Sentencia AP-267-16 — Registro 6307
Resumen
Sentencia otorgó recurso de amparo en vista de haber omitido el tribunal de sentencia la constancia de haber entregado a las partes el acta de juicio oral y público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que conociendo en consulta la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Cortés, la Sala de lo Constitucional, ha procedido a examinar los antecedentes del caso, arribando a la conclusión de confirmar el otorgamiento de la presente garantía constitucional en virtud de lo expuesto por el tribunal de alzada. Asimismo ratifica su posición expuesta en el precedente vinculante traído a conocimiento por dicho tribunal, es decir la sentencia APC-0386-2011 de fecha 29 de marzo de 2012[1], la cual determina la obligatoriedad de que se entregue a las partes, la copia de sentencia y el acta del debate, tal como lo ordena el último párrafo del artículo 346 del Código Procesal Penal, porque de lo contrario se contravienen los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, asimismo los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 346 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., ocho de agosto del dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dieciséis de enero de dos mil ocho, por la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada legal de los señores ESTHER MERCEDES ROMERO MONCADA, JOSE ALFONSO TURCIOS FERNÁNDEZ, GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ, GLORIA ELIZABETH ACEITUNO, ROBERTO NIETO CRUZ, EDY EDGARDO GARCIA RODRÍGUEZ, CONCEPCION MARGARITA GALO ROLDAN, VILMA ESPERANZA ZELAYA FERRERA y NEYDY LIZZETH DIAZ, en relación a la demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento como ser la nivelación y pago de ajuste de salarios de conformidad con el arancel del profesional del derecho desde su entrada en vigencia, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha veinticinco de mayo de dos mil cinco, por los señores ESTHER MERCEDES ROMERO MONCADA, JOSE ALFONSO TURCIOS FERNÁNDEZ, GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ, GLORIA ELIZABETH ACEITUNO, ROBERTO NIETO CRUZ, EDY EDGARDO GARCIA RODRÍGUEZ, CONCEPCION MARGARITA GALO ROLDAN, VILMA ESPERANZA ZELAYA FERRERA y NEYDY LIZZETH DIAZ, todos mayores de edad, casados, Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por intermedio del Procurador General de la República, de ese entonces, señor SERGIO ZAVALA LEIVA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil siete, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ROBERTO LOZANO ARTEAGA actuando en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN apoderada legal de los Señores ESTHER MERCEDES ROMERO MONCADA, JOSE ALFONSO TURCIOS FERNANDEZ, GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ, GLORIA ELIZABETH ACEITUNO, ROBERTO NIETO CRUZ, EDY EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ, CONCEPCION MARGARITA GALO ROLDAN, VILMA ESPERANZA ZELAYA FERRERA Y NEYDY LIZZETH DIAZ.- TERCERO: REVOCAR de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de mayo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; que aparece a folios numero ciento noventa y dos (192) al folio número ciento noventa y seis vuelto (196 v) de la pieza principal de autos.- CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por los demandantes por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución de fecha siete de febrero de dos mil cinco y la providencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil cinco, dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social”, sin costas en ambas instancias. RESULTA: Que en fecha dieciséis de enero de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, en su condición antes mencionada, formalizando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso, de la manera siguiente: “...EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO Acuso la sentencia recurrida por “Infracción por falta de aplicación del artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, reformado mediante Decreto Legislativo numero 82-96 de fecha 30 de mayo de 1996, en relación con el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, que hace incurrir al infractor en error de derecho”. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral primero del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: cuando el fallo contenga violación...de la ley... aplicable al caso del pleito.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: El artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, reformado mediante Decreto Legislativo número 82-96 de fecha 30 de mayo de 1996, taxativamente establece: “Corresponde al Colegio de Abogados de Honduras, establecer los Aranceles Judicial, Administrativo y Notarial que regulen los montos mínimos de los honorarios que devengarán los profesionales del derecho en el ejercicio de su profesión.”. Por su parte, el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho establece: “EMPLEADO PERMANENTE EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS: el Profesional del Derecho que labora permanentemente a tiempo completo en Instituciones Publicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semi-autónomas y empresa mixtas, Los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Empresa Privada en general que se desempeñen como tal, devengaran un sueldo mínimo mensual de Lps.21,000.00 y aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras y en caso de que las Instituciones Privadas otorguen un aumento mayor, se aplicara éste según la conveniencia del Profesional del Derecho”. Siendo que mis representados son y han sido empleados a tiempo completo, entonces, como profesionales del derecho les es aplicable lo preceptuado por el articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho. Por lo que procede se CASE TOTALMENTE la sentencia en este motivo. SEGUNDO MOTIVO Acuso la sentencia recurrida por “Infracción por falta de aplicación del artículo 2295 obligación segunda del Código Civil, en relación con el artículo 2302 del Código Civil, que hace incurrir al infractor en error de derecho”. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral primero del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: cuando el fallo contenga violación... de la ley... aplicable al caso del pleito.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: El artículo 2295 obligación segunda del Código Civil, sucintamente establece que por el transcurso de dos (2) años la prescriben las acciones de: “2ª. La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos mas breves.” Honorable Corte Suprema, mis representados desde su Reclamo Administrativo, el escrito de demanda y la actual demanda de casación, fundamentan que su derecho de acción accesa hasta los dos años atrás desde que interpuso su reclamación, es decir, que su derecho de reclamar nace a partir del 08 de Julio del 2003, considerando que su reclamación la hizo el 03 de noviembre de 2004, entonces, como es de aberrante una sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al REVOCARLE el derecho al pago retroactivo por ajuste al salario conforme al Arancel del Profesional de Derecho, sin expresar con claridad y precisión si fue por que ya le había prescrito ese derecho o por el remoto caso de no corresponderle, que creemos, que en este último tampoco es aceptable, por que si por una parte reconoce la aplicabilidad del Arancel en mención, entonces, por otra parte, no puede restringir los mismos derechos reconocidos por el mismo tribunal en su fallo. Por otra parte la Sentencia es imprecisa y alejada de la verdad, pues, el considerando número dos del fallo ahora recurrido, el ad quem funda el mismo en una Sentencia dictada en fecha 10 de octubre del año 2006, por la Honorable Corte Suprema de Justicia-Sala Constitucional, en las diligencias de garantía de inconstitucionalidad interpuesta por vía de excepción, lo que nos sorprendió al no detallar a que juicio se refería; y siguiendo con nuestras investigaciones constatamos y verificamos el expediente relacionado con dicha sentencia, siendo registrado bajo el número 524-2006, en el recurso de Inconstitucionalidad por vía de excepción interpuesto por el Abogado Rigoberto Cerrato Ramírez, en su condición de apoderado legal del Registro Nacional de las Personas y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).- Resulta que al verificar dicha sentencia no establece lo preceptuado en el considerando amparado por el ad quem, por el contrario, el Recurso fue declarado NO HA LUGAR, en virtud de que el Arancel del profesional del Derecho es un acto de carácter general de naturaleza normativa y que solamente puede ser impugnado por la vía Contenciosa Administrativa, pero en ningún momento la Corte Suprema-Sala Constitucional ha sentado que el Arancel no tenga obligatoriedad; con esta expresión en dicho considerando el ad quem tergiversa lo fundado por los Honorables Magistrados de la Corte Suprema, ya que interpreta la sentencia a su propio albedrío, con ello denostando a tan alta vestidura. De manera, que con ese fallo, el Ad quem, no fue claro y preciso tal como lo manda el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el articulo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que procede se CASE TOTALMENTE la sentencia en este motivo. NULIDAD SUBSIDIARIA De conformidad con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, relacionado con el artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” Resulta que la Sentencia recurrida, en el numeral Segundo de su parte dispositiva expresa: SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, apoderada legal de los señores 1) ESTHER MERCEDES ROMERO MONCADA; 2) JOSE ALFONSO TURCIOS FERNÁNDEZ; 3) GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ; 4) GLORIA ELIZABETH ACEITUNO 5) ROBERTO NIETO CRUZ; 6) EDY EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ; CONCEPCION MARGARITA GALO ROLDAN; 8) VILMA ESPERANZA ZELAYA FERRERA; Y 9) NEYDY LIZZETH DIAZ, y que aparece del folio numero 112 de la segunda pieza principal de autos...”. Repárese Corte Suprema, el Ad- quem, que el recurso de apelación se interpuso contra el numeral segundo de la parte dispositiva de la Sentencia Definitiva dictada por el Aquo, que se refiere solo y únicamente a los señores 1) ESTHER MERCEDES ROMERO MONCADA; 2) JOSE ALFONSO TURCIOS FERNÁNDEZ; 3) ROBERTO NIETO CRUZ; 4) EDY EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ; Y 5) NEYDY LIZZETH DIAZ, y, la Corte de Apelaciones lo hace manifestar como que dicho recurso fue interpuesto en nombre de todos los demandantes, y al establecer estos extremos la sentencia es TOTALMENTE CONFUSA que causa su nulidad”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha diecisiete de enero de dos mil ocho, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte de la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, ordenando en consecuencia dar traslado de los antecedentes al señor Fiscal de este Despacho, para que dentro del término de diez días procediera a emitir el dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, haciéndolo la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil ocho, de la siguiente manera: “...IV.- OPINIÓN Por las razones expuestas, el Ministerio Público se manifiesta de manera favorable a la admisión del presente Recurso en su primer motivo, no así al segundo motivo y a la solicitud de nulidad de la cual se pronuncia en pro de su desestimación”. RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en sentencia definitiva de fecha veinticuatro de mayo de dos mil siete resolvió: “FALLA: PRIMERO: Declarar Procedente la Acción incoada únicamente en cuanto a las demandantes GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ, GLORIA ELIZABETH ACEITUNO, CONCEPCION MARGARITA GALO ROLDAN y VILMA ESPERANZA ZELAYA FERRERA; SEGUNDO: Declarar Improcedente la acción incoada en cuanto a los demandantes ESTHER MERCEDES ROMERO MONCADA, JOSE ALFONSO TURCIOS FERNANDEZ, ROBERTO NIETO CRUZ, EDY EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ y NEYDY LIZZETH DIAZ GAMEZ, en virtud que éstos no acreditaron en juicio que se encuentren nombrados en cargos propios de un profesional del derecho; en consecuencia se anulan parcialmente los actos administrativos impugnados, consistentes en la Resolución de fecha 07 de febrero de 2005 y la providencia de fecha 29 de Mayo de 2005, emitidos por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solamente en cuanto a las cuatro demandantes descritas en el número primero del presente fallo, quedando vigentes dichos actos administrativos en cuanto a los cinco demandantes que se describen en el numeral segundo de este fallo. TERCERO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada a las demandantes GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ, GLORIA ELIZABETH ACEITUNO, CONCEPCION MARGARITA GALO ROLDAN y VILMA ESPERANZA ZELAYA FERRERA y para el Pleno Restablecimiento se Resuelve: Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a que les aplique el Arancel del Profesional del derecho a las demandantes GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ, GLORIA ELIZABETH ACEITUNO, CONCEPCION MARGARITA GALO ROLDAN y VILMA ESPERANZA ZELAYA FERRERA, pagándoles la nivelación y ajuste de sus salarios que les corresponden en base al Salario Mensual de LPS. 21,000.00 desde la entrada en vigencia del Arancel del Profesional del Derecho 09 de julio del 2003 hasta la fase de ejecución de la presente sentencia. Estos valores se difieren o se liquidarán al momento de ejecución de la sentencia. Y MANDA:…” CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil siete resolvió: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ROBERTO LOZANO ARTEAGA actuando en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN apoderada legal de los señores ESTHER MERCEDES ROMERO MONCADA, JOSE ALFONSO TURCIOS FERNANDEZ, GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ, GLORIA ELIZABETH ACEITUNO, ROBERTO NIETO CRUZ, EDY EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ, CONCEPCION MARGARITA GALO ROLDAN, VILMA ESPERANZA ZELAYA FERRERA y NEYDY LIZZETH DIAZ. TERCERO: REVOCAR de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de mayo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; que aparece a folios número ciento noventa y dos (192) al folio número ciento noventa y seis vuelto (196 v) de la pieza principal de autos. CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por los demandantes por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución de fecha siete de febrero de dos mil cinco y la providencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil cinco, dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. Y MANDA:…” CONSIDERANDO: Que la sentencia que se recurre en casación resulta contradictoria e incongruente porque la dictada en primera instancia declara, parcialmente, con lugar la procedencia de la acción en cuanto a los demandantes GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ, GLORIA ELIZABETH ACEITUNO, CONCEPCION MARGARITA GALO ROLDAN y VILMA ESPERANZA ZELAYA FERRERA e improcedente en cuanto a los demás demandantes ESTHER MERCEDES ROMERO MONCADA, JOSE ALFONSO TURCIOS FERNANDEZ, ROBERTO NIETO CRUZ, EDY EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ y NEYDY LIZZETH DIAZ GAMEZ, pero en la sentencia de segunda instancia declara con lugar el recurso de apelación que interpusiera el Abogado MARIO ROBERTO LOZANO ARTEAGA con lo que se revoca totalmente la de primera instancia tal como se indica en el pronunciamiento TERCERO, dando a entender que queda revocada dicha sentencia en lo que atañe a GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ, GLORIA ELIZABETH ACEITUNO, CONCEPCION MARGARITA GALO ROLDAN y VILMA ESPERANZA ZELAYA FERRERA declarándola sin lugar, y con lugar en lo que corresponde a ESTHER MERCEDES ROMERO MONCADA, JOSE ALFONSO TURCIOS FERNANDEZ, ROBERTO NIETO CRUZ, EDY EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ y NEYDY LIZZETH DIAZ GAMEZ, derivando todo esto de no hacer los pronunciamientos con la claridad y congruencia exigidos, ya que por una parte reforma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y revoca los pronunciamientos PRIMERO y TERCERO, pero confirma el SEGUNDO que declara improcedente la acción en cuanto a cinco demandantes. CONSIDERANDO: Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, lo que no se observa en el presente caso al disponerse pronunciamientos que resultan contradictorios, por lo que se impone su nulidad. CONSIDERANDO: Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. CONSIDERANDO: Que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. CONSIDERANDO: Que la nulidad absoluta, debe cuando conste en autos declararse de oficio aunque las partes no la hubieren alegado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, oído el parecer del Fiscal Especial de Casación y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5, 313 y 321 de la Constitución de la República; 1, 64 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 183, 197 reformado, 190 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: DECRETAR DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia definitiva dictada en fecha treinta de octubre de dos mil siete, pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, en la que revocó la proferida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha veinticuatro de mayo de dos mil siete. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. HECTOR EFRAIN FORTÍN PAVON. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida a solicitud de la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, en su condición de apoderada legal de los señores ESTHER MERCEDES ROMERO MONCADA, JOSE ALFONSO TURCIOS FERNÁNDEZ, GLORIA NINOSKA MOREL MARTINEZ y otros, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre de dos mil ocho, certificación de la sentencia de fecha 8/8/2008, recaída en el Recurso de Casación Contencioso Administrativo No.463-07.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL