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Sentencia AP-363-15 — Registro 6246

Resumen

Sentencia declaró ha lugar parcialmente recurso de apelación en causa contra Manuel Ramón Pineda Funez y Gustavo Adolfo Zelaya Chávez por suponerlos responsables de Delitos Financieros en perjuicio del Sistema Financiero y los Accionistas del Banco de los Trabajadores; El Juzgado de primera instancia decretó sobreseimiento definitivo a favor de los imputados antes mencionados por considerar que no existen indicios racionales de su participación en el delito que se les imputa ; La Autoridad motiva su resolución y confirma Sobreseimiento definitivo a favor de los imputados mencionados al quedar probado que los imputados precisamente por el cargo y la función que desempeñaban en el Banco de los Trabajadores les es imposible incidir en decisiones torales relativas al otorgamiento de prestamos y beneficios a los afiliados; se considera que los indicios no se acreditaron por lo que procede confirmar la decisión del juzgado inferior

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala debería decidir sobre si los medios de pruebas aportados en la audiencia inicial son pertinentes, útiles y proporcionados en relación con el resultado que se pretende conseguir. Al respecto la Sala manifiesta que esa pretensión solo puede ser resuelta por tribunales de instancia, por tratarse de un asunto de mera legalidad. Sin embargo del análisis de la motivación de la sentencia recurrida, no se detecta vulneración alguna a los derechos fundamentales señalados, en tanto que para el tribunal de alzada con el mínimo de prueba aportado es suficiente para considerar que NO existen en el caso de mérito los indicios racionales para considerar que los imputados hayan participado en el ilícito por el cual se le acusa. Al mismo tiempo es menester manifestar que la sentencia del tribunal de alzada, es minuciosa en su motivación, la que este tribunal comparte, siendo la misma congruente con las disposiciones legales aplicables al caso concreto..."..."la Sala de lo Constitucional ve que a lo largo del proceso el ahora recurrente ha tenido libre acceso a los Tribunales, está ejercitando las acciones que estima convenientes, por lo que no se puede alegar una violación al derecho de defensa..."..."uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo..."..."es procedente DENEGAR el amparo interpuesto, quedando así firme el sobreseimiento definitivo recurrido..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de Enero del año dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil catorce, que declaro ha lugar parcialmente un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado De Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los señores MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ Y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ, por suponerlos responsables del DELITO FINANCIERO en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO Y LOS ACCIONISTAS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha quince de diciembre del año dos mil once, comparación ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, las abogadas SUSSY GUADALUPE COELLO Y KARLA MARCELA ROQUE, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ Y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ y Otros, por suponerlos responsables del DELITO FINANCIERO en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO Y LOS ACCIONISTAS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES.-2) Que en fecha veinticinco de abril del año dos mil catorce, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado el resolvió: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ Y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ, por suponerlos responsables de delito de DELITOS FINANCIEROS. (Ver folios 1623 al 1626 del Tomo III de los antecedentes).- 3) Que conociendo en apelación la resolución relacionada en numeral que antecede, en fecha uno de agosto del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, “RESUELVE:

  1. Declarando HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico. 2) REVOCAR el sobreseimiento Definitivo dictado a la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores. 3) CONFIRMAR en lo demás”. (Ver folios 1686 al 1696 del Tomo III de los antecedentes).-4) El recurrente abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de abril del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha uno de agosto de dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha diez de septiembre del año dos mil quince, esta Sala recibió escrito el escrito de formalización de la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.-CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, interpuso a favor del ESTADO DE HONDURAS, un recurso de amparo en contra de la resolución emitida en fecha uno de agosto de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que declaro ha lugar parcialmente el recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, por el Juzgado De Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ Y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ, por suponerlos responsables del DELITO FINANCIERO en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO Y LOS ACCIONISTAS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES.-CONSIDERANDO (2): Que en la demanda de amparo interpuesta se debe señalar que el recurrente en su escrito de interposición del recurso de amparo, enuncia como garantías fundamentales violadas las contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (3): Que a folios 1623 en adelante de la primera pieza consta el acta de la continuación de la audiencia inicial la que concluye con la resolución mediante la cual el Juez decreta SOBRESIMIENTO DEFINITIVO A FAVOR DE MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ Y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ, por considerar el A-quo, que no existen indicios racionales que acreditan la participación de los imputados en el delito de DELITO FINANCIERO en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO Y LOS ACCIONISTAS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES, por el cual han sido acusados.-CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones Penal de esta sección judicial, conoció de la causa en virtud de recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, quien no conforme expresó agravios en tiempo y forma, señalando que los imputados, MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ en su condición de Presidente y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHÁVEZ, en su condición de Gerente del banco, participaron en el otorgamiento de prestamos sin el cumplimiento de los requerimientos legales, lo que ocasionó un perjuicio irreversible para la sociedad, acreditándose a juicio del Fiscal recurrente, de manera clara a través de los medios de prueba evacuados, que de manera dolosa, los imputados cometieron el hecho que se les atribuye en el requerimiento fiscal.CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones motiva su resolución y confirma el Sobreseimiento definitivo a favor de MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHÁVEZ, argumentando que en la audiencia inicial quedó probado con la evacuación de medios de prueba propuestos: Que los imputados, precisamente por el cargo y la función que desempeñaban en el Banco de los Trabajadores, les es imposible incidir en decisiones torales relativas al otorgamiento de prestamos y beneficios, en vista de que la Ley del Banco de los Trabajadores en su artículo 25 manda que las sesiones de Junta Directiva serán convocadas por el Presidente del banco, “CON VOS PERO SIN VOTO”. Asimismo El artículo 32 de la misma Ley, establece las atribuciones del Gerente del banco de los Trabajadores, siendo estas únicamente ejecutivas, alejadas de la toma de decisiones que incidan en la aprobación o no de préstamos o beneficios a los afiliados, como así sucede y se acreditó con relación a los demás integrantes de la Junta Directiva, quienes por Ley tienen atribuciones distintas al Presidente y Gerente del Banco.- CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones observa que el A-quo decretó auto de formal procesamiento para unos y no así para los recurrentes, en virtud de considerar que con relación a ellos es decir a MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHÁVEZ, no se acreditaron los requisitos señalados en el artículo 92 constitucional, ya que fueron desvanecidos estos indicios, por las funciones por ellos desempeñadas establecidas en la Ley. Manifiesta que para ese Tribunal de alzada los indicios no se acreditaron en consecuencia la decisión del inferior debe ser confirmada como en efecto se confirma.-CONSIDERANDO (7): Que al analizar el supuesto conflicto expuesto, se debe manifestar que el mismo radica en que a juicio del acusador-recurrente, la Sala debería decidir sobre si los medios de pruebas aportados en la audiencia inicial son pertinentes, útiles y proporcionados en relación con el resultado que se pretende conseguir. Al respecto la Sala manifiesta que esa pretensión solo puede ser resuelta por tribunales de instancia, por tratarse de un asunto de mera legalidad. Sin embargo del análisis de la motivación de la sentencia recurrida, no se detecta vulneración alguna a los derechos fundamentales señalados, en tanto que para el tribunal de alzada con el mínimo de prueba aportado es suficiente para considerar que NO existen en el caso de mérito los indicios racionales para considerar que los imputados hayan participado en el ilícito por el cual se le acusa. Al mismo tiempo es menester manifestar que la sentencia del tribunal de alzada, es minuciosa en su motivación, la que este tribunal comparte, siendo la misma congruente con las disposiciones legales aplicables al caso concreto.-CONSIDERANDO (8): Que en virtud de lo antes expuesto la Sala de lo Constitucional ve que a lo largo del proceso el ahora recurrente ha tenido libre acceso a los Tribunales, está ejercitando las acciones que estima convenientes, por lo que no se puede alegar una violación al derecho de defensa.-CONSIDERANDO (9): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones legales expuestas es procedente DENEGAR el amparo interpuesto, quedando así firme el sobreseimiento definitivo recurrido.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; ; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, Y FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO por interpuesto por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil catorce. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Y a solicitud del Abogado DAGOBERTO MEJIA PINEDA, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal , registrado en este Tribunal bajo el número 363-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de Enero del año dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil catorce, que declaro ha lugar parcialmente un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado De Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los señores MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ Y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ, por suponerlos responsables del DELITO FINANCIERO en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO Y LOS ACCIONISTAS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha quince de diciembre del año dos mil once, comparación ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, las abogadas SUSSY GUADALUPE COELLO Y KARLA MARCELA ROQUE, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ Y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ y Otros, por suponerlos responsables del DELITO FINANCIERO en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO Y LOS ACCIONISTAS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES.-2) Que en fecha veinticinco de abril del año dos mil catorce, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado el resolvió: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ Y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ, por suponerlos responsables de delito de DELITOS FINANCIEROS. (Ver folios 1623 al 1626 del Tomo III de los antecedentes).- 3) Que conociendo en apelación la resolución relacionada en numeral que antecede, en fecha uno de agosto del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, “RESUELVE:

  1. Declarando HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico. 2) REVOCAR el sobreseimiento Definitivo dictado a la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores. 3) CONFIRMAR en lo demás”. (Ver folios 1686 al 1696 del Tomo III de los antecedentes).-4) El recurrente abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de abril del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha uno de agosto de dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha diez de septiembre del año dos mil quince, esta Sala recibió escrito el escrito de formalización de la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.-CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, interpuso a favor del ESTADO DE HONDURAS, un recurso de amparo en contra de la resolución emitida en fecha uno de agosto de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que declaro ha lugar parcialmente el recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, por el Juzgado De Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ Y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ, por suponerlos responsables del DELITO FINANCIERO en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO Y LOS ACCIONISTAS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES.-CONSIDERANDO (2): Que en la demanda de amparo interpuesta se debe señalar que el recurrente en su escrito de interposición del recurso de amparo, enuncia como garantías fundamentales violadas las contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (3): Que a folios 1623 en adelante de la primera pieza consta el acta de la continuación de la audiencia inicial la que concluye con la resolución mediante la cual el Juez decreta SOBRESIMIENTO DEFINITIVO A FAVOR DE MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ Y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHAVEZ, por considerar el A-quo, que no existen indicios racionales que acreditan la participación de los imputados en el delito de DELITO FINANCIERO en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO Y LOS ACCIONISTAS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES, por el cual han sido acusados.-CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones Penal de esta sección judicial, conoció de la causa en virtud de recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, quien no conforme expresó agravios en tiempo y forma, señalando que los imputados, MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ en su condición de Presidente y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHÁVEZ, en su condición de Gerente del banco, participaron en el otorgamiento de prestamos sin el cumplimiento de los requerimientos legales, lo que ocasionó un perjuicio irreversible para la sociedad, acreditándose a juicio del Fiscal recurrente, de manera clara a través de los medios de prueba evacuados, que de manera dolosa, los imputados cometieron el hecho que se les atribuye en el requerimiento fiscal.CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones motiva su resolución y confirma el Sobreseimiento definitivo a favor de MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHÁVEZ, argumentando que en la audiencia inicial quedó probado con la evacuación de medios de prueba propuestos: Que los imputados, precisamente por el cargo y la función que desempeñaban en el Banco de los Trabajadores, les es imposible incidir en decisiones torales relativas al otorgamiento de prestamos y beneficios, en vista de que la Ley del Banco de los Trabajadores en su artículo 25 manda que las sesiones de Junta Directiva serán convocadas por el Presidente del banco, “CON VOS PERO SIN VOTO”. Asimismo El artículo 32 de la misma Ley, establece las atribuciones del Gerente del banco de los Trabajadores, siendo estas únicamente ejecutivas, alejadas de la toma de decisiones que incidan en la aprobación o no de préstamos o beneficios a los afiliados, como así sucede y se acreditó con relación a los demás integrantes de la Junta Directiva, quienes por Ley tienen atribuciones distintas al Presidente y Gerente del Banco.- CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones observa que el A-quo decretó auto de formal procesamiento para unos y no así para los recurrentes, en virtud de considerar que con relación a ellos es decir a MANUEL RAMON PINEDA FUNEZ y GUSTAVO ADOLFO ZELAYA CHÁVEZ, no se acreditaron los requisitos señalados en el artículo 92 constitucional, ya que fueron desvanecidos estos indicios, por las funciones por ellos desempeñadas establecidas en la Ley. Manifiesta que para ese Tribunal de alzada los indicios no se acreditaron en consecuencia la decisión del inferior debe ser confirmada como en efecto se confirma.-CONSIDERANDO (7): Que al analizar el supuesto conflicto expuesto, se debe manifestar que el mismo radica en que a juicio del acusador-recurrente, la Sala debería decidir sobre si los medios de pruebas aportados en la audiencia inicial son pertinentes, útiles y proporcionados en relación con el resultado que se pretende conseguir. Al respecto la Sala manifiesta que esa pretensión solo puede ser resuelta por tribunales de instancia, por tratarse de un asunto de mera legalidad. Sin embargo del análisis de la motivación de la sentencia recurrida, no se detecta vulneración alguna a los derechos fundamentales señalados, en tanto que para el tribunal de alzada con el mínimo de prueba aportado es suficiente para considerar que NO existen en el caso de mérito los indicios racionales para considerar que los imputados hayan participado en el ilícito por el cual se le acusa. Al mismo tiempo es menester manifestar que la sentencia del tribunal de alzada, es minuciosa en su motivación, la que este tribunal comparte, siendo la misma congruente con las disposiciones legales aplicables al caso concreto.-CONSIDERANDO (8): Que en virtud de lo antes expuesto la Sala de lo Constitucional ve que a lo largo del proceso el ahora recurrente ha tenido libre acceso a los Tribunales, está ejercitando las acciones que estima convenientes, por lo que no se puede alegar una violación al derecho de defensa.-CONSIDERANDO (9): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones legales expuestas es procedente DENEGAR el amparo interpuesto, quedando así firme el sobreseimiento definitivo recurrido.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; ; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, Y FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO por interpuesto por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil catorce. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal , registrado en este Tribunal bajo el número 363-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL