Sentencia AP-201-15 — Registro 10356
Resumen
Resolución que declaró parcialmente con lugar recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento en la causa instruida contra imputada por el delito de Tráfico de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha diecinueve de enero de dos mil quince, que declaró parcialmente con lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha trece de noviembre de dos mil catorce; se aprecia en la misma, que el Ad-Quem ante los mismos argumentos señalados en esta demanda de Amparo que el defensor hubiese propuesto la evacuación de los medios de prueba de señalamiento, para demostrar cualquier pretexto de nulidad en la obtención de la prueba, es decir que bajo la libertad de la prueba, basada en la libertad de criterio de parte, esta debe interesarse en demostrar cualquier conato, indicio o ápice de ilicitud de la prueba, pero no mediante el recargo de la parte contraria, sino haciendo más profundidad en el derecho de defensa; y, es exigiendo mediante su propuesta, de la exhibición de las actas de decomiso o secuestro de la evidencia encontrada en la pila exterior de la vivienda, y que sobre la misma no existe un mecanismo de fidelidad en la custodia, para concluir en un argumento de ilicitud de la prueba o evidencia encontrado. Además señala que la no presentación de los indicados actos documentados de la autoridad, por si solo pone en ilicitud la actuación investigativa; por su ausencia tampoco limita la consecución de los fines de la audiencia inicial, como lo es la posibilidad de participación de los imputados en el hecho; toda vez que la mínima actividad probatoria resulta de la libertas de las partes en la propuesta de la prueba como lo indica el Código Procesal.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. -CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALAIN KRESKIN DIAZ ULLOA, a favor de la señora REYNA GEORGINA LÓPEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha diecinueve de enero de dos mil quince, que declaró parcialmente con lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha trece de noviembre de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra la señora REYNA GEORGINA LÓPEZ por suponerla responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. –ANTECEDENTES : 1) Que en fecha ocho de noviembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, la Abogada GUILLERMINA URQUIA MARTINEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora REYNA GEORGINA LÓPEZ, a quien se le supone responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en fecha tres de noviembre del año dos mil catorce, en la celebración de la Audiencia Inicial, el Juzgado citado resolvió: “1) Tener por Ratificado el Requerimiento Fiscal y que se tenga por incorporados los elementos probatorios que fueron presentados por el representante del Ministerio Público y por los Abogados defensores de los imputados. 2) Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO a la señora REINA GEORGINA LÓPEZ y al señor TRANSITO GABRIEL VELASQUEZ, a quienes se le supone responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. 3) Decretar la medida Cautelar de Prisión Preventiva al señor TRANSITO GABRIEL VELASQUEZ por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS la que seguirá cumpliendo en la Penitenciaría Nacional de esta Ciudad de Comayagua 4) Decretar la medida Cautelar de Prisión preventiva a la señora REINA GEORGINA LÓPEZ por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS la que seguirá cumpliendo en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social ubicada en Tamara, Municipio del Distrito Central…”.-3) Que en fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso De Apelación que ha planteado la Defensa de REINA GEORGINA LÓPEZ Y TRANSITO GABRIEL VELASQUEZ por el Delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS contra EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en Fecha Trece de Noviembre del año Dos Mil Catorce (2014).- SEGUNDO: SE REVOCA DE MANERA PARCIAL LA RESOLUCION EMITIDA POR EL A-QUO; EN CONSECUENCIA SE DECRETA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL A FAVOR DEL ACUSADO TRANSITO GABRIEL VELASQUEZ, por delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS; por no aportarse en la audiencia material probatoria que acredite la probabilidad de participación del imputado, sin embargo existen contra el mismo simples sospechas de participación como se hace saber en el apartado ultimo de la fundamentación jurídica; TERCERO: SE CONFIRMA LA RESOLUCION EMITIDA POR EL A-QUO EN CUANTO A EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO DICTADO CONTRA LA ACUSADA REINA GEORGINA LÓPEZ…”- 4) El recurrente Abogado ALAIN KRESKIN DIAZ ULLOA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de la señora REYNA GEORGINA LÓPEZ, afirmando que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha nueve de junio del año dos mil quince, esta Sala declara caducado el término concedido al recurrente para formalizar su acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Articulo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho. (Folio 44 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ALAIN KRESKIN DIAZ ULLOA, a favor de la señora REYNA GEORGINA LÓPEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha diecinueve de enero de dos mil quince, que declaró parcialmente con lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha trece de noviembre de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra la señora REYNA GEORGINA LÓPEZ por suponerla responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado ALAIN KRESKIN DIAZ ULLOA compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de la señora REYNA GEORGINA LÓPEZ, afirmando que la decisión del Ad-Quem, señalando que esta resolución judicial es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 61, 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; 8 y 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y, 202 del Código Procesal Penal, esto porque se valoró prueba prohibida, que produce la ineficacia del acto y vicios en la recolección de la evidencia.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha diecinueve de enero de dos mil quince, que declaró parcialmente con lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha trece de noviembre de dos mil catorce; se aprecia en la misma, que el Ad-Quem ante los mismos argumentos señalados en esta demanda de Amparo que el defensor hubiese propuesto la evacuación de los medios de prueba de señalamiento, para demostrar cualquier pretexto de nulidad en la obtención de la prueba, es decir que bajo la libertad de la prueba, basada en la libertad de criterio de parte, esta debe interesarse en demostrar cualquier conato, indicio o ápice de ilicitud de la prueba, pero no mediante el recargo de la parte contraria, sino haciendo más profundidad en el derecho de defensa; y, es exigiendo mediante su propuesta, de la exhibición de las actas de decomiso o secuestro de la evidencia encontrada en la pila exterior de la vivienda, y que sobre la misma no existe un mecanismo de fidelidad en la custodia, para concluir en un argumento de ilicitud de la prueba o evidencia encontrado. Además señala que la no presentación de los indicados actos documentados de la autoridad, por si solo pone en ilicitud la actuación investigativa; por su ausencia tampoco limita la consecución de los fines de la audiencia inicial, como lo es la posibilidad de participación de los imputados en el hecho; toda vez que la mínima actividad probatoria resulta de la libertas de las partes en la propuesta de la prueba como lo indica el Código Procesal.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. -CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-. Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0201-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL