Sentencia AP-225-14 — Registro 10357
Resumen
Resolución impugnada que declaró Ha Lugar recurso de apelación y revocó la nulidad otorgada en relación a inspección realizada como prueba anticipada, por parte de Ministerio público y desestimación de incidente de excepción de falta de acción, según impetrante, del Ministerio Público, para intervenir en delitos forestales y ambientales, con relación a la causa instruida contra impetrante por suponerla responsable de los delitos de Descombro, Roturación en su modalidad agravada, en Perjuicio de El Estado de Honduras en su Recurso Forestal y Medio Ambiente en General
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."6): Que de acuerdo al estudio de los antecedentes esta Sala encuentra que efectivamente el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal por el delito de Tala, Descombro, Roturación, en su modalidad de agravado en perjuicio del Estado de Honduras, su Recurso Forestal, el Medio ambiente en General, hasta ese momento contra personas desconocidas, solicitando la práctica de una inspección al lugar de los hechos, como prueba anticipada, de acuerdo a lo que dispone el párrafo segundo del artículo 106 de la Ley Forestal vigente que dispone:“el Ministerio Público deberá de inmediato preparar la prueba anticipada para evitarla pérdida, inutilización o deterioro de los productos o sub productos forestales decomisados, emitiendo el correspondiente dictamen pericial sobre el valor comercial, características, lugar de origen si se conociere, calidad o estado del mismo entre otros”, señalando que de acuerdo a la investigación realizada hasta aquel momento, se determinó que desde el año 2012 se ha realizado descombro en dicha zona que es considerada zona protegida, haciendo uso distinto del suelo a lo ya establecido, ya que se trata de una zona boscosa con bosque latifoliado, apta para la producción de agua para el consumo humano y no para la actividad agrícola (siembra de café, plátano) (F. 4 primera pieza). Siguiendo el procedimiento ordenado por la ley se nombró peritos a los señores: 1.- FAUSTO FRANCISCO RAMIREZ MORENO como perito técnico de la fiscalía del Medio ambiente; 2.- ELMER LEONEL LOZANO MATA como Perito Ingeniero Forestal del Instituto de conservación Forestal (ICF) y; 3.-AURA LELL PAOLA MENDOZA LOPEZ, perito, Licenciada en Biología, Bióloga de las Cuencas Hidrográficas del SANAA. Consta en el acta de Inspección que corre a folio ocho (8) de la primera pieza que la inspección se realizó con la presencia de la autoridad jurisdiccional, representante del Ministerio Público, abogado defensor con el fin de dar legalidad a la diligencia. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente señala entre los motivos que provocan la acción de amparo, la Inspección ocular referida en el considerando que antecede, manifestando que el Ministerio Público había sorprendido al A-Quo a quien le manifestó que no sabía de quien era el inmueble donde se había cometido el delito; pero si tenía conocimiento por otro caso en que fueron detenidos SANTOS JOSE GARCIA, JOSE SONY BENAVIDEZ PAZ Y SANTOS ISAAC GONZALEZ por el delito de aprovechamiento ilegal de productos forestales en perjuicio del medio ambiente; señala que en este caso la ahora imputada se presentó como FIADORA de los acusados por ser sus empleados; cuestionando además el nombramiento de Defensor Público para control de la legalidad de la actuación. El alegato del recurrente no es de recibo, considerando que se trata de hechos y situaciones diferentes, el Ministerio Público encargado de la investigación de hechos delictivos, debe realizar cuantas diligencias sean necesarias para corroborar la existencia o no de un delito, en ese sentido, el ente Acusador debe actuar en cada caso concreto de acuerdo al cuadro fáctico que se le presenta, por lo que si anteriormente ya existía otro caso relacionado con una persona que es la representada del recurrente, en el momento que se presentó el Requerimiento Fiscal fue contra PERSONAS DESCONOCIDAS, por lo que no aparece el nombre de la señora ROSA ESTHER DIAZ MACIAS; por otra parte aún cuando el requerimiento se hubiese presentado contra la referida señora DIAZ MACIAS, esto no obsta para que el Ministerio Público deje de realizar la investigación en el caso concreto, independientemente de si, en el caso en que la señora MACIAS sirvió de FIADORA a sus trabajadores se realizó o no una inspección ocular. Puesto que la diligencia se realiza para establecer el estado actual de las cosas, los vestigios que hubiere en el lugar de los hechos, situaciones que son cambiantes de momento a momento, por lo que resulta improcedente pretender hacer valer una inspección anterior y por un hecho distinto al que se requiere su juzgamiento. En cuanto al nombramiento de defensor Público el órgano jurisdiccional solamente extiende el Derecho de Defensa aún a una persona desconocida, recordando que el requerimiento no se identifica hasta ese momento persona alguna, sin embargo se busca que un Defensor Público este presente en las actuaciones para que aún en ausencia del desconocido no se vulneren sus derechos, tal como acontece en el caso de autos de acuerdo al contenido del Acta de inspección ocular que se enmarca en lo prescrito en la ley.CONSIDERANDO (8): Que el recurrente manifiesta que el Ministerio Público no pueden ejercitar la acción penal por este tipo de delitos, por tratarse de un delito contra el Estado por lo que una cosa es el Estado y otra la sociedad; y siendo un delito ambiental le corresponde a la Procuraduría General del Ambiente y no al Ministerio Público. Al respecto esta Sala encuentra que dado el orden público de las conductas tipificadas como delito en la Ley Forestal el Ministerio Público está facultado para intervenir tanto en las investigaciones como en el proceso que se instruye por este tipo de delitos, sin perjuicio del reconocimiento a la Procuraduría General de la República como representante de los intereses del Estado.CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial . Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona . Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. En ese orden de ideas la resolución de la Corte de Apelaciones impugnada ha respetado los requisitos, exigencias y solemnidades prescrita en la ley, por lo que no se aprecia vulneración del Debido Proceso.CONSIDERANDO (10): Que el impetrante dice que la resolución impugnada es violatoria de la disposición constitucional contenida en el Artículo 89 que establece: “Toda persona es inocente, mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Del estudio de los antecedentes esta Sala encuentra que se desarrolla un proceso penal dentro de las formalidades, exigencias y requisitos del debido proceso, hasta el momento en ninguna de las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional se ha pronunciado a priori declarando la culpabilidad de la representada del recurrente, por lo que el alegato invocado no es de recibo, en consecuencia procede su desestimación.CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo. Analizada la sentencia dictada por el Ad-Quem se aprecia los fundamentos y razonamientos expuestos, siendo evidente que la resolución del A-Quo es errada, contra derecho, lo que el Ad-Quem en cumplimiento a su función correctora ha enmendado. Esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Jerarquía: Reiterativa
..."6): Que de acuerdo al estudio de los antecedentes esta Sala encuentra que efectivamente el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal por el delito de Tala, Descombro, Roturación, en su modalidad de agravado en perjuicio del Estado de Honduras, su Recurso Forestal, el Medio ambiente en General, hasta ese momento contra personas desconocidas, solicitando la práctica de una inspección al lugar de los hechos, como prueba anticipada, de acuerdo a lo que dispone el párrafo segundo del artículo 106 de la Ley Forestal vigente que dispone:“el Ministerio Público deberá de inmediato preparar la prueba anticipada para evitarla pérdida, inutilización o deterioro de los productos o sub productos forestales decomisados, emitiendo el correspondiente dictamen pericial sobre el valor comercial, características, lugar de origen si se conociere, calidad o estado del mismo entre otros”, señalando que de acuerdo a la investigación realizada hasta aquel momento, se determinó que desde el año 2012 se ha realizado descombro en dicha zona que es considerada zona protegida, haciendo uso distinto del suelo a lo ya establecido, ya que se trata de una zona boscosa con bosque latifoliado, apta para la producción de agua para el consumo humano y no para la actividad agrícola (siembra de café, plátano) (F. 4 primera pieza). Siguiendo el procedimiento ordenado por la ley se nombró peritos a los señores: 1.- FAUSTO FRANCISCO RAMIREZ MORENO como perito técnico de la fiscalía del Medio ambiente; 2.- ELMER LEONEL LOZANO MATA como Perito Ingeniero Forestal del Instituto de conservación Forestal (ICF) y; 3.-AURA LELL PAOLA MENDOZA LOPEZ, perito, Licenciada en Biología, Bióloga de las Cuencas Hidrográficas del SANAA. Consta en el acta de Inspección que corre a folio ocho (8) de la primera pieza que la inspección se realizó con la presencia de la autoridad jurisdiccional, representante del Ministerio Público, abogado defensor con el fin de dar legalidad a la diligencia. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente señala entre los motivos que provocan la acción de amparo, la Inspección ocular referida en el considerando que antecede, manifestando que el Ministerio Público había sorprendido al A-Quo a quien le manifestó que no sabía de quien era el inmueble donde se había cometido el delito; pero si tenía conocimiento por otro caso en que fueron detenidos SANTOS JOSE GARCIA, JOSE SONY BENAVIDEZ PAZ Y SANTOS ISAAC GONZALEZ por el delito de aprovechamiento ilegal de productos forestales en perjuicio del medio ambiente; señala que en este caso la ahora imputada se presentó como FIADORA de los acusados por ser sus empleados; cuestionando además el nombramiento de Defensor Público para control de la legalidad de la actuación. El alegato del recurrente no es de recibo, considerando que se trata de hechos y situaciones diferentes, el Ministerio Público encargado de la investigación de hechos delictivos, debe realizar cuantas diligencias sean necesarias para corroborar la existencia o no de un delito, en ese sentido, el ente Acusador debe actuar en cada caso concreto de acuerdo al cuadro fáctico que se le presenta, por lo que si anteriormente ya existía otro caso relacionado con una persona que es la representada del recurrente, en el momento que se presentó el Requerimiento Fiscal fue contra PERSONAS DESCONOCIDAS, por lo que no aparece el nombre de la señora ROSA ESTHER DIAZ MACIAS; por otra parte aún cuando el requerimiento se hubiese presentado contra la referida señora DIAZ MACIAS, esto no obsta para que el Ministerio Público deje de realizar la investigación en el caso concreto, independientemente de si, en el caso en que la señora MACIAS sirvió de FIADORA a sus trabajadores se realizó o no una inspección ocular. Puesto que la diligencia se realiza para establecer el estado actual de las cosas, los vestigios que hubiere en el lugar de los hechos, situaciones que son cambiantes de momento a momento, por lo que resulta improcedente pretender hacer valer una inspección anterior y por un hecho distinto al que se requiere su juzgamiento. En cuanto al nombramiento de defensor Público el órgano jurisdiccional solamente extiende el Derecho de Defensa aún a una persona desconocida, recordando que el requerimiento no se identifica hasta ese momento persona alguna, sin embargo se busca que un Defensor Público este presente en las actuaciones para que aún en ausencia del desconocido no se vulneren sus derechos, tal como acontece en el caso de autos de acuerdo al contenido del Acta de inspección ocular que se enmarca en lo prescrito en la ley.CONSIDERANDO (8): Que el recurrente manifiesta que el Ministerio Público no pueden ejercitar la acción penal por este tipo de delitos, por tratarse de un delito contra el Estado por lo que una cosa es el Estado y otra la sociedad; y siendo un delito ambiental le corresponde a la Procuraduría General del Ambiente y no al Ministerio Público. Al respecto esta Sala encuentra que dado el orden público de las conductas tipificadas como delito en la Ley Forestal el Ministerio Público está facultado para intervenir tanto en las investigaciones como en el proceso que se instruye por este tipo de delitos, sin perjuicio del reconocimiento a la Procuraduría General de la República como representante de los intereses del Estado.CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial . Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona . Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. En ese orden de ideas la resolución de la Corte de Apelaciones impugnada ha respetado los requisitos, exigencias y solemnidades prescrita en la ley, por lo que no se aprecia vulneración del Debido Proceso.CONSIDERANDO (10): Que el impetrante dice que la resolución impugnada es violatoria de la disposición constitucional contenida en el Artículo 89 que establece: “Toda persona es inocente, mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Del estudio de los antecedentes esta Sala encuentra que se desarrolla un proceso penal dentro de las formalidades, exigencias y requisitos del debido proceso, hasta el momento en ninguna de las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional se ha pronunciado a priori declarando la culpabilidad de la representada del recurrente, por lo que el alegato invocado no es de recibo, en consecuencia procede su desestimación.CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo. Analizada la sentencia dictada por el Ad-Quem se aprecia los fundamentos y razonamientos expuestos, siendo evidente que la resolución del A-Quo es errada, contra derecho, lo que el Ad-Quem en cumplimiento a su función correctora ha enmendado. Esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Ley Forestal, art. 106 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de octubre del dos mil dieciséis.VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA, a favor de la señora ROSA ESTHER DÍAZ MACIAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, que declaró Ha Lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revocando la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre de dos mil trece, con relación a la causa instruida contra la señora ROSA ESTHER DÍAZ MACIAS por suponerla responsable del delito de DESCOMBRO, ROTURACIÓN EN SU MODALIDAD AGRAVADA en perjuicio de EL ESTADO DE HONDURAS EN SU RECURSO FORESTAL EL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 89 de la Constitución de la República.A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha primero de septiembre del año dos mil once, el abogado ELMER SANTOS DÍAZ GOMEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores FRANKLIN JONATHAN JIMENEZ y JORGE HUMBERTO VENTURA ZELAYA por suponerlos responsables del delito de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Inicial en fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, en la cual resolvió entre otras cosas lo siguiente: “… el Ministerio Público ha dejado en claro que sabia quien era la dueña del terreno, pero que no habían presentando el requerimiento contra ella, porque no sabían si ella era la que había ordenado la siembre del café, la información que se brindo el Suscrito era que el dueño del terreno en donde se sembró un cafetal, no contaba autorización del I.C.F. para el corte de árboles o un plan de manejo y los dictámenes, por ende lo que hacía falta era individualizar a la imputada, sin embargo el Ministerio Público sabiendo quien era la imputada, presento las diligencias a manera de investigación y solicito diligencias que afectaban el derecho de la imputada de estar presente en las diligencias que implicaban medios de prueba que a futuro serian presentados; si bien el hecho de saber quien era la imputada no cambiaria el resultado de lo realizado “inspección con las formalidades de prueba anticipada” lo que cambia es el procedimiento utilizado, como consecuencia de ese ocultamiento de quien era la dueña del terreno, la inspección adolece de nulidad ya que, se violentaron los actos procedimentales establecidos en el artículo 166 numeral 5 y 6, con justo derecho la defensa ha presentado la nulidad, por lo que debe admitirse y anularse parcialmente las diligencias de mérito y será a partir de solicitud de la inspección de fecha dieciocho de junio del 2013 hasta la realización de la misma y que vienen agregada a los folios 23 al 29 del expediente de merito, en relación al acta de aceptación a los 25 de junio del presente año y la inspección el 28 de junio tres días posteriores solo hubo uno de los peritos que quedo de llegar ahí al lugar de la inspección y presenta su respetiva documentación para garantizar que trabaja con el SANAA por lo que los peritos están hasta ese momento bien juramentos.-” (Folios ciento ocho (F-108) al ciento diecisiete (F-117) del Tomo primero de la pieza de los antecedentes).3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el abogado MERCEDES RUIZ en su condición de Fiscal en representación del MINISTERIO PÚBLICO, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto.- 2) REVOCANDO la resolución apelada.-” (Folios ciento ochenta (F-180) al ciento ochenta y dos (F-182) del Tomo primero de la pieza de los antecedentes).4) Que el recurrente el abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cinco de marzo del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo en su condición de defensora privada, a favor de la señora ROSA ESTHER DÍAZ MACÍAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha nueve de enero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil catorce (2014), por caducado el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, ordenando la continuación del trámite en virtud de haber interpuesto la acción el recurrente de manera puntual, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional con relación al artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha nueve de enero del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en relación a la causa instruida contra la señora ROSA ESTHER DIAZ MACIAS, por el supuesto delito de TALA, DESCOMBRO Y ROTURACION, EN SU MODALIDAD AGRAVADA en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO (3): Que admitida que fue la petición de amparo presentada por el recurrente, esta sala encuentra que se invocan los siguientes motivos de amparo: 1. que habiéndose celebrado audiencia inicial luego de la formalización de la acusación y proposición de medios de prueba por el Ministerio Público el ahora recurrente interpuso un incidente de nulidad a partir de la inspección judicial solicitada por el Ministerio Público en fecha 11 de junio del año 2013 amparada en la ley procesal penal; dice el recurrente que el Ministerio Público había sorprendido al A-Quo, a quien le manifestó que no sabía de quien era el inmueble donde se había cometido el delito, lo que no es cierto porque el Ministerio Público ya tenía conocimiento de otro caso en que fueron detenidos SANTOS JOSE GARCIA, JOSE SONY BENAVIDEZ PAZ Y SANTOS ISAAC GONZALEZ por el delito de aprovechamiento ilegal de productos forestales en perjuicio del medio ambiente, señala que en este caso la ahora imputada se presentó como FIADORA de los acusados por ser sus empleados. Sigue manifestando el quejoso que “este extremo dio lugar para que el Juez procediera a la nulidad de la inspección en virtud de haber sido sorprendido por otro Ente del Estado”, además señala que el Ministerio Público teniendo conocimiento de quien era el inmueble solicitó nombramiento de defensor de oficio para que hiciera acto de presencia en la inspección solo para legalizar el acto. 2.- Además dice el recurrente que el delito por el que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal, es un delito contra el Estado por lo que una cosa es el Estado y otra la sociedad; considerando el recurrente que la acción en los delitos ambientales le corresponde a la Procuraduría General del Ambiente y no al Ministerio Público, señalando que cuando el ente acusador presenta requerimiento fiscal y hay conciliación este no tiene facultades para conciliar exigiendo que se persone un procurador del Estado, “esto indica que de manera expresa ellos no pueden ejercitar la acción penal por este tipo de delitos”. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente señala en su exposición que la resolución de la Corte de Apelaciones es escueta en su razonamiento cuando señala que no se dan las violaciones a las normas esenciales del procedimiento que impidan que el acto logre la finalidad, tampoco se ha producido indefensión, lo que fue respaldado con la presencia del defensor nombrado de oficio, señalando además que no apreció violación de los derechos y libertades fundamentales de las partes, por lo que consideró procedente dejar en vigencia la prueba anticipada. Considerando que fueron vulnerados los derechos contenidos en el artículo 89 y 90 constitucionales, al darle vigencia a una inspección que se llevó a cabo sin el defensor de la imputada, aprovechando la institución de prueba anticipada, así como que el Ministerio Público no es un ente competente para presentar requerimientos fiscales por delitos en los que el Estado es el perjudicado, ya que su representación son los intereses de la sociedad.CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en la resolución impugnada, párrafo de la Motivación deja establecido: Que el recurrente en la audiencia Inicial solicitó la nulidad de la Inspección Judicial practicada con las formalidades de la prueba anticipada presentando en la audiencia como prueba una inspección en el expediente 3074-12 seguido contra otras tres personas imputas conocidas como SANTOS JOSE GARCIA, JOSE YONY BENAVIDES Y SANTOS ISAAC GONZALES, del que se desprende que en el mismo se acreditó mediante Escritura Pública la propiedad del terreno a la Señora ROSA ESTHER DIAZ MACIAS, cuestionando la defensa que no se respetó el derecho a la Defensa ni el de estar presente en todos los actos que suponen prueba, ya que debió citársele como imputada, además expone que el Ministerio Público alegó que desconocía en ese momento quien hubiera podido provocar el descombro del terreno, en ese sentido, explica el Ad-Quem, de la prueba del expediente (3074-12) en efecto se acredita copia de Escritura Pública de terreno a favor de la señora ROSA ESTHER DIAZ MACIAS, en el Rincón de Dolores, en el que se practicó la referida inspección judicial, también señala que en el expediente inspeccionado a cargo del Juez 11 no se encuentra la referida señora como imputada, como tampoco se encuentra en ese carácter en el presente proceso al momento de practicarse la inspección cuestionada por la defensa y cuya nulidad ha decretado el A-Quo (el subrayado es nuestro). Dice además el Ad-Quem que las actuaciones que contienen la petición de inspección con carácter de prueba anticipada en fecha 11 de junio del 2013, la juramentación de los peritos nominados efectuada en 25 de junio del 2013 (de acuerdo al F.26 de la primera pieza) y la practica de la prueba anticipada en fecha 28 de junio del año 2013 con todas las formalidades para el desarrollo de la misma, en la que actuó como Defensor el Abogado Mario Cárdenas, encontrando el Ad-Quem que no se violentaron las normas esenciales del procedimiento, ni se ha producido indefensión porque este se respalda con la presencia del Defensor nombrado de oficio, por ende no encuentra vulneración de los derechos y libertades fundamentales de las partes. En cuanto a la excepción por falta de acción, cuando esta no ha debido promoverse el Tribunal de alzada considera que “en el presente caso, la acción penal pública corresponde al Ministerio Público dado el orden de las conductas tipificadas como delito en la Ley Forestal”, señalando que “si bien la Procuraduría General del Ambiente como ente del Estado especializado en la materia asume el carácter de representante del Estado que corresponde a la Procuraduría General de la República, el ejercicio de la acción penal de su parte y en los asuntos de su competencia es sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público”, por lo que desestimó la excepción por falta de acción cuando no haya debido promoverse. En consecuencia declaró con lugar el recurso interpuesto y revoca la resolución apelada.CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo al estudio de los antecedentes esta Sala encuentra que efectivamente el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal por el delito de Tala, Descombro, Roturación, en su modalidad de agravado en perjuicio del Estado de Honduras, su Recurso Forestal, el Medio ambiente en General, hasta ese momento contra personas desconocidas, solicitando la práctica de una inspección al lugar de los hechos, como prueba anticipada, de acuerdo a lo que dispone el párrafo segundo del artículo 106 de la Ley Forestal vigente que dispone:“el Ministerio Público deberá de inmediato preparar la prueba anticipada para evitarla pérdida, inutilización o deterioro de los productos o sub productos forestales decomisados, emitiendo el correspondiente dictamen pericial sobre el valor comercial, características, lugar de origen si se conociere, calidad o estado del mismo entre otros”, señalando que de acuerdo a la investigación realizada hasta aquel momento, se determinó que desde el año 2012 se ha realizado descombro en dicha zona que es considerada zona protegida, haciendo uso distinto del suelo a lo ya establecido, ya que se trata de una zona boscosa con bosque latifoliado, apta para la producción de agua para el consumo humano y no para la actividad agrícola (siembra de café, plátano) (F. 4 primera pieza). Siguiendo el procedimiento ordenado por la ley se nombró peritos a los señores: 1.- FAUSTO FRANCISCO RAMIREZ MORENO como perito técnico de la fiscalía del Medio ambiente; 2.- ELMER LEONEL LOZANO MATA como Perito Ingeniero Forestal del Instituto de conservación Forestal (ICF) y; 3.-AURA LELL PAOLA MENDOZA LOPEZ, perito, Licenciada en Biología, Bióloga de las Cuencas Hidrográficas del SANAA. Consta en el acta de Inspección que corre a folio ocho (8) de la primera pieza que la inspección se realizó con la presencia de la autoridad jurisdiccional, representante del Ministerio Público, abogado defensor con el fin de dar legalidad a la diligencia. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente señala entre los motivos que provocan la acción de amparo, la Inspección ocular referida en el considerando que antecede, manifestando que el Ministerio Público había sorprendido al A-Quo a quien le manifestó que no sabía de quien era el inmueble donde se había cometido el delito; pero si tenía conocimiento por otro caso en que fueron detenidos SANTOS JOSE GARCIA, JOSE SONY BENAVIDEZ PAZ Y SANTOS ISAAC GONZALEZ por el delito de aprovechamiento ilegal de productos forestales en perjuicio del medio ambiente; señala que en este caso la ahora imputada se presentó como FIADORA de los acusados por ser sus empleados; cuestionando además el nombramiento de Defensor Público para control de la legalidad de la actuación. El alegato del recurrente no es de recibo, considerando que se trata de hechos y situaciones diferentes, el Ministerio Público encargado de la investigación de hechos delictivos, debe realizar cuantas diligencias sean necesarias para corroborar la existencia o no de un delito, en ese sentido, el ente Acusador debe actuar en cada caso concreto de acuerdo al cuadro fáctico que se le presenta, por lo que si anteriormente ya existía otro caso relacionado con una persona que es la representada del recurrente, en el momento que se presentó el Requerimiento Fiscal fue contra PERSONAS DESCONOCIDAS, por lo que no aparece el nombre de la señora ROSA ESTHER DIAZ MACIAS; por otra parte aún cuando el requerimiento se hubiese presentado contra la referida señora DIAZ MACIAS, esto no obsta para que el Ministerio Público deje de realizar la investigación en el caso concreto, independientemente de si, en el caso en que la señora MACIAS sirvió de FIADORA a sus trabajadores se realizó o no una inspección ocular. Puesto que la diligencia se realiza para establecer el estado actual de las cosas, los vestigios que hubiere en el lugar de los hechos, situaciones que son cambiantes de momento a momento, por lo que resulta improcedente pretender hacer valer una inspección anterior y por un hecho distinto al que se requiere su juzgamiento. En cuanto al nombramiento de defensor Público el órgano jurisdiccional solamente extiende el Derecho de Defensa aún a una persona desconocida, recordando que el requerimiento no se identifica hasta ese momento persona alguna, sin embargo se busca que un Defensor Público este presente en las actuaciones para que aún en ausencia del desconocido no se vulneren sus derechos, tal como acontece en el caso de autos de acuerdo al contenido del Acta de inspección ocular que se enmarca en lo prescrito en la ley.CONSIDERANDO (8): Que el recurrente manifiesta que el Ministerio Público no pueden ejercitar la acción penal por este tipo de delitos, por tratarse de un delito contra el Estado por lo que una cosa es el Estado y otra la sociedad; y siendo un delito ambiental le corresponde a la Procuraduría General del Ambiente y no al Ministerio Público. Al respecto esta Sala encuentra que dado el orden público de las conductas tipificadas como delito en la Ley Forestal el Ministerio Público está facultado para intervenir tanto en las investigaciones como en el proceso que se instruye por este tipo de delitos, sin perjuicio del reconocimiento a la Procuraduría General de la República como representante de los intereses del Estado.CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. En ese orden de ideas la resolución de la Corte de Apelaciones impugnada ha respetado los requisitos, exigencias y solemnidades prescrita en la ley, por lo que no se aprecia vulneración del Debido Proceso.CONSIDERANDO (10): Que el impetrante dice que la resolución impugnada es violatoria de la disposición constitucional contenida en el Artículo 89 que establece: “Toda persona es inocente, mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Del estudio de los antecedentes esta Sala encuentra que se desarrolla un proceso penal dentro de las formalidades, exigencias y requisitos del debido proceso, hasta el momento en ninguna de las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional se ha pronunciado a priori declarando la culpabilidad de la representada del recurrente, por lo que el alegato invocado no es de recibo, en consecuencia procede su desestimación.CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo. Analizada la sentencia dictada por el Ad-Quem se aprecia los fundamentos y razonamientos expuestos, siendo evidente que la resolución del A-Quo es errada, contra derecho, lo que el Ad-Quem en cumplimiento a su función correctora ha enmendado. Esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 95 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional; Artículo 8.4 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1, 14.7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGAR el RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA a favor de la señora ROSA ESTHER DIAZ MACIAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco, en fecha nueve de enero del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días de diciembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de de Amparo Penal bajo el número SCO-225-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.