Sentencia AP-339-15 — Registro 6296
Resumen
Denegatoria de recurso de amparo en consulta,interpuesto contra denegatoria de reprogramación de nueva audiencia de Proposición de medios de pruebas, e imposición de multa por supuesto irrespeto por parte de impetrante al Tribunal, en relación el delito de Usurpación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En ese orden de ideas es importante establecer que en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, fue notificado de su nombramiento de oficio como de Defensor Publico del encartado el Abogado Reyes Gallo, posteriormente el Ad-Quo señalo audiencia de proposición de medios de prueba para el mes de diciembre del año dos mil catorce (en dos ocasiones 2 y 11), siendo reprogramadas las misma a petición de la parte defensora quien se hizo valer de los mismos argumentos para tal peticion, señalándose nuevamente la supra mencionada audiencia para el día dieciséis de enero del año dos mil quince, solicitando una ves mas la suspensión de está, solicitud que fue denegada por el Ad-Quo por considerar que no se ajustaba en derecho, dilatándose de esta manera mas de dos meses y medio desde el nombramiento de oficio del profesional del derecho hasta la fecha de celebración de la citada audiencia. En ese sentido esta Sala observa que el Abogado Defensor ha tenido un Plazo Razonable para poder contactar a su representado y así preparar la estrategia de defensa y ofertar los medios probatorios de lo que se hará valer en el Juicio Oral y Público.-CONSIDERANDO (8): Siempre y en relación al considerando anterior es importante resaltar lo que señala el articulo 8 de nuestra Normativa Procesal Penal que reza lo siguiente: “La finalidad del proceso penal será la realización pronta y efectiva de la justicia penal.” Sumado a lo anterior el mismo cuerpo legal en su artículo 321 le da la posibilidad al defensor del encartado de ofertar nuevos medios de prueba al momento de celebrarse el debate de Juicio Oral y Publico y que serán sometidos a los principios de inmediación, contradicción, publicidad entre otros"....
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 321 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Jerarquía: Reiterativa
…"En relación a la multa impuesta al recurrente y del estudio del caso sub judice se logró verificar que en ningún momento el quejoso le falto el respeto a los miembros del Ad-quo, y por el hecho que una de las partes no comparta el razonamiento jurídico del Tribunal esto no es motivo para hacerse acreedor de una sanción pecuniaria,"...
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 321 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno (01) de abril de dos mil dieciséis (2016).-VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Atlántida, de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, que otorga la acción de amparo promovida por el abogado OSCAR ALEJANDRO REYES GALLO a favor del señor JOSE ALBERTO PALACIOS, contra la resolución de fecha dieciséis de enero de dos mil quince, proferida por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida en la Audiencia de Proposición de medios de pruebas, celebrada en la causa instruida contra el señor JOSE ALBERTO PALACIOS, por suponerlo responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de SIMON GUZMAN GARCIA, además por multa impuesta al recurrente por supuesto irrespeto al Tribunal. Estima el recurrente que dicha resolución es violatoria de los derechos y garantías estipulados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil quince, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, celebró audiencia de Proposición de medios de prueba con motivo de la causa instruida contra JOSE ALBERTO PALACIOS por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio de SIMON GUZMAN GARCIA, en la que las partes propusieron sus medios de prueba y el Tribuna resolvió: “Admitir la totalidad de la prueba presentada por el Ministerio Público igualmente la inspección ocular que quede constancia que serán ratificada junto con el álbum fotográfico por el agente Julio Cerrato quien es agente asignado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Olanchito será el Ministerio Público que proporcionará la dirección exacta de esta persona en el entendido con la receptora del Tribunal para que sea citado en legal y debida forma esta persona.- En el uso de la palabra la Defensa solicita la copia del expediente de merito y a la brevedad posible la copia de la presente audiencia por favor, se instruye a la Secretaría para los efectos de la solicitud de la defensa en cuanto a las copias del expediente de merito se convoca a las partes para audiencia de Juicio Oral y Público el día Martes Veinticuatro de Marzo a las nueve de la mañana del año dos mil quince en la sede de este Tribunal…” (Folio 05 al 07 de los antecedentes).-2) Que el Abogado OSCAR ALEJANDRO REYES GALLO, en su condición de Defensor Público, compareció en fecha veintidós de enero de dos mil quince, ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSE ROBERTO PALACIOS, contra la resolución proferida por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de de La Ceiba, Atlántida, de fecha dieciséis de enero de dos mil quince, relacionada en el numeral anterior. Manifestando el recurrente, que dicha resolución quebranta el Derecho de Defensa y el Debido Proceso consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 de los antecedentes).-3) Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones referida, dictó sentencia mediante la cual (Sic) “FALLA: PRIMERO: OTORGAR la acción constitucional de Amparo promovida por el Abogado Oscar Alejandro Reyes Gallo, en contra de la Resolución dictada en fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de esta sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, únicamente en lo que a la Multa de Diez Lempiras impuesta al recurrente y ante la Sala de lo constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente Sentencia…”. (Folios 40 al 42 de los antecedentes).-4) Que en fecha dieciséis de abril de dos mil quince, esta Sala, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito relacionado en el numeral que precede, en estricto cumplimiento al artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme la Constitución de la República la Acción de Amparo tiene como finalidad que a una persona Agraviada se le mantenga o restituya en el Goce de los Derechos o Garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un Reglamento, Hecho, acto o Resolución de Autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de Amparo dictada por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la Sentencia que se conoce en Consulta es la Dictada en Fecha Dieciséis (16) de febrero del Dos Mil Quince (2015), por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, mediante la cual se declaro con lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la audiencia de proposición de medios de pruebas, en relación a la causa instruida contra el señor JOSE ALBERTO PALACIOS, por suponerlo responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de SIMON GUZMAN GARCIA, demás por multa impuesta al impetrante por supuesto irrespeto al Tribunal. Considera el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los Derechos y Garantías estipulados en el artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (3): Que el A-quem en su fallo Expone los siguiente aspectos: ”Este A-Quem comparte el argumento del Tribunal de Sentencia en cuanto refiere en su informe que Sic” con fundamento en el articulo 8 del Código Procesal Penal, que señala como finalidad del proceso la realización pronta y efectiva de la justicia penal; pues el mismo argumento había sido ya esgrimido por el mismo defensor en la audiencia que, había sido señalada para celebrarse el once de diciembre del año dos mil catorce, logrando entonces la reprogramación de la audiencia de proposición de prueba para la fecha ya referida, por lo que el tribunal la denegó en esa segunda ocasión…”.-Del análisis del informe rendido por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de esta sección judicial de lo acontecido en la audiencia de proporción de pruebas celebrada en fecha dieciséis de enero del presente año se desprende que el Abogado Reyes Gallo en su condición de Defensor Publico del imputado Jose Roberto Palacios, contó con tiempo suficiente para contactar a su representado, lo anterior de desprende de la simple revisión de las fechas desde que se le nombro como defensor del encausado hasta la celebración de la audiencia de proposición de pruebas, siendo así que en fecha cinco de noviembre de dos mil catorce se notificó al Abogado Reyes Gallo de su nombramiento como defensor y de la audiencia de proposición de prueba para el día tres de diciembre del mismo año, en la cual este solicito que se reprogramara alegando que no había podido ubicar a su defendido, petición que fue concedida por el tribunal, reprogramando para el día once de diciembre del mismo año, audiencia en la cual nuevamente el defensor solicito reprogramación alegando las mismas razones a lo que el tribunal accede y señala el día dieciséis de enero del dos mil quince para la celebración de la audiencia tantas veces referida. Llegada esta última fecha el defensor publico peticiono nuevamente reprogramación de la audiencia bajo los mismos argumentos siendo esta vez denegada por el tribunal, lo cual es compartido por este Ad-Quem puesto que no se debe prolongar el proceso por simple antojo de las partes, aunado a que el defensor contó con tiempo suficiente para localizar al encausado, lo cual y bajo los argumentos que esgrime como causas que le imposibilitaron tal localización no constituye impedimentos como lo ha manifestado el impetrante. En cuanto a la multa impuesta al impetrante, este Ad-Quem habiendo analizado los motivos y argumentos esgrimidos por el Tribunal, considera que los mismos no amerita la sanción que fue impuesta al recurrente, del cual es sabido que debe en todo momento dirigirse al Tribunal asì como a cualquier otro órgano o autoridad con el respeto debido y en caso de no compartir alguna resolución en todo caso cuenta con los medios de impugnación establecidos en la ley. Tomando en consideración los señalamientos hechos por esta Corte, se considera que no han sido lesionadas las garantías invocadas por el recurrente en lo que al señalamiento de una nueva audiencia de proposición de pruebas se refiere puesto que contó con tiempo suficiente para localizar a su representado. En lo que a la multa impuesta al impetrante refiere esta Corte no comparte la misma por cuanto no se desprende del informe rendido por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de esta sección judicial que el Abogado Reyes Gallo se haya alterado, elevado el tono de su voz o algún otro acto que pueda considerarse una falta de respeto que amerite la sanción impuesta. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 56 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGAR la Acción Constitucional de Amparo promovida por el Abogado Oscar Alejandro Reyes Gallo, en contra de la Resolución dictada en fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de esta sección judicial de la Ceiba. Departamento de Atlántida, únicamente en lo que a la multa de Diez Lempiras impuesta al recurrente se refiere. SEGUNDO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA para y ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia……”.-CONSIDERANDO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (5): Que la Garantía del debido Proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de Garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO (6): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el Derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO (7):Que la Acción de Amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus Derechos fundamentales; para que, en casos concretos, se declare que una Ley, un Reglamento o una disposición de la autoridad, no le es aplicable por ser inconstitucional. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar la resolución contra la cual se reclama y del estudio de los antecedentes, resulta relevante hacer un breve análisis acerca de la figura del plazo razonable, es necesario establecer el vínculo entre la Investigación criminal y el plazo razonable. “EL PLAZO RAZONABLE es parte integrante de la garantía constitucional del Debido Proceso, contenida en el artículo 90 de la Carta Magna. “El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación al debido proceso alude a un lapso suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto procede que a toda persona se le investigue, no menos cierto es que para que ello ocurra debe existir la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la razonabilidad del plazo señalando: “La razonabilidad del plazo…, se debe apreciar en relación con la duración total del proceso desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva[1].” En ese orden de ideas es importante establecer que en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, fue notificado de su nombramiento de oficio como de Defensor Publico del encartado el Abogado Reyes Gallo, posteriormente el Ad-Quo señalo audiencia de proposición de medios de prueba para el mes de diciembre del año dos mil catorce (en dos ocasiones 2 y 11), siendo reprogramadas las misma a petición de la parte defensora quien se hizo valer de los mismos argumentos para tal peticion, señalándose nuevamente la supra mencionada audiencia para el día dieciséis de enero del año dos mil quince, solicitando una ves mas la suspensión de está, solicitud que fue denegada por el Ad-Quo por considerar que no se ajustaba en derecho, dilatándose de esta manera mas de dos meses y medio desde el nombramiento de oficio del profesional del derecho hasta la fecha de celebración de la citada audiencia. En ese sentido esta Sala observa que el Abogado Defensor ha tenido un Plazo Razonable para poder contactar a su representado y así preparar la estrategia de defensa y ofertar los medios probatorios de lo que se hará valer en el Juicio Oral y Público.-CONSIDERANDO (8): Siempre y en relación al considerando anterior es importante resaltar lo que señala el articulo 8 de nuestra Normativa Procesal Penal que reza lo siguiente: “La finalidad del proceso penal será la realización pronta y efectiva de la justicia penal.” Sumado a lo anterior el mismo cuerpo legal en su artículo 321 le da la posibilidad al defensor del encartado de ofertar nuevos medios de prueba al momento de celebrarse el debate de Juicio Oral y Publico y que serán sometidos a los principios de inmediación, contradicción, publicidad entre otros; En relación a la multa impuesta al recurrente y del estudio del caso sub judice se logró verificar que en ningún momento el quejoso le falto el respeto a los miembros del Ad-quo, y por el hecho que una de las partes no comparta el razonamiento jurídico del Tribunal esto no es motivo para hacerse acreedor de una sanción pecuniaria, por tal razón está SALA aprecia que no existe la violación a los Derechos Fundamentales alegados por la parte recurrente tal y como lo ha dejado plasmado en su sentencia el AD-quem, en consecuencia es procedente su CONFIRMACIÓN.-CONSIDERANDO (9): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la Sentencia de Fecha Dieciséis (16) de febrero del Dos Mil Quince (2015), por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, mediante el cual se declaro con lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; articulo 8, 321 del Código Procesal Penal; FALLA: CONFIRMANDO Sentencia de Fecha Dieciséis (16) de febrero del Dos Mil Quince (2015), por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha uno (1) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0339-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno (01) de abril de dos mil dieciséis (2016).-VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Atlántida, de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, que otorga la acción de amparo promovida por el abogado OSCAR ALEJANDRO REYES GALLO a favor del señor JOSE ALBERTO PALACIOS, contra la resolución de fecha dieciséis de enero de dos mil quince, proferida por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida en la Audiencia de Proposición de medios de pruebas, celebrada en la causa instruida contra el señor JOSE ALBERTO PALACIOS, por suponerlo responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de SIMON GUZMAN GARCIA, además por multa impuesta al recurrente por supuesto irrespeto al Tribunal. Estima el recurrente que dicha resolución es violatoria de los derechos y garantías estipulados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil quince, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, celebró audiencia de Proposición de medios de prueba con motivo de la causa instruida contra JOSE ALBERTO PALACIOS por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio de SIMON GUZMAN GARCIA, en la que las partes propusieron sus medios de prueba y el Tribuna resolvió: “Admitir la totalidad de la prueba presentada por el Ministerio Público igualmente la inspección ocular que quede constancia que serán ratificada junto con el álbum fotográfico por el agente Julio Cerrato quien es agente asignado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Olanchito será el Ministerio Público que proporcionará la dirección exacta de esta persona en el entendido con la receptora del Tribunal para que sea citado en legal y debida forma esta persona.- En el uso de la palabra la Defensa solicita la copia del expediente de merito y a la brevedad posible la copia de la presente audiencia por favor, se instruye a la Secretaría para los efectos de la solicitud de la defensa en cuanto a las copias del expediente de merito se convoca a las partes para audiencia de Juicio Oral y Público el día Martes Veinticuatro de Marzo a las nueve de la mañana del año dos mil quince en la sede de este Tribunal…” (Folio 05 al 07 de los antecedentes).-2) Que el Abogado OSCAR ALEJANDRO REYES GALLO, en su condición de Defensor Público, compareció en fecha veintidós de enero de dos mil quince, ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSE ROBERTO PALACIOS, contra la resolución proferida por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de de La Ceiba, Atlántida, de fecha dieciséis de enero de dos mil quince, relacionada en el numeral anterior. Manifestando el recurrente, que dicha resolución quebranta el Derecho de Defensa y el Debido Proceso consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 de los antecedentes).-3) Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones referida, dictó sentencia mediante la cual (Sic) “FALLA: PRIMERO: OTORGAR la acción constitucional de Amparo promovida por el Abogado Oscar Alejandro Reyes Gallo, en contra de la Resolución dictada en fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de esta sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, únicamente en lo que a la Multa de Diez Lempiras impuesta al recurrente y ante la Sala de lo constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente Sentencia…”. (Folios 40 al 42 de los antecedentes).-4) Que en fecha dieciséis de abril de dos mil quince, esta Sala, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito relacionado en el numeral que precede, en estricto cumplimiento al artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme la Constitución de la República la Acción de Amparo tiene como finalidad que a una persona Agraviada se le mantenga o restituya en el Goce de los Derechos o Garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un Reglamento, Hecho, acto o Resolución de Autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de Amparo dictada por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la Sentencia que se conoce en Consulta es la Dictada en Fecha Dieciséis (16) de febrero del Dos Mil Quince (2015), por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, mediante la cual se declaro con lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la audiencia de proposición de medios de pruebas, en relación a la causa instruida contra el señor JOSE ALBERTO PALACIOS, por suponerlo responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de SIMON GUZMAN GARCIA, demás por multa impuesta al impetrante por supuesto irrespeto al Tribunal. Considera el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los Derechos y Garantías estipulados en el artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (3): Que el A-quem en su fallo Expone los siguiente aspectos: ”Este A-Quem comparte el argumento del Tribunal de Sentencia en cuanto refiere en su informe que Sic” con fundamento en el articulo 8 del Código Procesal Penal, que señala como finalidad del proceso la realización pronta y efectiva de la justicia penal; pues el mismo argumento había sido ya esgrimido por el mismo defensor en la audiencia que, había sido señalada para celebrarse el once de diciembre del año dos mil catorce, logrando entonces la reprogramación de la audiencia de proposición de prueba para la fecha ya referida, por lo que el tribunal la denegó en esa segunda ocasión…”.-Del análisis del informe rendido por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de esta sección judicial de lo acontecido en la audiencia de proporción de pruebas celebrada en fecha dieciséis de enero del presente año se desprende que el Abogado Reyes Gallo en su condición de Defensor Publico del imputado Jose Roberto Palacios, contó con tiempo suficiente para contactar a su representado, lo anterior de desprende de la simple revisión de las fechas desde que se le nombro como defensor del encausado hasta la celebración de la audiencia de proposición de pruebas, siendo así que en fecha cinco de noviembre de dos mil catorce se notificó al Abogado Reyes Gallo de su nombramiento como defensor y de la audiencia de proposición de prueba para el día tres de diciembre del mismo año, en la cual este solicito que se reprogramara alegando que no había podido ubicar a su defendido, petición que fue concedida por el tribunal, reprogramando para el día once de diciembre del mismo año, audiencia en la cual nuevamente el defensor solicito reprogramación alegando las mismas razones a lo que el tribunal accede y señala el día dieciséis de enero del dos mil quince para la celebración de la audiencia tantas veces referida. Llegada esta última fecha el defensor publico peticiono nuevamente reprogramación de la audiencia bajo los mismos argumentos siendo esta vez denegada por el tribunal, lo cual es compartido por este Ad-Quem puesto que no se debe prolongar el proceso por simple antojo de las partes, aunado a que el defensor contó con tiempo suficiente para localizar al encausado, lo cual y bajo los argumentos que esgrime como causas que le imposibilitaron tal localización no constituye impedimentos como lo ha manifestado el impetrante. En cuanto a la multa impuesta al impetrante, este Ad-Quem habiendo analizado los motivos y argumentos esgrimidos por el Tribunal, considera que los mismos no amerita la sanción que fue impuesta al recurrente, del cual es sabido que debe en todo momento dirigirse al Tribunal asì como a cualquier otro órgano o autoridad con el respeto debido y en caso de no compartir alguna resolución en todo caso cuenta con los medios de impugnación establecidos en la ley. Tomando en consideración los señalamientos hechos por esta Corte, se considera que no han sido lesionadas las garantías invocadas por el recurrente en lo que al señalamiento de una nueva audiencia de proposición de pruebas se refiere puesto que contó con tiempo suficiente para localizar a su representado. En lo que a la multa impuesta al impetrante refiere esta Corte no comparte la misma por cuanto no se desprende del informe rendido por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de esta sección judicial que el Abogado Reyes Gallo se haya alterado, elevado el tono de su voz o algún otro acto que pueda considerarse una falta de respeto que amerite la sanción impuesta. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 56 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGAR la Acción Constitucional de Amparo promovida por el Abogado Oscar Alejandro Reyes Gallo, en contra de la Resolución dictada en fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de esta sección judicial de la Ceiba. Departamento de Atlántida, únicamente en lo que a la multa de Diez Lempiras impuesta al recurrente se refiere. SEGUNDO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA para y ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia……”.-CONSIDERANDO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (5): Que la Garantía del debido Proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de Garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO (6): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el Derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO (7):Que la Acción de Amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus Derechos fundamentales; para que, en casos concretos, se declare que una Ley, un Reglamento o una disposición de la autoridad, no le es aplicable por ser inconstitucional. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar la resolución contra la cual se reclama y del estudio de los antecedentes, resulta relevante hacer un breve análisis acerca de la figura del plazo razonable, es necesario establecer el vínculo entre la Investigación criminal y el plazo razonable. “EL PLAZO RAZONABLE es parte integrante de la garantía constitucional del Debido Proceso, contenida en el artículo 90 de la Carta Magna. “El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación al debido proceso alude a un lapso suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto procede que a toda persona se le investigue, no menos cierto es que para que ello ocurra debe existir la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la razonabilidad del plazo señalando: “La razonabilidad del plazo…, se debe apreciar en relación con la duración total del proceso desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva[2].” En ese orden de ideas es importante establecer que en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, fue notificado de su nombramiento de oficio como de Defensor Publico del encartado el Abogado Reyes Gallo, posteriormente el Ad-Quo señalo audiencia de proposición de medios de prueba para el mes de diciembre del año dos mil catorce (en dos ocasiones 2 y 11), siendo reprogramadas las misma a petición de la parte defensora quien se hizo valer de los mismos argumentos para tal peticion, señalándose nuevamente la supra mencionada audiencia para el día dieciséis de enero del año dos mil quince, solicitando una ves mas la suspensión de está, solicitud que fue denegada por el Ad-Quo por considerar que no se ajustaba en derecho, dilatándose de esta manera mas de dos meses y medio desde el nombramiento de oficio del profesional del derecho hasta la fecha de celebración de la citada audiencia. En ese sentido esta Sala observa que el Abogado Defensor ha tenido un Plazo Razonable para poder contactar a su representado y así preparar la estrategia de defensa y ofertar los medios probatorios de lo que se hará valer en el Juicio Oral y Público.-CONSIDERANDO (8): Siempre y en relación al considerando anterior es importante resaltar lo que señala el articulo 8 de nuestra Normativa Procesal Penal que reza lo siguiente: “La finalidad del proceso penal será la realización pronta y efectiva de la justicia penal.” Sumado a lo anterior el mismo cuerpo legal en su artículo 321 le da la posibilidad al defensor del encartado de ofertar nuevos medios de prueba al momento de celebrarse el debate de Juicio Oral y Publico y que serán sometidos a los principios de inmediación, contradicción, publicidad entre otros; En relación a la multa impuesta al recurrente y del estudio del caso sub judice se logró verificar que en ningún momento el quejoso le falto el respeto a los miembros del Ad-quo, y por el hecho que una de las partes no comparta el razonamiento jurídico del Tribunal esto no es motivo para hacerse acreedor de una sanción pecuniaria, por tal razón está SALA aprecia que no existe la violación a los Derechos Fundamentales alegados por la parte recurrente tal y como lo ha dejado plasmado en su sentencia el AD-quem, en consecuencia es procedente su CONFIRMACIÓN.-CONSIDERANDO (9): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la Sentencia de Fecha Dieciséis (16) de febrero del Dos Mil Quince (2015), por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, mediante el cual se declaro con lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; articulo 8, 321 del Código Procesal Penal; FALLA: CONFIRMANDO Sentencia de Fecha Dieciséis (16) de febrero del Dos Mil Quince (2015), por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha uno (1) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0339-2015.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
[1] CIDH. CASOS JUAN HUMBERTO SÁNCHEZ CONTRA HONDURAS, HILARIE CONSTANTINE CONTRA TRINIDAD Y TOBAGO Y SUÁREZ ROSERO CONTRA ECUADOR.
[2] CIDH. CASOS JUAN HUMBERTO SÁNCHEZ CONTRA HONDURAS, HILARIE CONSTANTINE CONTRA TRINIDAD Y TOBAGO Y SUÁREZ ROSERO CONTRA ECUADOR.