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Sentencia AP-196-16 — Registro 6295

Resumen

Tribunal de Sentencia de Tela no admitió un medio de prueba de la Fiscalía y la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba otorgó el recurso de amparo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, ha estimado que el Tribunal requerido omitió cumplir con las disposiciones establecidas en los Artículos 317 y 332 del Código Procesal Penal, al no haber admitido la prueba pericial consistente en Dictamen Psicométrico a realizarse en la menor ofendida; señalando el Tribunal de Sentencia que dicho medio de prueba es desproporcional; y, sin expresar la debida motivación de las razones por las cuales desestima dicho medio probatorio, cuya pretensión probatoria fue expuesta por el ente acusador, que servirá para demostrar la madurez mental de la victima al momento de los hechos..."..."la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, que OTORGÓ el recurso presentado contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor FRANKLIN EMILIO ALEMÁN VILLATORO por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor de edad CESIA ANALIC HERRERA ALEMÁN. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ interponiendo recurso de amparo a favor de la menor de edad CESIA ANALIC HERRERA ALEMÁN, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, mediante la cual, el citado órgano jurisdiccional celebró la audiencia de proposición de medios de prueba donde la Fiscalía propuso como medio de prueba, que se realizara una prueba psicométrica a la menor CESIA ANALIC HERRERA ALEMAN proponiendo al psicólogo OSCAR AGUILAR quien es perito adscrito a Medicina Forense de San Pedro Sula y que dicha pericia fuera realizada el día del juicio oral, misma que fue rechazada su admisión por el citado Tribunal de Sentencia. Argumentos estos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-7 del antecedente). 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, emitió la sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: OTORGANDO… SEGUNDO: restablecer los derechos fundamentales vulnerados…” (Folios 33-35 de los antecedentes). 3) Que en fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, que OTORGÓ el recurso presentado contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor FRANKLIN EMILIO ALEMÁN VILLATORO por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor de edad CESIA ANALIC HERRERA ALEMÁN. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, manifestando básicamente que la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor FRANKLIN EMILIO ALEMÁN VILLATORO por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor de edad CESIA ANALIC HERRERA ALEMÁN es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; puesto que se ofertó en el momento procesal oportuno los medios de prueba que indebidamente fueron rechazados por el Tribunal de Sentencia, con los cuales se va a acreditar la imputación en contra del encausado, imposibilitando con ello una recta aplicación de justicia y búsqueda de la verdad real, además causa indefensión a la sociedad puesto que no permite a su representante sustentar adecuadamente su pretensión acusatoria. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, ha estimado que el Tribunal requerido omitió cumplir con las disposiciones establecidas en los Artículos 317 y 332 del Código Procesal Penal, al no haber admitido la prueba pericial consistente en Dictamen Psicométrico a realizarse en la menor ofendida; señalando el Tribunal de Sentencia que dicho medio de prueba es desproporcional; y, sin expresar la debida motivación de las razones por las cuales desestima dicho medio probatorio, cuya pretensión probatoria fue expuesta por el ente acusador, que servirá para demostrar la madurez mental de la victima al momento de los hechos. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos: 1, 59, 82, 90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0196-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL