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Sentencia AP-250-15 — Registro 10489

Resumen

Acumulación de acción contra resolución impugnada que revocó la extinción de la acción penal declarada de oficio y el sobreseimiento definitivo a favor de imputada por el proceso de Defraudación fiscal, en perjuicio de la administración pública

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre de dos mil catorce, que declaró ha lugar un recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, en fecha diez de julio del año dos mil catorce; se aprecia que la misma se fundamenta principalmente en el razonamiento de que el Ministerio Público es el órgano facultado por Ley para decidir sobre el ejercicio de la acción penal pública, como ser este caso; autorizar como medida alterna la suspensión de la persecución penal, lo cual el A-Quo no observó; declarando sin lugar el incidente de nulidad planteado por el Ministerio Público, violentándose así el Artículo 36 del Código Procesal Penal. En el presente caso, si bien la Procuraduría General de la República, tiene competencia para ejercitar la acción pública, esta no pues extenderse hasta la aplicación de medidas desjudicializadoras, pues esta regulada su intervención cuando la victima sea el Estado, por el Artículo 45 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que le fue parcialmente adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, como ser declarar ha lugar un recurso de apelación y revocar la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, de fecha diez de julio del año dos mil catorce; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre de dos mil catorce, que declaró ha lugar un recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, en fecha diez de julio del año dos mil catorce; se aprecia que la misma se fundamenta principalmente en el razonamiento de que el Ministerio Público es el órgano facultado por Ley para decidir sobre el ejercicio de la acción penal pública, como ser este caso; autorizar como medida alterna la suspensión de la persecución penal, lo cual el A-Quo no observó; declarando sin lugar el incidente de nulidad planteado por el Ministerio Público, violentándose así el Artículo 36 del Código Procesal Penal. En el presente caso, si bien la Procuraduría General de la República, tiene competencia para ejercitar la acción pública, esta no pues extenderse hasta la aplicación de medidas desjudicializadoras, pues esta regulada su intervención cuando la victima sea el Estado, por el Artículo 45 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que le fue parcialmente adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, como ser declarar ha lugar un recurso de apelación y revocar la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, de fecha diez de julio del año dos mil catorce; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por el Abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre de dos mil catorce, que declaró ha lugar un recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, en fecha diez de julio del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra la señora DUNIA CATALINA CRUZ CALIX, por suponerla responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 64, 80, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, el Abogado DAVID EDGARDO SABILLON, actuando en su condición de Procurador Judicial en representación del Estado de Honduras, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora DUNIA CATALINA CRUZ CALIX, a quien se le acusa del delito de DEFRAUDACION FISCAL en perjuicio ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha nueve de julio del año dos mil catorce, en Audiencia de Declaración de imputado la cual se convirtió en Audiencia de Suspensión Condicional de la Persecución Penal, DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES INTERPUESTO POR LA SEÑORA FISCAL, asimismo el Juzgado de Letras citado Decretó: 1.- LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PERSECUCION PENAL, a favor de la imputada DUNIA CATALINA CRUZ CALIX, por el delito de DEFRAUDACION FISCAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA.- Quien se comprometió: 1) Como reparación del daño causado al Estado, la imputada cancelará la cantidad de UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS (Lps.1,000,000.00); los cuales ya ha recibido con satisfacción la Procuraduría General de la República, y consta que el mismo fue hecho mediante Cheque de Caja del Banco de Occidente Número 2575254; acuerdo que fue hecho con la imputada de manera voluntaria sin ninguna coacción alguna. 2) A su vez la imputada se compromete a realizar los pagos conforme a la valoración de la Aduana La Mesa a realizar los pagos dejados de percibir por Estado los que asciende a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (LPS.582,828.27), detallados… 3) Que una vez que la imputada acredite que ya cumplió las condiciones y regla de conducta impuestas así con el plazo correspondiente, podrá solicitar la defensa la extinción de la acción penal a favor de su representada y por ende el sobreseimiento definitivo de la presente causa…” (Folios del 196 al 202 de la pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha diez de julio del año dos mil catorce el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios Decretó 1) La suspensión condicional de la persecución penal a favor de la imputada DUNIA CATALINA CRUZ CALIX, por el delito de DEFRAUDACION FISCAL, en perjuicio de la ADMINISTRACION PÙBLICA.- Asimismo Decreto:… 2) DE OFICIO LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL y dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la imputada DUNIA CATALINA CRUZ CALIX, a quien se le siguió proceso por el delito de DEFRAUDACION FISCAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA.- Y se ordenó extender a la referida imputada, su respectiva Carta de Libertad Definitiva en cuanto al delito de DEFRAUDACION FISCAL…”(Folios del 213 al 214 de la pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha siete de octubre del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1) “Declarar HA LUGAR el Recurso De Apelación interpuesto por Wendy Vanessa Lemus, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- 2) REVOCAR la resolución apelada. (Folios del 269 al 272 de la pieza de los antecedentes). 5) El recurrente Abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, compareció ante este Tribunal, en fechas trece y dieciocho de marzo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha once de mayo del año dos mil quince, esta Sala dispuso acumular los amparos descritos al apreciarse que los mismos se dirigen contra el mismo acto, a efecto de mantener la unidad y continencia de la causa y que dichas acciones de amparo produzcan una sola sentencia. (Folios 11 de la pieza de Amparo). 7) Que en fecha once de mayo del año dos mil quince, esta Sala declaró caducado el término concedido al recurrente para la formalización del Recurso de Amparo, asimismo y conforme se desprende del escrito de interposición, se apreció que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual se consideró procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, omitiendo la vista de las presentes diligencias al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el Articulo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, actuando en su condición de Procurador Judicial en representación del Estado de Honduras, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre de dos mil catorce, que declaró ha lugar un recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, en fecha diez de julio del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra la señora DUNIA CATALINA CRUZ CALIX, por suponerla responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado JOSE ALFREDO MOLINA VARELA, actuando en su condición de Procurador Judicial en representación del Estado de Honduras señala que la Corte de Apelaciones ha inobservado y en consecuencia ha hecho una aplicación indebida de la Ley; por considerar que la Procuraduría General de la República no tenía la facultad para el ejercicio de la acción penal pública, ni mucho menos la aplicación de la medida Alterna de Suspensión Condicional de la Prosecución penal, la cual fue declarada sin lugar. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre de dos mil catorce, que declaró ha lugar un recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, en fecha diez de julio del año dos mil catorce; se aprecia que la misma se fundamenta principalmente en el razonamiento de que el Ministerio Público es el órgano facultado por Ley para decidir sobre el ejercicio de la acción penal pública, como ser este caso; autorizar como medida alterna la suspensión de la persecución penal, lo cual el A-Quo no observó; declarando sin lugar el incidente de nulidad planteado por el Ministerio Público, violentándose así el Artículo 36 del Código Procesal Penal. En el presente caso, si bien la Procuraduría General de la República, tiene competencia para ejercitar la acción pública, esta no pues extenderse hasta la aplicación de medidas desjudicializadoras, pues esta regulada su intervención cuando la victima sea el Estado, por el Artículo 45 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que le fue parcialmente adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, como ser declarar ha lugar un recurso de apelación y revocar la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, de fecha diez de julio del año dos mil catorce; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República;18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-250 y 266=2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL