Sentencia AP-233-16 — Registro 17801
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Tribunal de Sentencia en causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Hurto de energía eléctrica en perjuicio de la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE); La Autoridad recurrida consideró que recurrente no justificó la excepción de falta de acción alegada, más bien relacionó cuestiones de fondo que deben conocerse en juicio por lo que la resolución apelada debe confirmarse
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el de determinar la procedencia o improcedencia de una Excepción de falta de acción, la cual correspondía ser decidida como así lo fue, por el A-quo ante el cual se planteó y posteriormente por el de Alzada vía recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se siguieron todas las formalidades exigidas por la ley..."..."del acto reclamado se desprende que el Ad-quem procede a confirmar la resolución del A-quo en vista que la recurrente no plantío razones que justifiquen la excepción interpuesta sino más bien relacionó cuestiones de fondo que deben conocerse en juicio..."..."en el caso bajo examen la excepción opuesta se sustenta en cuestiones que deberán ser resueltas en el juicio oral y público por cuanto no son requisitos de exigibilidad. Por otra parte, este alto Tribunal observa como la Alzada en su sentencia, sostiene que los parámetros en que se fundamenta la excepción son extremos que deberán ser objeto del debate para determinar si su conducta es delictiva por ser fondo del asunto, motivo por el cual procedió a confirmar la resolución apelada..."..."este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona la recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el de determinar la procedencia o improcedencia de una Excepción de falta de acción, la cual correspondía ser decidida como así lo fue, por el A-quo ante el cual se planteó y posteriormente por el de Alzada vía recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se siguieron todas las formalidades exigidas por la ley..."..."del acto reclamado se desprende que el Ad-quem procede a confirmar la resolución del A-quo en vista que la recurrente no plantío razones que justifiquen la excepción interpuesta sino más bien relacionó cuestiones de fondo que deben conocerse en juicio..."..."en el caso bajo examen la excepción opuesta se sustenta en cuestiones que deberán ser resueltas en el juicio oral y público por cuanto no son requisitos de exigibilidad. Por otra parte, este alto Tribunal observa como la Alzada en su sentencia, sostiene que los parámetros en que se fundamenta la excepción son extremos que deberán ser objeto del debate para determinar si su conducta es delictiva por ser fondo del asunto, motivo por el cual procedió a confirmar la resolución apelada..."..."este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona la recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor del señor RICARDO AUGUSTO SUAREZ DANIEL, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis, que declara sin lugar un recurso de apelación y confirma la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil quince; con relación a la causa instruida contra el señor RICARDO AUGUSTO SUAREZ DANIEL, por suponerlo responsable del delito de HURTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA en perjuicio de la EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se desprende que el recurrente indica que el Ad-quem emitió su resolución sin hacer relación de los medios de prueba aportados ni de los fundamentos legales aplicables al caso, estimando la reclamante que evidenció la acción penal no debió promoverse. CONSIDERANDO: Que del estudio del mismo escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como violados los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 90, 92 y 98 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el de determinar la procedencia o improcedencia de una Excepción de falta de acción, la cual correspondía ser decidida como así lo fue, por el A-quo ante el cual se planteó y posteriormente por el de Alzada vía recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se siguieron todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que el Ad-quem procede a confirmar la resolución del A-quo en vista que la recurrente no plantío razones que justifiquen la excepción interpuesta sino más bien relacionó cuestiones de fondo que deben conocerse en juicio. CONSIDERANDO: Que las excepciones son medios de defensa dispuestos por la ley a favor del imputado para impedir (transitoria o definitivamente) la prosecución del Proceso Penal. Ahora bien, son medios de defensa, referidos a elementos procesales y no a los elementos constitutivos del delito o de tipo. De tal manera que no es viable oponer excepción, cuando el fundamento que sirve de defensa sea de fondo, porque éste deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo, con todas las garantías que esto ofrece a las partes. CONSIDERANDO: Que el artículo 46 del Código Procesal Penal hondureño, cita en numerus clausus las excepciones oponibles en el proceso penal; concretamente en el numeral 2, este artículo contempla dos situaciones dentro de la excepción de falta de acción: a) cuando ésta no haya debido promoverse, y b) cuando no puede proseguirse. En el primer supuesto; es decir, cuando la acción no haya debido promoverse quedan incluidos supuestos como los siguientes: a) Por estar el imputado sometido a otro proceso por el mismo hecho ante otro tribunal (litispendencia), b) En los delitos de acción pública cuando no hay requerimiento del Ministerio Público, en los delitos de acción pública perseguibles a instancia particular cuando el agraviado no ha dado su autorización al Fiscal para interponer el requerimiento, y en los delitos de acción privada cuando no fue presentada la querella por el sujeto autorizado. c) Cuando por disposición de la ley un procedimiento extrapenal es requisito de admisibilidad para poder ejercer la acción penal. En el segundo supuesto; es decir, cuando la acción no puede proseguirse, se incluyen aquellos casos en que sobreviene un obstáculo con posterioridad al inicio del proceso que imposibilita la continuación de éste así por ejemplo cuando en el transcurso del procedimiento sobreviene una enfermedad mental del imputado, que es el supuesto previsto por el artículo 105 del Código Procesal Penal, donde se establece que "…cuando por causa sobreviniente al hecho supuestamente delictivo, el imputado no se encuentra en condiciones de participar conscientemente en el proceso, por alteración de su capacidad de comprensión de los actos que en él hayan de realizarse, o de actuar conforme a ese entendimiento, se suspenderá la tramitación de aquél hasta que recupere su capacidad….". Que regularmente se tiende a confundir las excepciones de falta de acción y la falta de tipicidad y/o materia justiciable, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción, se refiere más a una cuestión semántica entre los términos tipicidad y acción, cuando se tratan de dos institutos diferentes. En conclusión, el nuevo sistema no establece la falta de tipicidad como una excepción, por que no afecta la acción sino a la existencia o no de la acción punible, del delito mismo; en suma, la falta de aplicación tiende a que se dé cumplimiento a determinado requisito de procedibilidad. CONSIDERANDO: Que para ejercitar la acción penal deben verificarse determinados requisitos, su ausencia o falta de observancia que los convierte en obstáculos, que pueden ser planteados por la vía incidental de la excepción de falta de acción. Expresado de otra forma, la excepción de falta de acción procede cuando no concurre o se omite un requisito de procedibilidad previsto en la ley. En buena parte de los casos la satisfacción o subsanación del presupuesto procesal omitido o irregular, no impide que pueda reiniciarse la acción penal válidamente. Las condiciones de procedibilidad son aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción. En todos los casos la acción penal debe de cumplir ciertas reglas, tanto para su iniciación como para el desarrollo del proceso. Los requisitos de procedibilidad son presupuestos indispensables para la iniciativa del proceso penal, sin cuyo cumplimiento no es posible el legal ejercicio de la acción penal y por ende tampoco es posible la prosecución del proceso penal; entonces procede la excepción por falta de acción cuando se verifica el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, por lo tanto no se puede desarrollar válidamente el proceso penal. CONSIDERANDO: Que en el caso bajo examen la excepción opuesta se sustenta en cuestiones que deberán ser resueltas en el juicio oral y público por cuanto no son requisitos de exigibilidad. Por otra parte, este alto Tribunal observa como la Alzada en su sentencia, sostiene que los parámetros en que se fundamenta la excepción son extremos que deberán ser objeto del debate para determinar si su conducta es delictiva por ser fondo del asunto, motivo por el cual procedió a confirmar la resolución apelada. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona la recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor del señor RICARDO AUGUSTO SUAREZ DANIEL, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis, al advertirse que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil dieciséis, certificación de la resolución de fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0233-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL