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Sentencia AP-227-15 — Registro 6306

Resumen

Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia que inadmitió la protección solicitada para la declaración en juicio oral y público de Testigos Protegidos X1 y X2 al momento de rendir su testimonio en juicio contra imputado a quien se le supone responsable del delito de Fabricación y Tráfico de Material de Guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida ordenó el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados por la inadmisión ya referida debiendo ajustarse a las formalidades del artículo 237.1.2.3 del Código Procesal Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"se observa que la Alzada en mención, ha advertido violaciones constitucionales como resultado de la decisión del Tribunal de Sentencia de no conceder protección visual y de identidad a los testigos propuestos por el Ministerio Público, estableciendo inter alia, en su fallo, que se considera que han sido lesionadas las garantías invocadas por el recurrente, pues de las mismas actuaciones se aprecia que el Tribunal de Sentencia admitió la declaración de los testigos protegidos pero sin la protección que venían gozando, indicando que tal protección es lícita porque está permitida en la ley, en aras de tutelar la seguridad personal de los intervinientes en el proceso, ya sea en condición de víctima, testigo o perito..."..."esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan; de tal manera que la infracción a una de las formalidades esenciales, instituidas para garantizar la seguridad de quienes se ven sometidos o sean llamados a formar parte de un proceso penal, implicará la vulneración de la garantía genérica del debido proceso; que acontece en el asunto sometido a examen, cuando el Tribunal de Sentencia señalado resolvió dejar sin la protección que establece el Artículo 237 del Código Procesal Penal, a los denominados TESTIGOS PROTEGIDOS X1 Y X2; protección que había sido dispuesta ya en una etapa anterior del proceso por autoridad judicial competente, y como tal, los presupuestos para el otorgamiento de la misma, ya habían sido considerados por ésta, limitando su aplicación a la protección visual y de identidad de los referidos testigos..."..."no se aprecia por parte de esta Sala que las estipulaciones del Artículo 237 del Código Procesal Penal contravengan en forma alguna la legislación referente a la protección de testigos, en específico la Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal, como lo sostuvo en su momento la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, siendo además que ninguna disposición constitucional, como el derecho a la defensa del imputado podría ser entendida como negación de otros derechos, como el derecho a la vida o a la seguridad individual de las personas, menos aún si existe o puede preverse un riesgo razonable que estos derechos podrían verse afectados de cualquier manera, atendiendo hechos o circunstancias específicas, que deben ser objeto de examen por parte de las autoridades jurisdiccionales que son llamadas a respetarlos y hacerlos efectivos, más allá de una mera declaración formal..."..."esta Sala ha dejado establecido además, que vedar por parte de los impartidores de justicia la protección a testigos que han venido gozando de la misma en etapas anteriores del Proceso Penal, resultaría atentatorio contra su vida y la de sus familiares. La Sala ha advertido en estos casos, la violación al Derecho de Defensa, al Debido Proceso y la Protección a la Vida..."..."vista para estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso en su manifestación primaria, como lo constituye el derecho de acción y consecuentemente, el derecho de defensa. Al respecto, cabe observar que una omisión o en su caso una tergiversación, en el deber de asegurar éstos derechos fundamentales, constituye una vulneración a los mismos por parte de los órganos jurisdiccionales competentes, en el caso de autos, esta Sala coincide con lo decidido por el Tribunal de Alzada, en cuanto se debe mantener la protección visual y de identidad a los denominados TESTIGOS PROTEGIDOS X1 Y X2, peticionada en forma debida por el Ministerio Público y que fuera acordada por la autoridad judicial en su momento al inicio del proceso..."..."este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de marzo de dos mil dieciséis. -VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, que otorga el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTÍNEZ ROMERO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, llevadas a cabo en veintiocho de noviembre de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el señor VICTOR OCTAVIO AMAYA CORDOVA por suponerlo responsable del delito de FABRICACIÓN Y TRÁFICO DE MATERIAL DE GUERRA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con la resolución reclamada se han violentado en perjuicio de su representado los derechos consignados en los artículos 65, 80, 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, celebró audiencia de proposición de medios de prueba en la causa instruida contra VICTOR OCTAVIO AMAYA CORDOVA por suponerlo responsable del delito de FABRICACION Y TRAFICO DE MATERIAL DE GUERRA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en la que las partes propusieron sus respectivos medios de prueba. Referente a la prueba propuesta por el Ministerio Público, se solicitó al Tribunal la protección visual y de identidad de dos testigos, que fueron identificados como X1 Y X2; el Ministerio Público fue consultado en audiencia la razón por la que solicitaba la protección de los mismos al Tribunal, señalando el Presidente del Tribunal, según acta, que se estableciera el tipo de protección que se solicitaba. Al respecto, el representante del Ministerio Público manifestó que ambos testigos solicitaban protección visual y de identidad, en virtud que el imputado es conocido como una persona que participa en hechos delictivos y se conocen, sabe donde vive y conoce el lugar de trabajo. La Fiscalía sostuvo desconocer el porqué no se había realizado el trámite de protección desde el inicio del proceso. El Tribunal, al emitir su resolución dispuso admitir los testimonios, más no aceptar ni otorgar la protección para que a los mismos se les tuviera como testigos anónimos, por considerarse que con ello se vulnerarían derechos fundamentales, como el derecho de defensa al procesado, estimando que se estaba solicitando la protección sin haber cumplido con las exigencias de la Ley Especial de Protección a Testigos, siendo el Tribunal del parecer que el Artículo 237 del Código Procesal Penal, había sido derogado por la ley especial, además que no se había acreditado por ningún medio el riesgo que corren los testigos. (Folios 12 al 14 de los antecedentes).-2) Que la Abogada ADRIANA AMALIA MARTÍNEZ ROMERO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció en fecha ocho de enero de dos mil quince, ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución proferida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de de La Ceiba, Atlántida, de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil catorce, relacionada en el numeral anterior. Manifestando la recurrente, que dicha resolución quebranta el Derecho de Defensa y el Debido proceso consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 01 de los antecedentes). -4) Que en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones referida, dictó sentencia mediante la cual (Sic) “FALLA: PRIMERO: OTORGAR la Acción Constitucional de amparo promovida por el Ministerio Público en contra de la Resolución dictada en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil catorce, por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de esta Ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual inadmitió la protección solicitada para la declaración en juicio oral y público del TESTIGO PROTEGIDO X1 y TESTIGO PROTEGIDO X2.- SEGUNDO: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de ésta ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia del debido proceso, derecho de defensa y derecho a la seguridad personal de un testigo, en lo que corresponde específicamente a la inadmisión de la solicitud de protección del TESTIGO PROTEGIDO X1 y TESTIGO PROTEGIDO X2, con las formalidades establecidas en el artículo 237 numerales 1, 2, 3 del Código Procesal Penal, debiéndose adoptar por dicha Sala una resolución ajustada a justicia y derecho. TERCERO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA, para y ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente Sentencia. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se de cumplimiento al numeral tercero de ésta sentencia.- NOTIFIQUESE.”. (Folios 27 al 30 de los antecedentes). -5) Que en fecha cinco de marzo de dos mil quince, esta Sala, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito relacionado en el numeral que precede, en estricto cumplimiento al artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. -CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es, como ya queda dicho, la de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, que otorgó un recurso de Amparo interpuesto por el Ministerio Público, contra actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, llevadas a cabo en audiencia de proposición de medios probatorios, celebrada en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, en el proceso referente a la causa instruida contra el señor VÍCTOR OCTAVIO AMAYA CORDOVA por suponerlo responsable del delito de FABRICACIÓN Y TRÁFICO DE MATERIAL DE GUERRA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. El recurso de amparo de mérito se interpuso en contra de la determinación del Tribunal de Sentencia de denegar la solicitud del Ministerio Público de permitir que se tuviera a dos testigos como testigos anónimos, concediéndoles protección visual y de identidad al momento de rendir su testimonio en el juicio. - CONSIDERANDO (3): Que del examen de las actuaciones se observa que la Alzada en mención, ha advertido violaciones constitucionales como resultado de la decisión del Tribunal de Sentencia de no conceder protección visual y de identidad a los testigos propuestos por el Ministerio Público, estableciendo inter alia, en su fallo, que se considera que han sido lesionadas las garantías invocadas por el recurrente, pues de las mismas actuaciones se aprecia que el Tribunal de Sentencia admitió la declaración de los testigos protegidos pero sin la protección que venían gozando, indicando que tal protección es lícita porque está permitida en la ley, en aras de tutelar la seguridad personal de los intervinientes en el proceso, ya sea en condición de víctima, testigo o perito.- CONSIDERANDO (4): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan; de tal manera que la infracción a una de las formalidades esenciales, instituidas para garantizar la seguridad de quienes se ven sometidos o sean llamados a formar parte de un proceso penal, implicará la vulneración de la garantía genérica del debido proceso; que acontece en el asunto sometido a examen, cuando el Tribunal de Sentencia señalado resolvió dejar sin la protección que establece el Artículo 237 del código Procesal penal, a los denominados TESTIGOS PROTEGIDOS X1 Y X2; protección que había sido dispuesta ya en una etapa anterior del proceso por autoridad judicial competente, y como tal, los presupuestos para el otorgamiento de la misma, ya habían sido considerados por ésta, limitando su aplicación a la protección visual y de identidad de los referidos testigos.-CONSIDERANDO (5): Que por otra parte, no se aprecia por parte de esta Sala que las estipulaciones del Artículo 237 del Código Procesal Penal contravengan en forma alguna la legislación referente a la protección de testigos, en específico la Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal, como lo sostuvo en su momento la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, siendo además que ninguna disposición constitucional, como el derecho a la defensa del imputado podría ser entendida como negación de otros derechos, como el derecho a la vida o a la seguridad individual de las personas, menos aún si existe o puede preverse un riesgo razonable que estos derechos podrían verse afectados de cualquier manera, atendiendo hechos o circunstancias específicas, que deben ser objeto de examen por parte de las autoridades jurisdiccionales que son llamadas a respetarlos y hacerlos efectivos, más allá de una mera declaración formal.-CONSIDERANDO (6): Que en casos como el que se conoce[1], esta Sala ha dejado establecido además, que vedar por parte de los impartidores de justicia la protección a testigos que han venido gozando de la misma en etapas anteriores del Proceso Penal, resultaría atentatorio contra su vida y la de sus familiares. La Sala ha advertido en estos casos, la violación al Derecho de Defensa, al Debido Proceso y la Protección a la Vida. -CONSIDERANDO (7): Que vista para estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso en su manifestación primaria, como lo constituye el derecho de acción y consecuentemente, el derecho de defensa. Al respecto, cabe observar que una omisión o en su caso una tergiversación, en el deber de asegurar éstos derechos fundamentales, constituye una vulneración a los mismos por parte de los órganos jurisdiccionales competentes, en el caso de autos, esta Sala coincide con lo decidido por el Tribunal de Alzada, en cuanto se debe mantener la protección visual y de identidad a los denominados TESTIGOS PROTEGIDOS X1 Y X2, peticionada en forma debida por el Ministerio Público y que fuera acordada por la autoridad judicial en su momento al inicio del proceso.-CONSIDERANDO (8): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8, 303, 305, 308, 310, 316, 237 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, que otorga el recurso de amparo interpuesto por la representante del Ministerio Público, Abogada ADRIANA AMALIA MARTÍNEZ ROMERO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recursos de Amparo Penal Venido en Consulta, registrados en este Tribunal bajo los número 0227-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de marzo de dos mil dieciséis. -VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, que otorga el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTÍNEZ ROMERO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, llevadas a cabo en veintiocho de noviembre de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el señor VICTOR OCTAVIO AMAYA CORDOVA por suponerlo responsable del delito de FABRICACIÓN Y TRÁFICO DE MATERIAL DE GUERRA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con la resolución reclamada se han violentado en perjuicio de su representado los derechos consignados en los artículos 65, 80, 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, celebró audiencia de proposición de medios de prueba en la causa instruida contra VICTOR OCTAVIO AMAYA CORDOVA por suponerlo responsable del delito de FABRICACION Y TRAFICO DE MATERIAL DE GUERRA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en la que las partes propusieron sus respectivos medios de prueba. Referente a la prueba propuesta por el Ministerio Público, se solicitó al Tribunal la protección visual y de identidad de dos testigos, que fueron identificados como X1 Y X2; el Ministerio Público fue consultado en audiencia la razón por la que solicitaba la protección de los mismos al Tribunal, señalando el Presidente del Tribunal, según acta, que se estableciera el tipo de protección que se solicitaba. Al respecto, el representante del Ministerio Público manifestó que ambos testigos solicitaban protección visual y de identidad, en virtud que el imputado es conocido como una persona que participa en hechos delictivos y se conocen, sabe donde vive y conoce el lugar de trabajo. La Fiscalía sostuvo desconocer el porqué no se había realizado el trámite de protección desde el inicio del proceso. El Tribunal, al emitir su resolución dispuso admitir los testimonios, más no aceptar ni otorgar la protección para que a los mismos se les tuviera como testigos anónimos, por considerarse que con ello se vulnerarían derechos fundamentales, como el derecho de defensa al procesado, estimando que se estaba solicitando la protección sin haber cumplido con las exigencias de la Ley Especial de Protección a Testigos, siendo el Tribunal del parecer que el Artículo 237 del Código Procesal Penal, había sido derogado por la ley especial, además que no se había acreditado por ningún medio el riesgo que corren los testigos. (Folios 12 al 14 de los antecedentes).-2) Que la Abogada ADRIANA AMALIA MARTÍNEZ ROMERO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció en fecha ocho de enero de dos mil quince, ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución proferida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de de La Ceiba, Atlántida, de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil catorce, relacionada en el numeral anterior. Manifestando la recurrente, que dicha resolución quebranta el Derecho de Defensa y el Debido proceso consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 01 de los antecedentes). -4) Que en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones referida, dictó sentencia mediante la cual (Sic) “FALLA: PRIMERO: OTORGAR la Acción Constitucional de amparo promovida por el Ministerio Público en contra de la Resolución dictada en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil catorce, por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de esta Ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual inadmitió la protección solicitada para la declaración en juicio oral y público del TESTIGO PROTEGIDO X1 y TESTIGO PROTEGIDO X2.- SEGUNDO: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de ésta ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia del debido proceso, derecho de defensa y derecho a la seguridad personal de un testigo, en lo que corresponde específicamente a la inadmisión de la solicitud de protección del TESTIGO PROTEGIDO X1 y TESTIGO PROTEGIDO X2, con las formalidades establecidas en el artículo 237 numerales 1, 2, 3 del Código Procesal Penal, debiéndose adoptar por dicha Sala una resolución ajustada a justicia y derecho. TERCERO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA, para y ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente Sentencia. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se de cumplimiento al numeral tercero de ésta sentencia.- NOTIFIQUESE.”. (Folios 27 al 30 de los antecedentes). -5) Que en fecha cinco de marzo de dos mil quince, esta Sala, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito relacionado en el numeral que precede, en estricto cumplimiento al artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. -CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es, como ya queda dicho, la de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, que otorgó un recurso de Amparo interpuesto por el Ministerio Público, contra actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, llevadas a cabo en audiencia de proposición de medios probatorios, celebrada en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, en el proceso referente a la causa instruida contra el señor VÍCTOR OCTAVIO AMAYA CORDOVA por suponerlo responsable del delito de FABRICACIÓN Y TRÁFICO DE MATERIAL DE GUERRA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. El recurso de amparo de mérito se interpuso en contra de la determinación del Tribunal de Sentencia de denegar la solicitud del Ministerio Público de permitir que se tuviera a dos testigos como testigos anónimos, concediéndoles protección visual y de identidad al momento de rendir su testimonio en el juicio. - CONSIDERANDO (3): Que del examen de las actuaciones se observa que la Alzada en mención, ha advertido violaciones constitucionales como resultado de la decisión del Tribunal de Sentencia de no conceder protección visual y de identidad a los testigos propuestos por el Ministerio Público, estableciendo inter alia, en su fallo, que se considera que han sido lesionadas las garantías invocadas por el recurrente, pues de las mismas actuaciones se aprecia que el Tribunal de Sentencia admitió la declaración de los testigos protegidos pero sin la protección que venían gozando, indicando que tal protección es lícita porque está permitida en la ley, en aras de tutelar la seguridad personal de los intervinientes en el proceso, ya sea en condición de víctima, testigo o perito.- CONSIDERANDO (4): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan; de tal manera que la infracción a una de las formalidades esenciales, instituidas para garantizar la seguridad de quienes se ven sometidos o sean llamados a formar parte de un proceso penal, implicará la vulneración de la garantía genérica del debido proceso; que acontece en el asunto sometido a examen, cuando el Tribunal de Sentencia señalado resolvió dejar sin la protección que establece el Artículo 237 del código Procesal penal, a los denominados TESTIGOS PROTEGIDOS X1 Y X2; protección que había sido dispuesta ya en una etapa anterior del proceso por autoridad judicial competente, y como tal, los presupuestos para el otorgamiento de la misma, ya habían sido considerados por ésta, limitando su aplicación a la protección visual y de identidad de los referidos testigos.-CONSIDERANDO (5): Que por otra parte, no se aprecia por parte de esta Sala que las estipulaciones del Artículo 237 del Código Procesal Penal contravengan en forma alguna la legislación referente a la protección de testigos, en específico la Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal, como lo sostuvo en su momento la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, siendo además que ninguna disposición constitucional, como el derecho a la defensa del imputado podría ser entendida como negación de otros derechos, como el derecho a la vida o a la seguridad individual de las personas, menos aún si existe o puede preverse un riesgo razonable que estos derechos podrían verse afectados de cualquier manera, atendiendo hechos o circunstancias específicas, que deben ser objeto de examen por parte de las autoridades jurisdiccionales que son llamadas a respetarlos y hacerlos efectivos, más allá de una mera declaración formal.-CONSIDERANDO (6): Que en casos como el que se conoce[2], esta Sala ha dejado establecido además, que vedar por parte de los impartidores de justicia la protección a testigos que han venido gozando de la misma en etapas anteriores del Proceso Penal, resultaría atentatorio contra su vida y la de sus familiares. La Sala ha advertido en estos casos, la violación al Derecho de Defensa, al Debido Proceso y la Protección a la Vida. -CONSIDERANDO (7): Que vista para estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso en su manifestación primaria, como lo constituye el derecho de acción y consecuentemente, el derecho de defensa. Al respecto, cabe observar que una omisión o en su caso una tergiversación, en el deber de asegurar éstos derechos fundamentales, constituye una vulneración a los mismos por parte de los órganos jurisdiccionales competentes, en el caso de autos, esta Sala coincide con lo decidido por el Tribunal de Alzada, en cuanto se debe mantener la protección visual y de identidad a los denominados TESTIGOS PROTEGIDOS X1 Y X2, peticionada en forma debida por el Ministerio Público y que fuera acordada por la autoridad judicial en su momento al inicio del proceso.-CONSIDERANDO (8): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8, 303, 305, 308, 310, 316, 237 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, que otorga el recurso de amparo interpuesto por la representante del Ministerio Público, Abogada ADRIANA AMALIA MARTÍNEZ ROMERO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recursos de Amparo Penal Venido en Consulta, registrados en este Tribunal bajo los número 0227-2015.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Amparo Penal venido en Consulta No. 0051=15, de fecha 10 de marzo de 2015

[2] Amparo Penal venido en Consulta No. 0051=15, de fecha 10 de marzo de 2015