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Sentencia AP-286-14 — Registro 6240

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia con relación a la causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de discriminación por cuestiones de género en perjucio de recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional estima de fundamental importancia señalar lo siguiente: en la Constitución de la República, el respeto a la persona humana se convierte en el leit motiv que informa toda actuación del Estado por mandato dispuesto en su artículo 59, es así, que el respeto a la dignidad de las personas, no hace distinciones o diferencias por sus preferencias u opciones sexuales por las que se pudieran decantar, entre otras, opciones lésbicas, homosexuales, bisexuales, intersex, transexuales etc. Se debe mencionar que seguido a este precepto, en el artículo 60 constitucional la Carta Magna hace la declaración de que todos los hombres (entiéndase, todo ser humano), nacen libres e iguales en derechos; no obstante, la igualdad no queda establecida como mera declaración, sino que, en el entendido de que el principio de no discriminación es una de las más claras manifestaciones de la igualdad, esta misma norma constitucional en su párrafo segundo, declara punible toda discriminación por motivo de sexo y manda que una ley secundaria establezca los delitos y sanciones para el infractor. Siguiendo la misma línea, la Carta Magna en el artículo 61 eleva el principio de igualdad a derecho fundamental garantizado, al disponer que “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad”, es así que en nuestra Constitución la igualdad es entendida como principio y como derecho fundamental..."..."la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” No obstante lo anterior, el presente caso no trata de una discriminación por motivo de sexo, un ejemplo no tan simplista de este caso sería, que en una empresa, una persona de sexo masculino reciba un estipendio mayor por ejercer la misma función que otra del sexo femenino. El caso sub judice trata de una supuesta discriminación por motivo de una orientación o preferencia sexual, caso completamente distinto por cuanto debe ser subsumido en el segundo párrafo del artículo 60 constitucional, en el supuesto que dispone: “Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y CUALQUIER OTRA LESIVA A LA DIGNIDAD HUMANA.” (la mayúscula y remarcado es nuestro)..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta que, la sentencia recurrida en amparo centra su análisis en la parte general del derecho penal, misma que trata el tema de autoria y participación. Así se observa la aplicación del articulo 321 del Código Penal que entre otros señala: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.” Ello en relación con lo dispuesto en el artículo 321 del mismo cuerpo de leyes, que manda: “articulo 321. Será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de treinta mil (L.30,000.00) a cincuenta mil Lempiras (L.50,000.00) quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Si el responsable es extranjero se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena..."..."se realizó el análisis respectivo del hecho que se juzga, la existencia de los elementos constitutivos del delito como la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, la posible participación del imputado, la existencia de acciones u omisiones que afecten bienes jurídicos protegidos, personas directamente ofendidas etc.- concluyendo en que la motivación de la sentencia de mérito es completa, llenado los requisitos exigidos en el artículo 141 del Código Procesal Penal..."..."uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que como se dijo, desde la perspectiva constitucional, se declara punible toda discriminación –entre otras- por motivo de sexo. El Diccionario de la Real Academia Española define “sexo” así: 1.- Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. 2.- Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino o femenino. Vistas las definiciones, la alusión al “sexo” viene sólo referida al género. Al igual que en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, que dispone: “Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” No obstante lo anterior, el presente caso no trata de una discriminación por motivo de sexo, un ejemplo no tan simplista de este caso sería, que en una empresa, una persona de sexo masculino reciba un estipendio mayor por ejercer la misma función que otra del sexo femenino. El caso sub judice trata de una supuesta discriminación por motivo de una orientación o preferencia sexual, caso completamente distinto por cuanto debe ser subsumido en el segundo párrafo del artículo 60 constitucional, en el supuesto que dispone: “Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y CUALQUIER OTRA LESIVA A LA DIGNIDAD HUMANA.” (la mayúscula y remarcado es nuestro).- CONSIDERANDO (7): Que una vez puntualizado lo anterior, y siendo que el thema decidendi es, determinar si la acción cometida por el imputado es subsumible en el tipo penal DISCRIMINACIÓN establecido en la Sala de lo Constitucional manifiesta que, la sentencia recurrida en amparo centra su análisis en la parte general del derecho penal, misma que trata el tema de autoria y participación. Así se observa la aplicación del articulo 321 del Código Penal que entre otros señala: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.” Ello en relación con lo dispuesto en el artículo 321 del mismo cuerpo de leyes, que manda: “articulo 321. Será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de treinta mil (L.30,000.00) a cincuenta mil Lempiras (L.50,000.00) quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Si el responsable es extranjero se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena.”.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de Enero del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA a favor de (sic) “ERIC” VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de (sic) CLAUDIA “SPELLMAN” en su identidad de genero Tras-Femenina y JOSUE HERNANDEZ, contra el Auto dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, con relación a la causa instruida contra el Señor EVELIO REYES por suponerlo responsable del delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los jóvenes ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los artículos 60, 62, 63, 68, 70 y 77 párrafo segundo de la Constitución de la República, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- ANTECEDENTES:1) Que en fecha diez de junio del año dos mil trece, la Abogada ROSA AMALIA SEAMAN SHERAN en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del Señor EVELIO REYES por suponerlo responsable del delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los jóvenes ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, llevó a cabo Audiencia Inicial en fechas quince, veintidós y treinta de agosto del año dos mil trece, en la cual resolvió: “PRIMERO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del ciudadano EVELIO REYES HERNANDEZ, por el delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de ERICK VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ nombre asumido ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN MANUEL SOSA MEDINA nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT, JOSUE HERNANDEZ, en consecuencia se procede a extender la Carta de Libertad Definitiva, así mismo se deja sin valor ni efecto la medida cautelar impuesta en audiencia de declaración de imputado.” (Folios ochenta y cinco (85) al ciento veintiocho (128) de la pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo de los Recursos de Apelación promovido por la Abogada RITA ISABEL ROMERO RENDEROS en su condición de Acusadora Privada de VÍCTOR MANUEL GÓMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GÓMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, por el Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA HERNANDEZ en su condición de Acusador Privado de ERICK VIDAL MARTINEZ y por el Abogado EDY TÁBORA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, dictó Auto mediante el cual resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y los acusadores privados; 2) CONFIRMAR el sobreseimiento definitivo de fecha treinta de agosto de dos mil trece dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en el proceso instruido contra el señor EVELIO REYES HERNANDEZ por el delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ (a) ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA (a) CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ;…” (Folios doscientos cuarenta y cuatro (244) al doscientos cuarenta y nueve (249) de la pieza de los antecedentes).- 4) Que el recurrente Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinte de marzo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de los Señores (sic) “ERIC” VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de (sic) CLAUDIA “SPELLMAN” en su identidad de genero Tras-Femenina y JOSUE HERNANDEZ, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha nueve de enero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 62, 63, 68, 70 y 77 párrafo segundo de la Constitución de la República, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince de julio del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que se conoce del recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA a favor de ERICK VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ, conocidos también con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT en su identidad de genero Tras-Femenina y JOSUE HERNANDEZ, contra el Auto dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, emitido en la causa instruida contra el Señor EVELIO REYES por suponerlo responsable del delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los jóvenes ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ y JOSUE HERNANDEZ.- CONSIDERANDO (3): Que el génesis de la presente acción constitucional, es el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, en contra el Pastor EVELIO REYES, por considerarlo responsable de la comisión de delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los señores ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ y JOSUE HERNANDEZ, conocidos respectivamente los dos primeros con el nombre de ARELY VICTORIA GOMEZ y CLAUDIA SPELLMANT. Expone el ente acusador que en fecha cinco de noviembre del año dos mil doce, se celebró una jornada de oración por el futuro de Honduras, en la cual participó el Pastor EVELIO REYES, en cuya oración hecha al interior de las instalaciones de la Iglesia Vida Abundante, entre otros dijo: “en el nombre de Jesús así es hecho, hecho, y hecho en el nombre de Jesús, y atamos todo intento de dar poder y autoridad a través del voto a candidatos inmorales, incapaces y ociosos, desatamos celo y discernimiento en los ciudadanos y cristianos de verdad, para que no voten por homosexuales y lesbianas que corrompen los modelos de Dios, las buenas costumbres y que ponen en riesgo a las generaciones por venir. En el nombre de Jesús no, no, y no, en el nombre de Jesús lo rechazamos, lo rechazamos en el nombre poderoso de Jesús.-…” Esta oración, impulso a un defensor de la comunidad lésbica, gay, transgénero y bisexual, y aspirante a candidato a una Diputación al Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación –LIBRE-, a acudir a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, quien estima que el hecho antes descrito es subsumible en tipo penal de DISCRIMINACIÓN.- CONSIDERANDO (4): Que el Juez de instrucción, decretó un sobreseimiento definitivo en la causa, mismo que fue recurrido vía recurso de apelación. El Tribunal de Alzada determinó en resolución de fecha 09 de enero de 2014, confirmar el sobreseimiento definitivo decretado en primera instancia, argumentando entre otros, lo siguiente: “Conforme lo dispone el artículo 321 del Código penal será sancionado con reclusión de tres a cinco años y una multa de treinta mil a cincuenta mil lempiras quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolescimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.- A su vez, el artículo 2-C del referido ordenamiento penal sustantivo, establece que no puede imponerse o pena o medida de seguridad alguna, si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal.” “El artículo 2-C del Código Penal, consagra el principio de lesividad y la doctrina de esta norma, desarrollando que la acción u omisión para que sea delictuosa debe lesionar o al menor poner en peligro efectivo un bien jurídico, protegido por la ley, exige el determinar preliminarmente si la acción reprochada pugna con cualquiera de los bienes o derechos fundamentales inherentes a la persona humana como son la vida el honor, la propiedad, la honestidad, la intimidad, la seguridad, la libertad en todos sus órdenes etc. para entonces, y solo entonces poder legitimar el ejercicio de la acción penal.” “Si bien es cierto la Constitución de la República declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país, también no es menor cierto que en el caso particular no encuentra esta Corte la forma, modo o manera de que las declaraciones del ciudadano EVELIO REYES, vertidas el día cinco de noviembre del año dos mil doce con motivo de la jornada de oración por el futuro de Honduras, pudieron, aunque sea indirectamente, haber limitado la participación de los señores ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VICTOR MANUEL GOMEZ (a) ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA (a) CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ, en la vida política del país.- Por consiguiente, se estima que tales declaraciones o expresiones fueron de carácter general y de ninguna manera dirigida a persona natural alguna, de donde se viene en conocimiento que no hay lesividad ni tampoco se pusieron en peligro los intereses jurídicamente protegidos de las demonizadas personas.- La libertad de conciencia y de religión, suponen el derecho de los individuos de profesar y divulgar en forma individual o colectiva, en público o en privado sus ideas siendo lícitas sus comportamientos, como así acontece en el caso particular respecto de las declaraciones del Pastor EVELIO REYES HERNANDEZ, desde que las misma no ultrajan los intereses de las personas que hoy se consideran victimas ni de terceros no de la sociedad.”- CONSIDERANDO (5): Que una vez transcrita la parte toral de la motivación de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, quien determinó confirmar el sobreseimiento definitivo decretado por el Juez de instrucción, esta Sala de lo Constitucional estima de fundamental importancia señalar lo siguiente: en la Constitución de la República, el respeto a la persona humana se convierte en el leit motiv que informa toda actuación del Estado por mandato dispuesto en su artículo 59, es así, que el respeto a la dignidad de las personas, no hace distinciones o diferencias por sus preferencias u opciones sexuales por las que se pudieran decantar, entre otras, opciones lésbicas, homosexuales, bisexuales, intersex, transexuales etc. Se debe mencionar que seguido a este precepto, en el artículo 60 constitucional la Carta Magna hace la declaración de que todos los hombres (entiéndase, todo ser humano), nacen libres e iguales en derechos; no obstante, la igualdad no queda establecida como mera declaración, sino que, en el entendido de que el principio de no discriminación es una de las más claras manifestaciones de la igualdad, esta misma norma constitucional en su párrafo segundo, declara punible toda discriminación por motivo de sexo y manda que una ley secundaria establezca los delitos y sanciones para el infractor. Siguiendo la misma línea, la Carta Magna en el artículo 61 eleva el principio de igualdad a derecho fundamental garantizado, al disponer que “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad”, es así que en nuestra Constitución la igualdad es entendida como principio y como derecho fundamental.- CONSIDERANDO (6): Que como se dijo, desde la perspectiva constitucional, se declara punible toda discriminación –entre otras- por motivo de sexo. El Diccionario de la Real Academia Española define “sexo” así: 1.- Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. 2.- Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino o femenino. Vistas las definiciones, la alusión al “sexo” viene sólo referida al género. Al igual que en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, que dispone: “Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” No obstante lo anterior, el presente caso no trata de una discriminación por motivo de sexo, un ejemplo no tan simplista de este caso sería, que en una empresa, una persona de sexo masculino reciba un estipendio mayor por ejercer la misma función que otra del sexo femenino. El caso sub judice trata de una supuesta discriminación por motivo de una orientación o preferencia sexual, caso completamente distinto por cuanto debe ser subsumido en el segundo párrafo del artículo 60 constitucional, en el supuesto que dispone: “Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y CUALQUIER OTRA LESIVA A LA DIGNIDAD HUMANA.” (la mayúscula y remarcado es nuestro).- CONSIDERANDO (7): Que una vez puntualizado lo anterior, y siendo que el thema decidendi es, determinar si la acción cometida por el imputado es subsumible en el tipo penal DISCRIMINACIÓN establecido en el artículo 32 del Código Penal, la Sala de lo Constitucional manifiesta que, la sentencia recurrida en amparo centra su análisis en la parte general del derecho penal, misma que trata el tema de autoria y participación. Así se observa la aplicación del articulo 321 del Código Penal que entre otros señala: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.” Ello en relación con lo dispuesto en el artículo 321 del mismo cuerpo de leyes, que manda: “articulo 321. Será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de treinta mil (L.30,000.00) a cincuenta mil Lempiras (L.50,000.00) quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Si el responsable es extranjero se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena.”.- CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado la parte considerativa de la sentencia, determinándose que en la misma, se realizó el análisis respectivo del hecho que se juzga, la existencia de los elementos constitutivos del delito como la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, la posible participación del imputado, la existencia de acciones u omisiones que afecten bienes jurídicos protegidos, personas directamente ofendidas etc.- concluyendo en que la motivación de la sentencia de mérito es completa, llenado los requisitos exigidos en el artículo 141 del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO (9): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 52, 54 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; Y FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.-Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0286-2014

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de Enero del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA a favor de (sic) “ERIC” VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de (sic) CLAUDIA “SPELLMAN” en su identidad de genero Tras-Femenina y JOSUE HERNANDEZ, contra el Auto dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, con relación a la causa instruida contra el Señor EVELIO REYES por suponerlo responsable del delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los jóvenes ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los artículos 60, 62, 63, 68, 70 y 77 párrafo segundo de la Constitución de la República, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- ANTECEDENTES:1) Que en fecha diez de junio del año dos mil trece, la Abogada ROSA AMALIA SEAMAN SHERAN en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del Señor EVELIO REYES por suponerlo responsable del delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los jóvenes ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, llevó a cabo Audiencia Inicial en fechas quince, veintidós y treinta de agosto del año dos mil trece, en la cual resolvió: “PRIMERO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del ciudadano EVELIO REYES HERNANDEZ, por el delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de ERICK VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ nombre asumido ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN MANUEL SOSA MEDINA nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT, JOSUE HERNANDEZ, en consecuencia se procede a extender la Carta de Libertad Definitiva, así mismo se deja sin valor ni efecto la medida cautelar impuesta en audiencia de declaración de imputado.” (Folios ochenta y cinco (85) al ciento veintiocho (128) de la pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo de los Recursos de Apelación promovido por la Abogada RITA ISABEL ROMERO RENDEROS en su condición de Acusadora Privada de VÍCTOR MANUEL GÓMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GÓMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, por el Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA HERNANDEZ en su condición de Acusador Privado de ERICK VIDAL MARTINEZ y por el Abogado EDY TÁBORA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, dictó Auto mediante el cual resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y los acusadores privados; 2) CONFIRMAR el sobreseimiento definitivo de fecha treinta de agosto de dos mil trece dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en el proceso instruido contra el señor EVELIO REYES HERNANDEZ por el delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ (a) ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA (a) CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ;…” (Folios doscientos cuarenta y cuatro (244) al doscientos cuarenta y nueve (249) de la pieza de los antecedentes).- 4) Que el recurrente Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinte de marzo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de los Señores (sic) “ERIC” VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de (sic) CLAUDIA “SPELLMAN” en su identidad de genero Tras-Femenina y JOSUE HERNANDEZ, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha nueve de enero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 62, 63, 68, 70 y 77 párrafo segundo de la Constitución de la República, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince de julio del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que se conoce del recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA a favor de ERICK VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ, conocidos también con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT en su identidad de genero Tras-Femenina y JOSUE HERNANDEZ, contra el Auto dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, emitido en la causa instruida contra el Señor EVELIO REYES por suponerlo responsable del delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los jóvenes ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ y JOSUE HERNANDEZ.- CONSIDERANDO (3): Que el génesis de la presente acción constitucional, es el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, en contra el Pastor EVELIO REYES, por considerarlo responsable de la comisión de delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los señores ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ y JOSUE HERNANDEZ, conocidos respectivamente los dos primeros con el nombre de ARELY VICTORIA GOMEZ y CLAUDIA SPELLMANT. Expone el ente acusador que en fecha cinco de noviembre del año dos mil doce, se celebró una jornada de oración por el futuro de Honduras, en la cual participó el Pastor EVELIO REYES, en cuya oración hecha al interior de las instalaciones de la Iglesia Vida Abundante, entre otros dijo: “en el nombre de Jesús así es hecho, hecho, y hecho en el nombre de Jesús, y atamos todo intento de dar poder y autoridad a través del voto a candidatos inmorales, incapaces y ociosos, desatamos celo y discernimiento en los ciudadanos y cristianos de verdad, para que no voten por homosexuales y lesbianas que corrompen los modelos de Dios, las buenas costumbres y que ponen en riesgo a las generaciones por venir. En el nombre de Jesús no, no, y no, en el nombre de Jesús lo rechazamos, lo rechazamos en el nombre poderoso de Jesús.-…” Esta oración, impulso a un defensor de la comunidad lésbica, gay, transgénero y bisexual, y aspirante a candidato a una Diputación al Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación –LIBRE-, a acudir a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, quien estima que el hecho antes descrito es subsumible en tipo penal de DISCRIMINACIÓN.

CONSIDERANDO (4): Que el Juez de instrucción, decretó un sobreseimiento definitivo en la causa, mismo que fue recurrido vía recurso de apelación. El Tribunal de Alzada determinó en resolución de fecha 09 de enero de 2014, confirmar el sobreseimiento definitivo decretado en primera instancia, argumentando entre otros, lo siguiente: “Conforme lo dispone el artículo 321 del Código penal será sancionado con reclusión de tres a cinco años y una multa de treinta mil a cincuenta mil lempiras quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolescimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.- A su vez, el artículo 2-C del referido ordenamiento penal sustantivo, establece que no puede imponerse o pena o medida de seguridad alguna, si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal.” “El artículo 2-C del Código Penal, consagra el principio de lesividad y la doctrina de esta norma, desarrollando que la acción u omisión para que sea delictuosa debe lesionar o al menor poner en peligro efectivo un bien jurídico, protegido por la ley, exige el determinar preliminarmente si la acción reprochada pugna con cualquiera de los bienes o derechos fundamentales inherentes a la persona humana como son la vida el honor, la propiedad, la honestidad, la intimidad, la seguridad, la libertad en todos sus órdenes etc. para entonces, y solo entonces poder legitimar el ejercicio de la acción penal.” “Si bien es cierto la Constitución de la República declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país, también no es menor cierto que en el caso particular no encuentra esta Corte la forma, modo o manera de que las declaraciones del ciudadano EVELIO REYES, vertidas el día cinco de noviembre del año dos mil doce con motivo de la jornada de oración por el futuro de Honduras, pudieron, aunque sea indirectamente, haber limitado la participación de los señores ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VICTOR MANUEL GOMEZ (a) ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA (a) CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ, en la vida política del país.- Por consiguiente, se estima que tales declaraciones o expresiones fueron de carácter general y de ninguna manera dirigida a persona natural alguna, de donde se viene en conocimiento que no hay lesividad ni tampoco se pusieron en peligro los intereses jurídicamente protegidos de las demonizadas personas.- La libertad de conciencia y de religión, suponen el derecho de los individuos de profesar y divulgar en forma individual o colectiva, en público o en privado sus ideas siendo lícitas sus comportamientos, como así acontece en el caso particular respecto de las declaraciones del Pastor EVELIO REYES HERNANDEZ, desde que las misma no ultrajan los intereses de las personas que hoy se consideran victimas ni de terceros no de la sociedad.”- CONSIDERANDO (5): Que una vez transcrita la parte toral de la motivación de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, quien determinó confirmar el sobreseimiento definitivo decretado por el Juez de instrucción, esta Sala de lo Constitucional estima de fundamental importancia señalar lo siguiente: en la Constitución de la República, el respeto a la persona humana se convierte en el leit motiv que informa toda actuación del Estado por mandato dispuesto en su artículo 59, es así, que el respeto a la dignidad de las personas, no hace distinciones o diferencias por sus preferencias u opciones sexuales por las que se pudieran decantar, entre otras, opciones lésbicas, homosexuales, bisexuales, intersex, transexuales etc. Se debe mencionar que seguido a este precepto, en el artículo 60 constitucional la Carta Magna hace la declaración de que todos los hombres (entiéndase, todo ser humano), nacen libres e iguales en derechos; no obstante, la igualdad no queda establecida como mera declaración, sino que, en el entendido de que el principio de no discriminación es una de las más claras manifestaciones de la igualdad, esta misma norma constitucional en su párrafo segundo, declara punible toda discriminación por motivo de sexo y manda que una ley secundaria establezca los delitos y sanciones para el infractor. Siguiendo la misma línea, la Carta Magna en el artículo 61 eleva el principio de igualdad a derecho fundamental garantizado, al disponer que “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad”, es así que en nuestra Constitución la igualdad es entendida como principio y como derecho fundamental.- CONSIDERANDO (6): Que como se dijo, desde la perspectiva constitucional, se declara punible toda discriminación –entre otras- por motivo de sexo. El Diccionario de la Real Academia Española define “sexo” así: 1.- Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. 2.- Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino o femenino. Vistas las definiciones, la alusión al “sexo” viene sólo referida al género. Al igual que en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, que dispone: “Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” No obstante lo anterior, el presente caso no trata de una discriminación por motivo de sexo, un ejemplo no tan simplista de este caso sería, que en una empresa, una persona de sexo masculino reciba un estipendio mayor por ejercer la misma función que otra del sexo femenino. El caso sub judice trata de una supuesta discriminación por motivo de una orientación o preferencia sexual, caso completamente distinto por cuanto debe ser subsumido en el segundo párrafo del artículo 60 constitucional, en el supuesto que dispone: “Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y CUALQUIER OTRA LESIVA A LA DIGNIDAD HUMANA.” (la mayúscula y remarcado es nuestro).- CONSIDERANDO (7): Que una vez puntualizado lo anterior, y siendo que el thema decidendi es, determinar si la acción cometida por el imputado es subsumible en el tipo penal DISCRIMINACIÓN establecido en el artículo 32 del Código Penal, la Sala de lo Constitucional manifiesta que, la sentencia recurrida en amparo centra su análisis en la parte general del derecho penal, misma que trata el tema de autoria y participación. Así se observa la aplicación del articulo 321 del Código Penal que entre otros señala: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.” Ello en relación con lo dispuesto en el artículo 321 del mismo cuerpo de leyes, que manda: “articulo 321. Será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de treinta mil (L.30,000.00) a cincuenta mil Lempiras (L.50,000.00) quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Si el responsable es extranjero se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena.”.- CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado la parte considerativa de la sentencia, determinándose que en la misma, se realizó el análisis respectivo del hecho que se juzga, la existencia de los elementos constitutivos del delito como la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, la posible participación del imputado, la existencia de acciones u omisiones que afecten bienes jurídicos protegidos, personas directamente ofendidas etc.- concluyendo en que la motivación de la sentencia de mérito es completa, llenado los requisitos exigidos en el artículo 141 del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO (9): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 52, 54 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; Y FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.-Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0286-2014.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de Enero del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA a favor de (sic) “ERIC” VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de (sic) CLAUDIA “SPELLMAN” en su identidad de genero Tras-Femenina y JOSUE HERNANDEZ, contra el Auto dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, con relación a la causa instruida contra el Señor EVELIO REYES por suponerlo responsable del delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los jóvenes ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los artículos 60, 62, 63, 68, 70 y 77 párrafo segundo de la Constitución de la República, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- ANTECEDENTES:1) Que en fecha diez de junio del año dos mil trece, la Abogada ROSA AMALIA SEAMAN SHERAN en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del Señor EVELIO REYES por suponerlo responsable del delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los jóvenes ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, llevó a cabo Audiencia Inicial en fechas quince, veintidós y treinta de agosto del año dos mil trece, en la cual resolvió: “PRIMERO: DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del ciudadano EVELIO REYES HERNANDEZ, por el delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de ERICK VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ nombre asumido ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN MANUEL SOSA MEDINA nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT, JOSUE HERNANDEZ, en consecuencia se procede a extender la Carta de Libertad Definitiva, así mismo se deja sin valor ni efecto la medida cautelar impuesta en audiencia de declaración de imputado.” (Folios ochenta y cinco (85) al ciento veintiocho (128) de la pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo de los Recursos de Apelación promovido por la Abogada RITA ISABEL ROMERO RENDEROS en su condición de Acusadora Privada de VÍCTOR MANUEL GÓMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GÓMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, por el Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA HERNANDEZ en su condición de Acusador Privado de ERICK VIDAL MARTINEZ y por el Abogado EDY TÁBORA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, dictó Auto mediante el cual resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y los acusadores privados; 2) CONFIRMAR el sobreseimiento definitivo de fecha treinta de agosto de dos mil trece dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en el proceso instruido contra el señor EVELIO REYES HERNANDEZ por el delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ (a) ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA (a) CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ;…” (Folios doscientos cuarenta y cuatro (244) al doscientos cuarenta y nueve (249) de la pieza de los antecedentes).- 4) Que el recurrente Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinte de marzo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de los Señores (sic) “ERIC” VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de (sic) CLAUDIA “SPELLMAN” en su identidad de genero Tras-Femenina y JOSUE HERNANDEZ, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha nueve de enero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 62, 63, 68, 70 y 77 párrafo segundo de la Constitución de la República, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince de julio del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que se conoce del recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO MAIRENA a favor de ERICK VIDAL MARTINEZ, VÍCTOR MANUEL GOMEZ, conocidos también con el nombre asumido de ARELY VICTORIA GOMEZ en su identidad de género Tras-Femenina, JUAN NOEL SOSA MEDINA con el nombre asumido de CLAUDIA SPELLMANT en su identidad de genero Tras-Femenina y JOSUE HERNANDEZ, contra el Auto dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, emitido en la causa instruida contra el Señor EVELIO REYES por suponerlo responsable del delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los jóvenes ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ y JOSUE HERNANDEZ.- CONSIDERANDO (3): Que el génesis de la presente acción constitucional, es el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, en contra el Pastor EVELIO REYES, por considerarlo responsable de la comisión de delito de DISCRIMINACIÓN en perjuicio de los señores ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VÍCTOR MANUEL GOMEZ y JOSUE HERNANDEZ, conocidos respectivamente los dos primeros con el nombre de ARELY VICTORIA GOMEZ y CLAUDIA SPELLMANT. Expone el ente acusador que en fecha cinco de noviembre del año dos mil doce, se celebró una jornada de oración por el futuro de Honduras, en la cual participó el Pastor EVELIO REYES, en cuya oración hecha al interior de las instalaciones de la Iglesia Vida Abundante, entre otros dijo: “en el nombre de Jesús así es hecho, hecho, y hecho en el nombre de Jesús, y atamos todo intento de dar poder y autoridad a través del voto a candidatos inmorales, incapaces y ociosos, desatamos celo y discernimiento en los ciudadanos y cristianos de verdad, para que no voten por homosexuales y lesbianas que corrompen los modelos de Dios, las buenas costumbres y que ponen en riesgo a las generaciones por venir. En el nombre de Jesús no, no, y no, en el nombre de Jesús lo rechazamos, lo rechazamos en el nombre poderoso de Jesús.-…” Esta oración, impulso a un defensor de la comunidad lésbica, gay, transgénero y bisexual, y aspirante a candidato a una Diputación al Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación –LIBRE-, a acudir a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, quien estima que el hecho antes descrito es subsumible en tipo penal de DISCRIMINACIÓN.- CONSIDERANDO (4): Que el Juez de instrucción, decretó un sobreseimiento definitivo en la causa, mismo que fue recurrido vía recurso de apelación. El Tribunal de Alzada determinó en resolución de fecha 09 de enero de 2014, confirmar el sobreseimiento definitivo decretado en primera instancia, argumentando entre otros, lo siguiente: “Conforme lo dispone el artículo 321 del Código penal será sancionado con reclusión de tres a cinco años y una multa de treinta mil a cincuenta mil lempiras quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolescimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.- A su vez, el artículo 2-C del referido ordenamiento penal sustantivo, establece que no puede imponerse o pena o medida de seguridad alguna, si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal.” “El artículo 2-C del Código Penal, consagra el principio de lesividad y la doctrina de esta norma, desarrollando que la acción u omisión para que sea delictuosa debe lesionar o al menor poner en peligro efectivo un bien jurídico, protegido por la ley, exige el determinar preliminarmente si la acción reprochada pugna con cualquiera de los bienes o derechos fundamentales inherentes a la persona humana como son la vida el honor, la propiedad, la honestidad, la intimidad, la seguridad, la libertad en todos sus órdenes etc. para entonces, y solo entonces poder legitimar el ejercicio de la acción penal.” “Si bien es cierto la Constitución de la República declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país, también no es menor cierto que en el caso particular no encuentra esta Corte la forma, modo o manera de que las declaraciones del ciudadano EVELIO REYES, vertidas el día cinco de noviembre del año dos mil doce con motivo de la jornada de oración por el futuro de Honduras, pudieron, aunque sea indirectamente, haber limitado la participación de los señores ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO, VICTOR MANUEL GOMEZ (a) ARELY VICTORIA GOMEZ, JUAN NOEL SOSA MEDINA (a) CLAUDIA SPELLMANT y JOSUE HERNANDEZ, en la vida política del país.- Por consiguiente, se estima que tales declaraciones o expresiones fueron de carácter general y de ninguna manera dirigida a persona natural alguna, de donde se viene en conocimiento que no hay lesividad ni tampoco se pusieron en peligro los intereses jurídicamente protegidos de las demonizadas personas.- La libertad de conciencia y de religión, suponen el derecho de los individuos de profesar y divulgar en forma individual o colectiva, en público o en privado sus ideas siendo lícitas sus comportamientos, como así acontece en el caso particular respecto de las declaraciones del Pastor EVELIO REYES HERNANDEZ, desde que las misma no ultrajan los intereses de las personas que hoy se consideran victimas ni de terceros no de la sociedad.”- CONSIDERANDO (5): Que una vez transcrita la parte toral de la motivación de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, quien determinó confirmar el sobreseimiento definitivo decretado por el Juez de instrucción, esta Sala de lo Constitucional estima de fundamental importancia señalar lo siguiente: en la Constitución de la República, el respeto a la persona humana se convierte en el leit motiv que informa toda actuación del Estado por mandato dispuesto en su artículo 59, es así, que el respeto a la dignidad de las personas, no hace distinciones o diferencias por sus preferencias u opciones sexuales por las que se pudieran decantar, entre otras, opciones lésbicas, homosexuales, bisexuales, intersex, transexuales etc. Se debe mencionar que seguido a este precepto, en el artículo 60 constitucional la Carta Magna hace la declaración de que todos los hombres (entiéndase, todo ser humano), nacen libres e iguales en derechos; no obstante, la igualdad no queda establecida como mera declaración, sino que, en el entendido de que el principio de no discriminación es una de las más claras manifestaciones de la igualdad, esta misma norma constitucional en su párrafo segundo, declara punible toda discriminación por motivo de sexo y manda que una ley secundaria establezca los delitos y sanciones para el infractor. Siguiendo la misma línea, la Carta Magna en el artículo 61 eleva el principio de igualdad a derecho fundamental garantizado, al disponer que “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad”, es así que en nuestra Constitución la igualdad es entendida como principio y como derecho fundamental.- CONSIDERANDO (6): Que como se dijo, desde la perspectiva constitucional, se declara punible toda discriminación –entre otras- por motivo de sexo. El Diccionario de la Real Academia Española define “sexo” así: 1.- Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. 2.- Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino o femenino. Vistas las definiciones, la alusión al “sexo” viene sólo referida al género. Al igual que en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, que dispone: “Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” No obstante lo anterior, el presente caso no trata de una discriminación por motivo de sexo, un ejemplo no tan simplista de este caso sería, que en una empresa, una persona de sexo masculino reciba un estipendio mayor por ejercer la misma función que otra del sexo femenino. El caso sub judice trata de una supuesta discriminación por motivo de una orientación o preferencia sexual, caso completamente distinto por cuanto debe ser subsumido en el segundo párrafo del artículo 60 constitucional, en el supuesto que dispone: “Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y CUALQUIER OTRA LESIVA A LA DIGNIDAD HUMANA.” (la mayúscula y remarcado es nuestro).- CONSIDERANDO (7): Que una vez puntualizado lo anterior, y siendo que el thema decidendi es, determinar si la acción cometida por el imputado es subsumible en el tipo penal DISCRIMINACIÓN establecido en el artículo 32 del Código Penal, la Sala de lo Constitucional manifiesta que, la sentencia recurrida en amparo centra su análisis en la parte general del derecho penal, misma que trata el tema de autoria y participación. Así se observa la aplicación del articulo 321 del Código Penal que entre otros señala: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.” Ello en relación con lo dispuesto en el artículo 321 del mismo cuerpo de leyes, que manda: “articulo 321. Será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de treinta mil (L.30,000.00) a cincuenta mil Lempiras (L.50,000.00) quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Si el responsable es extranjero se le expulsará del territorio nacional una vez cumplida la condena.”.- CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado la parte considerativa de la sentencia, determinándose que en la misma, se realizó el análisis respectivo del hecho que se juzga, la existencia de los elementos constitutivos del delito como la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, la posible participación del imputado, la existencia de acciones u omisiones que afecten bienes jurídicos protegidos, personas directamente ofendidas etc.- concluyendo en que la motivación de la sentencia de mérito es completa, llenado los requisitos exigidos en el artículo 141 del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO (9): Que uno de los requisitos para la procedencia del recurso de amparo, lo constituye la violación a un derecho o garantía constitucional, y del estudio de los antecedentes y de los mencionados recursos, por ahora no se aprecia ninguna violación, por lo que es procedente en derecho denegar el mismo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 52, 54 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; Y FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.-Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Y a solicitud de la Abogada RUTH ANABELLA CRUZ ZAMORA, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0286-2014

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL