Sentencia AP-364-14 — Registro 6247
Resumen
Sentencia confirmó sobreseimiento definitivo a favor del imputado por considerar que no se acredito la comisión del hecho constitutivo de delito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Dichas argumentaciones expuestas y formalizadas por la demandante de amparo durante el tramite de la presente acción constitucional, distan mucho de ser lesivas materialmente al debido proceso y constituyen, para esta Sala de lo Constitucional, notorias y evidentes alegaciones de sede de instancia[1], mismas que además fueron plenamente debatidas en el proceso respectivo, el cual culminó con el pronunciamiento de apelaciones del cual se ha hecho merito, en congruencia con la personalidad de la apelación..."..."esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia venida en amparo comporta y responde al mérito de las probanzas que el Tribunal de Apelaciones estimó pertinentes para la resolución del caso sometido a su competencia, vale decir con la congruencia, exhaustividad y motivación requeridas, por consiguiente resulta imperativo denegar la acción de amparo a que se ha hecho relación..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de abril de dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la abogada FANY LIZETH CRUZ en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de enero del año dos mil catorce, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución de fecha doce de febrero de dos mil trece, en donde el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán, dictó un sobreseimiento definitivo a favor del imputado, con relación a la causa instruida contra el señor MANUEL ENRIQUE PALACIOS RÍOS por suponerlo responsable del delito de MALTRADO POR TRANSGRESIÓN en perjuicio de STEVE JARED NAVARRO CENTENO.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil doce, el abogado JUAN CARLOS MARTÍNEZ NÚÑEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MANUEL ENRIQUE PALACIOS RÍOS por suponerlos responsables del delito de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN en perjuicio de STEVE JARED NAVARRO CENTENO.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Inicial en fecha doce de febrero del año dos mil trece, en la cual resolvió entre algunos de sus considerandos lo siguiente: “1). SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor MANIEL ENRIQUE PALACIOS RÍOS, a quien se le instruyó proceso por el delito de MALTRATO POR TRNASGRESIÓN en perjuicio del menor STEVEN JARED NAVARRO CENTENO.- 2). Extender la respectiva Carta de Libertad Definitiva al señor MANUEL ENRIQUE PALACIOS RÍOS.- 3). Se declara SIN LUGAR la solicitud de la Fiscal en el sentido de peticionar se decrete el Auto de Formal Procesamiento.- 4). Sirven de fundamento legal a la presente resolución, los artículos 69, 90, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República de Honduras; 1 y 40 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 32 del Código Penal; 168 del Código de la Niñez y de la Adolescencia; 2, 3, 4, 6,8, 12, 13, 14, 42 numeral 1, 58 numerales 1 y 2, 141, 294 numeral 2, 296 y 298 del Código Procesal Penal.-” (Folios treinta y cinco (F-35) al cuarenta (F-40) de la pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada CARLA CELENA HENRIQUEZ UMAÑA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de enero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; 2) CONFIRMAR el sobreseimiento definitivo de las diligencias, de fecha doce de febrero de dos mil trece dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en el proceso instruido contra el señor MANUEL ENRIQUE PALACIOS RIÓS por el delito de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN, en perjuicio del menor STEVEN JARED NAVARRO CENTENO.-” (Folios noventa y tres (F-93) al noventa y cinco (F-95) de la pieza de los antecedentes de segunda instancia).-4) Que la recurrente la Abogada FANY LIZETH CRUZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha ocho de abril del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintidós de enero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta y uno de julio del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. -CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. -CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintidós de enero del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; 2) CONFIRMAR el sobreseimiento definitivo de las diligencias, de fecha doce de febrero de dos mil trece dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en el proceso instruido contra el señor MANUEL ENRIQUE PALACIOS RIÓS por el delito de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN, en perjuicio del menor STEVEN JARED NAVARRO CENTENO.-” (Folios noventa y tres (F-93) al noventa y cinco (F-95) de la pieza de los antecedentes de segunda instancia), teniendo como fundamento la antedicha resolución que la audiencia inicial era el momento procesal oportuno para acreditar la comisión de un delito, lo cual no fue aprovechado por el ente fiscal en el ejercicio de la acción penal y pública; lo que tuvo como consecuencia que en la referida audiencia no se acreditará la comisión de un hecho constitutivo de delito, por la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal; no habiéndose tampoco establecido indicios racionales de participación del imputado en los hechos ilícitos a él imputados, procediendo en consecuencia el decreto de sobreseimiento definitivo.-CONSIDERANDO: Que en la formalización del recurso por parte del demandante de amparo, Abogada FANNY LIZETH CRUZ, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, expresa que los preceptos constitucionales que han sido vulnerados , con dicha resolución descrita y circunstanciada en el considerando anterior, son las establecidas en los artículos 82y 90 de la Constitución de la República, contentivas del derecho de defensa y del derecho de garantía del debido proceso, lo cual explica de la siguiente manera: “Que no comparte el criterio dictado por el Tribunal de Alzada, pues al revisar el acta de audiencia inicial, el Ministerio Público, presento todos los medios de prueba necesarios con los que acredito los elementos objetivos y subjetivos del Tipo Penal de Maltrato por Transgresión, ya que según la declaración del Ofendido, refiere que ingreso en el mes de julio de dos mil doce al Centro de Protección Casitas 21, que aproximadamente cuando tenía 17 días de estar en dicho centro, en horas de la tarde se encontraba haciendo labores de aseo en el área de comedor, cuando llego un compañerito a molestarlo por lo que lo empujo, momento en que iba pasando el guardia de seguridad al que conoce como don Manuel y le puso un aparato que emite descarga eléctricas por lo que desmayo por espacio de cinco minutos. Así mismo, se decomiso al imputado un dispositivo de seguridad marca STREETWISE que de acuerdo al dictamen pericial que se le realizo concluye que dicho aparato representa un peligro para la salud de las personas que alguno de sus efectos son la perdida de conocimiento pues interrumpe las señales del cerebro, existe que cause lesiones severas en la piel. En el caso que nos ocupa la evaluación física practicada al niño no detalla ninguna lesión, debiéndose considerar que dicha evaluación se realizo 20 días después de los hechos denunciados.” Sigue manifestando la Recurrente que para arribar a tal conclusión el Ad Quem distrajo su atención de los medios de prueba presentados por la Fiscalía del Ministerio Público, dando mayor credibilidad a las pruebas aportadas por la defensa, como ser las declaraciones testificales de los compañeros de trabajo del imputado, dejando de valorar la declaración del Ofendido, la cual fue rendida con toda espontaneidad, por lo que se encuentra desencadenada inevitablemente la vulneración el debido proceso, lo que conlleva a la violación del derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República, por todo ello, solicita se otorgue la presente acción de amparo.-CONSIDERANDO: Vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional resuelve así la demanda de amparo en estudio. Que en el marco de las violaciones constitucionales que aduce la amparista relativas al Debido Proceso, esta Sala procedió al estudio y análisis del fallo de segunda instancia generador de la inconformidad de la impetrante. La censora, para el caso, esgrime, que el Tribunal Ad-Quem, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, emitió sentencia confirmando el sobreseimiento definitivo, dictado en la de primera instancia, sin una valoración adecuada, o distrayendo su atención sobre elementos valoratorios que arrojarían la concurrencia de todos los elementos constitutivos del tipo penal, pero del referido análisis se deduce que la Corte Ad Quem si ha cumplido con su deber exhaustivo de valoración de los elementos de prueba que se presentaron y admitieron para emitir la resolución de estilo en la respectiva Audiencia Inicial; siendo objeto de discrepancia, en realidad, no la omisión de valoración o su valoración defectuosa, traducida en una deficiente motivación; sino que el desacuerdo de la parte fiscal para con el sentido en que se dictó el referido fallo de la Corte de Apelaciones. Dichas argumentaciones expuestas y formalizadas por la demandante de amparo durante el tramite de la presente acción constitucional, distan mucho de ser lesivas materialmente al debido proceso y constituyen, para esta Sala de lo Constitucional, notorias y evidentes alegaciones de sede de instancia[1], mismas que además fueron plenamente debatidas en el proceso respectivo, el cual culminó con el pronunciamiento de apelaciones del cual se ha hecho merito, en congruencia con la personalidad de la apelación.-CONSIDERANDO: En cuanto al motivo de violación al Derecho de Defensa, según invocado por la Recurrente, de autos se desprende que el Derecho fundamental al debido proceso, en su vertiente inclusiva y complementaria al derecho de acción y de inviolabilidad al derecho de defensa se ha mantenido incólume, toda vez que los funcionarios que han intervenido en la materia litigiosa, son los jurisdiccionalmente naturales y predeterminados para conocer de asuntos como el que origina la presente acción de amparo. Asimismo, que no se ha detectado, del arrastre de antecedentes, ninguna actuación que vulnere o determine lesión alguna contra la citada garantía del Debido Proceso, en congruencia con lo alegado y probado en el trámite de la presente acción constitucional. En cuanto al Derecho de Defensa en particular, es de hacer notar que en el caso de autos no se ha afectado dicha garantía, habiendo suficientes actuaciones que dejan al descubierto que el Derecho de Defensa ha estado presente en toda la secuela del juicio, lo que conduce a afirmar que la parte impetrante del recurso ha tenido libre acceso a los tribunales y que sus acciones las ha desarrollado de la forma que la ley señala, teniendo la posibilidad que la ley le franquea, de recurrir las resoluciones que le causen agravio, inclusive de la sentencia del Tribunal de Alzada que se conoce ahora, en los autos vistos para fallo en sede de justicia constitucional. CONSIDERANDO: Finalmente, manifiesta esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia venida en amparo comporta y responde al mérito de las probanzas que el Tribunal de Apelaciones estimó pertinentes para la resolución del caso sometido a su competencia, vale decir con la congruencia, exhaustividad y motivación requeridas, por consiguiente resulta imperativo denegar la acción de amparo a que se ha hecho relación. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- RINA AUXILIADORAS ALVARADO MORENO.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0364-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL