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Sentencia AP-297-15 — Registro 6242

Resumen

Resolución recurrida que rovocó auto de prisión y ordeno sobreseimiento definitivo por el delito de Posesión para el Trafico de Drogas y por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el trafico

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…."(4): Que no conforme con la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, la representación del Ministerio Público interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, estimando el recurrente que los derechos constitucionales que se estiman violentados están consignados en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. El petente manifiesta que la sentencia recurrida vulnera a la sociedad el debido proceso en vista de que en el requerimiento fiscal incoado, el Ministerio Público, calificó el hecho con el tipo penal de POSESION PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, no obstante la imputación del Ministerio Público, el Juez de Instrucción dictó auto de prisión por el delito de FACILITACIÓN INTENCIONAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, decisión apelada por la defensa del imputado. Se debe mencionar, que la alzada estimó en su sentencia, que el Juez de instrucción no debió cambiar el tipo penal de Posesión Para El Trafico Ilícito De Drogas, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, incoado por el Ministerio Público al de FACILITACIÓN INTENCIONAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, por lo que decide, respetando los hechos que se juzgan, que el tipo penal por el cual se debe Juzgar al imputado es por el mismo por el cual el ente acusador interpuso requerimiento fiscal es decir, POSESION PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS. Así las cosas, la Corte de Apelaciones en su función revisora, analiza los medios de prueba aportados en la audiencia inicial, y estima al igual que el A-quo, como hecho acreditado en la misma, que al imputado DENIS CAMILO GUTIERREZ CANALES, se le encontró en los bolsillos de su pantalón, 15 bolsitas en cuyo interior contenía hierva, y que según el dictamen toxicológico se desprende que se trata de marihuana en una cantidad de 44.8 gramos, con la cual dice el dictamen, se pueden elaborar entre doce a veinticinco cigarrillos. La Corte de Apelaciones, en base a esta prueba científica, determinó sobreseer definitivamente el caso, al concluir que esa cantidad de droga es para consumo diferido, es decir, 12 cigarros o 24 cigarros son fácilmente consumibles diferidamente a lo largo de un día.-CONSIDERANDO (5): Que arguye el Ministerio Público como conclusión de la vulneración al debido proceso a su juicio sufrido, lo siguiente: “…El Juez tiene como límite de conocimiento, la acusación presentada por el Ministerio Público debiendo dentro del contexto de la misma determinar el cuadro fáctico o reconstrucción histórica lo que hará conforme a la valoración de los elementos probatorios evacuados en el debate; pudiendo dentro de este contexto y cuidando de no dejar en indefensión al imputado y en el ejercicio de la función jurisdiccional recalificar los hechos bajo las circunstancias y condiciones antes anunciadas. Por lo tanto, se observa del estudio del caso que el cuadro factico planteado por el Ministerio Público ha sido respetado, el A-quo, sin embargo no compartió la calificación jurídica de los mismos, lo cual no hace que la resolución dictada se vuelva incongruente. Se desprende que una cosa es el “hecho criminal” y otra, muy distinta, la valoración jurídica que se efectué sobre ese hecho (calificación jurídica) ya que la determinación del alcance del auto de prisión en el sistema procesal penal, y la posibilidad de una calificación judicial distinta a la de las partes acusadoras en el momento de ser decretado, la calificación jurídica del hecho por el fiscal a lo largo del proceso penal es, ya no provisional, sino hasta provisionalísima, pudiendo incluso llegar a formalizar acusación y solicitar la apertura a juicio con base a dos calificaciones jurídicas distintas, siempre y cuando no se altere o modifique sustancialmente el hecho criminal en sí, y en todo caso se trate de delitos homogéneos (mismo bien jurídico protegido); la calificación jurídica que el órgano jurisdiccional pueda efectuar, hasta antes de la sentencia condenatoria por el tribunal de sentencia, resulta irrelevante. De modo que tenemos que la fijación a través de los diversos actos procesales de formación del objeto del proceso penal que afecta tanto al aspecto objetivo como al subjetivo, pero que reviste mayor complejidad respecto al primero de ellos, se hace definitivamente en la sentencia o si se prefiere, es elemento esencial del objeto del proceso penal el hecho criminal investigado y acusado que ha fundamentado el fallo condenatorio o absolutorio de la sentencia firme, si bien es cierto a criterio del A-quem, la calificación jurídica de los hechos realizada por el A-quo es inadecuada, no por esto el hecho penalmente reprochable ha dejado de existir, que es el motivo por el cual en el fallo hoy impetrado se decretó sobreseimiento definitivo.-CONSIDERANDO (6): Que respecto a la imputación que por la presunta comisión del delito de POSESION PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS se hace al encausado DENIS CAMILO GUTIERREZ CANALES, cabe señalar que el Tribunal Ad Quem ha externado una motivación razonable sobre la valoración de los elementos probatorios hasta ahora recabados en el proceso, cuando revoca el auto de prisión y dicta sobreseimiento definitivo de las diligencias a favor del imputado, por lo que en este sentido no resulta vulnerada en su núcleo esencial, la garantía del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Se dice lo anterior, en base a que el tribunal de alzada, en base a las máximas de la experiencia, razona que la cantidad de droga puede ser para consumo, debiéndose subrayar que lo fundamental en el derecho penal es que se juzga el hecho histórico ocurrido, y en base a ese mismo hecho que el tribunal de alzada a determinado.-CONSIDERANDO (7): Que es menester de la Sala de lo Constitucional, recordar que la garantía genérica del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna, donde se establece que nadie podrá ser juzgado sino por un Juez o Tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. De este modo, dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc….-CONSIDERANDO (8): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede o no librar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa criminal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso criminal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, lo que no sucede en el caso de autos.-CONSIDERANDO (9): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, las Resoluciones que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., trece de enero de dos mil diecisiete.- VISTO: El informe en el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado HÉCTOR RENE SUAZO LANZA, a favor de SÍ MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO SECCIONAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor HÉCTOR RENE SUAZO LANZA por suponerlo responsable de los delitos de USURPACIÓN y DAÑOS en perjuicio del señor ENRIQUE ORTEZ COLINDRES.- CONSIDERANDO: Que este Tribunal, mediante providencia de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, ordenó que previo a la admisión del recurso de mérito, que la autoridad recurrida rindiera un informe indicando los recursos agotados por la parte recurrente para obtener la subsanación del acto reclamado en amparo y la fecha en que se notificó de lo resuelto en el mismo.- CONSIDERANDO: Que visto el informe remitido a ésta Sala por parte de la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, (folio 14 de la pieza de amparo), se desprende que el Abogado NOÉ LÓPEZ LÓPEZ MEJÍA representante defensor del señor HÉCTOR RENE SUAZO LANZA, fue notificado el día nueve de junio de dos mil dieciséis, de la resolución recurrida en amparo NO constando en el control de escritos que se haya hecho uso de recurso de reposición para su subsanación.- CONSIDERANDO: Que conforme los dispone el artículo 352 en relación con el 353 ambos del Código Procesal Penal, de todas las providencias y autos proferidos durante el proceso, podrá pedirse reposición en el acto de la notificación, o por escrito separado, a más tardar el día hábil siguiente al de dicha notificación, cualquiera que sea la etapa del procedimiento.- CONSIDERANDO: Que asistiendo el derecho al peticionario de ejercitar dentro del término de ley el recurso que tenía expedito contra la resolución hoy recurrida, sin que resulte acreditada la imposibilidad para hacer uso del mismo en el término establecido, se debe entender que se trata de un acto consentido por el agraviado, situación que se enmarca claramente dentro de la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, contemplada en el Artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que resulta procedente conforme a la ley, declarar inadmisible la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional declarará inadmisible las diligencias de amparo tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 3 numeral 2), 8, 9, 41, 42, 44, 46 numeral 3) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 352 y 353 del Código Procesal Penal. RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado HÉCTOR RENE SUAZO LANZA a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en virtud de apreciarse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que el recurrente no ejercitó dentro de los términos legales, los recursos o acciones correspondientes para obtener la subsanación de la sentencia que hoy recurre en amparo; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda al archivo de las diligencias para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.- VISTOS para resolver: a) La solicitud de nulidad de actuaciones; y b) El recurso de reposición interpuesto por el Abogado HENRIECH ROMMEL PINEDA PLATEROS, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor HÉCTOR RENÉ SUAZO LANZA, contra la resolución de fecha trece de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual esta Sala de lo Constitucional declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por el mencionado recurrente.- CONSIDERANDO: Que el recurrente considera que ha existido un error en la forma de notificaciones de las actuaciones realizas en el expediente de mérito, porque éstas se han notificando directamente a su representado, el señor HÉCTOR RENE SUAZO LANZA, por medio de cedula fijada en la tabla de avisos; afirmando que en virtud de ello se ha violentado la garantía del debido proceso y el derecho de defensa, toda vez que a razón de esta actuación procesal, no se ha tenido conocimiento de dichas notificaciones.- CONSIDERANDO: Que como ha sido criterio reiterado de esta Sala, de conformidad con lo establecido por los artículos 4 numeral 2 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en relación a los artículos 14 inciso j) y 21 del Reglamento Interno de la sala de lo Constitucional, en lo atinente al procedimiento de notificación, las partes en los trámites relacionados a la Justicia Constitucional, se deberá observar lo dispuesto en las normas señaladas y continuar haciéndose presentes ante los correspondientes órganos jurisdiccionales en los cuales hayan instado el curso de acciones en materia de Justicia Constitucional, a notificarse personalmente ó bien utilizando el sistema de notificación de que disponga internamente cada despacho, para los efectos de dar a conocer las providencias, resoluciones y sentencias que se dicten en los diferentes procedimientos de jurisdicción voluntaria regulados por la Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO: Que del examen de las actuaciones de mérito consta que en poco más de 7 meses, el apoderado del supuesto agraviado no efectuó ninguna comparecencia ni realizó actuación alguna ante esta Sala, a excepción del escrito que se resuelve en este acto, inactividad que solamente es imputable al propio apoderado del recurrente, con lo cual demuestra su desatención a las actuaciones que con ocasión de su reclamo se han instado por parte de esta Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO: Que por otra parte, las providencias notificadas por cédula al recurrente fueron de mera tramitación, las que incluyeron la solicitud de un informe a la autoridad recurrida referente a los recursos agotados por el afectado, requisito de forma exigido por la ley para el escrito de interposición del recurso de amparo. Consecuentemente tales actuaciones no podrían originarle perjuicio alguno al peticionario, puesto que tienen que ver estrictamente con la normal tramitación del recurso de amparo incoado. La notificación de este tipo de actuaciones al impetrante obedecen al cumplimiento de exigencias legales y para que tales diligencias sean de su conocimiento, no porque puedan depararle perjuicio o afectación a sus derechos.- CONSIDERANDO: Que al no colegirse del presente trámite que las actuaciones de esta Sala adolezcan de requisito, formalidad o condición esencial alguna que ameriten una declaratoria de nulidad y tampoco que se establezcan argumentos jurídicos válidos en apoyo de la misma por parte del recurrente, resulta procedente desestimar la pretensión anulatoria que se conoce.- CONSIDERANDO: Que en cuanto al recurso de reposición promovido por el recurrente, esta Sala advierte que mediante la resolución contra la cual se recurre, este Alto Tribunal ha pronunciado en forma motivada las razones por las que consideró procedente declarar inadmisible el recurso de amparo que fue promovido.- CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no encuentra que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 1586 y 1587 del Código Civil; 41, 42, 44, 45, 46 numeral 8) , 47, 49, 50, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTUACIONES; y, SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de reposición presentado contra la resolución de fecha trece de de enero de dos mil diecisiete, ambos presentados por el Abogado HENRIECH ROMMEL PINEDA PLATEROS, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor HÉCTOR RENÉ SUAZO LANZA, por las razones que han quedado establecidas en la presente resolución; Y MANDA: Que una vez notificado el presente proveído, se dé cumplimiento a lo ordenado en el auto que ha sido recurrido por el peticionario. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), certificación de las Resoluciones de fecha trece (13) de enero del año dos mil diecisiete (2017) y veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), recaídas en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0624-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, las Resoluciones que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., trece de enero de dos mil diecisiete.- VISTO: El informe en el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado HÉCTOR RENE SUAZO LANZA, a favor de SÍ MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO SECCIONAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor HÉCTOR RENE SUAZO LANZA por suponerlo responsable de los delitos de USURPACIÓN y DAÑOS en perjuicio del señor ENRIQUE ORTEZ COLINDRES.- CONSIDERANDO: Que este Tribunal, mediante providencia de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, ordenó que previo a la admisión del recurso de mérito, que la autoridad recurrida rindiera un informe indicando los recursos agotados por la parte recurrente para obtener la subsanación del acto reclamado en amparo y la fecha en que se notificó de lo resuelto en el mismo.- CONSIDERANDO: Que visto el informe remitido a ésta Sala por parte de la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, (folio 14 de la pieza de amparo), se desprende que el Abogado NOÉ LÓPEZ LÓPEZ MEJÍA representante defensor del señor HÉCTOR RENE SUAZO LANZA, fue notificado el día nueve de junio de dos mil dieciséis, de la resolución recurrida en amparo NO constando en el control de escritos que se haya hecho uso de recurso de reposición para su subsanación.- CONSIDERANDO: Que conforme los dispone el artículo 352 en relación con el 353 ambos del Código Procesal Penal, de todas las providencias y autos proferidos durante el proceso, podrá pedirse reposición en el acto de la notificación, o por escrito separado, a más tardar el día hábil siguiente al de dicha notificación, cualquiera que sea la etapa del procedimiento.- CONSIDERANDO: Que asistiendo el derecho al peticionario de ejercitar dentro del término de ley el recurso que tenía expedito contra la resolución hoy recurrida, sin que resulte acreditada la imposibilidad para hacer uso del mismo en el término establecido, se debe entender que se trata de un acto consentido por el agraviado, situación que se enmarca claramente dentro de la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, contemplada en el Artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que resulta procedente conforme a la ley, declarar inadmisible la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional declarará inadmisible las diligencias de amparo tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 3 numeral 2), 8, 9, 41, 42, 44, 46 numeral 3) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 352 y 353 del Código Procesal Penal. RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado HÉCTOR RENE SUAZO LANZA a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en virtud de apreciarse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que el recurrente no ejercitó dentro de los términos legales, los recursos o acciones correspondientes para obtener la subsanación de la sentencia que hoy recurre en amparo; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda al archivo de las diligencias para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.- VISTOS para resolver: a) La solicitud de nulidad de actuaciones; y b) El recurso de reposición interpuesto por el Abogado HENRIECH ROMMEL PINEDA PLATEROS, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor HÉCTOR RENÉ SUAZO LANZA, contra la resolución de fecha trece de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual esta Sala de lo Constitucional declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por el mencionado recurrente.- CONSIDERANDO: Que el recurrente considera que ha existido un error en la forma de notificaciones de las actuaciones realizas en el expediente de mérito, porque éstas se han notificando directamente a su representado, el señor HÉCTOR RENE SUAZO LANZA, por medio de cedula fijada en la tabla de avisos; afirmando que en virtud de ello se ha violentado la garantía del debido proceso y el derecho de defensa, toda vez que a razón de esta actuación procesal, no se ha tenido conocimiento de dichas notificaciones.- CONSIDERANDO: Que como ha sido criterio reiterado de esta Sala, de conformidad con lo establecido por los artículos 4 numeral 2 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en relación a los artículos 14 inciso j) y 21 del Reglamento Interno de la sala de lo Constitucional, en lo atinente al procedimiento de notificación, las partes en los trámites relacionados a la Justicia Constitucional, se deberá observar lo dispuesto en las normas señaladas y continuar haciéndose presentes ante los correspondientes órganos jurisdiccionales en los cuales hayan instado el curso de acciones en materia de Justicia Constitucional, a notificarse personalmente ó bien utilizando el sistema de notificación de que disponga internamente cada despacho, para los efectos de dar a conocer las providencias, resoluciones y sentencias que se dicten en los diferentes procedimientos de jurisdicción voluntaria regulados por la Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO: Que del examen de las actuaciones de mérito consta que en poco más de 7 meses, el apoderado del supuesto agraviado no efectuó ninguna comparecencia ni realizó actuación alguna ante esta Sala, a excepción del escrito que se resuelve en este acto, inactividad que solamente es imputable al propio apoderado del recurrente, con lo cual demuestra su desatención a las actuaciones que con ocasión de su reclamo se han instado por parte de esta Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO: Que por otra parte, las providencias notificadas por cédula al recurrente fueron de mera tramitación, las que incluyeron la solicitud de un informe a la autoridad recurrida referente a los recursos agotados por el afectado, requisito de forma exigido por la ley para el escrito de interposición del recurso de amparo. Consecuentemente tales actuaciones no podrían originarle perjuicio alguno al peticionario, puesto que tienen que ver estrictamente con la normal tramitación del recurso de amparo incoado. La notificación de este tipo de actuaciones al impetrante obedecen al cumplimiento de exigencias legales y para que tales diligencias sean de su conocimiento, no porque puedan depararle perjuicio o afectación a sus derechos.- CONSIDERANDO: Que al no colegirse del presente trámite que las actuaciones de esta Sala adolezcan de requisito, formalidad o condición esencial alguna que ameriten una declaratoria de nulidad y tampoco que se establezcan argumentos jurídicos válidos en apoyo de la misma por parte del recurrente, resulta procedente desestimar la pretensión anulatoria que se conoce.- CONSIDERANDO: Que en cuanto al recurso de reposición promovido por el recurrente, esta Sala advierte que mediante la resolución contra la cual se recurre, este Alto Tribunal ha pronunciado en forma motivada las razones por las que consideró procedente declarar inadmisible el recurso de amparo que fue promovido.- CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no encuentra que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 1586 y 1587 del Código Civil; 41, 42, 44, 45, 46 numeral 8) , 47, 49, 50, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTUACIONES; y, SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de reposición presentado contra la resolución de fecha trece de de enero de dos mil diecisiete, ambos presentados por el Abogado HENRIECH ROMMEL PINEDA PLATEROS, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor HÉCTOR RENÉ SUAZO LANZA, por las razones que han quedado establecidas en la presente resolución; Y MANDA: Que una vez notificado el presente proveído, se dé cumplimiento a lo ordenado en el auto que ha sido recurrido por el peticionario. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), certificación de las Resoluciones de fecha trece (13) de enero del año dos mil diecisiete (2017) y veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), recaídas en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0624-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional