Sentencia AP-31-13 — Registro 6233
Resumen
Recurso de amparo contra resolución que declaró sin lugar recurso de apelaciones interpuesto por Ministerio Público; y a Lugar parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa de imputado; reformando el auto de prisión del delito de Abuso de Autoridad y Homicidio simple al delito de Homicidio Culposo considerando Ad-quem que no se configura el delito de abuso de autoridad contra imputado y que éste, actuó negligentemente como Director de Centro Penal, al no tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de imputado interno
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"6): Que al respecto considera la Sala de lo Constitucional, que durante la primera etapa del proceso penal, caracteriza al dictado de auto de prisión o formal procesamiento en sentido propio, su provisionalidad, la no causación de estado y no definitividad, permitiéndose inclusive desde el parámetro normativo procesal su reforma o revocatoria, a lo cual ha accedido en el presente caso la defensa mediante la interposición y admisión parcial del recurso ordinario de apelación, como queda visto.-CONSIDERANDO (7): Que la Sala encuentra congrua motivación en la resolución de la Corte de Apelaciones referente al ámbito normativo del artículo 13 del Código Penal, respecto a las modalidades comisivas y omisivas de realización del delito, las cuales son plausibles y no contradictorias; y que será la justicia ordinaria, en definitiva, la encargada de dilucidar en el momento procesal oportuno, con respeto debido a la presunción de inocencia que ampara al ciudadano JOSE ROMMEL RIVERA ORELLANA, sí se cometió o no el delito antes imputado, sobre consideraciones de prueba pertinente e interpretación sobre derecho de fondo.-CONSIDERANDO (8): Que en lo anterior se observa también la incidencia y debido cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 92 y 95 de la Constitución de la República, referentes a que no se podrá dictar auto de prisión o formal procesamiento sin que preceda evidencia probatoria de la existencia de un delito, lo cual se tiene por bien probado en el presente caso por la Corte Ad-Quem, existiendo a la vez indicios racionales de que en la cadena causal que dio lugar al resultado, pudo haber intervenido una omisión concreta del Director del Centro Penitenciario en cuanto al cumplimiento diligente de los deberes que la ley le atribuye a su cargo; lo cual deberá dilucidarse en la instancia jurisdiccional ordinaria.-CONSIDERANDO (9): Que en cuanto a lo invocado en el artículo 95 de la Constitución de la República, se indica que ya existe otra persona juzgada por la comisión del delito de homicidio simple a titulo de autor, en el presente caso. De lo anterior no resulta impedimento para que la fiscalía del Ministerio Público pueda imputar otro delito previo, como es el homicidio culposo, en contra de distinto imputado. La norma constitucional requiere para ello que los hechos punibles que den lugar al nuevo enjuiciamiento, difieran de los hechos punibles que dieron lugar al anterior enjuiciamiento, garantía constitucional que es explícita y se aprecia como respetada en el fallo por el cual han venido en amparo la recurrente a esta sede de justicia constitucional. Es menester de esta Sala dejar establecido contra la resolución impugnada, ya obra una resolución en el amparo presentado por la defensa del acusado, en cuanto a los mismos hechos, en consecuencia esta Sala emite su fallo acorde y en congruencia al fallo emitido en el Amparo Penal No. 66-13.-CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expresado, esta Sala conformada por Jueces que garantizan los derechos y garantías constitucionales no debe pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, siendo un Tribunal de lo Penal, quien deberá dilucidar la controversia de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, en consecuencia no resultando de recibo que los derechos fundamentales invocados por la impetrante resultaren quebrantados en el ámbito de protección tutelar que provee la Constitución de la República, procede en derecho dictar resolución denegatoria a la presente acción de amparo"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 321 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ a favor de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y del señor LUIS MIGUEL MARADIAGA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil doce (2012), que resuelve un recurso de apelación presentado contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012); con relación a la causa instruida contra el señor JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y del señor LUIS MIGUEL MARADIAGA. Estima la recurrente, como violentadas las garantías constitucionales estipuladas en los artículos 90, 95, 303 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-
- Que en fecha siete (7) de febrero del año dos mil doce (2012), el Licenciado JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y HOMICIDIO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y del señor LUIS MIGUEL MARADIAGA.- 2) Que una vez celebrada Audiencia Inicial en fechas dos (2) y treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), dictó (sic) “1.- AUTO DE PRISIÓN en contra del imputado JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU MODALIDAD DE COMISION POR OMISION IMPROPIA en perjuicio de LUIS MIGUEL MARADIAGA. 2.- Se le mantienen las medidas cautelares sustitutivas de la PRISIÓN PREVENTIVA, dictadas en la audiencia de declaración de imputado de fecha trece de marzo del año 2012, con la única modificación de que el imputado deberá de presentarse cada quince días a la secretaría del Juzgado de Letras Seccional de Santa Bárbara a firmar el libro respectivo que se lleva para ese efecto, medidas cautelares sustitutivas que se fundamentan porque el imputado ha acreditado tener un arraigo tanto familiar, laboral y domiciliar, así como de haberse presentado voluntariamente a las secuelas del presente proceso lo que deriva que el mismo no se sustraerá de la presente causa, ni obstaculizará la regular obtención de las fuentes de prueba.”.- (Folios 154 al 171 de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil doce (2012), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, y por los Abogados TITO HERNANDEZ SALGADO y DARWIN HUMBERTO SANCHEZ MONTERO en su condición de Defensores Privados del señor JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA, contra la resolución dictada en fecha treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), que decretó auto de prisión en contra del señor José Ronmel Rivera Orellana por suponerle responsable de la comisión del delito de Homicidio Simple en su modalidad de comisión por omisión impropia en perjuicio de Luis Miguel Maradiaga, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual (sic) “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscalía SEGUNDO: DECLARAR HA LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los Abogados TITO HERNANDEZ SALGADO y DARWIN HUMBERTO SANCHEZ MONTERO, Defensores Privados.-TERCERO: REFORMAR el auto de prisión contra JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA por el delito de HOMICIDIO a HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio de LUIS MIGUEL MARADIAGA.”.- (Folios 254 al 259 de la pieza de los antecedentes).-4) La recurrente Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha diez (10) de enero del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor de LA ADMINISTRACION PUBLICA y del señor LUIS MIGUEL MARADIAGA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil doce (2012), es violatoria de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 90, 95, 303 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso, en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil trece (2013), omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre del año dos mil doce, que declaró sin lugar un recurso de apelaciones interpuesto por la representante del Ministerio Público; y Declara a Lugar parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por el representante de la Defensa; reformando el auto de prisión decretado contra JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA del delito de homicidio simple al delito de Homicidio Culposo, resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y el señor LUIS MIGUEL MARADIAGA respectivamente.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, manifiesta que el Ad-Quem dictó resolución mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación que interpuso contra la resolución del A-Quo dictada en fecha treinta de abril del año dos mil doce. Resolución que también fue apelada por la defensa del imputado, concediendo la apelación de manera parcial, y reformando el auto de prisión dictado por el A-Quo a Homicidio Culposo. Manifiesta la impetrante que el Ad-Quem "justifica su resolución bajo el argumento de que en el caso de autos no existe un concurso de leyes entre el delito de Homicidio por Omisión, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad. El Ad -Quem considera que la omisión es parte del tipo penal de homicidio, pues si no fuese por la concurrencia de ese requisito, el delito no se hubiera configurado. Sigue exponiendo que en el caso del delito de Abuso de autoridad la ley señala como requisito que se deje de hacer o ejecutar una orden, señalando que para el Ad-Quem, la orden del Tribunal es que se encontrara recluido y la medida de advertencia es que se encontrara separado de las personas condenadas, a lo cual el Director del Centro Penal dio cumplimiento, aduciendo que el Director de dicho Centro no comete el delito de abuso de autoridad, sino de homicidio que se realizó de manera negligente, sin observar las obligaciones que como Director le correspondían, al no tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida del imputado LUIS MIGUEL MARADIAGA configurándose para el Ad-Quem el delito de Homicidio culposo por haber actuado negligentemente". Considerando que se han vulnerado los derechos constitucionales de: El derecho a la tutela judicial efectiva según lo establecido en el artículo 90 y 95 que regulan el debido proceso y el principio de legalidad en relación con los artículos 303 y 323 referentes al imperio de la ley.-CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo a los antecedentes y la expresión de inconformidad por parte de la impetrante contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones "mediante la cual ordena la revocatoria de los delitos inicialmente imputados, imponiendo en cambio un auto de formal procesamiento por el delito de Homicidio culposo", resolución que la recurrente considera vulnera El derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el principio de legalidad en relación con los artículos 303 y 323 referentes al imperio de la ley.-CONSIDERANDO (6): Que al respecto considera la Sala de lo Constitucional, que durante la primera etapa del proceso penal, caracteriza al dictado de auto de prisión o formal procesamiento en sentido propio, su provisionalidad, la no causación de estado y no definitividad, permitiéndose inclusive desde el parámetro normativo procesal su reforma o revocatoria, a lo cual ha accedido en el presente caso la defensa mediante la interposición y admisión parcial del recurso ordinario de apelación, como queda visto.-CONSIDERANDO (7): Que la Sala encuentra congrua motivación en la resolución de la Corte de Apelaciones referente al ámbito normativo del artículo 13 del Código Penal, respecto a las modalidades comisivas y omisivas de realización del delito, las cuales son plausibles y no contradictorias; y que será la justicia ordinaria, en definitiva, la encargada de dilucidar en el momento procesal oportuno, con respeto debido a la presunción de inocencia que ampara al ciudadano JOSE ROMMEL RIVERA ORELLANA, sí se cometió o no el delito antes imputado, sobre consideraciones de prueba pertinente e interpretación sobre derecho de fondo.-CONSIDERANDO (8): Que en lo anterior se observa también la incidencia y debido cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 92 y 95 de la Constitución de la República, referentes a que no se podrá dictar auto de prisión o formal procesamiento sin que preceda evidencia probatoria de la existencia de un delito, lo cual se tiene por bien probado en el presente caso por la Corte Ad-Quem, existiendo a la vez indicios racionales de que en la cadena causal que dio lugar al resultado, pudo haber intervenido una omisión concreta del Director del Centro Penitenciario en cuanto al cumplimiento diligente de los deberes que la ley le atribuye a su cargo; lo cual deberá dilucidarse en la instancia jurisdiccional ordinaria.-CONSIDERANDO (9): Que en cuanto a lo invocado en el artículo 95 de la Constitución de la República, se indica que ya existe otra persona juzgada por la comisión del delito de homicidio simple a titulo de autor, en el presente caso. De lo anterior no resulta impedimento para que la fiscalía del Ministerio Público pueda imputar otro delito previo, como es el homicidio culposo, en contra de distinto imputado. La norma constitucional requiere para ello que los hechos punibles que den lugar al nuevo enjuiciamiento, difieran de los hechos punibles que dieron lugar al anterior enjuiciamiento, garantía constitucional que es explícita y se aprecia como respetada en el fallo por el cual han venido en amparo la recurrente a esta sede de justicia constitucional. Es menester de esta Sala dejar establecido contra la resolución impugnada, ya obra una resolución en el amparo presentado por la defensa del acusado, en cuanto a los mismos hechos, en consecuencia esta Sala emite su fallo acorde y en congruencia al fallo emitido en el Amparo Penal No. 66-13.-CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expresado, esta Sala conformada por Jueces que garantizan los derechos y garantías constitucionales no debe pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, siendo un Tribunal de lo Penal, quien deberá dilucidar la controversia de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, en consecuencia no resultando de recibo que los derechos fundamentales invocados por la impetrante resultaren quebrantados en el ámbito de protección tutelar que provee la Constitución de la República, procede en derecho dictar resolución denegatoria a la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 89, 90, 92, 93, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGAR La presente Garantía Constitucional de Amparo, interpuesta por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, a favor de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y del señor LUIS MIGUEL MARADIAGA, contra las resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre del dos mil doce. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los uno (1) días del mes de septiembre del año dos mil (2016), certificación de la sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 31-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ a favor de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y del señor LUIS MIGUEL MARADIAGA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil doce (2012), que resuelve un recurso de apelación presentado contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012); con relación a la causa instruida contra el señor JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y del señor LUIS MIGUEL MARADIAGA. Estima la recurrente, como violentadas las garantías constitucionales estipuladas en los artículos 90, 95, 303 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-
- Que en fecha siete (7) de febrero del año dos mil doce (2012), el Licenciado JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y HOMICIDIO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y del señor LUIS MIGUEL MARADIAGA.- 2) Que una vez celebrada Audiencia Inicial en fechas dos (2) y treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), dictó (sic) “1.- AUTO DE PRISIÓN en contra del imputado JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU MODALIDAD DE COMISION POR OMISION IMPROPIA en perjuicio de LUIS MIGUEL MARADIAGA. 2.- Se le mantienen las medidas cautelares sustitutivas de la PRISIÓN PREVENTIVA, dictadas en la audiencia de declaración de imputado de fecha trece de marzo del año 2012, con la única modificación de que el imputado deberá de presentarse cada quince días a la secretaría del Juzgado de Letras Seccional de Santa Bárbara a firmar el libro respectivo que se lleva para ese efecto, medidas cautelares sustitutivas que se fundamentan porque el imputado ha acreditado tener un arraigo tanto familiar, laboral y domiciliar, así como de haberse presentado voluntariamente a las secuelas del presente proceso lo que deriva que el mismo no se sustraerá de la presente causa, ni obstaculizará la regular obtención de las fuentes de prueba.”.- (Folios 154 al 171 de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil doce (2012), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS GRIFFIN RAMIREZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, y por los Abogados TITO HERNANDEZ SALGADO y DARWIN HUMBERTO SANCHEZ MONTERO en su condición de Defensores Privados del señor JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA, contra la resolución dictada en fecha treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), que decretó auto de prisión en contra del señor José Ronmel Rivera Orellana por suponerle responsable de la comisión del delito de Homicidio Simple en su modalidad de comisión por omisión impropia en perjuicio de Luis Miguel Maradiaga, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual (sic) “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscalía SEGUNDO: DECLARAR HA LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los Abogados TITO HERNANDEZ SALGADO y DARWIN HUMBERTO SANCHEZ MONTERO, Defensores Privados.-TERCERO: REFORMAR el auto de prisión contra JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA por el delito de HOMICIDIO a HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio de LUIS MIGUEL MARADIAGA.”.- (Folios 254 al 259 de la pieza de los antecedentes).-4) La recurrente Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha diez (10) de enero del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor de LA ADMINISTRACION PUBLICA y del señor LUIS MIGUEL MARADIAGA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil doce (2012), es violatoria de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 90, 95, 303 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso, en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil trece (2013), omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre del año dos mil doce, que declaró sin lugar un recurso de apelaciones interpuesto por la representante del Ministerio Público; y Declara a Lugar parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por el representante de la Defensa; reformando el auto de prisión decretado contra JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA del delito de homicidio simple al delito de Homicidio Culposo, resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor JOSE RONMEL RIVERA ORELLANA, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y el señor LUIS MIGUEL MARADIAGA respectivamente.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, manifiesta que el Ad-Quem dictó resolución mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación que interpuso contra la resolución del A-Quo dictada en fecha treinta de abril del año dos mil doce. Resolución que también fue apelada por la defensa del imputado, concediendo la apelación de manera parcial, y reformando el auto de prisión dictado por el A-Quo a Homicidio Culposo. Manifiesta la impetrante que el Ad-Quem "justifica su resolución bajo el argumento de que en el caso de autos no existe un concurso de leyes entre el delito de Homicidio por Omisión, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad. El Ad -Quem considera que la omisión es parte del tipo penal de homicidio, pues si no fuese por la concurrencia de ese requisito, el delito no se hubiera configurado. Sigue exponiendo que en el caso del delito de Abuso de autoridad la ley señala como requisito que se deje de hacer o ejecutar una orden, señalando que para el Ad-Quem, la orden del Tribunal es que se encontrara recluido y la medida de advertencia es que se encontrara separado de las personas condenadas, a lo cual el Director del Centro Penal dio cumplimiento, aduciendo que el Director de dicho Centro no comete el delito de abuso de autoridad, sino de homicidio que se realizó de manera negligente, sin observar las obligaciones que como Director le correspondían, al no tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida del imputado LUIS MIGUEL MARADIAGA configurándose para el Ad-Quem el delito de Homicidio culposo por haber actuado negligentemente". Considerando que se han vulnerado los derechos constitucionales de: El derecho a la tutela judicial efectiva según lo establecido en el artículo 90 y 95 que regulan el debido proceso y el principio de legalidad en relación con los artículos 303 y 323 referentes al imperio de la ley.-CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo a los antecedentes y la expresión de inconformidad por parte de la impetrante contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones "mediante la cual ordena la revocatoria de los delitos inicialmente imputados, imponiendo en cambio un auto de formal procesamiento por el delito de Homicidio culposo", resolución que la recurrente considera vulnera El derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el principio de legalidad en relación con los artículos 303 y 323 referentes al imperio de la ley.-CONSIDERANDO (6): Que al respecto considera la Sala de lo Constitucional, que durante la primera etapa del proceso penal, caracteriza al dictado de auto de prisión o formal procesamiento en sentido propio, su provisionalidad, la no causación de estado y no definitividad, permitiéndose inclusive desde el parámetro normativo procesal su reforma o revocatoria, a lo cual ha accedido en el presente caso la defensa mediante la interposición y admisión parcial del recurso ordinario de apelación, como queda visto.-CONSIDERANDO (7): Que la Sala encuentra congrua motivación en la resolución de la Corte de Apelaciones referente al ámbito normativo del artículo 13 del Código Penal, respecto a las modalidades comisivas y omisivas de realización del delito, las cuales son plausibles y no contradictorias; y que será la justicia ordinaria, en definitiva, la encargada de dilucidar en el momento procesal oportuno, con respeto debido a la presunción de inocencia que ampara al ciudadano JOSE ROMMEL RIVERA ORELLANA, sí se cometió o no el delito antes imputado, sobre consideraciones de prueba pertinente e interpretación sobre derecho de fondo.-CONSIDERANDO (8): Que en lo anterior se observa también la incidencia y debido cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 92 y 95 de la Constitución de la República, referentes a que no se podrá dictar auto de prisión o formal procesamiento sin que preceda evidencia probatoria de la existencia de un delito, lo cual se tiene por bien probado en el presente caso por la Corte Ad-Quem, existiendo a la vez indicios racionales de que en la cadena causal que dio lugar al resultado, pudo haber intervenido una omisión concreta del Director del Centro Penitenciario en cuanto al cumplimiento diligente de los deberes que la ley le atribuye a su cargo; lo cual deberá dilucidarse en la instancia jurisdiccional ordinaria.-CONSIDERANDO (9): Que en cuanto a lo invocado en el artículo 95 de la Constitución de la República, se indica que ya existe otra persona juzgada por la comisión del delito de homicidio simple a titulo de autor, en el presente caso. De lo anterior no resulta impedimento para que la fiscalía del Ministerio Público pueda imputar otro delito previo, como es el homicidio culposo, en contra de distinto imputado. La norma constitucional requiere para ello que los hechos punibles que den lugar al nuevo enjuiciamiento, difieran de los hechos punibles que dieron lugar al anterior enjuiciamiento, garantía constitucional que es explícita y se aprecia como respetada en el fallo por el cual han venido en amparo la recurrente a esta sede de justicia constitucional. Es menester de esta Sala dejar establecido contra la resolución impugnada, ya obra una resolución en el amparo presentado por la defensa del acusado, en cuanto a los mismos hechos, en consecuencia esta Sala emite su fallo acorde y en congruencia al fallo emitido en el Amparo Penal No. 66-13.-CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expresado, esta Sala conformada por Jueces que garantizan los derechos y garantías constitucionales no debe pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, siendo un Tribunal de lo Penal, quien deberá dilucidar la controversia de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, en consecuencia no resultando de recibo que los derechos fundamentales invocados por la impetrante resultaren quebrantados en el ámbito de protección tutelar que provee la Constitución de la República, procede en derecho dictar resolución denegatoria a la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 89, 90, 92, 93, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGAR La presente Garantía Constitucional de Amparo, interpuesta por la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, a favor de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y del señor LUIS MIGUEL MARADIAGA, contra las resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre del dos mil doce. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los uno (1) días del mes de septiembre del año dos mil (2016), certificación de la sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 31-2013.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL