Sentencia AP-241-15 — Registro 17836
Resumen
Sentencia declaró ha lugar parcialmente recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en causa contra varios imputados por suponerlos responsables de delitos de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; delito de Posesión Ilegal de Armas Comerciales; delito de Posesión Ilegal de Armas Prohibidas, ambos en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras; Autoridad recurrida al revocar auto de formal procesamiento a favor de uno de los imputados lo hizo interpretando el Decreto Legislativo Número 184-2013 en el sentido de que por éste se despenaliza la portación ilegal de armas de fuego por el tiempo permitido para que los particulares obtuvieran su registro para efectos de control formal del Estado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se aprecia entonces que, contrario a lo apreciado por la Alzada, dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como bien lo argumenta la garantista y ha sido inobservado por la Corte de Alzada en el caso de mérito.."..."la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras; por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 183-2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que procede otorgar el recurso interpuesto en este sentido, como ya queda dicho, y así debe declararse en el presente fallo..."..."esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República, lo cual no resulta acreditado en el caso que nos ocupa, al advertirse arbitrariedad o quebranto a las formas esenciales del proceso en la actuación de los órganos de instancia en el presente asunto..."..."es necesario dejar establecido que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley..."..."por disposición legal, para decretar auto de formal procesamiento, el juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian plena y claramente de la motivación de la resolución que ha incorporado el Ad-Quem, indicándose la estimación de los elementos del tipo penal que nos ocupa, mismos que resultan acreditados de los medios probatorios aportados en la audiencia inicial respectiva, que conforman además los indicios de participación de los imputados en el hecho, incorporándose en la respectiva motivación el razonamiento jurídico que llevó al órgano jurisdiccional a arribar a su decisión, destacándose, como ya se dijo, los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial siguiendo y respetando los principios rectores del proceso. En tal virtud, esta Sala advierte consecuentemente, que a excepción de lo que ya ha señalado esta Sala en cuanto a la correcta apreciación del Decreto 183-2013, el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República en perjuicio de los imputados ARNALDO URBINA SOTO, MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, MARIO ROBERTO URBINA SOTO y JOSÉ ÁNGEL URBINA SOTO y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los mismos, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones..."...", esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada en perjuicio de los referidos encartados, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por los apoderados defensores de los imputados, otorgándose únicamente la acción de amparo invocada por el Ministerio Público por las razones que aquí se han dejado establecidas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 295 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"se aprecia entonces que, contrario a lo apreciado por la Alzada, dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como bien lo argumenta la garantista y ha sido inobservado por la Corte de Alzada en el caso de mérito.."..."la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras; por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 183-2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que procede otorgar el recurso interpuesto en este sentido, como ya queda dicho, y así debe declararse en el presente fallo..."..."esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República, lo cual no resulta acreditado en el caso que nos ocupa, al advertirse arbitrariedad o quebranto a las formas esenciales del proceso en la actuación de los órganos de instancia en el presente asunto..."..."es necesario dejar establecido que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley..."..."por disposición legal, para decretar auto de formal procesamiento, el juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian plena y claramente de la motivación de la resolución que ha incorporado el Ad-Quem, indicándose la estimación de los elementos del tipo penal que nos ocupa, mismos que resultan acreditados de los medios probatorios aportados en la audiencia inicial respectiva, que conforman además los indicios de participación de los imputados en el hecho, incorporándose en la respectiva motivación el razonamiento jurídico que llevó al órgano jurisdiccional a arribar a su decisión, destacándose, como ya se dijo, los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial siguiendo y respetando los principios rectores del proceso. En tal virtud, esta Sala advierte consecuentemente, que a excepción de lo que ya ha señalado esta Sala en cuanto a la correcta apreciación del Decreto 183-2013, el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República en perjuicio de los imputados ARNALDO URBINA SOTO, MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, MARIO ROBERTO URBINA SOTO y JOSÉ ÁNGEL URBINA SOTO y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los mismos, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones..."...", esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada en perjuicio de los referidos encartados, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por los apoderados defensores de los imputados, otorgándose únicamente la acción de amparo invocada por el Ministerio Público por las razones que aquí se han dejado establecidas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 227 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 295 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. VISTOS: Para dictar sentencia los recursos de amparo interpuestos por: 1) por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. 241-2015); 2) los Abogados IVÁN ADÁN MARTÍNEZ ORDÓÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, a favor del señor ARNALDO URBINA SOTO, (Reg. No. 351-2015); 3) el Abogado JULIO CESAR PEREZ GARCÍA, a favor del señor HÉCTOR ORLANDO BURGOS FUENTES, (Reg. No. 365-2015); y 4) los Abogados WALTER LEONEL GARCÍA y LUIS MIGUEL LARA HERNÁNDEZ, a favor del señor MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, (Reg. No. 370-2015), TODOS contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha dos de agosto de dos mil catorce; con relación a la causa instruida contra los señores ARNALDO URBINA SOTO, MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, MARIO ROBERTO URBINA SOTO y JOSE ÁNGEL URBINA SOTO por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; ARNALDO URBINA SOTO, y MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, por suponerlos responsables del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de la SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS; ARNALDO URBINA SOTO por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS, en perjuicio de la SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS; HÉCTOR ORLANDO BURGOS PUENTES, JOSE JAMIL BURGOS VARGAS, CESAR ANTONIO DÍAZ, FÁTIMA XIOMARA RAMIREZ PUENTES y JOSE JASIR LARA RAMIREZ, por suponerlos responsables de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA; HÉCTOR BURGOS PUENTES, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS, en perjuicio de la SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados lo dispuesto en los Artículos 70,82, 89, 90, 92, 95, 104, 111, 202, 304 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, el Fiscal General de la República Abogado OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, a través del Fiscal del Ministerio Público, Abogado REYNALDO CANALES MONCADA, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores ARNALDO URBINA SOTO, MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, MARIO ROBERTO URBINA SOTO y JOSE ÁNGEL URBINA SOTO, por suponerlos responsables a titulo de autores directos y materiales de los delitos LAVADO DE ACTIVOS, POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS y COMERCIALES, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 13 TOMO I de los antecedentes). 2) Que en fecha dos de agosto de dos mil catorce, el referido Juzgado de Letras, en celebración de audiencia inicial resolvió: “Decretar Auto de Prisión en contra de los señores ARNALDO URBINA SOTO, MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, MARIO ROBERTO URBINA SOTO, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, de conformidad a lo que establecen los artículos 3 y 4 de la Ley Sobre Lavado de Activos.- Segundo: Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra de los señores ARNOLDO URBINA SOTO y MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, por suponerlos responsables del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, art. 332 b del Código Penal.- TERCERO: Decretar auto de Formal Procesamiento en contra del señor ARNOLDO URBINA SOTO, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, art.332- a del Código Penal.- CUARTO: Impone a los hoy encartados Armando Urbina Soto, Miguel Ángel Urbina Soto y Mario Roberto Urbina Soto, la medida cautelar de Prisión Preventiva, establecida en el articulo 173 numeral 3 del código procesal penal, misma que deberán cumplir en el centro penal de esta ciudad completamente separados de los reos condenados, por lo que deberá librarse el oficio correspondiente al director de dicho centro penal.- QUINTO: Declarar Sin Lugar petición efectuada por el Ministerio Publico en torno a que se Ampliara el presente requerimiento por los delitos de Trafico Ilícito de Drogas Y asociación Ilícita, con fundamento en la motivación antes expuesta.- SEXTO: Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor del señor HÉCTOR ORLANDO BURGOS PUENTES Y MARIO ROBERTO URBINA, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, con fundamento en el art. 296 del Código Procesal Penal.- SÉPTIMO: Decretar sobreseimiento Provisional a favor de los señores JOSE ÁNGEL URBINA, FÁTIMA XIOMARA RAMIREZ PUENTES, JOSE JAMIL BURGOS VARGAS, CESAR ANTONIO RODAS DÍAZ Y JOSE JASIR LARA RAMIREZ Y HÉCTOR ORLANDO BURGOS PUENTES, por suponerlos responsables de los delitos de POSESIÓN DE ARMA PROHIBIDA y COMERCIAL y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, con fundamento en el art. 295 del Código Procesal Penal.- OCTAVO: Ordenar la inmediata Libertad de los señores JOSE ÁNGEL URBINA, FÁTIMA XIOMARA RAMIREZ PUENTES, JOSE JAMIL BURGOS VARGAS, CESAR ANTONIO RODAS DÍAZ Y JOSE JASIR LARA RAMIREZ Y HÉCTOR ORLANDO BURGOS PUENTES, en tal sentido líbrese atento oficio al señor Director del Centro Penal esta ciudad a fin de que deje en inmediata libertad a los encartados, Sin Perjuicio De Que Tengan Otros Procesos Pendientes En Su Contra.- NOVENO: Declarar sin lugar la solicitud efectuada por la defensa técnica encaminada a que se decrete Sobreseimiento Definitivo a favor de sus representados Arnaldo Urbina Soto, Miguel Ángel Urbina Soto y Mario Roberto Urbina Soto…” (Folios 130 al 159 TOMO I de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de Apelación interpuesto por los Abogados MARTÍN ANTONIO BOURDETH CRUZ, en su condición de Defensor Privado del señor ARNALDO URBINA SOTO y el Abogado LUIS MIGUEL LARA HERNANDEZ, Defensor Privado del señor MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO, Defensor Privado del señor MARIO ROBERTO URBINA SOTO y Abogada FRANCIS NAIDIA ARTOLA LOBO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, Abogado JULIO CESAR PEREZ GARCÍA, Defensor Privado de los señores HÉCTOR ORLANDO BURGOS, JOSE JAMIL BURGOS VARGAS, FÁTIMA XIOMARA RAMIREZ PUENTES, JOSE FAIR LARA RAMIREZ y CESAR ANTONIO RODAS DÍAZ, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede en fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD:”1.- Declarar Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, 1.1.- Revocar el Sobreseimiento provisional dictado al señor Héctor Orlando Burgos Puentes por el delito de Posesión de Arma de Fuego Prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras a fin de que el Aquo dicte el Auto de Formal Procesamiento por esté delito y tome las medidas pertinentes para que el imputado se someta al proceso; POR MAYORÍA, habiendo disentido en este numeral la Abogada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, quien adjunta el voto particular 2.- Declarar no Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del Imputado Arnaldo Urbina Soto; 2.1.- CONFIRMAR Auto de Formal Procesamiento dictado al señor Arnaldo Urbina Soto por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; POR UNANIMIDAD 2.2.- Revocar el auto de Formal Procesamiento para el señor Arnaldo Urbina Soto, por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial en perjurio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2.3.- Que se dicte sobreseimiento definitivo por este delito; POR UNANIMIDAD:2.3: Confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado al señor Arnaldo Urbina Soto, por el delito de Posesión Ilegal de Arma Prohibida en perjurio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras;3.- Declarar No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del imputado Mario Roberto Urbina Soto.- 3.1- Confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado al señor Mario Roberto Urbina Soto por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la economía del estado de honduras.- POR MAYORÍA, habiendo disentido la magistrada Abogada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, quien adjunta su voto particular en esta punto 4.- Declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del Imputado Miguel Ángel Urbina Soto; 4.1.- CONFIRMAR el Auto de formal Procesamiento dictado al señor Miguel Ángel Urbina Soto por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; POR UNANIMIDAD: 4.2.- Confirmar el Auto de Formal Procesamiento dictado al señor Miguel Ángel Urbina Soto, por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras…” (Folios 2513 al 2567 TOMO V de los antecedentes). 4) Que en fecha once de marzo de dos mil quince, compareció ante este Tribunal reclamando de amparo, la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de octubre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado esta Sala su recurso, mediante auto de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al Fiscal de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. 5) Que en fecha veinte de abril de dos mil quince, comparecieron ante este Tribunal reclamando acción de amparo, los Abogados IVÁN ADÁN MARTÍNEZ ORDÓÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, a favor del señor ARNALDO URBINA SOTO, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de octubre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90, 92 y 95 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado esta Sala su recurso, mediante auto de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al Fiscal de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. 6) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, compareció ante este Tribunal reclamando acción de amparo, el Abogado JULIO CESAR PEREZ GARCÍA, a favor del señor HÉCTOR ORLANDO BURGOS PUENTES, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de octubre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 89 y 95 de la Constitución de la República; así mismo en fecha nueve de noviembre de dos mil quince, se declaró caducado de derecho, perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para la formalización sin embargo, se apreció que la parte recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación por lo que se consideró procedente continuar con el tramite de la acción de amparo de mérito, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al Fiscal de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. 7) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, comparecieron ante este Tribunal los Abogados WALTER LEONEL RAMIREZ GARCÍA y LUIS MIGUEL LARA HERNÁNDEZ, reclamando acción de amparo, a favor del señor MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de octubre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90, 111, 104 y 202 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado esta Sala su recurso, el nueve de noviembre de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al Fiscal de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. 8) Que en fecha treinta de septiembre de dos mil quince, esta Sala dispuso acumular los amparos penales 351, 365 y 370=15, antes descritos al apreciar en autos que las acciones antes referidas se dirigen contra el mismo acto, posteriormente en fecha once de enero de dos mil dieciséis, se constató que el amparo penal 241=15, también se interpuso contra la misma resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, siendo lo procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las mismas produzcan una sola sentencia, acumulando los amparos citados anteriormente. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los recurrentes se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha dos de agosto de dos mil catorce; con relación a la causa instruida contra los señores ARNALDO URBINA SOTO, MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, MARIO ROBERTO URBINA SOTO y JOSE ÁNGEL URBINA SOTO por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; ARNALDO URBINA SOTO, y MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, por suponerlos responsables del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de la SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS; ARNALDO URBINA SOTO por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS, en perjuicio de la SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS; HÉCTOR ORLANDO BURGOS PUENTES, JOSE JAMIL BURGOS VARGAS, CESAR ANTONIO DÍAZ, FÁTIMA XIOMARA RAMIREZ PUENTES y JOSE JASIR LARA RAMIREZ, por suponerlos responsables de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA; HÉCTOR BURGOS PUENTES, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS, en perjuicio de la SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público estima que de lo resuelto por el Ad-Quem, emana vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, así como al derecho de defensa, considerado que de lo actuado por la Alzada resulta una flagrante violación al derecho de tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, específicamente el principio de legalidad. La representante del Ministerio Público expuso que en el Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, lo que le impone al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad. Según manifestó la amparista, la interpretación de la ley debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se sabe aplicar al caso, estimando que en el caso del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el legislador no era la de despenalizar la acción constitutiva de delito por la que se ejerció la acción penal en contra del ahora encausado, tal como lo establece el Ad-Quem, sino más bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, por lo que la Corte de Apelaciones en estricto apego a la legalidad no debió más que confirmar el Auto de Formal Procesamiento decretado por el A-Quo. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos, que si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebida como el derecho a obtener una resolución favorable, sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiendo a los jueces y tribunales por mandato constitucional aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (8): Que en este sentido, esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a la apreciación que la Alzada ha hecho del Decreto 184-2013, como constitutivo de su reclamación constitucional, puesto que la con creación del mencionado decreto transitorio de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; se aprecia entonces que, contrario a lo apreciado por la Alzada, dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como bien lo argumenta la garantista y ha sido inobservado por la Corte de Alzada en el caso de mérito. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 17 del título preliminar del Código Civil establece: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras; por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 183-2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que procede otorgar el recurso interpuesto en este sentido, como ya queda dicho, y así debe declararse en el presente fallo. CONSIDERANDO (11): Que en fecha veinte de abril de dos mil quince, comparecieron ante este Tribunal reclamando acción de amparo, los Abogados IVÁN ADÁN MARTÍNEZ ORDÓÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, a favor del señor ARNALDO URBINA SOTO, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de octubre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90, 92 y 95 de la Constitución de la República; siendo que no existe evidencia probatoria del delito, más aún en la actualidad el delito es inexistente en el periodo de gracia concedió; y, una escasa motivación para no apreciar la prueba de descargo. CONSIDERANDO (12): Que en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, compareció ante este Tribunal reclamando acción de amparo, el Abogado JULIO CESAR PEREZ GARCÍA, a favor del señor HÉCTOR ORLANDO BURGOS PUENTES, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de octubre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 89 y 95 de la Constitución de la República; así mismo en fecha nueve de noviembre de dos mil quince; siendo que la Corte de Apelaciones cuestiona el valor probatorio concedido a la Juez A-Quo, descarta la valoración probatoria de medios de prueba incorporados mediante la inmediación y debida contradicción en la Audiencia Inicial, mediante el sistema de libertad probatoria que rige nuestro proceso penal; en consecuencia, con la prueba aportada por la defensa técnica, razonada y valorada por la Juez conocedora de la causa, desaparece el hecho generador del supuesto ilícito y por consecuencia la responsabilidad criminal que ahora se pretende acreditar. CONSIDERANDO (13): Que en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, comparecieron ante este Tribunal los Abogados WALTER LEONEL RAMIREZ GARCÍA y LUIS MIGUEL LARA HERNÁNDEZ, reclamando acción de amparo, a favor del señor MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de octubre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90, 111, 104 y 202 de la Constitución de la República; cuando la Corte recurrida infringe los derechos constitucionales que disciplinan los allanamientos de morada, como excepción al principio de la inviolabilidad del domicilio; se separa de utilizar las reglas de la sana critica racional, para la valoración del elenco probatorio que forma parte del cuadernillo de la causa. Además de permitir indefensión al no permitir la incorporación de medios de prueba de descargo. CONSIDERANDO (14): Que se tuvieron por formalizados en tiempo y forma los amparos de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO (15): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (16): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República, lo cual no resulta acreditado en el caso que nos ocupa, al advertirse arbitrariedad o quebranto a las formas esenciales del proceso en la actuación de los órganos de instancia en el presente asunto. CONSIDERANDO (17): Que dicho lo anterior, es necesario dejar establecido que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley. CONSIDERANDO (18): Que por disposición legal, para decretar auto de formal procesamiento, el juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian plena y claramente de la motivación de la resolución que ha incorporado el Ad-Quem, indicándose la estimación de los elementos del tipo penal que nos ocupa, mismos que resultan acreditados de los medios probatorios aportados en la audiencia inicial respectiva, que conforman además los indicios de participación de los imputados en el hecho, incorporándose en la respectiva motivación el razonamiento jurídico que llevó al órgano jurisdiccional a arribar a su decisión, destacándose, como ya se dijo, los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial siguiendo y respetando los principios rectores del proceso. En tal virtud, esta Sala advierte consecuentemente, que a excepción de lo que ya ha señalado esta Sala en cuanto a la correcta apreciación del Decreto 183-2013, el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO (19): Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República en perjuicio de los imputados ARNALDO URBINA SOTO, MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, MARIO ROBERTO URBINA SOTO y JOSÉ ÁNGEL URBINA SOTO y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los mismos, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO (20): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada en perjuicio de los referidos encartados, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por los apoderados defensores de los imputados, otorgándose únicamente la acción de amparo invocada por el Ministerio Público por las razones que aquí se han dejado establecidas. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 227 del Código Penal; 295 del Código del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) OTORGANDO la acción de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesta por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. 241-2015); II) DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por; 1) los Abogados IVÁN ADÁN MARTÍNEZ ORDÓÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, a favor del señor ARNALDO URBINA SOTO, (Reg. No. 351-2015); 2) el Abogado JULIO CESAR PEREZ GARCÍA, a favor del señor HÉCTOR ORLANDO BURGOS FUENTES, (Reg. No. 365-2015); y 3) los Abogados WALTER LEONEL GARCÍA y LUIS MIGUEL LARA HERNÁNDEZ, a favor del señor MIGUEL ÁNGEL URBINA SOTO, (Reg. No. 370-2015), TODOS contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo penal (acumulados) registrado en este Tribunal con el número 241, 351, 365 y 370-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.