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Sentencia AP-232-15 — Registro 10488

Resumen

Resolución impugnada que declaró sin lugar recurso de apelación contra reforma de oficio en relación al título de participación de imputado de autor a inductor y confirma sobreseimiento definitivo contra otro imputado, por suponerlos responsable a éstos, de los delitos de abuso de autoridad en contra de la Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones del I.H.S.S.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."16): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido.-CONSIDERANDO (17): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al confirmar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado –Samuel Benjamín Bogran-, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (18): Que continuando con el estudio de la acción constitucional impetrada y como corolario de lo expuesto en acápites anteriores, en relación al derecho al debido proceso, el Auto de Formal Procesamiento no causa estado, es una condición jurídica de carácter provisional, el que puede cambiar a lo largo de la tramitación o desarrollo del proceso, por ello es criterio de la Sala de lo Constitucional que por si, el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo y confirmado por el Ad-quem no es indicativo de vulneración al debido proceso, toda vez que existe un requerimiento fiscal presentado, una audiencia inicial celebrada y pruebas allegadas a la misma y conforme a la valoración de dicha prueba, el órgano jurisdiccional de instancia a procedido a dictar un auto de formal procesamiento. Siendo así, el Auto de Formal Procesamiento no tiene consecuencias negativas en cuanto a la vulneración del debido proceso, es pues un requisito para dar continuación al proceso penal incoado, mediante el dictado del correspondiente Auto de apertura a juicio, garantizando en consecuencia el derecho a la presunción de inocencia y el principio del ne bis in idem pues las partes pueden inclusive, en las conclusiones finales del debate, exponer sus argumentos en cuanto a los hechos vinculantes , su grado de desarrollo, la concreta intervención del acusado y las circunstancias agravantes y atenuantes, en consecuencia la calificación jurídica a la que habrá de estarse en la sentencia comprende no sólo la tipología del delito, sino también el grado de consumación, el nivel de participación del acusado y las circunstancias agravantes esgrimidas por la acusación.-CONSIDERANDO (19): Que por todas las razones de hecho y derecho desplegadas en el libelo de este fallo, procede declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la acción constitucional invocada por la recurrente, al advertir esta Sala de lo Constitucional, que el dictado del auto de fecha once (11) de noviembre del año dos mil catorce (2014) por el Tribunal de Alzada, vulnera la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; quebrantando la resolución impugnada lo dispuesto en el artículo 296 del Código Procesal Penal, precepto procesal penal que establece en numerus clausus los supuestos en los cuales se podrá dictar un sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO (20): Que el otorgamiento en forma parcial del amparo, en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, en relación a la confirmación del Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del encausado Samuel Benjamín Bogran, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos plasmados en el presente fallo constitucional, sea congruente con el derecho al debido proceso que ha sido vulnerado con la decisión adoptada"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Natural designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha once de noviembre del año dos mil catorce, que declaro sin lugar un recurso de apelación, contra actuaciones del Juez Natural designado por la Corte Suprema de Justicia, con relación a la causa instruida contra el señor SAMUEL EFRAIN BOGRAN FUENTES, por suponerlo responsable del delito CONTRA LA ADMISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, asimismo contra la reforma de oficio realizada en relación al título de participación que ha tenido el encausado MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS en lo delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio del Estado de Honduras el derecho al debido proceso, contenido en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, los Abogados ROBERTO RAMIREZ ALDANA y MARCIO CABAÑAS CADILLO, actuando en su condición de Agentes de Tribunales del Ministerio Público, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal contra los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS y JOSE RAMON BERTETTY OSORIO, por suponerlos responsables a título de autores de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y el delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES; contra los señores CARLOS MONTES RODRIGUEZ, HILARIO ESPINOZA HERRERA, ARNOLDO GABRIEL SOLIS CORDIVA, LUIS ALONSO MAYORGA GALVEZ y SAMUEL BENJAMIN BOGRAN, por suponerlos responsables de dos delitos en contra de LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES; y contra los señores ARTURO BENDAÑA, JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, LEONARDO VILLEDA BERMUDEZ, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, JOSE MANUEL ESPINAL, DANIEL ANTONIO DURÓN ROMERO, JOSE HUMBERTO LARA ENAMORADO y ODESSA DEL CARMEN HENRIQUEZ, por un delito en contra de LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, en perjuicio del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL y consecuentemente en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en fecha dieciocho de marzo del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán al conocer sobre la excepción de declinatoria de jurisdicción promovida, resolvió Declarando Ha Lugar la Petición de Declinatoria de jurisdicción, ordenando la remisión de las diligencias a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, procediendo la Corte Suprema de Justicia al nombramiento de un Juez Natural para conocer del proceso. (Folios 31 y 32 del Tomo I de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente se realizó Audiencia de Declaración de imputados en fecha treinta (30) de abril del año dos mil catorce (2014), con la comparecencia de los señores JOSE RAMON BERTETTY OSORIO, CARLOS MONTES RODRIGUEZ, HILARIO ESPINOZA HERRERA, ARNOLDO GABRIEL SOLIS CORDOVA, LUIS ALONSO MAYORGA GALVEZ y SAMUEL BENJAMIN BOGRAN, imponiéndoles las medidas cautelares establecidas en los numerales 5 y 7 del artículo 173 del Código Procesal Penal, consistentes en a) Someter a los imputados al cuidado o vigilancia de sus Abogados Defensores; y b) Prohibición de salir del país; a excepción del señor JOSE RAMON BERTETTY OSORIO quien se encontraba cumpliendo con anterioridad la medida cautelar de Prisión Preventiva por otros delitos imputados en su contra. (Folios del 253 al 258, del 394 al 398 y del 426 al 430 del Tomo I de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 4) Que en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, compareció ante el Juez Natural designado, la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes, en su condición de Apoderada Defensora del señor Samuel Benjamín Bogran, interponiendo Excepción de Falta de Acción por no haberse debido promover la acción, tramitación que fue denegada por el A-quo, al encontrase suspendida su jurisdicción, por estar en trámite un Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada en Audiencia Inicial en fecha catorce de mayo del año dos mil catorce. (Folios del novecientos sesenta (F-960) al novecientos sesenta y tres (F-963) y del novecientos sesenta y cinco (F-965) al novecientos sesenta y seis (F-966) del Tomo II de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 5) Que en fecha dos de septiembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juez Natural designado, la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes, en su condición de Apoderada Defensora del señor Samuel Benjamín Bogran, solicitando se resuelva la Excepción por Falta de Acción promovida, resolviendo el Juzgado de Letras Penal designado, mediante auto de fecha cuatro de septiembre del mismo año dos mil catorce, señalar audiencia para tal efecto en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil catorce. (Folios del un mil ochenta y seis (F-1086), al un mil ochenta y ocho (F-1088) del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia).-6) Que mediante auto de fecha nueve de Septiembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Penal designado, teniendo noticia de la captura del señor Mario Roberto Zelaya Rojas, resolvió señalar audiencia de declaración de imputado para el día jueves once de septiembre del mismo año dos mil catorce, ordenando libar orden de remisión del imputado al señor Comandante General de la Policía Militar y de Orden Público, a efecto de la comparecencia del encartado a la audiencia antes indicada. (Folio un mil ochenta y nueve vuelto inclusive (F-1089v) del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia).-7) Que en la fecha señalada -11 de septiembre del año 2014-, se celebró audiencia de declaración de imputado con la comparecencia del señor Mario Roberto Zelaya Rojas, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva, por encontrarse el encausado cumpliendo dicha medida en otro proceso y señalando audiencia inicial para el día miércoles diecisiete de septiembre del año dos mil catorce. (Folios del un mil noventa (F-1090) al un mil noventa y dos vuelto inclusive (F-1092v) del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia).-8) Que en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, se realizó Audiencia Inicial, en relación al encausado Mario Roberto Zelaya Rojas, y a efecto de resolver la Excepción por Falta de Acción promovida por la Abogada Ritza Yolanda Antunes Reyes, en su condición de Apoderada Defensora del señor Samuel Benjamín Bogran, audiencia en la que se resolvió: “ (1) DECLARAR CON LUGAR la excepción de falta de acción, presentada por la Abogada RITZA ANTUNEZ en representación del señor SAMUEL BENJAMIN BOGRAN. (2) DECRETAR SOBRESEIMINETO DEFINITIVO a favor del señor SAMUEL BENJAMIN BOGRAN por un delito contra LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE PENSIONES en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO en relación al préstamo del régimen de IVM al régimen de Enfermedad y Maternidad aprobado en la Sesión Extraordinaria de Junta Directiva número 22-2011 de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil once. (3) DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO como autor por omisión contra MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS por un delito consumado de ABUSO DE AUTORIDAD contemplado en el articulo 349 nuemral 3 del Código Penal, en perjuicio de AL ADMINISTRACION PUBLICA por no haber tomado acción alguna para evitar la ejecución de la decisión de la Junta Directiva al haber aprobado la consolidación de la deuda del régimen de Enfermedad y Maternidad en la Sesion Ordinaria de Junta Directiva numero 12-2011 de fecha veintitrés de marzo del año dos mil once. (4)DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO como coautor contra MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS por un delito consumado contra LA ADMINISTRACION DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE PENSIONES contemplado en el artículo 394-P numeral 3 del Código Penal, en perjuicio del SISTEMA FINANCIERO por haberse materializado con su conocimiento y sin oposición de su parte, el préstamo del Régimen de Invalidez-Vejez y Muerte al Régimen de Enfermedad y Maternidad aprobado en la Sesión Extraordinaria de Junta Directiva número 22-2011 de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil once. (5) Se mantiene la prisión preventiva como medida cautelar impuesta al imputado MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, en virtud de no haber cambiado los presupuestos que las motivaron…” (Folios del un mil ciento veinte y nueve (F-1129) al un mil ciento treinta y siete, vuelto inclusive (F-1137v) del Tomo III de la pieza de antecedentes de primera instancia).-9) Que conociendo en apelación la resolución relacionada en el acápite que antecede, en fecha once de noviembre del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones Natural designada por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, resolvió: (sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado José Marcelino Vargas, a favor de su representado: el acusado Mario Roberto Zelaya Rojas. SEGUNDO: Reformar el Auto de Formal Procesamiento de fecha diecisiete (17) de Septiembre de dos mil catorce (2014), en el sentido de dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del Señor Mario Roberto Zelaya Rojas, como INDUCTOR responsable de un delito consumado de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública; Siendo el hecho reprochado haber inducido a la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la consolidación de Deudas del régimen de Enfermedad y Maternidad (EM), lo cual fue consumado en la Sesión Ordinaria número 12-2011 en fecha 23 de Marzo de 2011. TERCERO: Reformar el Auto de Formal Procesamiento de fecha diecisiete (17) de Septiembre de dos mil catorce (2014), en el sentido de dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del Señor Mario Roberto Zelaya Rojas, como INDUCTOR responsable de un delito consumado en contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y pensiones; Siendo el hecho reprochado haber inducido a la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la transferencia ilícita de fondos del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) al régimen de Enfermedad y Maternidad (EM), hecho realizado por decisión adoptada en la Sección Extraordinaria número 22-2011 de fecha 24 de Mayo 2011. CUARTO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República en contra del Sobreseimiento Definitivo de fecha diecisiete (17) de Septiembre de dos mil catorce (2014), dictado a favor del acusado Samuel Benjamín Bogran, por un delito consumado en contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones…”. (Folios del once (F-11) al diecisiete (F-17) de la pieza de antecedentes de alzada).-10) La recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve de marzo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, que se deja relacionada en el acápite que antecede, es violatoria del derecho al debido proceso, contenido en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República.-11) Que en fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, esta Sala de lo Constitucional tuvo por admitido en tiempo y forma el recurso de merito, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, por ser parte en el asunto sometido a estudio, conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad al artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del estudio de los autos, este Alto Tribunal observa que la recurrente muestra su disconformidad con la resolución de fecha once (11) de noviembre del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones Natural designada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que resuelve los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y por la defensa del encausado Mario Roberto Zelaya Rojas, contra la resolución dictada en Audiencia Inicial por el Juez Natural designado, en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil catorce (2014), en relación al proceso incoado en contra de los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por suponerlo responsable a título de autor de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y el delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES y contra el señor SAMUEL BENJAMIN BOGRAN, por suponerlo responsable de dos delitos en contra de LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES; resolución impugnada que reforma el auto de formal procesamiento dictado en contra del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS y confirma el sobreseimiento definitivo dictado a favor del señor SAMUEL BENJAMIN BOGRAN.-CONSIDERANDO (3): Que la recurrente en la exposición de la acción constitucional impetrada señala que se ha vulnerado el debido proceso, por la inobservancia del Tribunal de Alzada de la taxatividad de la norma contenida en los artículos 11, 17, 24 y 58 de la Ley del Seguro Social, valiéndose para ello de argumentaciones de forma, que contradicen la prueba de cargo que demuestra la participación de fondo que evidentemente tuvo uno de los imputados –Samuel Benjamín Bogran- en los hechos, propiciando con ello que la autoridad recurrida exima al imputado de su responsabilidad asumiendo al efecto posturas meramente formalistas que desconocen la aplicación taxativa del procedimiento de sesiones determinado por la Ley del Seguro Social, encubriéndose mediante su inobservancia estricta la actividad del imputado y por ende desconociendo que en la orquestación del delito existen suficientes elementos de fondo, mediante los cuales se puede acreditar su participación delictiva. Señala la recurrente preceptos específicos -1, 2, 8, 10, 11, 24 y 58- de la normativa de la Ley del Instituto de Seguridad Social, los que a su criterio debieron ser observados por los órganos jurisdiccionales de instancia.-CONSIDERANDO (4): Que en la argumentación de la exposición de la acción constitucional, la impetrante expone en relación a la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quienes la integran y como emiten las resoluciones; indica además los elementos de prueba que fueron aportados en la Audiencia Inicial y la participación del imputado en los hechos acusados, resaltando que los órganos jurisdiccionales en sus actos y resoluciones deben observar las formalidades derechos y garantías que la ley establece, entre ellas las reglas del derecho adjetivo, lo cual no ha sucedido a criterio de la recurrente. Aunado a ello aduce que la resolución impugnada asume posturas meramente formalistas que pretenden encubrir la representación del imputado, desconociendo que en la orquestación del delito existen suficientes elementos de fondo, mediante los cuales se puede acreditar la participación delictiva del acusado.- CONSIDERANDO (5): Que en relación a la participación del encausado Mario Roberto Zelaya Rojas la recurrente dice que la participación de éste, es de autor por omisión, al no haber impedido las resoluciones referidas emitidas por la Junta Directiva, cuando él como Director al ejercer la representación legal del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) estaba obligado a velar por el cumplimiento de la Ley del IHSS y sus reglamentos. No desprendiéndose de las pruebas practicadas en el proceso la manera que indujo a la Junta Directiva para que aprobara las transferencias del Régimen de Invalidez-Vejez y Muerte (IVM) al Régimen de Enfermedad y Maternidad (EM), por lo cual la tesis del ente fiscal es que la participación del encausado Mario Roberto Zelaya Rojas, es a título de autor directo de acuerdo a la literalidad del artículo 32 del Código Penal.-CONSIDERANDO (6): Que la impetrante concluye diciendo que el Ministerio Público considera que la resolución de sobreseimiento definitivo dictado a favor de Samuel Benjamín Bogran vulnera la garantía del debido proceso señalada en el artículo 90 constitucional, por no haberse dictado conforme a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, al haberse interpretado erróneamente las disposiciones contenidas en los artículos 11 y 17 de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, conllevando a la inobservancia del articulo 394-P del Código Penal, en relación al artículo 297 del Código Procesal Penal, ya que la prueba aportada en el proceso, conduce indefectiblemente a dictarse un Auto de Formal Procesamiento por reunirse los requisitos legales para ello, lo cual no fue valorado por el Juzgado ni por la Corte de Apelaciones vulnerándose con ello además lo preceptuado en el artículo 202 del Código Procesal Penal. Concluye también la recurrente afirmando la vulneración al debido proceso por inobservancia del artículo 32 del Código Penal, pues fue probado en el proceso que la participación del encausado Mario Roberto Zelaya Rojas, en los hechos es a título de autor directo y no como inductor como erróneamente lo estableció la Corte de Apelaciones en la resolución que se impugna.- CONSIDERANDO (7): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.-CONSIDERANDO (8): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (9): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (10): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de vital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones Natural designada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado Samuel Benjamin Bogran, cumple con esa exigencia.-CONSIDERANDO (11): Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el Auto de Formal Procesamiento solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice.-CONSIDERANDO (12): Que el artículo 296 del Código Procesal Penal establece en numerus clausus los supuestos en los cuales se podrá dictar un sobreseimiento definitivo.-CONSIDERANDO (13): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la sentencia impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem concluye que existe suficiente actividad probatoria para determinar que el acusado Samuel Benjamín Bogran, no ha tenido ninguna participación en el delito contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Pensiones. Argumentando asimismo la Alzada que en fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, resolvió Con Lugar la excepción por falta de acción presentada por la defensa del encausado –Samuel Benjamín Bogran-, olvidando tanto el A-quo como la Alzada lo preceptuado en el artículo 296 del Código Procesal Penal, entendiendo este Alto Tribunal que al tenor del supra indicado artículo 296, la referida Corte devenía obligada en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaban a confirmar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado Samuel Benjamín Bogran.-CONSIDERANDO (14): Que las causas que delimitan el ámbito aplicativo del sobreseimiento definitivo, son hipótesis de radical y definitiva exclusión de la responsabilidad penal que hacen de las resoluciones que lo adoptan una suerte de sentencias de fondo absolutorias, con la única salvedad de que se dictan por los órganos judiciales anticipadamente al momento procesal en que suelen producirse aquellas. Es por ello, que los autos de sobreseimiento definitivo, una vez alcanzada su firmeza, son resoluciones que producen la totalidad de los efectos de la cosa juzgada material, y en particular el efecto negativo y excluyente resumido en la máxima latina “non bis in ídem”.-CONSIDERANDO (15): Que podemos afirmar, que la resolución impugnada en amparo, dictada por la Corte de Apelaciones Natural designada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al confirmar de manera anticipada y por la vía del sobreseimiento definitivo, que se dé por concluido con efectos de cosa juzgada el proceso penal incoado contra del encausado SAMUEL BENJAMIN BOGRAN, sin la motivación suficiente y coherente en relación a la norma procesal penal aplicable, ha vulnerado la garantía genérica del debido proceso, en perjuicio del Ministerio Público, como ente acusador representante de los intereses de la sociedad, en el ejercicio de la acción penal pública, sin perjuicio de señalar que en esta etapa del proceso, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador, consecuentemente debemos hacer hincapié en que los encartados tienen el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e interponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden a mantener la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República consagra en su favor.-CONSIDERANDO (16): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido.-CONSIDERANDO (17): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al confirmar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado –Samuel Benjamín Bogran-, se ha vulnerado en perjuicio de los intereses generales de la sociedad del Estado de Honduras, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (18): Que continuando con el estudio de la acción constitucional impetrada y como corolario de lo expuesto en acápites anteriores, en relación al derecho al debido proceso, el Auto de Formal Procesamiento no causa estado, es una condición jurídica de carácter provisional, el que puede cambiar a lo largo de la tramitación o desarrollo del proceso, por ello es criterio de la Sala de lo Constitucional que por si, el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo y confirmado por el Ad-quem no es indicativo de vulneración al debido proceso, toda vez que existe un requerimiento fiscal presentado, una audiencia inicial celebrada y pruebas allegadas a la misma y conforme a la valoración de dicha prueba, el órgano jurisdiccional de instancia a procedido a dictar un auto de formal procesamiento. Siendo así, el Auto de Formal Procesamiento no tiene consecuencias negativas en cuanto a la vulneración del debido proceso, es pues un requisito para dar continuación al proceso penal incoado, mediante el dictado del correspondiente Auto de apertura a juicio, garantizando en consecuencia el derecho a la presunción de inocencia y el principio del ne bis in idem[1] pues las partes pueden inclusive, en las conclusiones finales del debate, exponer sus argumentos en cuanto a los hechos vinculantes[2], su grado de desarrollo, la concreta intervención del acusado y las circunstancias agravantes y atenuantes, en consecuencia la calificación jurídica[3] a la que habrá de estarse en la sentencia comprende no sólo la tipología del delito, sino también el grado de consumación, el nivel de participación del acusado y las circunstancias agravantes esgrimidas por la acusación.-CONSIDERANDO (19): Que por todas las razones de hecho y derecho desplegadas en el libelo de este fallo, procede declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la acción constitucional invocada por la recurrente, al advertir esta Sala de lo Constitucional, que el dictado del auto de fecha once (11) de noviembre del año dos mil catorce (2014) por el Tribunal de Alzada, vulnera la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; quebrantando la resolución impugnada lo dispuesto en el artículo 296 del Código Procesal Penal, precepto procesal penal que establece en numerus clausus los supuestos en los cuales se podrá dictar un sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO (20): Que el otorgamiento en forma parcial del amparo, en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, en relación a la confirmación del Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del encausado Samuel Benjamín Bogran, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos plasmados en el presente fallo constitucional, sea congruente con el derecho al debido proceso que ha sido vulnerado con la decisión adoptada.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 82, 89, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 32 del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 292, 294, 296, 297, 337, 342, 347, 350, 354, 356 y 358 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) OTORGANDO EN FORMA PARCIAL la Acción constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada Yulibeth Garay Hernández a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto proferido en fecha once (11) de noviembre del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones Natural designada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución con observancia de lo plasmado en los acápites correspondientes en relación a la confirmación del Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del encausado Samuel Benjamín Bogran. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÌQUESE. Firmas y Sello. Abogada REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- RINA AUXILIADORA ALVARADO ROMERO.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0232-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Este principio establece que el Estado no puede someter al imputado a proceso dos veces por el mismo hecho.

[2] Entendiéndose el conjunto de elementos fácticos que permiten afirmar la comisión de un delito.

[3] En todo caso la calificación vinculante será la formulada en conclusiones definitivas del juicio, atendiendo que es permitida su modificación respecto de las formuladas provisionalmente a resultas de las pruebas desplegadas en el juicio, siempre que ello no suponga modificación de los hechos y se posibilite una argumentación defensiva respecto de la nueva calificación del juicio si fuese mas gravosa para el acusado.