Sentencia AP-398-14 — Registro 12035
Resumen
Resolución declaró no ha lugar recurso de apelación, confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó sobreseimiento provisional a favor de recurrente en causa por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; en apelación se consideró el Decreto 184-2013, que permite un año para realizar registro de arma sin incurrir en el delito por faltar uno de los elementos del tipo objetivo; pero en cumplimiento al principio de la no reforma en perjuicio, se confirmó sobreseimiento provisional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"en el caso sub judice, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público el arma de fuego que llevaba consigo el imputado esta clasificada según el artículo 7 numeral 1 de la Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros similares como una arma permitida (deportiva o defensiva). Sin embargo para tal efecto el ciudadano, (el acusado) al portar dicha arma debía obtener el permiso de la autoridad competente para dicha portación, puesto que la falta de la autorización correspondiente, se tipifica como una conducta sancionada por la ley con pena de reclusión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 332-B, que dispone: “Quien sin el permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso persona, defensa o deportivas, municiones explosivos o similares, las descritas en la Ley Especial”. Por otra parte el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, permite lo que comúnmente conocemos como Veda a fin de que en un tiempo determinado (1 año), el poseedor de un arma de fuego de las antes descritas, disponga de ese tiempo (1 año) para inscribir en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente que tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en el artículo 332-B, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”(así reza el segundo considerando de dicho decreto). En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de tales armas, ha restringido su jus puniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley..."..."el espíritu del Decreto en mención no es despenalizar los artículo 332-A y 332 –B del Código Penal, de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado, observando la Sala, que tal razonamiento resulta erróneo, Con la Veda se pretende que la ciudadanía realice el trámite correspondiente a obtener el registro del arma y la correspondiente autorización para portarla a fin de que el Estado mantenga un control efectivo de armas; es por ello que la ley señala el término de un año, en que temporalmente no se aplicará las normas contenidas en los artículos 332-A y 332-B, una vez concluido dicho año, todo ciudadano que no se haya acogido a este beneficio obviamente deberá enfrentar las consecuencias jurídicas que no son otras que un proceso penal con la posible condena de acuerdo a lo establecido en la norma sustantiva..."..."Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado y a otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Todo lo cual aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de Portación ilegal de armas, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Decreto 184-2013, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado y a otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Todo lo cual aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de Portación ilegal de armas, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres de febrero del año dos mil catorce, que declaró No Ha Lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirmo la resolución que decreta un sobreseimiento provisional de fecha doce de septiembre de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha ocho de septiembre del año dos mil trece, la abogada SANDRA GERALDINA RAMIREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ por suponerlos responsables de los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Inicial en fecha doce de septiembre del año dos mil trece, en la cual resolvió entre algunos de sus considerándoos lo siguiente: “1).- SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-” (Folios treinta y uno (F-31) al treinta y cuatro (F-34) de la pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo de los Recursos de Apelación promovido por la abogada DIANA GUZMAN de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de febrero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarando no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA GUZMAN, en su condición de Fiscal.- 2) CONFIRMAR el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL dictado por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-” (Folios sesenta y uno (F-61) al sesenta y tres (F-63) de la pieza de los antecedentes de segunda instancia). 4) Que la recurrente la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha once de abril del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha tres de febrero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha tres de febrero del año dos mil catorce, dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el Sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor MARCO ANTONIO VELASQUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso (F. 28 pieza de amparo), manifiesta que presentó requerimiento contra el señor Marco Antonio Velásquez por suponerlo responsable del delito de Portación Ilegal de Armas, sin embargo en la audiencia inicial el A-Quo dictó sobreseimiento provisional, mismo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones recurrida. Estimando que se ha quebrantado el derecho constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 90. Manifiesta que el Ad-Quem fundamenta su resolución en el (sic) “Decreto 184-2013 del 5 de octubre del 2013 que es un decreto transitorio que permite un espacio temporal determinado (un año) para realizar tal registro, con lo que durante el mismo y dado el contenido del decreto, el poseedor pueda registrar el arma, sin que se incurra en el delito, por faltar uno de los elementos del tipo objetivo como se ha expuesto; por lo que contrario a lo que el recurrente señala no se establece uno de los elementos del delito correspondiendo que conforme a derecho no sería un auto de prisión sino un Sobreseimiento Definitivo, pero siendo que esta Corte tampoco desconoce el principio de la NO REFORMA EN PERJUICIO (art. 356 del código Procesal penal) y en cumplimiento a dicho principio que rige la materia recursiva, se confirma el sobreseimiento provisional”. Manifiesta la impetrante que a partir de la vigencia del Decreto 184-2013, se establece el término de un (1) año, para que las personas que tengan en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites de registro correspondiente ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. La recurrente refiere el artículo 332-B del Código Penal en cuanto a la configuración y sanción del delito deportación ilegal de armas, señalando que el arma que llevaba consigo el imputado es una arma permitida, la cual requiere un permiso por parte de la autoridad competente para que ser portada, debiendo ser registrada en el registro de armas correspondiente, caso contrario constituye el tipo penal previsto en el mencionado artículo. Además expone que “el artículo 2 del Decreto 184-2013 no despenaliza los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o entregar un arma prohibido; lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud de que el imputado fue encontrado en posesión de un arma sin el permiso correspondiente, sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro o entrega del arma citada…. Señala finalmente que a criterio del Ministerio Público el artículo 2 del Decreto 184-2013 no constituye unas cláusulas despenalizadora. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en su fallo (F.20 pieza de Amparo), deja establecida una relación sucinta de los hechos y de la resolución impugnada, en el acápite de la Motivación numeral dos (2) se relaciona el artículo 332-B del delito de Portación Ilegal de Armas, los elementos que lo configuran y la sanción penal establecida en la ley. En su parte conducente dice: (sic)“En el caso concreto, en efecto, el imputado tiene en posesión un arma de fuego comercial, sin permiso de autoridad competente, puesto que se acredita que el arma no está debidamente registrada en el registro de armas correspondiente; y es precisamente esta la no inscripción lo que vuelve la posesión del arma en delito. Ahora bien, mediante el Decreto 184-2013 del 5 de octubre del 2013, un decreto transitorio que permite un espacio temporal determinado (un año) para realizar tal registro, con lo que durante el tiempo y dado el contenido del Decreto, el poseedor puede registrar el arma sin que se incurra en el delito por faltar uno de los elementos del tipo objetivo como se ha expuesto; por lo que contrario a lo que el recurrente señala, no se establece uno de los elementos del delito, correspondiendo que conforme a Derecho no sería un auto de prisión sino un sobreseimiento definitivo, pero siendo que esta Corte no desconoce el principio de la no reforma en perjuicio,(art. 356 del Código Procesal penal), y en cumplimiento a dicho principio que rige la materia recursiva, se confirma el sobreseimiento provisional”, (Folio 21 vuelto, pieza de amparo). CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (7): Que en el caso sub judice, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público el arma de fuego que llevaba consigo el imputado esta clasificada según el artículo 7 numeral 1 de la Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros similares como una arma permitida (deportiva o defensiva). Sin embargo para tal efecto el ciudadano, (el acusado) al portar dicha arma debía obtener el permiso de la autoridad competente para dicha portación, puesto que la falta de la autorización correspondiente, se tipifica como una conducta sancionada por la ley con pena de reclusión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 332-B, que dispone: “Quien sin el permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso persona, defensa o deportivas, municiones explosivos o similares, las descritas en la Ley Especial”. Por otra parte el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, permite lo que comúnmente conocemos como Veda a fin de que en un tiempo determinado (1 año), el poseedor de un arma de fuego de las antes descritas, disponga de ese tiempo (1 año) para inscribir en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente que tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en el artículo 332-B, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”(así reza el segundo considerando de dicho decreto). En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de tales armas, ha restringido su jus puniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley. CONSIDERANDO (8): Que el Ente Acusador, mantiene la postura que el decreto antes referido no despenaliza los delitos señalados en los artículo 332-A y 332 –B del Código Penal, señalando que se evidencia es que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo de veda allí establecido no enfrente consecuencia jurídicas al acudir a registrar su arma o entregar un arma prohibida….ciertamente que el espíritu del Decreto en mención no es despenalizar los artículo 332-A y 332 –B del Código Penal, de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado, observando la Sala, que tal razonamiento resulta erróneo, Con la Veda se pretende que la ciudadanía realice el trámite correspondiente a obtener el registro del arma y la correspondiente autorización para portarla a fin de que el Estado mantenga un control efectivo de armas; es por ello que la ley señala el término de un año, en que temporalmente no se aplicará las normas contenidas en los artículos 332-A y 332-B, una vez concluido dicho año, todo ciudadano que no se haya acogido a este beneficio obviamente deberá enfrentar las consecuencias jurídicas que no son otras que un proceso penal con la posible condena de acuerdo a lo establecido en la norma sustantiva. CONSIDERANDO (9): Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado y a otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Todo lo cual aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de Portación ilegal de armas, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013. CONSIDERANDO (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92,99, 183, 303, 313 No.5, y 316, de La Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán en fecha tres de febrero del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGATUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-398-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL