Sentencia AP-371-12 — Registro 6297
Resumen
Sentencia en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que inadmitió el requerimiento fiscal contra imputado por considerar que el juzgado competente es el de Familia en relación a la causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de Negación de Asistencia Familiar en perjuicio de sus menores hijos; La Autoridad recurrida consideró que el requerimiento fiscal contiene los requisitos legales y al declararlo inadmisible se han vulnerado derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."…"del análisis de los antecedentes y de la sentencia venida en consulta esta Sala de Lo Constitucional concluye que la misma se encuentra apegada a derecho, y esto se estima así puesto que al tenor de la normativa del Código Procesal Penal en el articulo 54, se deja claramente establecido que “La jurisdicción en materia penal será improrrogable…”, entendemos entonces que la inadmisibilidad del requerimiento fiscal, decretada por el a-quo en su oportunidad, ha suscitado la vulneración de las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso en perjuicio de la parte acusadora; en ese orden de ideas esta Sala comparte los criterios esgrimidos por la Corte de Apelaciones en la sentencia venida en consulta, puesto que si se ha presentado un requerimiento fiscal que reúne los requisitos que exige el articulo 293 del Código Procesal Penal, como en el caso de autos, solo es procedente la admisión del mismo, en ese sentido la Sala entiende que al no hacerlo así el juez a-quo, ha impedido que se escuche a las partes ya sea en la audiencia de declaración de imputado mediante la evacuación de excepciones o en la audiencia inicial en la que se aporta los medios de prueba para acreditar la existencia del hecho criminoso y los elementos indiciarios de la probabilidad de que el acusado ha tenido participación en el mismo..."..."Esta Sala estima que siempre que la vía escogida sea la correcta, conforme a las normas legales previamente establecidas, el denegar la misma si fuere indebido es constitutivo de una vulneración a la tutela judicial efectiva, y en el caso que nos ocupa, el Juez de instrucción negó la oportunidad a la parte accionante a ser escuchado y decidir posteriormente la vía correcta, puesto que debe saberse que la apertura de un proceso no implica la obligatoriedad de sustanciarse hasta el fin..."..."esta Sala estima que la sentencia venida en consulta y que fue proferida por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, esta apegada a derecho por lo que procede su confirmatoria..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"del análisis de los antecedentes y de la sentencia venida en consulta esta Sala de Lo Constitucional concluye que la misma se encuentra apegada a derecho, y esto se estima así puesto que al tenor de la normativa del Código Procesal Penal en el articulo 54, se deja claramente establecido que “La jurisdicción en materia penal será improrrogable…”, entendemos entonces que la inadmisibilidad del requerimiento fiscal, decretada por el a-quo en su oportunidad, ha suscitado la vulneración de las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso en perjuicio de la parte acusadora; en ese orden de ideas esta Sala comparte los criterios esgrimidos por la Corte de Apelaciones en la sentencia venida en consulta, puesto que si se ha presentado un requerimiento fiscal que reúne los requisitos que exige el articulo 293 del Código Procesal Penal, como en el caso de autos, solo es procedente la admisión del mismo, en ese sentido la Sala entiende que al no hacerlo así el juez a-quo, ha impedido que se escuche a las partes ya sea en la audiencia de declaración de imputado mediante la evacuación de excepciones o en la audiencia inicial en la que se aporta los medios de prueba para acreditar la existencia del hecho criminoso y los elementos indiciarios de la probabilidad de que el acusado ha tenido participación en el mismo..."..."Esta Sala estima que siempre que la vía escogida sea la correcta, conforme a las normas legales previamente establecidas, el denegar la misma si fuere indebido es constitutivo de una vulneración a la tutela judicial efectiva, y en el caso que nos ocupa, el Juez de instrucción negó la oportunidad a la parte accionante a ser escuchado y decidir posteriormente la vía correcta, puesto que debe saberse que la apertura de un proceso no implica la obligatoriedad de sustanciarse hasta el fin..."..."esta Sala estima que la sentencia venida en consulta y que fue proferida por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, esta apegada a derecho por lo que procede su confirmatoria..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 293 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos (02) de marzo de dos mil dieciséis (2016).-VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada en fecha nueve(9) de febrero del año dos mil doce(2012), por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual OTORGA el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS RIVERA DIAZ, a favor de la señora MARIA DEL PILAR ACOSTA CARIAS y sus menores hijos F. M. G. A. y K. N. G. A., contra la resolución dictada el día siete(7) de febrero de dos mil once(2011), por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor FREDY JOAQUIN GARMENDIA ELVIR por suponerlo responsable del delito de NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de sus menores hijos F. M. G. A. Y K. N. G. A.. -ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dos(2) de febrero del año dos mil once(2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección judicial de Talanga, departamento de Francisco Morazán, la abogada HELEN YESENIA CRUZ RIVERA actuando en su condición de agente de los tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor FREDY JOAQUIN GARMENDIA ELVIR por suponerlo responsable del delito de NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de sus menores hijos F. M. G. A. Y K. N. G. A..-2) Que en fecha siete (7) de febrero del año dos mil once (2011), el Tribunal a-quo, dicto resolución mediante la cual declaro inadmisible el requerimiento fiscal que se deja relacionado en el numeral anterior, por considerar que esa judicatura no es competente para conocer de la misma.-3) Que en fecha seis(6) de mayo del año dos mil once(2011), el abogado CARLOS RIVERA DIAZ, actuando en su condición de acusador privado, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Recurso de Amparo a favor de la señora MARIA DEL PILAR ACOSTA CARIAS y sus menores hijos F. M. G. A. y K. N. G. A., por considerar que la resolución dictada por el a-quo en fecha siete de febrero del año dos mil once, es violatoria de lo dispuesto en el articulo 119 de la Constitución de la Republica.-4) Que en fecha nueve (9) de febrero de dos mil doce (2012), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, OTORGO la acción de amparo impetrada, por estimar que la resolución del a-quo vulnera las garantías constitucionales de derecho de petición, defensa y debido proceso. (F.16 y 17).-5) Que en fecha nueve (9) de mayo de dos mil doce(2012), esta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta la sentencia que se deja relacionada en el numeral anterior, ello en cumplimiento de lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictada por las Cortes de Apelaciones, irán en tramite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; a si mismo señala que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada.-CONSIDERANDO (2): Que la Abogada HELEN YESENIA CRUZ RIVERA actuando en su condición de agente de los tribunales del Ministerio Público, en fecha dos (2) de febrero del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, donde interpuso requerimiento fiscal contra el señor FREDY JOAQUIN GARMENDIA ELVIR por suponerlo responsable del delito de NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de sus menores hijos F. M. G. A. Y K. N. G. A.. Que el Tribunal a-quo, en fecha siete (7) de febrero del año dos mil once (2011), dicto resolución mediante la cual declaro inadmisible el requerimiento, por considerar que esa judicatura no es competente para conocer de la misma, estimando que el competente en el Juzgado especializado en materia de Familia.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia dictada en fecha nueve (9) de febrero de dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo impetrado por el abogado CARLOS RIVERA DIAZ, a favor de la señora MARIA DEL PILAR ACOSTA CARIAS y sus menores hijos F. M. G. A. y K. N. G. A.; sentencia de la referida Corte que otorgó el recurso de amparo esgrimiendo entre varios aspectos básicamente lo siguiente: (Sic) “….Ahora bien el Código Procesal Penal en su articulo 54 señala que la jurisdicción penal es improrrogable, por cuanto el requerimiento fiscal fue planteado por un delito del cual es competente para conocer el Juez de Letras como lo demarca la norma procesal en su artículo 27 numeral 1, de tal manera que el requerimiento contiene en su presentación los requisitos que la ley impone debe contener, según el artículo 293 del Código Procesal Penal, asimismo, para determinar si los hechos atribuidos a los imputados son o no constitutivos de delitos es necesario oír a las víctimas, los imputados y las demás partes procesales y eso solo se puede lograr o determinar en la audiencia inicial de tal manera que al declararse inadmisible el requerimiento fiscal se han quebrantado los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica, ya que se limita la posibilidad de ser oídos conforme a las reglas establecidas en las normas procesales, no dando una respuesta efectiva a la petición planteada”.-CONSIDERANDO (4): Que del análisis de los antecedentes y de la sentencia venida en consulta esta Sala de Lo Constitucional concluye que la misma se encuentra apegada a derecho, y esto se estima así puesto que al tenor de la normativa del Código Procesal Penal en el articulo 54, se deja claramente establecido que “La jurisdicción en materia penal será improrrogable…”, entendemos entonces que la inadmisibilidad del requerimiento fiscal, decretada por el a-quo en su oportunidad, ha suscitado la vulneración de las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso en perjuicio de la parte acusadora; en ese orden de ideas esta Sala comparte los criterios esgrimidos por la Corte de Apelaciones en la sentencia venida en consulta, puesto que si se ha presentado un requerimiento fiscal que reúne los requisitos que exige el articulo 293 del Código Procesal Penal, como en el caso de autos, solo es procedente la admisión del mismo, en ese sentido la Sala entiende que al no hacerlo así el juez a-quo, ha impedido que se escuche a las partes ya sea en la audiencia de declaración de imputado mediante la evacuación de excepciones o en la audiencia inicial en la que se aporta los medios de prueba para acreditar la existencia del hecho criminoso y los elementos indiciarios de la probabilidad de que el acusado ha tenido participación en el mismo.-CONSIDERANDO (5): Que nuestra Constitución recoge el derecho a una tutela judicial efectiva en el artículo 80, cuando garantiza en general, a toda persona o asociación de personas el derecho de petición a las autoridades, este derecho engloba el derecho de petición ante las autoridades jurisdiccionales cuyo deber es brindar una tutela judicial efectiva a los habitantes de este país. Así las cosas, en primer contenido de este derecho se concreta en el derecho de acceso a la jurisdicción siendo parte de un proceso, ejerciendo acciones que culminen en una pronta respuesta sobre las pretensiones deducidas por la partes. Esta Sala estima que siempre que la vía escogida sea la correcta, conforme a las normas legales previamente establecidas, el denegar la misma si fuere indebido es constitutivo de una vulneración a la tutela judicial efectiva, y en el caso que nos ocupa, el Juez de instrucción negó la oportunidad a la parte accionante a ser escuchado y decidir posteriormente la vía correcta, puesto que debe saberse que la apertura de un proceso no implica la obligatoriedad de sustanciarse hasta el fin.-CONSIDERANDO (6): Que por las razones antes expuestas esta Sala estima que la sentencia venida en consulta y que fue proferida por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, esta apegada a derecho por lo que procede su confirmatoria.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos: 1, 59, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 54 y 293 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2, 7, 8, 9 numeral 3, 41 No.2, 45, 48, 63, 65, 68 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia de fecha nueve de febrero de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, y mediante la cual se otorga la Acción de Amparo interpuesta por el abogado CARLOS RIVERA DIAZ. Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 371-2012.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos (02) de marzo de dos mil dieciséis (2016).-VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada en fecha nueve(9) de febrero del año dos mil doce(2012), por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual OTORGA el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS RIVERA DIAZ, a favor de la señora MARIA DEL PILAR ACOSTA CARIAS y sus menores hijos F. M. G. A. y K. N. G. A., contra la resolución dictada el día siete(7) de febrero de dos mil once(2011), por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor FREDY JOAQUIN GARMENDIA ELVIR por suponerlo responsable del delito de NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de sus menores hijos F. M. G. A. Y K. N. G. A.. -ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dos(2) de febrero del año dos mil once(2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección judicial de Talanga, departamento de Francisco Morazán, la abogada HELEN YESENIA CRUZ RIVERA actuando en su condición de agente de los tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor FREDY JOAQUIN GARMENDIA ELVIR por suponerlo responsable del delito de NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de sus menores hijos F. M. G. A. Y K. N. G. A..-2) Que en fecha siete (7) de febrero del año dos mil once (2011), el Tribunal a-quo, dicto resolución mediante la cual declaro inadmisible el requerimiento fiscal que se deja relacionado en el numeral anterior, por considerar que esa judicatura no es competente para conocer de la misma.-3) Que en fecha seis(6) de mayo del año dos mil once(2011), el abogado CARLOS RIVERA DIAZ, actuando en su condición de acusador privado, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Recurso de Amparo a favor de la señora MARIA DEL PILAR ACOSTA CARIAS y sus menores hijos F. M. G. A. y K. N. G. A., por considerar que la resolución dictada por el a-quo en fecha siete de febrero del año dos mil once, es violatoria de lo dispuesto en el articulo 119 de la Constitución de la Republica.-4) Que en fecha nueve (9) de febrero de dos mil doce (2012), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, OTORGO la acción de amparo impetrada, por estimar que la resolución del a-quo vulnera las garantías constitucionales de derecho de petición, defensa y debido proceso. (F.16 y 17).-5) Que en fecha nueve (9) de mayo de dos mil doce(2012), esta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta la sentencia que se deja relacionada en el numeral anterior, ello en cumplimiento de lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictada por las Cortes de Apelaciones, irán en tramite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; a si mismo señala que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada.-CONSIDERANDO (2): Que la Abogada HELEN YESENIA CRUZ RIVERA actuando en su condición de agente de los tribunales del Ministerio Público, en fecha dos (2) de febrero del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección judicial de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, donde interpuso requerimiento fiscal contra el señor FREDY JOAQUIN GARMENDIA ELVIR por suponerlo responsable del delito de NEGACION DE ASISTENCIA FAMILIAR en perjuicio de sus menores hijos F. M. G. A. Y K. N. G. A.. Que el Tribunal a-quo, en fecha siete (7) de febrero del año dos mil once (2011), dicto resolución mediante la cual declaro inadmisible el requerimiento, por considerar que esa judicatura no es competente para conocer de la misma, estimando que el competente en el Juzgado especializado en materia de Familia.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia dictada en fecha nueve (9) de febrero de dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo impetrado por el abogado CARLOS RIVERA DIAZ, a favor de la señora MARIA DEL PILAR ACOSTA CARIAS y sus menores hijos F. M. G. A. y K. N. G. A.; sentencia de la referida Corte que otorgó el recurso de amparo esgrimiendo entre varios aspectos básicamente lo siguiente: (Sic) “….Ahora bien el Código Procesal Penal en su articulo 54 señala que la jurisdicción penal es improrrogable, por cuanto el requerimiento fiscal fue planteado por un delito del cual es competente para conocer el Juez de Letras como lo demarca la norma procesal en su artículo 27 numeral 1, de tal manera que el requerimiento contiene en su presentación los requisitos que la ley impone debe contener, según el artículo 293 del Código Procesal Penal, asimismo, para determinar si los hechos atribuidos a los imputados son o no constitutivos de delitos es necesario oír a las víctimas, los imputados y las demás partes procesales y eso solo se puede lograr o determinar en la audiencia inicial de tal manera que al declararse inadmisible el requerimiento fiscal se han quebrantado los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso contenidos en los artículos 80, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica, ya que se limita la posibilidad de ser oídos conforme a las reglas establecidas en las normas procesales, no dando una respuesta efectiva a la petición planteada”.-CONSIDERANDO (4): Que del análisis de los antecedentes y de la sentencia venida en consulta esta Sala de Lo Constitucional concluye que la misma se encuentra apegada a derecho, y esto se estima así puesto que al tenor de la normativa del Código Procesal Penal en el articulo 54, se deja claramente establecido que “La jurisdicción en materia penal será improrrogable…”, entendemos entonces que la inadmisibilidad del requerimiento fiscal, decretada por el a-quo en su oportunidad, ha suscitado la vulneración de las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso en perjuicio de la parte acusadora; en ese orden de ideas esta Sala comparte los criterios esgrimidos por la Corte de Apelaciones en la sentencia venida en consulta, puesto que si se ha presentado un requerimiento fiscal que reúne los requisitos que exige el articulo 293 del Código Procesal Penal, como en el caso de autos, solo es procedente la admisión del mismo, en ese sentido la Sala entiende que al no hacerlo así el juez a-quo, ha impedido que se escuche a las partes ya sea en la audiencia de declaración de imputado mediante la evacuación de excepciones o en la audiencia inicial en la que se aporta los medios de prueba para acreditar la existencia del hecho criminoso y los elementos indiciarios de la probabilidad de que el acusado ha tenido participación en el mismo.-CONSIDERANDO (5): Que nuestra Constitución recoge el derecho a una tutela judicial efectiva en el artículo 80, cuando garantiza en general, a toda persona o asociación de personas el derecho de petición a las autoridades, este derecho engloba el derecho de petición ante las autoridades jurisdiccionales cuyo deber es brindar una tutela judicial efectiva a los habitantes de este país. Así las cosas, en primer contenido de este derecho se concreta en el derecho de acceso a la jurisdicción siendo parte de un proceso, ejerciendo acciones que culminen en una pronta respuesta sobre las pretensiones deducidas por la partes. Esta Sala estima que siempre que la vía escogida sea la correcta, conforme a las normas legales previamente establecidas, el denegar la misma si fuere indebido es constitutivo de una vulneración a la tutela judicial efectiva, y en el caso que nos ocupa, el Juez de instrucción negó la oportunidad a la parte accionante a ser escuchado y decidir posteriormente la vía correcta, puesto que debe saberse que la apertura de un proceso no implica la obligatoriedad de sustanciarse hasta el fin.-CONSIDERANDO (6): Que por las razones antes expuestas esta Sala estima que la sentencia venida en consulta y que fue proferida por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, esta apegada a derecho por lo que procede su confirmatoria.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos: 1, 59, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 54 y 293 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2, 7, 8, 9 numeral 3, 41 No.2, 45, 48, 63, 65, 68 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia de fecha nueve de febrero de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, y mediante la cual se otorga la Acción de Amparo interpuesta por el abogado CARLOS RIVERA DIAZ. Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 371-2012.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL