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Sentencia AP-222-15 — Registro 6238

Resumen

Sentencia recurrida revocó auto de prisión por el delito de posesión ilegal de armas de fuego y municiones prohibidas, dictó sobreseimiento definitivo y confirmó auto de prisión por el delito de armas de fuego comercial y municiones contra uno de los imputados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional como protectora de la justicia constitucional deja establecido que  si bien es cierto el Estado creó el Decreto transitorio 184-2013 de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), el cual manda en su artículo 2 lo que denomina “Veda” a fin de que en el término de un (1) año, el poseedor de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no posea factura de venta de la Armería, proceda a inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, tiempo durante el cual el ciudadano no enfrentará ninguna consecuencia jurídica al acudir a registrar su arma y de igual manera en el caso de hacer  entrega de un arma prohibida; lo cual no ocurrió en el presente caso. Ciertamente que tal Decreto no despenaliza bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que únicamente el fin expreso y taxativo de obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, o la entrega para posterior destrucción de las armas de fuego  prohibidas, todo ello para efectos de su control formal por parte del Estado, lo cual sin embargo no fue observado por la Corte de Alzada en el caso de mérito..."..."Ciertamente que el A quo dictó auto de formal procesamiento por los delitos que se han señalado, sin embargo el Ad-Quem ha tenido una apreciación errónea de los hechos, de la norma penal y procesal penal aplicable, sin considerar la existencia de los elementos básicos para dictar auto de formal procesamiento..."..."Resultando del análisis del recurso de amparo planteado, así como de las actuaciones judiciales que corren en el expediente de mérito, que ciertamente se han vulnerado los derechos invocados por la recurrente, en consecuencia procede conforme a derecho conceder el amparo peticionado por el Ministerio Público..."

Legislación citada

Sentencia

Certificación del fallo recaída en el AP 0222=15 en fecha 19 de octubre del 2016

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, que revocó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha siete de octubre del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los señores ABEL ANTONIO ALVARADO PINTO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, por suponerlos responsables de los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS Y COMERCIAL FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. Considera la recurrente que se le ha violentado a su representado los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de octubre del dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San pedro Sula, Cortes la Abogada FANNY REBECA MARROQUIN, Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores ABEL ANTONIO ALVARADO PINTO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, por suponerlos responsables de los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS Y COMERCIAL FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha siete de octubre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, resolvió

  1. DECRETAR: “AUTO DE PRISION contra de los imputados ABEL ANTONIO ALVARADO PINTO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, por suponerlos responsables de los delitos de POSESION DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDAS y MUNICIONES Y POSESION DE ARMA COMERCIAL Y MUNICIONES, en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y por el delito de TENENCIA ILEGAL DE INDUMENTARIA POLICIAL, en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y por el delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; tipificados en los artículos 332-A 332-B y 294-A del Código Penal y en su articulo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, y en base a los artículos 92 de la Constitución de la Republica, articulo 173 numeral 3,199,294 y 297 del Código Procesal Penal.- 2.)Imponer a los imputados resolvió 1) DECRETAR: “AUTO DE PRISION contra de los imputados ABEL ANTONIOALVARADO PINTO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, la medida cautelar de prisión preventiva, establecida en el Art, 173 numeral 3 del Código Procesal Penal.- TERCERO: Declarar Sin Lugar lo solicitado sobre sobreseimiento definitivo y la aplicación del decreto 184-2013, por parte de la defensa a favor de sus defendidos…” (Folio 24 al 40 de la primera pieza de autos. 3) Que en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, RESOLVIÓ: “…PRIMERO:1) DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado defensor contra el auto de formal procesamiento de fecha siete de octubre del año dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras de lo penal, contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO y CRISTIAM OMAR PORTILLO CASTILLO, por suponerlos responsables de la comisión de los delito de POSESION DE ARMAS DEFUEGO PROHIBIDAS y MUNICIONES, POSESION DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL Y MUNICIONES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, Y por el delito de TENENCIA ILEGAL DE INDUMENTARIA POLICIAL, en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y por el delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) REVOCAR el auto de formal procesamiento dictado por el delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego y Municiones Prohibidas dictado contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, y dictar Sobreseimiento Definitivo a favor de dichos imputados por este delito; 3) REVOCAR el auto de formal procesamiento por el delito de POSESION DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL y MUNICIONES, decretado contra GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, dictando sobreseimiento definitivo a su favor; 4) CONFIRMA el Auto de formal procesamiento dictado por el delito de posesión de armas de fuego Comercial y Municiones contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO; 5) REVOCAR el Auto de Formal procesamiento dictado por el delito Tenencia ilegal de INDUMENTARIA POLICIAL contra GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO y CRISTIAN OMAR PORTILLO y dictando a su favor Sobreseimiento Provisional; 6) CONFIRMAR el auto de formal procesamiento dictado contra ABEL ANTONIO PÌNTO ALVARADO, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE INDUMENTARIA POLICIAL; 7) REVOCAR el Auto de Formal procesamiento dictado por el delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILIITO DE DROGAS contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, por el delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS y se dicta Sobreseimiento Provisional a favor de ABEL ANTONIOPINTO ALVARADO, por el referido delito 8)REVOCAR la Medida Cautelar de Prisión Preventiva a los encausados GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO; en consecuencia líbrese el oficio correspondiente al señor Director de la Penitenciaria Nacional de esta ciudad a efecto que proceda a dejar en inmediata libertad a dichos procesados…” (Folios 9 al 13 de la segunda pieza). 4) La recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco de marzo del año dos mil quince, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha doce de diciembre del dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-11 de la pieza de amparo).
  2. Que en fecha once de junio del año dos mil quince, ésta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha doce de diciembre del año doce mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual REVOCÓ el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la causa instruida contre los señores: ABEL ANTONIO ALVARADO PINTO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, por suponerlos responsables de los delitos de: PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA Y COMERCIAL, FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR y LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso señala que presentó requerimiento fiscal por los delitos y a las personas señaladas en el considerando que antecede; en fecha siete (7) de octubre del año dos mil catorce (2014), celebrada la audiencia inicial se dictó auto de formal procesamiento por los delitos de Posesión ilegal de Arma de Fuego Prohibida y Municiones y Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Municiones, en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras, por el Delito de tenencia ilegal de indumentaria Policial en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras, y por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras. Sigue manifestando que el defensor de los imputados no conforme con la resolución, interpuso el Recurso de Apelación el que fue declarado con Lugar Parcialmente en consecuencia 1.- REVOCA: el auto de formal procesamiento dictado por el delito de Posesión ilegal de Arma de Fuego y Municiones Prohibida dictado contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO, Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, dictando SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por este delito a favor de dichos imputados(F. 27 pieza de amparo). 2.- REVOCA el auto de formal procesamiento por el delito de Posesión de Armas de Fuego Comercial y Municiones, dictado contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO, Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, dictando sobreseimiento definitivo a su favor. 3.- CONFIRMA el auto de formal procesamiento dictado por el delito de posesión de Arma de fuego Comercial y Municiones contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO. 4.- REVOCA el auto de formal procesamiento dictado por el delito de Tenencia Ilegal de INDUMENTARIA POLICIAL, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO, Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, dictando a su favor sobreseimiento provisional. 5.- CONFIRMAR el auto de formal procesamiento dictado contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO por el delito de TENENCIA ILEGAL DE INDUMENTARIA POLICIAL. 6.- REVOCAR el auto de formal procesamiento dictado por el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, dictado contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO, Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, dictando SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO y SOBRSEIMIENTO PROVISIONAL a favor de ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO. 7.- REVOCAR la medida cautelar de prisión preventiva a los encausados GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO. CONSIDERANDO (5): Que la recurrente considera que se ha quebrantado el principio de legalidad y debido proceso contenidos en los artículos 90 y 321 constitucionales. Dice la recurrente en su parte conducente del Folio 36 de la pieza de amparo: “…, Que el ente acusador presenta la acción constitucional de amparo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, por no haber sido emitida de acuerdo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, al no cumplir en ella, lo prescrito en el artículo 141 del código Procesal Penal, que dice “Motivación de las resoluciones judiciales…”. Señalando que la motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal. De la lectura de la formalización del recurso se desprende que el recurrente encuentra que la resolución impugnada es contradictoria, para ello señala los numerales segundo y cuarto de dicha resolución. La resolución recurrida dice: “En cuanto al delito de Posesión de Armas de Fuego de Uso comercial y Municiones…. El delito deportación ilegal de Armas, es de acción o comisión activa, su esencia consiste en la omisión del acto de obtener oportunamente el permiso pasaportar un arma cuado se posea una…”. En relación a lo anterior el Ministerio Público considera: “El delito de Portación Ilegal de Armas, es un delito de peligro abstracto cuyo bien jurídico protegido es la seguridad interior del Estado, por lo tanto tal ilícito penal no constituye un delito de acción o comisión activa como lo indica la Corte en la resolución recurrida, resultando tal resolución contradictoria…”,señalando el impetrante que dicha resolución confirma el auto de formal procesamiento dictado contra el señor ABEL ANTONIO PINTO por el delito de Portación Ilegal de Arma de fuego comercial, por lo que en aplicación al principio de congruencia debió haber confirmado también el auto de formal procesamiento por el delito de posesión de arma ilegal prohibida en el cual el tribunal de alzada equivocadamente consideró aplicable el decreto 184-2013, decreto que para el ente acusador es inaplicable. CONSIDERANDO (6): Que la recurrente en el desarrollo de la vulneración de derechos constitucionales se pronuncia respecto al delito de Facilitación del Local desestimado por el Tribunal de alzada, quien señaló que en “la casa registrada efectivamente se encontró la cantidad de 20 gramos de marihuana misma que de acuerdo con el dictamen de laboratorio químico toxicológico (F-75) no es compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato, sin embargo las diligencias de prueba que obran en el proceso no acreditan que el imputado facilite o preste la casa donde reside, para que en ella se realicen las acciones propias del tráfico de drogas…. Lo que se deduce así al no existir en el expediente declaraciones de testigos o denuncias que establezcan que en la referida casa se vende droga, o que ha habido vigilancia estacionaria departe los agentes de investigación, u otras pesquisas externas, además se aprecia que en la casa allanada no se encontró balanzas, dinero, periódicos, ni personas comprando droga, por lo que tomando en cuenta esos factores la Corte estima que no se acreditaron los indicios racionales para suponer la participación del imputado ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO en el delito de Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas como morador de la casa allanada y mucho menos de la participación de los otros dos procesados en el mismo delito, ya que no residen en la misma casa” (F33 y 34 de la pieza de amparo); manifestando la recurrente que el Ad-Quem utiliza “argumentos ajenos a este tipo penal y propio del delito de tráfico ilícito de drogas, vulnerando el principio de congruencia y por ende el debido proceso, señalando que logró acreditar en la audiencia inicial a través de los diferentes medios de prueba que la droga incautada consiste en veinte (20) gramos de marihuana, encontrada en un dormitorio de la casa allanada donde habita el imputado Abel Antonio Pinto Alvarado, la cual de acuerdo al dictamen toxicológico no es considerada para el consumo inmediato personal” (F.34 pieza de amparo). Además hace hincapié en el hecho de que el Tribunal de Alzada se contradice en la resolución impugnada cuando deja establecido: “…. Quedando residualmente una simple sospecha en contra de Abel Antonio Pinto Alvarado, sustentada en el hecho de que en su casa se encontró la droga incautada y que no se ha acreditado que es consumidor de marihuana, en consecuencia se debe continuar la investigación para confirmar o descartar la tesis acusatoria” (F.34 y 35 pieza de amparo). En consecuencia el Ministerio Público es del criterio que el imputado Abel Antonio Pinto Alvarado ha cometido el delito de facilitación de local, cumpliendo con los requisitos exigidos en el artículo 297 del Código Procesal Penal para que se confirme el auto de formal procesamiento por el mencionado delito en contra del referido acusado. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que el Ad-Quem mediante su fallo declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del los acusados en contra de la resolución dictada por el A-Quo, que dicto auto de formal procesamiento por varios delitos. RESOLVIENDO: 1.- REVOCAR el auto de formal procesamiento por el delito de posesión de armas de fuego y municiones prohibidas dictado contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO, GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO y dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de dichos acusados. 2.- REVOCA el auto de formal procesamiento por el delito de posesión de armas de fuego comerciales y municiones decretado contra GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, y decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a su favor. 3.- CONFIRMA el auto de formal procesamiento dictado por el delito de posesión de arma de fuego comercial y municiones contra Abel Antonio Pinto Alvarado. 4.- REVOCA el auto de formal procesamiento dictado por el delito de tenencia ilegal de indumentaria policial contra GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO, y decreta SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL. 5.- CONFIRMA el auto de formal procesamiento dictado por el delito de tenencia ilegal de indumentaria policial contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO.6.- REVOCA el auto de formal procesamiento dictado por el delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas dictado contra ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO. Y dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de GABRIEL ALEJANDRO FUNEZ MURILLO Y CRISTIAN OMAR PORTILLO CASTILLO. 7.-Dicta SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de ABEL ANTONIO PINTO ALVARADO. CONSIDERANDO (8): Que procede analizar en sede constitucional el recurso de amparo formalizado por la Abogada fiscal YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de alzada que antecede, la cual estima violatoria del principio de legalidad y el derecho al debido proceso, según prescritos en forma garante en el artículo 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala encuentra que de acuerdo a la foliada, al momento de realizar el allanamiento a la vivienda, en una de sus habitaciones donde se encontraban los tres acusados, debajo del colchón de la cama se encontró un arma tipo fusil AK47, un arma de fuego tipo pistola marca TAURUS; por una parte el arma tipo fusil AK 47 es un arma de uso totalmente prohibido por ser considerada un arma letal, de guerra, sobre la que no puede existir ningún tipo de autorización para el uso por parte de los particulares. En cuanto al arma TAURUS de uso comercial, consta en los antecedentes que no existe autorización estatal para su posesión, de ahí la prohibición de la portación sin el correspondiente registro. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional como protectora de la justicia constitucional deja establecido que si bien es cierto el Estado creó el Decreto transitorio 184-2013 de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), el cual manda en su artículo 2 lo que denomina “Veda” a fin de que en el término de un (1) año, el poseedor de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no posea factura de venta de la Armería, proceda a inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, tiempo durante el cual el ciudadano no enfrentará ninguna consecuencia jurídica al acudir a registrar su arma y de igual manera en el caso de hacer entrega de un arma prohibida; lo cual no ocurrió en el presente caso. Ciertamente que tal Decreto no despenaliza bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que únicamente el fin expreso y taxativo de obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, o la entrega para posterior destrucción de las armas de fuego prohibidas, todo ello para efectos de su control formal por parte del Estado, lo cual sin embargo no fue observado por la Corte de Alzada en el caso de mérito. CONSIDERANDO (11): Que además de los delitos de portación ilegal de arma de fuego prohibida y de arma de fuego comercial, a los acusados se les señala la probable participación en los delitos de tenencia de indumentaria policial y facilitación de local para trafico ilícito de droga, para ello el ente acusador ha hecho llegar hasta el estrado judicial los elementos de prueba que considera oportunos y necesarios para hacer valer sus pretensiones. En ese orden de ideas, de acuerdo a los antecedentes, en la habitación donde se encontraban los tres acusados, fue encontrada indumentaria propia de la policía nacional, así mismo se ha encontrado hierba que corresponde a Marihuana según el dictamen toxicológico presentado al efecto, siendo evidente según la cantidad que obra en dicho dictamen que no es para consumo personal inmediato. En consecuencia se aprecia la comisión de varios ilícitos penales, así como la probabilidad de que los acusados hayan participado en los mismos; minumun probatorio para que el Juzgador dicte un auto de formal procesamiento sin vulnerar los derechos fundamentales de los imputados. Ciertamente que el A quo dictó auto de formal procesamiento por los delitos que se han señalado, sin embargo el Ad-Quem ha tenido una apreciación errónea de los hechos, de la norma penal y procesal penal aplicable, sin considerar la existencia de los elementos básicos para dictar auto de formal procesamiento. Por otra parte la audiencia inicial es propia para establecer la situación jurídica de los acusados, siendo la etapa de juicio oral y pública en que las partes harán valer en juicio sus hipótesis, y tendrán las mismas oportunidades para evacuar los medios de prueba que consideren oportunos, con los requisitos de admisibilidad dispuestos en la ley, los que una vez sometidos al contradictorio, permitirán al juez valorarlos para emitir un fallo justo y acorde a derecho, quedando a salvo, la acción recursiva en el caso que una de las partes no esté conforme con dicho fallo. CONSIDERANDO (12): Que el reclamo a la infracción del debido proceso invocada, en su más amplio concepto de tutela judicial efectiva; es claro que éste obliga al Estado a satisfacer e implementar un conjunto de garantías normativas e institucionales que la efectivicen, habiéndose reconocido el derecho ciudadano a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso justo, en observancia del derecho interno y en concordancia a los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos humanos contra todo actos u omisión de las autoridades públicas, sean estas ejecutivas, judiciales o legislativas; lo cual se reconoce extensivamente a la Fiscalía del Ministerio Público, en tanto representante de los intereses generales de la sociedad y del Estado, en cuya calidad legítima la comparecencia de la ahora impetrante. Resultando del análisis del recurso de amparo planteado, así como de las actuaciones judiciales que corren en el expediente de mérito, que ciertamente se han vulnerado los derechos invocados por la recurrente, en consecuencia procede conforme a derecho conceder el amparo peticionado por el Ministerio Público. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0222=2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL