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Sentencia AP-299-16 — Registro 6243

Resumen

Resolución confirmó auto de formal procesamiento contra recurrente por suponerla responsable del delito de Homicidio simple en perjuicio de víctima; La Autoridad recurrida consideró que no se reúnen los requisitos legales para otorgar una causa de justificación como lo es la legítima defensa al no lograr establecer como ocurrienron los hechos por lo que se confirmó la resolución del A-quo al haberse acreditado la comisión del delito y la participación de la encausada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"ésta Sala de lo Constitucional, aprecia además que la pretensión de los recurrentes no son atendibles en etapa intermedia del proceso en virtud que el Código Procesal Penal vigente dispone numerus clausus cuando procede dictar el sobreseimiento definitivo , no contemplando en éstos las causales de justificación que eximen de responsabilidad penal, verbigracia: legítima defensa, estado de necesidad, obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho, oficio o cargo y quien ejecute un acto de obediencia debida..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República como lo afirman los recurrentes y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que mencionan los impetrantes, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste en la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y  consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste en la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-    POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 296 del Código Procesal Penal;  5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio de dos mil dieciséis.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por los abogados ALAIN KRESKIN DIAZ ULLOA y KATTY JASMIN CASTRO, a favor de la señora DORIS YESENIA ESPINAL DOMINGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA y VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis, que confirma el auto emitido en fecha diez (10) de septiembre de dos mil quince, por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA; en relación a la causa instruida contra la señora DORIS YESENIA ESPINAL DOMINGUEZ, por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor BERNIS SANTOS MARADIAGA LÓPEZ.-CONSIDERANDO: Que los impetrantes señalan su inconformidad con la resolución proferida por la Corte de Apelaciones, por estimar que decide confirmar la decisión del A-quo, basado en mala valoración de la prueba aportada con la cual opinan se logró determinar que la acción cometida por la imputada se enmarca dentro de la causal de justificación establecida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal, defensa propia, razón por lo que a sus criterios no procedía dictar un auto de formal procesamiento.- CONSIDERANDO: Que los quejosos consideran que con la resolución emitida se han vulnerado las declaraciones, garantías y derechos contemplados en los artículos 62, 80, 82, 90 entre otros de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se logra establecer que la Alzada estimó que con la prueba aportada en la audiencia inicial de mérito, existen circunstancias que suscitan dudas en relación a que se reúnen los requisitos que exige la ley para otorgar una causa de justificación como lo es la legitima defensa establecida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal, pues no se logró establecer como ocurrieron los hechos haciendo por tal imposible decretar un sobreseimiento definitivo o provisional, por lo que procedió a confirmar la resolución del A-quo, al haberse acreditado la comisión del delito y la participación de la encausada.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta inter alia, en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales no han sido lesionados con el acto reclamado en amparo.-CONSIDERANDO: Que ésta Sala de lo Constitucional, aprecia además que la pretensión de los recurrentes no son atendibles en etapa intermedia del proceso en virtud que el Código Procesal Penal vigente dispone numerus clausus cuando procede dictar el sobreseimiento definitivo[1], no contemplando en éstos las causales de justificación que eximen de responsabilidad penal, verbigracia: legítima defensa, estado de necesidad, obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho, oficio o cargo y quien ejecute un acto de obediencia debida.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República como lo afirman los recurrentes y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que mencionan los impetrantes, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste en la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 296 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por los abogados ALAIN KRESKIN DIAZ ULLOA y KATTY JASMIN CASTRO, a favor de la señora DORIS YESENIA ESPINAL DOMINGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA y VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis; puesto que los alegatos esgrimidos por los recurrentes son propios de instancia. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Resolución de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0299-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio de dos mil dieciséis.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por los abogados ALAIN KRESKIN DIAZ ULLOA y KATTY JASMIN CASTRO, a favor de la señora DORIS YESENIA ESPINAL DOMINGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA y VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis, que confirma el auto emitido en fecha diez (10) de septiembre de dos mil quince, por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA; en relación a la causa instruida contra la señora DORIS YESENIA ESPINAL DOMINGUEZ, por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor BERNIS SANTOS MARADIAGA LÓPEZ.-CONSIDERANDO: Que los impetrantes señalan su inconformidad con la resolución proferida por la Corte de Apelaciones, por estimar que decide confirmar la decisión del A-quo, basado en mala valoración de la prueba aportada con la cual opinan se logró determinar que la acción cometida por la imputada se enmarca dentro de la causal de justificación establecida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal, defensa propia, razón por lo que a sus criterios no procedía dictar un auto de formal procesamiento.- CONSIDERANDO: Que los quejosos consideran que con la resolución emitida se han vulnerado las declaraciones, garantías y derechos contemplados en los artículos 62, 80, 82, 90 entre otros de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se logra establecer que la Alzada estimó que con la prueba aportada en la audiencia inicial de mérito, existen circunstancias que suscitan dudas en relación a que se reúnen los requisitos que exige la ley para otorgar una causa de justificación como lo es la legítima defensa establecida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal, pues no se logró establecer como ocurrieron los hechos haciendo por tal imposible decretar un sobreseimiento definitivo o provisional, por lo que procedió a confirmar la resolución del A-quo, al haberse acreditado la comisión del delito y la participación de la encausada.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la República, se concreta inter alia, en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales no han sido lesionados con el acto reclamado en amparo.-CONSIDERANDO: Que ésta Sala de lo Constitucional, aprecia además que la pretensión de los recurrentes no son atendibles en etapa intermedia del proceso en virtud que el Código Procesal Penal vigente dispone numerus clausus cuando procede dictar el sobreseimiento definitivo[2], no contemplando en éstos las causales de justificación que eximen de responsabilidad penal, verbigracia: legítima defensa, estado de necesidad, obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho, oficio o cargo y quien ejecute un acto de obediencia debida.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República como lo afirman los recurrentes y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que mencionan los impetrantes, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste en la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 296 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por los abogados ALAIN KRESKIN DIAZ ULLOA y KATTY JASMIN CASTRO, a favor de la señora DORIS YESENIA ESPINAL DOMINGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA y VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis; puesto que los alegatos esgrimidos por los recurrentes son propios de instancia. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Resolución de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0299-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 296. Sobreseimiento definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3) Se ha extinguido la acción penal.- Código Procesal Penal.

[2] Artículo 296. Sobreseimiento definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3) Se ha extinguido la acción penal.- Código Procesal Penal.