suponerla responsable del delito de COMERCIALIZACION ILEGAL Y DAÑOS en perjuicio de la FAUNA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de junio del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada OLGA PATRICIA EUFRAGIO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora GUILLERMINA OFELIA ALVARADO MARTINEZ, por suponerla responsable del delito de COMERCIALIZACION ILEGAL Y DAÑOS en perjuicio de la FAUNA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha seis de octubre del año dos mil catorce, en la celebración de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado resolvió PRIMERO: Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de la imputada señora GUILLERMINA OFELIA ALVARADO MARTINEZ a quien se le supone responsable del delito de COMERCIALIZACION ILEGAL DE FAUNA en perjuicio de LA FAUNA DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Ratificar la medida cautelar de presentación voluntaria al sistema biométrico de este juzgado una vez CADA QUINCE DIAS. TERCERO: Dictar un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora GUILERMINA OFELIA ALVARADO MARTINEZ por el delito de DAÑOS A LA FAUNA en perjuicio de LA FAUNA DEL ESTADO DE HONDURAS. CUARTO: Declarar SIN LUGAR lo peticionado por la defensa en cuanto al dictar un Sobreseimiento Definitivo por el delito de Comercialización Ilegal de Fauna. 3) Que en fecha cinco de marzo del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, “RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de la Fiscalia del Ministerio Público presentado contra el Sobreseimiento Definitivo dictado en fecha seis de (06) de Octubre del 2014.- SEGUNDO: Se CONFIRMA el sobreseimiento Definitivo dictado a favor de Guillermina Ofelia Alvarado Martínez por el delito de DAÑOS, en perjuicio de la Fauna del Estado de Honduras.- TERCERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras de lo Penal de esta ciudad en fecha seis (06) de Octubre del 2014.- CUARTO: Se REVOCA el auto de formal procesamiento dictado contra Guillermina Ofelia Alvarado Martínez por el delito de Comercialización de Fauna.- QUINTO: Que el A-Quo dicto Sobreseimiento Definitivo a favor de Guillermina Ofelia Alvarado Martínez por el delito de Comercialización de Fauna en perjuicio de la Fauna del Estado de Honduras…”. 4) El recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco de mayo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha cinco de marzo de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintidós de julio del año dos mil quince, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de marzo de dos mil quince, que declaró con lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; con relación a la causa instruida contra la señora GUILLERMINA OFELIA ALVARADO MARTINEZ, por suponerla responsable del delito de COMERCIALIZACION ILEGAL Y DAÑOS en perjuicio de la FAUNA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco de mayo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha cinco de marzo de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, esto porque el Ministerio Público considera que existe una vulneración al derecho constitucional del Debido Proceso, así como al Derecho de Defensa; igualmente hay una flagrante violación al derecho de tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, esto por la falta de motivación en la resolución emitida, al no haberse realizado una valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana critica y la violación del derecho de acceso a la justicia, se deriva de la negación de justicia materializada en una resolución que carece de la motivaciones necesarias para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto; ya que el proceso mediante el cual se llegó a la misma denota inobservancia a las reglas de la sana critica como método de valoración de la prueba al no haberse valorado en forma que demanda la normativa procesal. Ya que el Ministerio Público acreditó la plena prueba de haberse cometido el delito imputado en el requerimiento fiscal, la concurrencia de cada uno de los elementos de su tipificación legal, así como el indicio racional que establece la participación de la imputada en el hecho descrito. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida, resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de marzo de dos mil quince, que declaró con lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; se aprecia en la misma, que el Ad-Quem concluye que el hecho de que se haya documentado por parte de la autoridad Noroccidental del Instituto de Conservación Forestal (ICF), de que a la encausada no se le ha otorgado permiso para comercializar Fauna, este indicio por si no es concluyente para acreditar que ella comercializaba los dos tucanes que le fueron decomisados, pues es necesario acreditar los indicios de los actos de comercio, es decir, que se encontraba, vendiéndolos sin el permiso correspondiente; y no existiendo ni mínimamente los mismos, no existe acreditada acción referida a dicha conducta, por lo que compartió los argumentos expuestos por la parte defensora, en su recurso; y , por ello consideró procedente revocar el auto de formal procesamiento dictado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el sobreseimiento de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0403=2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL