Sentencia AP-393-15 — Registro 6248
Resumen
Resolución recurrida que revocó sobreseimiento definitivo a favor de impetrante,con relación a la causa instruida contra ésta y otros por los delitos de Abuso de Autoridad, Falsificación de Documentos públicos,Violación de los deberes de los Funcionarios y Fraude, en perjuicio de la administracion publica del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Resolución recurrida que revocó sobreseimiento definitivo a favor de impetrante, con relación a la causa instruida contra ésta y otros por los delitos de Abuso de Autoridad, Falsificación de Documentos públicos, Violación de los deberes de los Funcionarios y Fraude, en perjuicio de la administración publica del Estado de Honduras
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 349 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en la acción de Amparo interpuesta por la abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, a favor de la señora MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, contra el auto motivado dictado en fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la audiencia inicial iniciada el día diecinueve (19) de junio del año dos mil catorce (2014), y concluida el día siguiente; con relación a la causa instruida contra los señores MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, CHESTER RAFAEL SANCHEZ ANDINO, CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, TRES DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. – ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, presentando Requerimiento fiscal contra los señores CHESTER RAFAEL SANCHEZ ANDINO, MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ CARLOS YOVANT ARGEÑAL CALDERON, ELSY MARINA ALANIZ, CLAUDIA PATRICA LOPEZ SOTO, DESIRETH JAQUELINE ROSALES CRUZ, GERMAN EDGARDO VELASQUEZ FLORES, y YONIS MARTINEZ SUAZO, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, TRES DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en Perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en Audiencia Inicial que dio inicio en fecha diecinueve de junio del año dos mil catorce y que concluyó el quince de agosto del dos mil catorce, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán resolvió (SIC) Decretar “1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra GERMÁN EDGARDO VELASQUEZ FLORES, por el delito de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS; y sí bien es cierto el Ministerio Público lo acusa del delito de estafa, no es menos cierto que el Tribunal se puede apartar de la acusación, cuando exista homogeneidad en los delitos, sea el mismo ofendido y no sea en perjuicio del imputado; asimismo se le mantienen las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado.- 2) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de MIRIAM ELIZABET MEJIA SÁNCHEZ, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS; tres delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ABUSO DE AUTORIDAD, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y FRAUDE, en perjuicio de LA FE PUBLICA y LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 3) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de CHESTER RAFAEL SÁNCHEZ ANDINO, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA FE PUBLICA y LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 4) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de CARLOS YOVANNY ARGEÑAL CALDERON, ELSY MARINA ALANIZ y CLAUDIA PATRICIA LOPEZ SOTO, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; USO DE DOCUMENTOS FALSOS y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA FE PUBLICA y LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 5) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de YONIS MARTINEZ SUAZO, por el delito de FAISIFICACION DE DOCUMENTOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA...” (Folios 1939 frente al 2009 vuelto).- 3) Que en fecha catorce (14) de enero del a±1o dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, al conocer en apelación la resolución relacionada en el inicio que antecede RESUELVE: (SIC) 1.- DECLARAR Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación planteado por la Abogada WENDY RODRIGUEZ PEREZ, Fiscal, en los alcances siguientes: 1.1) Revocar los sobreseimientos definitivos dictados a los imputados MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, CHESTER RAFAEL SANCHEZ, CLAUDIA LOPEZ SOTO, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, 1.2) QUE SE DICTEN LOS AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO por dichos delitos a los imputados antes referidos; 1.3) Revocar los Sobreseimientos Definitivos por los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS a ELSA MARINA ALANIZ y CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON y que se dicte los Autos de Formal Prisión por dichos delitos a ELSA MARINA ALNIZ y CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON. - 1.4) REVOCAR EL SOBRESEMIENTO DEFINITIVO por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS dictado a favor de YONIS MARTINEZ SUAZO. - Que se dicte el auto de formal procesamiento por dicho delito.- 1.5) REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINTIVO dictado a la señora MIRIAM ELIZABETH MEJIA SAWCHEZ por el delito de FRAUDE Y QUE SE DICTE EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, por dicho delito. - 1.6) REFORMAR LOS SOBRESEIMIENTOS DEFINITIVOS DICTADOS A FAVOR DE ELSA MARINA ALNIZ Y CARLOS YOVANY ARGEÑAL Y SE DICTE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD.- 1.7) REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a favor de GERMAN EDGARDO VELASQUEZ FLORES, por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, que se dicte auto de formal procesamiento por dicho delito.- 1.8) Reformar del delito de Apropiación Indebida dictado a GERMAW EDGARDO VELASQUEZ FLORES, al delito de ESTAFA.- 2) Declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto por el Abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR, Defensor Privado de GERMAM EDGARDO VELASQUEZ...” (Folios 3283 al 3303 de la Corte de Apelaciones) .- 4) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil quince (2015), la recurrente abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo amparo a favor de la señora MIRIAM ELIZABERH MEJIA SANCHEZ, por estimar que la decisión del ad quem, que se deja relacionada en el numeral que antecede, ha quebrantado los artículos 60, 61, 89, 90 y 98 de la Constitución de la República. (Folio 1-4 de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil quince (2015), esta Sala resolvió tener por formalizado en tiempo y forma la acción de Amparo y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico. (Folio 65 de esta pieza de Amparo).- CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra de los señores MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, CHESTER RAFAEL SANCHEZ ANDINO, CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, TRES DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar CON LUGAR parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico y en consecuencia entre otros, revoco los sobreseimientos definitivos dictado a favor de la imputada MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y FRAUDE, ordenando que se dicte en contra de la misma el correspondiente auto de formal procesamiento por los referidos ilícitos.- CONSIDERANDO (3): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por la abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER por considerar la misma, que el Tribunal ad quem ha violentado el contenido de los artículos 60, 61, 89, 90 y 98 de la Constitución de la República; siendo las dos primeras, declaraciones constitucionales y no derechos o garantías; por lo que en cuanto a ellas se refiere, no puede entenderse abarcado la acción de amparo; puesto que el artículo 183 numeral 1 de la Constitución, determina como objeto de la garantía de amparo, el que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, excluyendo con ello a las declaraciones.- CONSIDERANDO (4): Que a modo de introito la recurrente hace referencia de los hechos por los cuales se presentó requerimiento fiscal en contra de su representada, para ello relata que todo tiene su origen en el contrato celebrado entre el Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), representado por su ministra Directora la señora MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, y la empresa INDUSTRIAS VELFOR S. de R. L., contrato referido a la construcción de mobiliario para ser usado en el área educativa, y por el cual se pacto una suma de dinero conforme a las condiciones acordadas. Dice la recurrente que en el caso de la imputada se le acusa de efectuar los pagos a la referida empresa, sin que a cambio por parte de esta, se haya entregado el mobiliario respectivo, con lo cual el ente acusador considera que se ha beneficiado a dicha empresa. Arguye que en el proceso se ha argumentado que la empresa hizo entrega parcial del mobiliario y que el resto del mismo esta a disposición del Estado por medio del organismo competente para que pueda retirarlo, pero que a raíz de los acontecimientos políticos del año 2009 en nuestro país, se ha utilizado esto como excusa para no recibir dicho mobiliario, asociado al hecho de que los materiales que se pidieron al exterior para la elaboración del mobiliario, no pudieron ingresar a Honduras por los referidos acontecimientos políticos, ya que el medio de transporte que los traía al país quedo varado en la frontera entre México y Guatemala; por lo que tales situaciones no son responsabilidad de la imputada. Dice la recurrente que la juez a quo haciendo una correcta valoración de los medios de prueba llego al convencimiento de la no responsabilidad penal de su representada; situación que no ocurre con el Tribunal de Alzada quien sin fundamento alguno ha revocado el sobreseimiento definitivo dictado por la primera instancia; aun y cuando consta en la extensa audiencia inicial llevada a cabo que todos los pagos que se llevaron a cabo tienen el respaldo de la SIAFI, tal y como lo ha dejado expuesto en diversas ocasiones la defensa, y aunado a lo anterior la declaración que fuera rendida por la ex ministra de Finanzas la señora Rebeca Santos, quien en sus dichos explico ampliamente en cuanto al procedimiento que se sigue en el sistema F-01 que viene a ser como una cuota de aprobación del presupuesto de licitación publica; testimonio de la referida ex funcionaria que en el caso de autos resulta determinante para demostrar que en cuanto a su representada cabe que se le ampare por parte de la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que Referente a la vulneración del principio constitucional de inocencia que consagra el artículo 89 de nuestra carta magna, expone la recurrente que su vulneración se produce en tanto en cuanto la resolución del Tribunal de Alzada, desconoce que en el caso de autos de lo que se trata es de un asunto eminentemente contractual, que queda sujeto a las condiciones pactadas en el contrato numero 0027/COHCIT, celebrado entre las partes, y en cuya clausula DECIMA se estipula claramente: “Si con motivo de alguna controversia en la interpretación de este contrato, reclamos y otros, en que las partes no estuvieren de acuerdo, esta se someterá a lo estipulado en el pliego de condiciones de la licitación publica nacional Ipn7-001/ROPYYECTO APRENDE/ 2008.”; amen de que se estipula que el Tribunal competente para conocer de cualquier conflicto, o incumplimiento de contrato, lo será el juzgado de lo Contencioso Administrativo; lo cual implica que no le compete conocer a la jurisdicción penal de conocer de tal asunto.- CONSIDERANDO (6): Que se alega también la vulneración del derecho que le asiste a la imputada que se le juzgue con el respeto y garantías que la ley establece, y que se recoge constitucionalmente en el derecho al debido proceso regulado en el párrafo primero del artículo 90 constitucional, para ello dice que juzgar a la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, por la vía penal deviene en un indebido proceso, ello en razón de que la cuestión sobre la que se trata el asunto de merito, es una cuestión eminentemente mercantil, por lo cual la jurisdicción competente para conocer de la misma es la vía civil, y que en ese sentido resulta claramente establecido que la misma no puede ser juzgada por obligaciones que no provengan de delito o falta.- CONSIDERANDO(7): Que en resolución de fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la imputada por el Juez Instructor, arguyendo para ello que conforme a las pruebas presentadas se configura los ilícitos imputados a la misma, ello en razón de que por el cargo que ella desempeñaba, esto es de Ministra Directora del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), fue precisamente ella la que suscribe el contrato de adquisión de mobiliario para las aulas tecnológicas con la empresa Velfor S. de R. L., contrato que en su clausula Quinta deja establecido las formas de pago del mismo, estableciéndose primariamente un pago inicial mediante un anticipo del 20% del monto total del contrato, equivalente al suma de Ocho Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos Diez Lempiras con Cincuenta y Tres Centavos exactos (L. 8,151,510.53); así mismo se establece que el contratista entregara parcialmente los bienes objeto del contrato, debiendo conservar los mismos bajo su custodia hasta la totalidad de su entrega. Dice el Tribunal de Alzada que en el caso de autos de la lectura de la referida Cláusula Quinta del contrato se deja plenamente establecido las condiciones de pago y la forma en que se debían hacer los desembolsos a la empresa Velfor, y puesto que si bien se podían ser reservados los fondos para el año fiscal siguiente, no por eso debían de realizarse desembolsos, ya que el mobiliario no había sido recibido en su totalidad, por lo que no debió de hacerse el pago total de Cuarenta Millones, pues al hacerlo así, con ello se ha causado daño al Estado de Honduras, en ese sentido los pagos ordenados por la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, no podían ser priorizados, esto es pagarlos de forma anticipada; razón por la cual con respecto a la misma se configuran los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios, Falsificación de Documentos Públicos y Fraude.- CONSIDERANDO(8): Que la garantía genérica del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna, donde se establece que nadie podrá ser juzgado sino es por un Juez o Tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. De este modo, dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc….- CONSIDERANDO(9): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa criminal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. - CONSIDERANDO(10): Que como antes quedó apuntado, en el caso que ahora nos ocupa, se atribuye a la imputada la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, tipificado en el artículo 349 Nº 2 y 3 respectivamente del Código Penal, conforme al cual se sanciona con tres a seis años de reclusión al funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contarios a la Constitución de la República o las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos.” y “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo.”- CONSIDERANDO(11): Que también se imputa a la procesada la comisión del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS tipificado en el artículo 284 del Código Penal, conforme al cual se sanciona con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo o en parte un documento publico falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: ……4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos.- CONSIDERANDO(12): Que se imputa a la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, el delito de FRAUDE preceptuado en el articulo 376 del Código Penal que establece: “El funcionario o empleado publico que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis a nueve años mas inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión.”- CONSIDERANDO(13): Que la Sala estima que la jurisdicción penal no es competente para entrar a valorar y decidir sobre los efectos del cumplimiento o no de un contrato de suministros de bienes muebles, cuando el importe total de dicho contrato se ha pagado y la parte suministradora de dichos bienes no ha hecho entrega de los mismos en su totalidad; pero sí es atribución de la jurisdicción penal establecer con arreglo a los elementos probatorios hasta ahora recabados en el proceso, si existe una probabilidad razonable de que la imputada ha podido participar en la comisión de los delitos que se le imputan, y con ello determinar si el auto de formal procesamiento dictado en su contra por el Tribunal de Segunda Instancia ha vulnerado o no, la garantía constitucional del debido proceso.- CONSIDERANDO(14): Que del estudio de los antecedentes, así como del auto motivado que se impugna en esta vía constitucional se desprende que la Ministra Comisionada del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez y el señor Germán Edgardo Velásquez Flores en su condición de Gerente de la sociedad mercantil denominada Industrias Velfor S. de R. L., suscribieron un contrato para suministros de mobiliario para ser utilizado en el proyecto de aulas tecnológicas a nivel nacional, contrato por un monto global de Cuarenta Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras con Sesenta y Cuatro centavos (L. 40.757,552.64); resultando acreditado en el proceso que hasta la fecha doce de abril del año dos mil diez, la referida empresa había hecho entrega de una parte del total de muebles que debería haber entregado conforme al listado estipulado en el contrato suscrito; también se constata que conforme a la Clausula Quinta del referido contrato se deja especificado, la forma de pago al contratista y la documentación que se deberá acompañar para hacerlo efectivo, se hace mención también que el contratista entregará parcialmente los bienes objetos del contrato, debiendo conservar los mismos bajo custodia hasta la totalidad de la entrega, quedando obligado el mismo de hacer entrega a la administración del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), de las respectivas actas de recepción de los bienes entregados en cada centro educativo, siendo este un requisito para que el contratante hiciera el tramite de los desembolsos parciales, y solo una vez recibidas esas actas de recepción, el contratante tramitaría el desembolso final y emitiría el acta de recepción definitiva. Esta Sala comprueba también que en el caso que nos ocupa los pagos fueron efectuados en su totalidad, aun y cuando la totalidad del mobiliario no se había entregado, esto es se hizo el pago de forma anticipada a través del SIAF que es la unidad que maneja el referido proyecto para efectos contables. Consta también en el proceso que respecto de la señora la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, la misma solicito a la Ministra de la Secretaria de Finanzas, en ese entonces la señora Rebeca Santos la posibilidad de poder trasladar fondos del referido Consejo del año fiscal 2008 al año fiscal 2009, ya que resultaba imposible cumplir con los compromisos contractuales del referido Proyecto; así mismo que en respuesta a tal solicitud la señora Ministra de Finanzas en el Oficio CP-0945/2008 deja establecido que los fondos nacionales que son aprobados en un ejercicio fiscal no pueden ser trasladados a otro ejercicio fiscal. Por lo tanto recomienda trasladar en el SIAF, los tramites de pago del anticipo y el complemento del pago de la empresa adjudicada, y que los formularios de ejecución de gasto complementario a la empresa adjudicada no sea priorizado sino hasta el ejercicio fiscal 2009, no obstante, dichos fondos deberá ser transferido al beneficiario de pago a mas tardar el 31 de marzo de 2009. Señalado lo anterior la Sala estima, al igual que lo hizo el juez instructor, que la carga del Sistema Integrado de Administración de Financiera del Estado (SIAF), en cuanto al pago a la industria Velfors S. de R. L., se ha debido a la aprobación tardía del Proyecto/Aprende, esto provocado por la tardanza en la aprobación del Presupuesto General de la República y las reducciones en las cuotas solicitadas a la Tesorería General de la República, por lo que resulta que la imputada siguiendo las recomendaciones de la señora Ministra de Finanzas la señora Rebeca Santos, han obviado la Clausula Quinta del contrato y sin la documentación soporte subieron los pagos al referido SIAF, pagos que fueron depositados en las cuentas de la industria Velfors S. de R. L., en el mes de enero de 2009.- CONSIDERANDO(15): Que el tipo penal de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, no exige que por la actuación ilegal del funcionario o empleado a quien se atribuye la comisión de dicho delito, se haya causado un perjuicio para bienes jurídicos distintos del protegido por la norma. En este sentido resulta ilustrativo, lo señalado por el penalista CARLOS CREUS, cuando al comentar la figura del abuso de autoridad, dice que la ley pune toda actuación u omisión perpetradas al margen de los deberes que constitucional, legal o reglamentariamente se imponen a los funcionarios y que les determinen específicas órbitas de competencia que deben asumir necesariamente, aunque el acto abusivo o irregular no ataque otros derechos (vid. CREUS, CARLOS, “Delitos contra la Administración Pública, Comentario de los artículos 237 a 281 del Código Penal”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pág. 188), o lo expresado por FONTAN BALESTRA, cuando explica que el delito de abuso de autoridad se consuma, con la acción u omisión, según se trate de dictar o ejecutar resoluciones u órdenes, o de no ejecutar las leyes, sin que se requiera la producción de daño ni de provecho alguno, siendo precisamente ésta, la característica del abuso genérico de autoridad. (Vid. FONTAN BALESTRA, CARLOS, “Tratado de Derecho Penal, Tomo VII, Parte Especial”, ABELEDO PERROT, Buenos Aires, 1975, pág. 232). Señalado lo anterior entendemos que la omisión del contenido del Clausula Quinta del contrato suscrito entre las partes, si bien constituye per se una infracción del deber de examinar tal contrato, también lo es que dada las razones especiales que se dieron en cuanto al atraso de la aprobación del Presupuesto general de la República, amen de lo recomendado por la señora Ministra de Finanzas la señora Rebeca Santos, la imputada se ha visto compelida a actuar de tal forma, de ahí que podemos afirmar que su actuación no produce hasta este momento procesal, los elementos probatorios suficientes para expresar que existe una probabilidad razonable de que la imputada ha podido incurrir en la comisión de los delitos que se le imputan, al margen o con independencia de que la falta de cumplimiento del contrato por parte de empresa Velfors S. de R.L., haya o no comportado un perjuicio económico para el Estado de Honduras.- CONSIDERANDO(16): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la Corte de Apelaciones al ordenar que se revoque el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la imputada MIRIAM ELIZABETH MEJÍA SÁNCHEZ, no obstante que de los antecedentes se desprende que no existen elementos probatorios suficientes para suponer racionalmente que ha podido incurrir en la comisión de los hechos delictivos, ha infringido la garantía constitucional del debido proceso en perjuicio de la imputada, puesto que con ello posibilita la prosecución del procedimiento penal que en el caso de autos no procede contra la misma, por lo que el amparo interpuesto por la recurrente, debe ser otorgado en orden a la preservación de la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce en su favor. - POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los artículos 1, 89, 90, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 349 numerales 2 y 3 del Código Penal; 1, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I.-OTORGANDO la Acción de amparo interpuesta por la abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, contra el auto motivado dictado en fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, II.- SE ORDENA que la referida Corte de Apelaciones profiera nuevo fallo a fin de que se dicte Sobreseimiento definitivo a favor de la señora MIRIAM ELIZABETH MEJÍA SÁNCHEZ, por los delitos a ella imputados.- Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal , registrado en este Tribunal bajo el número 0393-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en la acción de Amparo interpuesta por la abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, a favor de la señora MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, contra el auto motivado dictado en fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la audiencia inicial iniciada el día diecinueve (19) de junio del año dos mil catorce (2014), y concluida el día siguiente; con relación a la causa instruida contra los señores MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, CHESTER RAFAEL SANCHEZ ANDINO, CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, TRES DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. – ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, presentando Requerimiento fiscal contra los señores CHESTER RAFAEL SANCHEZ ANDINO, MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ CARLOS YOVANT ARGEÑAL CALDERON, ELSY MARINA ALANIZ, CLAUDIA PATRICA LOPEZ SOTO, DESIRETH JAQUELINE ROSALES CRUZ, GERMAN EDGARDO VELASQUEZ FLORES, y YONIS MARTINEZ SUAZO, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, TRES DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en Perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en Audiencia Inicial que dio inicio en fecha diecinueve de junio del año dos mil catorce y que concluyó el quince de agosto del dos mil catorce, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán resolvió (SIC) Decretar “1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra GERMÁN EDGARDO VELASQUEZ FLORES, por el delito de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS; y sí bien es cierto el Ministerio Público lo acusa del delito de estafa, no es menos cierto que el Tribunal se puede apartar de la acusación, cuando exista homogeneidad en los delitos, sea el mismo ofendido y no sea en perjuicio del imputado; asimismo se le mantienen las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado.- 2) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de MIRIAM ELIZABET MEJIA SÁNCHEZ, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS; tres delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ABUSO DE AUTORIDAD, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y FRAUDE, en perjuicio de LA FE PUBLICA y LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 3) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de CHESTER RAFAEL SÁNCHEZ ANDINO, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA FE PUBLICA y LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 4) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de CARLOS YOVANNY ARGEÑAL CALDERON, ELSY MARINA ALANIZ y CLAUDIA PATRICIA LOPEZ SOTO, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; USO DE DOCUMENTOS FALSOS y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA FE PUBLICA y LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 5) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de YONIS MARTINEZ SUAZO, por el delito de FAISIFICACION DE DOCUMENTOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA...” (Folios 1939 frente al 2009 vuelto).- 3) Que en fecha catorce (14) de enero del a±1o dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, al conocer en apelación la resolución relacionada en el inicio que antecede RESUELVE: (SIC) 1.- DECLARAR Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación planteado por la Abogada WENDY RODRIGUEZ PEREZ, Fiscal, en los alcances siguientes: 1.1) Revocar los sobreseimientos definitivos dictados a los imputados MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, CHESTER RAFAEL SANCHEZ, CLAUDIA LOPEZ SOTO, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, 1.2) QUE SE DICTEN LOS AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO por dichos delitos a los imputados antes referidos; 1.3) Revocar los Sobreseimientos Definitivos por los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS a ELSA MARINA ALANIZ y CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON y que se dicte los Autos de Formal Prisión por dichos delitos a ELSA MARINA ALNIZ y CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON. - 1.4) REVOCAR EL SOBRESEMIENTO DEFINITIVO por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS dictado a favor de YONIS MARTINEZ SUAZO. - Que se dicte el auto de formal procesamiento por dicho delito.- 1.5) REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINTIVO dictado a la señora MIRIAM ELIZABETH MEJIA SAWCHEZ por el delito de FRAUDE Y QUE SE DICTE EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, por dicho delito. - 1.6) REFORMAR LOS SOBRESEIMIENTOS DEFINITIVOS DICTADOS A FAVOR DE ELSA MARINA ALNIZ Y CARLOS YOVANY ARGEÑAL Y SE DICTE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD.- 1.7) REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a favor de GERMAN EDGARDO VELASQUEZ FLORES, por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, que se dicte auto de formal procesamiento por dicho delito.- 1.8) Reformar del delito de Apropiación Indebida dictado a GERMAW EDGARDO VELASQUEZ FLORES, al delito de ESTAFA.- 2) Declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto por el Abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR, Defensor Privado de GERMAM EDGARDO VELASQUEZ...” (Folios 3283 al 3303 de la Corte de Apelaciones) .- 4) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil quince (2015), la recurrente abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo amparo a favor de la señora MIRIAM ELIZABERH MEJIA SANCHEZ, por estimar que la decisión del ad quem, que se deja relacionada en el numeral que antecede, ha quebrantado los artículos 60, 61, 89, 90 y 98 de la Constitución de la República. (Folio 1-4 de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil quince (2015), esta Sala resolvió tener por formalizado en tiempo y forma la acción de Amparo y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico. (Folio 65 de esta pieza de Amparo).- CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra de los señores MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, CHESTER RAFAEL SANCHEZ ANDINO, CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, TRES DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar CON LUGAR parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico y en consecuencia entre otros, revoco los sobreseimientos definitivos dictado a favor de la imputada MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y FRAUDE, ordenando que se dicte en contra de la misma el correspondiente auto de formal procesamiento por los referidos ilícitos.- CONSIDERANDO (3): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por la abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER por considerar la misma, que el Tribunal ad quem ha violentado el contenido de los artículos 60, 61, 89, 90 y 98 de la Constitución de la República; siendo las dos primeras, declaraciones constitucionales y no derechos o garantías; por lo que en cuanto a ellas se refiere, no puede entenderse abarcado la acción de amparo; puesto que el artículo 183 numeral 1 de la Constitución, determina como objeto de la garantía de amparo, el que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, excluyendo con ello a las declaraciones.- CONSIDERANDO (4): Que a modo de introito la recurrente hace referencia de los hechos por los cuales se presentó requerimiento fiscal en contra de su representada, para ello relata que todo tiene su origen en el contrato celebrado entre el Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), representado por su ministra Directora la señora MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, y la empresa INDUSTRIAS VELFOR S. de R. L., contrato referido a la construcción de mobiliario para ser usado en el área educativa, y por el cual se pacto una suma de dinero conforme a las condiciones acordadas. Dice la recurrente que en el caso de la imputada se le acusa de efectuar los pagos a la referida empresa, sin que a cambio por parte de esta, se haya entregado el mobiliario respectivo, con lo cual el ente acusador considera que se ha beneficiado a dicha empresa. Arguye que en el proceso se ha argumentado que la empresa hizo entrega parcial del mobiliario y que el resto del mismo esta a disposición del Estado por medio del organismo competente para que pueda retirarlo, pero que a raíz de los acontecimientos políticos del año 2009 en nuestro país, se ha utilizado esto como excusa para no recibir dicho mobiliario, asociado al hecho de que los materiales que se pidieron al exterior para la elaboración del mobiliario, no pudieron ingresar a Honduras por los referidos acontecimientos políticos, ya que el medio de transporte que los traía al país quedo varado en la frontera entre México y Guatemala; por lo que tales situaciones no son responsabilidad de la imputada. Dice la recurrente que la juez a quo haciendo una correcta valoración de los medios de prueba llego al convencimiento de la no responsabilidad penal de su representada; situación que no ocurre con el Tribunal de Alzada quien sin fundamento alguno ha revocado el sobreseimiento definitivo dictado por la primera instancia; aun y cuando consta en la extensa audiencia inicial llevada a cabo que todos los pagos que se llevaron a cabo tienen el respaldo de la SIAFI, tal y como lo ha dejado expuesto en diversas ocasiones la defensa, y aunado a lo anterior la declaración que fuera rendida por la ex ministra de Finanzas la señora Rebeca Santos, quien en sus dichos explico ampliamente en cuanto al procedimiento que se sigue en el sistema F-01 que viene a ser como una cuota de aprobación del presupuesto de licitación publica; testimonio de la referida ex funcionaria que en el caso de autos resulta determinante para demostrar que en cuanto a su representada cabe que se le ampare por parte de la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que Referente a la vulneración del principio constitucional de inocencia que consagra el artículo 89 de nuestra carta magna, expone la recurrente que su vulneración se produce en tanto en cuanto la resolución del Tribunal de Alzada, desconoce que en el caso de autos de lo que se trata es de un asunto eminentemente contractual, que queda sujeto a las condiciones pactadas en el contrato numero 0027/COHCIT, celebrado entre las partes, y en cuya clausula DECIMA se estipula claramente: “Si con motivo de alguna controversia en la interpretación de este contrato, reclamos y otros, en que las partes no estuvieren de acuerdo, esta se someterá a lo estipulado en el pliego de condiciones de la licitación publica nacional Ipn7-001/ROPYYECTO APRENDE/ 2008.”; amen de que se estipula que el Tribunal competente para conocer de cualquier conflicto, o incumplimiento de contrato, lo será el juzgado de lo Contencioso Administrativo; lo cual implica que no le compete conocer a la jurisdicción penal de conocer de tal asunto.- CONSIDERANDO (6): Que se alega también la vulneración del derecho que le asiste a la imputada que se le juzgue con el respeto y garantías que la ley establece, y que se recoge constitucionalmente en el derecho al debido proceso regulado en el párrafo primero del artículo 90 constitucional, para ello dice que juzgar a la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, por la vía penal deviene en un indebido proceso, ello en razón de que la cuestión sobre la que se trata el asunto de merito, es una cuestión eminentemente mercantil, por lo cual la jurisdicción competente para conocer de la misma es la vía civil, y que en ese sentido resulta claramente establecido que la misma no puede ser juzgada por obligaciones que no provengan de delito o falta.- CONSIDERANDO(7): Que en resolución de fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la imputada por el Juez Instructor, arguyendo para ello que conforme a las pruebas presentadas se configura los ilícitos imputados a la misma, ello en razón de que por el cargo que ella desempeñaba, esto es de Ministra Directora del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), fue precisamente ella la que suscribe el contrato de adquisión de mobiliario para las aulas tecnológicas con la empresa Velfor S. de R. L., contrato que en su clausula Quinta deja establecido las formas de pago del mismo, estableciéndose primariamente un pago inicial mediante un anticipo del 20% del monto total del contrato, equivalente al suma de Ocho Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos Diez Lempiras con Cincuenta y Tres Centavos exactos (L. 8,151,510.53); así mismo se establece que el contratista entregara parcialmente los bienes objeto del contrato, debiendo conservar los mismos bajo su custodia hasta la totalidad de su entrega. Dice el Tribunal de Alzada que en el caso de autos de la lectura de la referida Cláusula Quinta del contrato se deja plenamente establecido las condiciones de pago y la forma en que se debían hacer los desembolsos a la empresa Velfor, y puesto que si bien se podían ser reservados los fondos para el año fiscal siguiente, no por eso debían de realizarse desembolsos, ya que el mobiliario no había sido recibido en su totalidad, por lo que no debió de hacerse el pago total de Cuarenta Millones, pues al hacerlo así, con ello se ha causado daño al Estado de Honduras, en ese sentido los pagos ordenados por la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, no podían ser priorizados, esto es pagarlos de forma anticipada; razón por la cual con respecto a la misma se configuran los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios, Falsificación de Documentos Públicos y Fraude.- CONSIDERANDO(8): Que la garantía genérica del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna, donde se establece que nadie podrá ser juzgado sino es por un Juez o Tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. De este modo, dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc….- CONSIDERANDO(9): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa criminal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. - CONSIDERANDO(10): Que como antes quedó apuntado, en el caso que ahora nos ocupa, se atribuye a la imputada la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, tipificado en el artículo 349 Nº 2 y 3 respectivamente del Código Penal, conforme al cual se sanciona con tres a seis años de reclusión al funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contarios a la Constitución de la República o las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos.” y “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo.”- CONSIDERANDO(11): Que también se imputa a la procesada la comisión del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS tipificado en el artículo 284 del Código Penal, conforme al cual se sanciona con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo o en parte un documento publico falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: ……4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos.- CONSIDERANDO(12): Que se imputa a la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, el delito de FRAUDE preceptuado en el articulo 376 del Código Penal que establece: “El funcionario o empleado publico que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis a nueve años mas inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión.”- CONSIDERANDO(13): Que la Sala estima que la jurisdicción penal no es competente para entrar a valorar y decidir sobre los efectos del cumplimiento o no de un contrato de suministros de bienes muebles, cuando el importe total de dicho contrato se ha pagado y la parte suministradora de dichos bienes no ha hecho entrega de los mismos en su totalidad; pero sí es atribución de la jurisdicción penal establecer con arreglo a los elementos probatorios hasta ahora recabados en el proceso, si existe una probabilidad razonable de que la imputada ha podido participar en la comisión de los delitos que se le imputan, y con ello determinar si el auto de formal procesamiento dictado en su contra por el Tribunal de Segunda Instancia ha vulnerado o no, la garantía constitucional del debido proceso.- CONSIDERANDO(14): Que del estudio de los antecedentes, así como del auto motivado que se impugna en esta vía constitucional se desprende que la Ministra Comisionada del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez y el señor Germán Edgardo Velásquez Flores en su condición de Gerente de la sociedad mercantil denominada Industrias Velfor S. de R. L., suscribieron un contrato para suministros de mobiliario para ser utilizado en el proyecto de aulas tecnológicas a nivel nacional, contrato por un monto global de Cuarenta Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras con Sesenta y Cuatro centavos (L. 40.757,552.64); resultando acreditado en el proceso que hasta la fecha doce de abril del año dos mil diez, la referida empresa había hecho entrega de una parte del total de muebles que debería haber entregado conforme al listado estipulado en el contrato suscrito; también se constata que conforme a la Clausula Quinta del referido contrato se deja especificado, la forma de pago al contratista y la documentación que se deberá acompañar para hacerlo efectivo, se hace mención también que el contratista entregará parcialmente los bienes objetos del contrato, debiendo conservar los mismos bajo custodia hasta la totalidad de la entrega, quedando obligado el mismo de hacer entrega a la administración del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), de las respectivas actas de recepción de los bienes entregados en cada centro educativo, siendo este un requisito para que el contratante hiciera el tramite de los desembolsos parciales, y solo una vez recibidas esas actas de recepción, el contratante tramitaría el desembolso final y emitiría el acta de recepción definitiva. Esta Sala comprueba también que en el caso que nos ocupa los pagos fueron efectuados en su totalidad, aun y cuando la totalidad del mobiliario no se había entregado, esto es se hizo el pago de forma anticipada a través del SIAF que es la unidad que maneja el referido proyecto para efectos contables. Consta también en el proceso que respecto de la señora la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, la misma solicito a la Ministra de la Secretaria de Finanzas, en ese entonces la señora Rebeca Santos la posibilidad de poder trasladar fondos del referido Consejo del año fiscal 2008 al año fiscal 2009, ya que resultaba imposible cumplir con los compromisos contractuales del referido Proyecto; así mismo que en respuesta a tal solicitud la señora Ministra de Finanzas en el Oficio CP-0945/2008 deja establecido que los fondos nacionales que son aprobados en un ejercicio fiscal no pueden ser trasladados a otro ejercicio fiscal. Por lo tanto recomienda trasladar en el SIAF, los tramites de pago del anticipo y el complemento del pago de la empresa adjudicada, y que los formularios de ejecución de gasto complementario a la empresa adjudicada no sea priorizado sino hasta el ejercicio fiscal 2009, no obstante, dichos fondos deberá ser transferido al beneficiario de pago a mas tardar el 31 de marzo de 2009. Señalado lo anterior la Sala estima, al igual que lo hizo el juez instructor, que la carga del Sistema Integrado de Administración de Financiera del Estado (SIAF), en cuanto al pago a la industria Velfors S. de R. L., se ha debido a la aprobación tardía del Proyecto/Aprende, esto provocado por la tardanza en la aprobación del Presupuesto General de la República y las reducciones en las cuotas solicitadas a la Tesorería General de la República, por lo que resulta que la imputada siguiendo las recomendaciones de la señora Ministra de Finanzas la señora Rebeca Santos, han obviado la Clausula Quinta del contrato y sin la documentación soporte subieron los pagos al referido SIAF, pagos que fueron depositados en las cuentas de la industria Velfors S. de R. L., en el mes de enero de 2009.- CONSIDERANDO(15): Que el tipo penal de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, no exige que por la actuación ilegal del funcionario o empleado a quien se atribuye la comisión de dicho delito, se haya causado un perjuicio para bienes jurídicos distintos del protegido por la norma. En este sentido resulta ilustrativo, lo señalado por el penalista CARLOS CREUS, cuando al comentar la figura del abuso de autoridad, dice que la ley pune toda actuación u omisión perpetradas al margen de los deberes que constitucional, legal o reglamentariamente se imponen a los funcionarios y que les determinen específicas órbitas de competencia que deben asumir necesariamente, aunque el acto abusivo o irregular no ataque otros derechos (vid. CREUS, CARLOS, “Delitos contra la Administración Pública, Comentario de los artículos 237 a 281 del Código Penal”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pág. 188), o lo expresado por FONTAN BALESTRA, cuando explica que el delito de abuso de autoridad se consuma, con la acción u omisión, según se trate de dictar o ejecutar resoluciones u órdenes, o de no ejecutar las leyes, sin que se requiera la producción de daño ni de provecho alguno, siendo precisamente ésta, la característica del abuso genérico de autoridad. (Vid. FONTAN BALESTRA, CARLOS, “Tratado de Derecho Penal, Tomo VII, Parte Especial”, ABELEDO PERROT, Buenos Aires, 1975, pág. 232). Señalado lo anterior entendemos que la omisión del contenido del Clausula Quinta del contrato suscrito entre las partes, si bien constituye per se una infracción del deber de examinar tal contrato, también lo es que dada las razones especiales que se dieron en cuanto al atraso de la aprobación del Presupuesto general de la República, amen de lo recomendado por la señora Ministra de Finanzas la señora Rebeca Santos, la imputada se ha visto compelida a actuar de tal forma, de ahí que podemos afirmar que su actuación no produce hasta este momento procesal, los elementos probatorios suficientes para expresar que existe una probabilidad razonable de que la imputada ha podido incurrir en la comisión de los delitos que se le imputan, al margen o con independencia de que la falta de cumplimiento del contrato por parte de empresa Velfors S. de R.L., haya o no comportado un perjuicio económico para el Estado de Honduras.- CONSIDERANDO(16): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la Corte de Apelaciones al ordenar que se revoque el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la imputada MIRIAM ELIZABETH MEJÍA SÁNCHEZ, no obstante que de los antecedentes se desprende que no existen elementos probatorios suficientes para suponer racionalmente que ha podido incurrir en la comisión de los hechos delictivos, ha infringido la garantía constitucional del debido proceso en perjuicio de la imputada, puesto que con ello posibilita la prosecución del procedimiento penal que en el caso de autos no procede contra la misma, por lo que el amparo interpuesto por la recurrente, debe ser otorgado en orden a la preservación de la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce en su favor. - POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los artículos 1, 89, 90, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 349 numerales 2 y 3 del Código Penal; 1, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I.-OTORGANDO la Acción de amparo interpuesta por la abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, contra el auto motivado dictado en fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, II.- SE ORDENA que la referida Corte de Apelaciones profiera nuevo fallo a fin de que se dicte Sobreseimiento definitivo a favor de la señora MIRIAM ELIZABETH MEJÍA SÁNCHEZ, por los delitos a ella imputados.- Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal , registrado en este Tribunal bajo el número 0393-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en la acción de Amparo interpuesta por la abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, a favor de la señora MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, contra el auto motivado dictado en fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la audiencia inicial iniciada el día diecinueve (19) de junio del año dos mil catorce (2014), y concluida el día siguiente; con relación a la causa instruida contra los señores MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, CHESTER RAFAEL SANCHEZ ANDINO, CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, TRES DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. – ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, presentando Requerimiento fiscal contra los señores CHESTER RAFAEL SANCHEZ ANDINO, MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ CARLOS YOVANT ARGEÑAL CALDERON, ELSY MARINA ALANIZ, CLAUDIA PATRICA LOPEZ SOTO, DESIRETH JAQUELINE ROSALES CRUZ, GERMAN EDGARDO VELASQUEZ FLORES, y YONIS MARTINEZ SUAZO, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, TRES DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en Perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en Audiencia Inicial que dio inicio en fecha diecinueve de junio del año dos mil catorce y que concluyó el quince de agosto del dos mil catorce, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán resolvió (SIC) Decretar “1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra GERMÁN EDGARDO VELASQUEZ FLORES, por el delito de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS; y sí bien es cierto el Ministerio Público lo acusa del delito de estafa, no es menos cierto que el Tribunal se puede apartar de la acusación, cuando exista homogeneidad en los delitos, sea el mismo ofendido y no sea en perjuicio del imputado; asimismo se le mantienen las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado.- 2) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de MIRIAM ELIZABET MEJIA SÁNCHEZ, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS; tres delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ABUSO DE AUTORIDAD, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y FRAUDE, en perjuicio de LA FE PUBLICA y LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 3) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de CHESTER RAFAEL SÁNCHEZ ANDINO, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA FE PUBLICA y LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 4) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de CARLOS YOVANNY ARGEÑAL CALDERON, ELSY MARINA ALANIZ y CLAUDIA PATRICIA LOPEZ SOTO, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; USO DE DOCUMENTOS FALSOS y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA FE PUBLICA y LA ADMINISTRACION PUBLICA. - 5) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de YONIS MARTINEZ SUAZO, por el delito de FAISIFICACION DE DOCUMENTOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA...” (Folios 1939 frente al 2009 vuelto).- 3) Que en fecha catorce (14) de enero del a±1o dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, al conocer en apelación la resolución relacionada en el inicio que antecede RESUELVE: (SIC) 1.- DECLARAR Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación planteado por la Abogada WENDY RODRIGUEZ PEREZ, Fiscal, en los alcances siguientes: 1.1) Revocar los sobreseimientos definitivos dictados a los imputados MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, CHESTER RAFAEL SANCHEZ, CLAUDIA LOPEZ SOTO, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, 1.2) QUE SE DICTEN LOS AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO por dichos delitos a los imputados antes referidos; 1.3) Revocar los Sobreseimientos Definitivos por los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS a ELSA MARINA ALANIZ y CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON y que se dicte los Autos de Formal Prisión por dichos delitos a ELSA MARINA ALNIZ y CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON. - 1.4) REVOCAR EL SOBRESEMIENTO DEFINITIVO por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS dictado a favor de YONIS MARTINEZ SUAZO. - Que se dicte el auto de formal procesamiento por dicho delito.- 1.5) REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINTIVO dictado a la señora MIRIAM ELIZABETH MEJIA SAWCHEZ por el delito de FRAUDE Y QUE SE DICTE EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, por dicho delito. - 1.6) REFORMAR LOS SOBRESEIMIENTOS DEFINITIVOS DICTADOS A FAVOR DE ELSA MARINA ALNIZ Y CARLOS YOVANY ARGEÑAL Y SE DICTE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD.- 1.7) REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a favor de GERMAN EDGARDO VELASQUEZ FLORES, por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, que se dicte auto de formal procesamiento por dicho delito.- 1.8) Reformar del delito de Apropiación Indebida dictado a GERMAW EDGARDO VELASQUEZ FLORES, al delito de ESTAFA.- 2) Declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto por el Abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR, Defensor Privado de GERMAM EDGARDO VELASQUEZ...” (Folios 3283 al 3303 de la Corte de Apelaciones) .- 4) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil quince (2015), la recurrente abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo amparo a favor de la señora MIRIAM ELIZABERH MEJIA SANCHEZ, por estimar que la decisión del ad quem, que se deja relacionada en el numeral que antecede, ha quebrantado los artículos 60, 61, 89, 90 y 98 de la Constitución de la República. (Folio 1-4 de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil quince (2015), esta Sala resolvió tener por formalizado en tiempo y forma la acción de Amparo y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico. (Folio 65 de esta pieza de Amparo).- CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra de los señores MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, CHESTER RAFAEL SANCHEZ ANDINO, CARLOS YOVANY ARGEÑAL CALDERON y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, TRES DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar CON LUGAR parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico y en consecuencia entre otros, revoco los sobreseimientos definitivos dictado a favor de la imputada MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y FRAUDE, ordenando que se dicte en contra de la misma el correspondiente auto de formal procesamiento por los referidos ilícitos.- CONSIDERANDO (3): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por la abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER por considerar la misma, que el Tribunal ad quem ha violentado el contenido de los artículos 60, 61, 89, 90 y 98 de la Constitución de la República; siendo las dos primeras, declaraciones constitucionales y no derechos o garantías; por lo que en cuanto a ellas se refiere, no puede entenderse abarcado la acción de amparo; puesto que el artículo 183 numeral 1 de la Constitución, determina como objeto de la garantía de amparo, el que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, excluyendo con ello a las declaraciones.- CONSIDERANDO (4): Que a modo de introito la recurrente hace referencia de los hechos por los cuales se presentó requerimiento fiscal en contra de su representada, para ello relata que todo tiene su origen en el contrato celebrado entre el Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), representado por su ministra Directora la señora MIRIAM ELIZABETH MEJIA SANCHEZ, y la empresa INDUSTRIAS VELFOR S. de R. L., contrato referido a la construcción de mobiliario para ser usado en el área educativa, y por el cual se pacto una suma de dinero conforme a las condiciones acordadas. Dice la recurrente que en el caso de la imputada se le acusa de efectuar los pagos a la referida empresa, sin que a cambio por parte de esta, se haya entregado el mobiliario respectivo, con lo cual el ente acusador considera que se ha beneficiado a dicha empresa. Arguye que en el proceso se ha argumentado que la empresa hizo entrega parcial del mobiliario y que el resto del mismo esta a disposición del Estado por medio del organismo competente para que pueda retirarlo, pero que a raíz de los acontecimientos políticos del año 2009 en nuestro país, se ha utilizado esto como excusa para no recibir dicho mobiliario, asociado al hecho de que los materiales que se pidieron al exterior para la elaboración del mobiliario, no pudieron ingresar a Honduras por los referidos acontecimientos políticos, ya que el medio de transporte que los traía al país quedo varado en la frontera entre México y Guatemala; por lo que tales situaciones no son responsabilidad de la imputada. Dice la recurrente que la juez a quo haciendo una correcta valoración de los medios de prueba llego al convencimiento de la no responsabilidad penal de su representada; situación que no ocurre con el Tribunal de Alzada quien sin fundamento alguno ha revocado el sobreseimiento definitivo dictado por la primera instancia; aun y cuando consta en la extensa audiencia inicial llevada a cabo que todos los pagos que se llevaron a cabo tienen el respaldo de la SIAFI, tal y como lo ha dejado expuesto en diversas ocasiones la defensa, y aunado a lo anterior la declaración que fuera rendida por la ex ministra de Finanzas la señora Rebeca Santos, quien en sus dichos explico ampliamente en cuanto al procedimiento que se sigue en el sistema F-01 que viene a ser como una cuota de aprobación del presupuesto de licitación publica; testimonio de la referida ex funcionaria que en el caso de autos resulta determinante para demostrar que en cuanto a su representada cabe que se le ampare por parte de la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que Referente a la vulneración del principio constitucional de inocencia que consagra el artículo 89 de nuestra carta magna, expone la recurrente que su vulneración se produce en tanto en cuanto la resolución del Tribunal de Alzada, desconoce que en el caso de autos de lo que se trata es de un asunto eminentemente contractual, que queda sujeto a las condiciones pactadas en el contrato numero 0027/COHCIT, celebrado entre las partes, y en cuya clausula DECIMA se estipula claramente: “Si con motivo de alguna controversia en la interpretación de este contrato, reclamos y otros, en que las partes no estuvieren de acuerdo, esta se someterá a lo estipulado en el pliego de condiciones de la licitación publica nacional Ipn7-001/ROPYYECTO APRENDE/ 2008.”; amen de que se estipula que el Tribunal competente para conocer de cualquier conflicto, o incumplimiento de contrato, lo será el juzgado de lo Contencioso Administrativo; lo cual implica que no le compete conocer a la jurisdicción penal de conocer de tal asunto.- CONSIDERANDO (6): Que se alega también la vulneración del derecho que le asiste a la imputada que se le juzgue con el respeto y garantías que la ley establece, y que se recoge constitucionalmente en el derecho al debido proceso regulado en el párrafo primero del artículo 90 constitucional, para ello dice que juzgar a la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, por la vía penal deviene en un indebido proceso, ello en razón de que la cuestión sobre la que se trata el asunto de merito, es una cuestión eminentemente mercantil, por lo cual la jurisdicción competente para conocer de la misma es la vía civil, y que en ese sentido resulta claramente establecido que la misma no puede ser juzgada por obligaciones que no provengan de delito o falta.- CONSIDERANDO(7): Que en resolución de fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la imputada por el Juez Instructor, arguyendo para ello que conforme a las pruebas presentadas se configura los ilícitos imputados a la misma, ello en razón de que por el cargo que ella desempeñaba, esto es de Ministra Directora del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), fue precisamente ella la que suscribe el contrato de adquisión de mobiliario para las aulas tecnológicas con la empresa Velfor S. de R. L., contrato que en su clausula Quinta deja establecido las formas de pago del mismo, estableciéndose primariamente un pago inicial mediante un anticipo del 20% del monto total del contrato, equivalente al suma de Ocho Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos Diez Lempiras con Cincuenta y Tres Centavos exactos (L. 8,151,510.53); así mismo se establece que el contratista entregara parcialmente los bienes objeto del contrato, debiendo conservar los mismos bajo su custodia hasta la totalidad de su entrega. Dice el Tribunal de Alzada que en el caso de autos de la lectura de la referida Cláusula Quinta del contrato se deja plenamente establecido las condiciones de pago y la forma en que se debían hacer los desembolsos a la empresa Velfor, y puesto que si bien se podían ser reservados los fondos para el año fiscal siguiente, no por eso debían de realizarse desembolsos, ya que el mobiliario no había sido recibido en su totalidad, por lo que no debió de hacerse el pago total de Cuarenta Millones, pues al hacerlo así, con ello se ha causado daño al Estado de Honduras, en ese sentido los pagos ordenados por la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, no podían ser priorizados, esto es pagarlos de forma anticipada; razón por la cual con respecto a la misma se configuran los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios, Falsificación de Documentos Públicos y Fraude.- CONSIDERANDO(8): Que la garantía genérica del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna, donde se establece que nadie podrá ser juzgado sino es por un Juez o Tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. De este modo, dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc….- CONSIDERANDO(9): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa criminal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. - CONSIDERANDO(10): Que como antes quedó apuntado, en el caso que ahora nos ocupa, se atribuye a la imputada la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, tipificado en el artículo 349 Nº 2 y 3 respectivamente del Código Penal, conforme al cual se sanciona con tres a seis años de reclusión al funcionario o empleado público que: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contarios a la Constitución de la República o las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos.” y “Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo.”- CONSIDERANDO(11): Que también se imputa a la procesada la comisión del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS tipificado en el artículo 284 del Código Penal, conforme al cual se sanciona con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo o en parte un documento publico falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: ……4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos.- CONSIDERANDO(12): Que se imputa a la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, el delito de FRAUDE preceptuado en el articulo 376 del Código Penal que establece: “El funcionario o empleado publico que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación directa o indirecta, en los beneficios que puedan producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis a nueve años mas inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión.”- CONSIDERANDO(13): Que la Sala estima que la jurisdicción penal no es competente para entrar a valorar y decidir sobre los efectos del cumplimiento o no de un contrato de suministros de bienes muebles, cuando el importe total de dicho contrato se ha pagado y la parte suministradora de dichos bienes no ha hecho entrega de los mismos en su totalidad; pero sí es atribución de la jurisdicción penal establecer con arreglo a los elementos probatorios hasta ahora recabados en el proceso, si existe una probabilidad razonable de que la imputada ha podido participar en la comisión de los delitos que se le imputan, y con ello determinar si el auto de formal procesamiento dictado en su contra por el Tribunal de Segunda Instancia ha vulnerado o no, la garantía constitucional del debido proceso.- CONSIDERANDO(14): Que del estudio de los antecedentes, así como del auto motivado que se impugna en esta vía constitucional se desprende que la Ministra Comisionada del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez y el señor Germán Edgardo Velásquez Flores en su condición de Gerente de la sociedad mercantil denominada Industrias Velfor S. de R. L., suscribieron un contrato para suministros de mobiliario para ser utilizado en el proyecto de aulas tecnológicas a nivel nacional, contrato por un monto global de Cuarenta Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras con Sesenta y Cuatro centavos (L. 40.757,552.64); resultando acreditado en el proceso que hasta la fecha doce de abril del año dos mil diez, la referida empresa había hecho entrega de una parte del total de muebles que debería haber entregado conforme al listado estipulado en el contrato suscrito; también se constata que conforme a la Clausula Quinta del referido contrato se deja especificado, la forma de pago al contratista y la documentación que se deberá acompañar para hacerlo efectivo, se hace mención también que el contratista entregará parcialmente los bienes objetos del contrato, debiendo conservar los mismos bajo custodia hasta la totalidad de la entrega, quedando obligado el mismo de hacer entrega a la administración del Consejo Hondureño de Ciencia Tecnología (COHCIT), de las respectivas actas de recepción de los bienes entregados en cada centro educativo, siendo este un requisito para que el contratante hiciera el tramite de los desembolsos parciales, y solo una vez recibidas esas actas de recepción, el contratante tramitaría el desembolso final y emitiría el acta de recepción definitiva. Esta Sala comprueba también que en el caso que nos ocupa los pagos fueron efectuados en su totalidad, aun y cuando la totalidad del mobiliario no se había entregado, esto es se hizo el pago de forma anticipada a través del SIAF que es la unidad que maneja el referido proyecto para efectos contables. Consta también en el proceso que respecto de la señora la señora Miriam Elizabeth Mejía Sánchez, la misma solicito a la Ministra de la Secretaria de Finanzas, en ese entonces la señora Rebeca Santos la posibilidad de poder trasladar fondos del referido Consejo del año fiscal 2008 al año fiscal 2009, ya que resultaba imposible cumplir con los compromisos contractuales del referido Proyecto; así mismo que en respuesta a tal solicitud la señora Ministra de Finanzas en el Oficio CP-0945/2008 deja establecido que los fondos nacionales que son aprobados en un ejercicio fiscal no pueden ser trasladados a otro ejercicio fiscal. Por lo tanto recomienda trasladar en el SIAF, los tramites de pago del anticipo y el complemento del pago de la empresa adjudicada, y que los formularios de ejecución de gasto complementario a la empresa adjudicada no sea priorizado sino hasta el ejercicio fiscal 2009, no obstante, dichos fondos deberá ser transferido al beneficiario de pago a mas tardar el 31 de marzo de 2009. Señalado lo anterior la Sala estima, al igual que lo hizo el juez instructor, que la carga del Sistema Integrado de Administración de Financiera del Estado (SIAF), en cuanto al pago a la industria Velfors S. de R. L., se ha debido a la aprobación tardía del Proyecto/Aprende, esto provocado por la tardanza en la aprobación del Presupuesto General de la República y las reducciones en las cuotas solicitadas a la Tesorería General de la República, por lo que resulta que la imputada siguiendo las recomendaciones de la señora Ministra de Finanzas la señora Rebeca Santos, han obviado la Clausula Quinta del contrato y sin la documentación soporte subieron los pagos al referido SIAF, pagos que fueron depositados en las cuentas de la industria Velfors S. de R. L., en el mes de enero de 2009.- CONSIDERANDO(15): Que el tipo penal de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, no exige que por la actuación ilegal del funcionario o empleado a quien se atribuye la comisión de dicho delito, se haya causado un perjuicio para bienes jurídicos distintos del protegido por la norma. En este sentido resulta ilustrativo, lo señalado por el penalista CARLOS CREUS, cuando al comentar la figura del abuso de autoridad, dice que la ley pune toda actuación u omisión perpetradas al margen de los deberes que constitucional, legal o reglamentariamente se imponen a los funcionarios y que les determinen específicas órbitas de competencia que deben asumir necesariamente, aunque el acto abusivo o irregular no ataque otros derechos (vid. CREUS, CARLOS, “Delitos contra la Administración Pública, Comentario de los artículos 237 a 281 del Código Penal”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pág. 188), o lo expresado por FONTAN BALESTRA, cuando explica que el delito de abuso de autoridad se consuma, con la acción u omisión, según se trate de dictar o ejecutar resoluciones u órdenes, o de no ejecutar las leyes, sin que se requiera la producción de daño ni de provecho alguno, siendo precisamente ésta, la característica del abuso genérico de autoridad. (Vid. FONTAN BALESTRA, CARLOS, “Tratado de Derecho Penal, Tomo VII, Parte Especial”, ABELEDO PERROT, Buenos Aires, 1975, pág. 232). Señalado lo anterior entendemos que la omisión del contenido del Clausula Quinta del contrato suscrito entre las partes, si bien constituye per se una infracción del deber de examinar tal contrato, también lo es que dada las razones especiales que se dieron en cuanto al atraso de la aprobación del Presupuesto general de la República, amen de lo recomendado por la señora Ministra de Finanzas la señora Rebeca Santos, la imputada se ha visto compelida a actuar de tal forma, de ahí que podemos afirmar que su actuación no produce hasta este momento procesal, los elementos probatorios suficientes para expresar que existe una probabilidad razonable de que la imputada ha podido incurrir en la comisión de los delitos que se le imputan, al margen o con independencia de que la falta de cumplimiento del contrato por parte de empresa Velfors S. de R.L., haya o no comportado un perjuicio económico para el Estado de Honduras.- CONSIDERANDO(16): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la Corte de Apelaciones al ordenar que se revoque el sobreseimiento definitivo dictado a favor de la imputada MIRIAM ELIZABETH MEJÍA SÁNCHEZ, no obstante que de los antecedentes se desprende que no existen elementos probatorios suficientes para suponer racionalmente que ha podido incurrir en la comisión de los hechos delictivos, ha infringido la garantía constitucional del debido proceso en perjuicio de la imputada, puesto que con ello posibilita la prosecución del procedimiento penal que en el caso de autos no procede contra la misma, por lo que el amparo interpuesto por la recurrente, debe ser otorgado en orden a la preservación de la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce en su favor. - POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los artículos 1, 89, 90, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 349 numerales 2 y 3 del Código Penal; 1, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: I.-OTORGANDO la Acción de amparo interpuesta por la abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, contra el auto motivado dictado en fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, II.- SE ORDENA que la referida Corte de Apelaciones profiera nuevo fallo a fin de que se dicte Sobreseimiento definitivo a favor de la señora MIRIAM ELIZABETH MEJÍA SÁNCHEZ, por los delitos a ella imputados.- Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y a solicitud de la Abogada JOHANA WALESKA LOPEZ WAGNER, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0393-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL