Sentencia AP-187-15 — Registro 6227
Resumen
Recurso de amparo interpuesto por Ministerio Público e imputado, contra resolución que declara parcialmente con lugar el Recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Publico contra recurso de apelación que revocó el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Almacenamiento Ilegal de Municiones Prohibidas y dicto sobreseimiento definitivo por este delito y confirmó el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Asociación Ilícita, considerando ambos recurrente que dichas resoluciones son carentes de motivación jurídica, en cuanto al delito de Asociación Ilícita
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia, es decir de los Jueces de Instrucción y Magistrados de Cortes de Apelaciones. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad; siendo una de ellas el caso de vulneración o transgresión al principio del Debido Proceso, y reconocido expresamente en el artículo 90 constitucional, siendo de observancia obligatoria para esta Sala, al disponer la norma constitucional lo siguiente: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”..."de la lectura y análisis de los antecedentes y del recurso de amparo presentado a favor del señor HECTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES y específicamente las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fechas trece y veintiocho de enero del año dos mil quince, esta Sala observa que dicho Tribunal dicta dos resoluciones; en la primera declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa y revoca el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y en la segunda declara parcialmente con lugar el Recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Publico y en consecuencia revoca el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Almacenamiento Ilegal de Municiones Prohibidas y confirma el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Asociación Ilícita, ante la interposición del Recurso de Reposición promovido por la Fiscal del Ministerio Público, resoluciones carentes de motivación jurídica, en cuanto al delito de ASOCIACION ILICITA, limitándose únicamente a transcribir lo expuesto por las partes procesales en la interposición y contestación del Recurso de Apelación, promovido contra la resolución dictada en Audiencia Inicial por el Juzgado de Letras previamente relacionado y a señalar cuales son los elementos objetivos que califican el delito enjuiciado, obviando dicho Tribunal al emitir sus resoluciones, lo señalado en el artículo 141 del Código Procesal Penal, requisito indispensable de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales en materia penal al momento de dictar sus resoluciones, so pena de nulidad, al preceptuar: “… Los autos y las sentencias tanto interlocutorios como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido… La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación” (Lo resaltado es nuestro a efecto de ejemplificar lo que no se debe entender por motivación de las resoluciones). Al motivar las resoluciones se asegura la salvaguarda del principio del Debido Proceso, el cual encausa un abanico de derechos, entre ellos el acceso a la justicia, defensa, Juez imparcial, aportación de pruebas, a ser escuchado en juicio, valoración de la prueba, igualdad procesal, para mencionar algunos...."..."como bien lo ha señalado uno de los amparistas, esta Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en relación a la violación del Debido Proceso en las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, haciendo énfasis en que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las Leyes; en ese orden de ideas, los órganos jurisdiccionales están obligados a motivar sus resoluciones judiciales, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva al que alude el artículo 80 constitucional, pues ésta no solo implica el acceso a lo tribunales de justicia, implica el obtener una respuesta motivada, acorde a las pretensiones de las partes, a efecto de asegurar una recta y cumplida decisión sobre sus derechos..."..."al haberse determinado la vulneración del Debido Proceso, se quebrantan en consecuencia los demás derechos fundamentales expuestos por el Abogado NAZARIO ALBERTO LUQUE HASBUN en la exposición de su acción constitucional de Amparo, siendo procedente otorgar el recurso de Amparo presentado a favor del señor HECTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES, debiendo en consecuencia el Tribunal recurrido dictar nueva resolución, con la debida motivación, respetando el imperio de la ley y el principio de legalidad, debiendo hacer la valoración respectiva de cada una de las peticiones de la recurrente al momento de emitir sus resoluciones..."..."esta Sala aprecia, de acuerdo al estudio de los antecedentes, los argumentos y fundamentos que se han establecido en los considerandos que anteceden, que los motivos invocados por la recurrente no son de recibo, en consecuencia procede Denegar el Recurso intentado por ésta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia, es decir de los Jueces de Instrucción y Magistrados de Cortes de Apelaciones. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad; siendo una de ellas el caso de vulneración o transgresión al principio del Debido Proceso, y reconocido expresamente en el artículo 90 constitucional, siendo de observancia obligatoria para esta Sala, al disponer la norma constitucional lo siguiente: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”..."de la lectura y análisis de los antecedentes y del recurso de amparo presentado a favor del señor HECTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES y específicamente las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fechas trece y veintiocho de enero del año dos mil quince, esta Sala observa que dicho Tribunal dicta dos resoluciones; en la primera declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa y revoca el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y en la segunda declara parcialmente con lugar el Recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Publico y en consecuencia revoca el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Almacenamiento Ilegal de Municiones Prohibidas y confirma el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Asociación Ilícita, ante la interposición del Recurso de Reposición promovido por la Fiscal del Ministerio Público, resoluciones carentes de motivación jurídica, en cuanto al delito de ASOCIACION ILICITA, limitándose únicamente a transcribir lo expuesto por las partes procesales en la interposición y contestación del Recurso de Apelación, promovido contra la resolución dictada en Audiencia Inicial por el Juzgado de Letras previamente relacionado y a señalar cuales son los elementos objetivos que califican el delito enjuiciado, obviando dicho Tribunal al emitir sus resoluciones, lo señalado en el artículo 141 del Código Procesal Penal, requisito indispensable de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales en materia penal al momento de dictar sus resoluciones, so pena de nulidad, al preceptuar: “… Los autos y las sentencias tanto interlocutorios como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido… La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación” (Lo resaltado es nuestro a efecto de ejemplificar lo que no se debe entender por motivación de las resoluciones). Al motivar las resoluciones se asegura la salvaguarda del principio del Debido Proceso, el cual encausa un abanico de derechos, entre ellos el acceso a la justicia, defensa, Juez imparcial, aportación de pruebas, a ser escuchado en juicio, valoración de la prueba, igualdad procesal, para mencionar algunos...."..."como bien lo ha señalado uno de los amparistas, esta Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en relación a la violación del Debido Proceso en las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, haciendo énfasis en que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las Leyes; en ese orden de ideas, los órganos jurisdiccionales están obligados a motivar sus resoluciones judiciales, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva al que alude el artículo 80 constitucional, pues ésta no solo implica el acceso a lo tribunales de justicia, implica el obtener una respuesta motivada, acorde a las pretensiones de las partes, a efecto de asegurar una recta y cumplida decisión sobre sus derechos..."..."al haberse determinado la vulneración del Debido Proceso, se quebrantan en consecuencia los demás derechos fundamentales expuestos por el Abogado NAZARIO ALBERTO LUQUE HASBUN en la exposición de su acción constitucional de Amparo, siendo procedente otorgar el recurso de Amparo presentado a favor del señor HECTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES, debiendo en consecuencia el Tribunal recurrido dictar nueva resolución, con la debida motivación, respetando el imperio de la ley y el principio de legalidad, debiendo hacer la valoración respectiva de cada una de las peticiones de la recurrente al momento de emitir sus resoluciones..."..."esta Sala aprecia, de acuerdo al estudio de los antecedentes, los argumentos y fundamentos que se han establecido en los considerandos que anteceden, que los motivos invocados por la recurrente no son de recibo, en consecuencia procede Denegar el Recurso intentado por ésta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de Enero del año dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en las acciones de Amparo interpuestas por: 1) La Abogada RUTH ANABELLA CRUZ ZAMORA a favor del señor HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES (REG.187-15), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiocho de enero del año dos mil quince, que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia de fecha trece de enero del año dos mil quince, dictada por el citado Tribunal Ad-quem, y 2) La Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fechas trece y veintiocho de enero ambas del año dos mil quince; con relación a la causa instruida contra el señor HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES por suponerlo responsable de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICIONES PROHIBIDAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los derechos y principios de debido proceso, tutela judicial efectiva y legalidad, dispuestos en los artículos 70, 82, 90 párrafo primero, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.1) Que en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCIÓN NACIONAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado RICARDO NÚÑEZ en su condición de Agente del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES por suponerlo responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 04 de la pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, el supra indicado Juzgado de Letras, en audiencia inicial resolvió: “…DECRETA: 1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CONTRA: HECTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES, por los delitos de ASOCIACION ILICITA y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICIONES PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Se le impone la medida cautelar de Prisión Preventiva contenida en le articulo 173 numeral 3 por el presupuesto legitimador del peligro de fuga, la gravedad de la pena a imponer como resultado del proceso y por la reforma realizada al articulo 184 párrafo octavo, del Código Procesal Penal, contenida en el Decreto 56-2013, en la que establece que: No procede la imposición de medidas sustitutivas de la prisión preventiva en el delito de: 12) Asociación ilícita y 14) Delitos relacionados con Armas de Guerra, en este caso de autos…” (Folios 22 al 55 de la pieza de los antecedentes).-3) Que no conforme con la decisión adoptada en Audiencia Inicial por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la defensa del imputado interpuso recurso de apelación en fecha tres de octubre del año dos mil catorce; es así que según corresponde el trámite en la sustanciación de dicho recurso la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán con competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en auto de fecha trece de enero del año dos mil quince resolvió: (Sic) “ 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado; 2) REVOCA el auto de formal procesamiento de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la causa instruida contra el señor HECTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES, por los delitos de ASOCIACION ILICITA y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICIONES PROHIBIDAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO y ordena al A quo profiera en su favor el sobreseimiento definitivo de las diligencias; y, MANDA: Que la Secretará del Despacho notifique de oficio personalmente a las partes personadas este mismo día o a más tardar el siguiente, la presente resolución y de no ser posible, por medio de cédula en el lugar que hayan designado para ello, debiendo devolverse los autos al Juzgado de origen para los efectos legales correspondientes…” (Folios del 199 al 203 de la pieza de los antecedentes).-4) Que no conforme con la resolución relacionada en el acápite anterior, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán con competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Ministerio Público a través de su Fiscal, Abogada Ela Paredes Bromfield, interpuso Recurso de Reposición en fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, el que fue resuelto por la relacionada Corte de Apelaciones en auto de fecha veintiocho del mismo mes y año, resolución que dispone: ”PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Reposición interpuesto por el Ministerio Público y en consecuencia reponer la resolución de fecha trece del corriente mes y año en los siguientes puntos y alcances; SEGUNDO: Resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra la resolución del treinta de septiembre de dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la forma siguiente: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y, en consecuencia, revoca el auto de formal procesamiento de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, respecto del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICIONES PROHIBIDAS en perjuicio de la SEGURIDAD DEL ESTADO y ordena al aquo profiera a favor del señor HECTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES (a) TOÑO FRONTERA el sobreseimiento definitivo de las diligencias por este delito; 2) Confirma el auto de formal procesamiento de la misma fecha dictado contra la nominada persona por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO…” (Folios 213 al 218 de la pieza de los antecedentes).-5) Que en fecha veinte de febrero del año dos mi quince, compareció ante este Tribunal la Abogada RUTH ANABELLA CRUZ ZAMORA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70, 82 y 90 párrafo segundo, de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el cuatro de junio del año dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, por ser parte en la controversia en estudio, conforme lo prescrito por el artículo 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 37 de la Ley del Ministerio Público.-6) Que asimismo en fecha dos de marzo del año dos mi quince, compareció ante este Tribunal la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que las resoluciones emitidas por el Ad-quem en fechas trece y veintiocho de enero del año dos mil quince, son violatorias de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el quince de junio del año dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, conforme lo prescrito por el artículo 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 37 de la Ley del Ministerio Público.-7) Que en fecha veintisiete de julio del año dos mil quince, esta Sala dispuso acumular los amparos antes descritos que corresponde a los números de expedientes 187-2015 y 211-2015, según el orden de ingreso a la Secretaría de este Alto Tribunal, al apreciar en autos que ambas acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto, siendo lo procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las mismas produzcan una sola sentencia.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RICARDO NUÑEZ, en su condición de Agente del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el ciudadano HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES, por suponerlo responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (3): Que en fecha veinte de febrero del año dos mil quince, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada RUTH ANABELLA CRUZ ZAMORA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES, contra la resolución de fecha veintiocho de enero del año dos mil quince, emitida por la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, resolviendo el Recurso de Reposición interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha trece de enero del mismo año dos mil quince, dictada por la misma Corte de Apelaciones antes indicada; resolución que resuelve declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES, contra el auto de formal procesamiento dictado en Audiencia Inicial por el Juzgado de de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, por los delitos de Asociación Ilícita y Almacenamiento Ilegal de Municiones Prohibidas; considera la recurrente en amparo que la resolución antes referida violenta los derechos contenidos en los artículos 70, 82, 90 párrafo segundo y 92 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que asimismo en fecha dos de marzo del año dos mil quince, compareció ante esta Sala de lo Constitucional la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, interponiendo acción constitucional de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resoluciones de fecha trece y veintiocho de enero del año dos mil quince, emitidas por la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; la primera resolviendo un recurso de Apelación interpuesto por la defensa del imputado HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES, que decide revocar la resolución de fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y ordena al A-quo dictar sobreseimiento definitivo por los delitos de Asociación Ilícita y Almacenamiento Ilegal de Municiones Prohibidas, y la segunda que resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público contra la resolución antes relacionada, dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, que dispone, declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y revoca el auto de formal procesamiento por el delito de Almacenamiento Ilegal de Municiones Prohibidas y confirma el auto de formal procesamiento por el delito de Asociación Ilícita; considera la recurrente en amparo que las resoluciones antes referidas violentan los derechos contenidos en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en Amparo, Abogado NAZARIO ALBERTO LUQUE HASBUN, apoderado legal del señor HECTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES, por revocatoria de Poder, expone en la formalización de la Acción, que el artículo 82 constitucional, referido al derecho de defensa, significa que legalmente no existe posibilidad que restrinja o impida el ejercicio de este derecho a una persona, ya que en la ley siempre habrá una forma o mecanismo para que la persona pueda defenderse, norma que no admite excepción y en el caso hipotético que llegara a ocurrir de hecho, debe ser enmendado por la autoridad competente y castigado con todo el peso de la ley; en relación al artículo 90 constitucional, el amparista cita múltiples extractos de sentencias emitidas por esta Sala de lo Constitucional, en relación al principio del debido proceso, en cuanto a la obligación de los órganos jurisdiccionales a motivar sus resoluciones judiciales.- CONSIDERANDO (6): Que expone el recurrente que la Constitución de la República en el artículo 92 establece que solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice; el pedidor hace una relación de los medios de prueba evacuados en audiencia inicial y esgrime que la valoración de dicha prueba no se rige por las reglas de la sana crítica, pues dicha valoración no se realizó en conjunto y armonía tal y como lo dispone el Código Procesal Penal en el artículo 202, por lo que se lesiona el principio de identidad. Arguye el recurrente, que la sana crítica en la valoración de la prueba es obligatoria, porque es una garantía procesal provista para que el debido proceso no se vea lesionado, lo cual no sucedió en este caso, afirma el recurrente. Así mismo hace énfasis en que dentro de las reglas de la lógica esta el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual esta relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. -CONSIDERANDO (7): Que por su parte la recurrente en Amparo Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, argumenta en la formalización de su acción constitucional que las resoluciones emitidas por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, violentan el derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad; señala la recurrente que se ha vulnerado el Principio Derecho Debido Proceso, que es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Este derecho afirma la recurrente tiene un doble plano, pues además de responder a los elementos formales o procedimentales de un proceso, asegura elementos sustantivos o materiales, lo que supone la preservación de criterios de justicia que sustenten toda decisión, juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, etc. Teniendo éste las características siguientes, efectividad inmediata, su contenido no es delimitado arbitrariamente por el legislador, sino que se encuentra sujeto a mandatos constitucionales; es decir la Constitución reconoce el marco sobre el que se define el bien jurídico protegido; asimismo sostiene que la configuración legal de los hechos en el tipo penal, en el presente caso traído a estudio aun y cuando se ofreció y evacuó prueba, ésta no fue debidamente valorada por el Juzgador conforme a las reglas de la Sana Crítica.- CONSIDERANDO (8): Que en relación a la tutela judicial efectiva, la pedidora expresa que ésta es parte de una concepción garantista y tutelar para asegurar tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, dice que se trata de un derecho genérico que se descompone en derechos específicos, entre los cuales se encuentran los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso; en cuanto al principio de legalidad, refiere, que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al Juez emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho la prueba y el derecho que debe aplicar y que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad sino una expresión razonada de la situación a la norma jurídica. Sostiene que si bien el Juez tiene la facultad de interpretar la Ley, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplica.-CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia, es decir de los Jueces de Instrucción y Magistrados de Cortes de Apelaciones. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad; siendo una de ellas el caso de vulneración o transgresión al principio del Debido Proceso, y reconocido expresamente en el artículo 90 constitucional, siendo de observancia obligatoria para esta Sala, al disponer la norma constitucional lo siguiente: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.- CONSIDERANDO (10): Que de la lectura y análisis de los antecedentes y del recurso de amparo presentado a favor del señor HECTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES y específicamente las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fechas trece y veintiocho de enero del año dos mil quince, esta Sala observa que dicho Tribunal dicta dos resoluciones; en la primera declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa y revoca el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y en la segunda declara parcialmente con lugar el Recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Publico y en consecuencia revoca el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Almacenamiento Ilegal de Municiones Prohibidas y confirma el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Asociación Ilícita, ante la interposición del Recurso de Reposición promovido por la Fiscal del Ministerio Público, resoluciones carentes de motivación jurídica, en cuanto al delito de ASOCIACION ILICITA, limitándose únicamente a transcribir lo expuesto por las partes procesales en la interposición y contestación del Recurso de Apelación, promovido contra la resolución dictada en Audiencia Inicial por el Juzgado de Letras previamente relacionado y a señalar cuales son los elementos objetivos que califican el delito enjuiciado, obviando dicho Tribunal al emitir sus resoluciones, lo señalado en el artículo 141 del Código Procesal Penal, requisito indispensable de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales en materia penal al momento de dictar sus resoluciones, so pena de nulidad, al preceptuar: “… Los autos y las sentencias tanto interlocutorios como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido… La simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación” (Lo resaltado es nuestro a efecto de ejemplificar lo que no se debe entender por motivación de las resoluciones). Al motivar las resoluciones se asegura la salvaguarda del principio del Debido Proceso, el cual encausa un abanico de derechos, entre ellos el acceso a la justicia, defensa, Juez imparcial, aportación de pruebas, a ser escuchado en juicio, valoración de la prueba, igualdad procesal, para mencionar algunos. CONSIDERANDO (11): Que como bien lo ha señalado uno de los amparistas, esta Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en relación a la violación del Debido Proceso en las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, haciendo énfasis en que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las Leyes; en ese orden de ideas, los órganos jurisdiccionales están obligados a motivar sus resoluciones judiciales, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva al que alude el artículo 80 constitucional, pues ésta no solo implica el acceso a lo tribunales de justicia, implica el obtener una respuesta motivada, acorde a las pretensiones de las partes, a efecto de asegurar una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO (12): Que al haberse determinado la vulneración del Debido Proceso, se quebrantan en consecuencia los demás derechos fundamentales expuestos por el Abogado NAZARIO ALBERTO LUQUE HASBUN en la exposición de su acción constitucional de Amparo, siendo procedente otorgar el recurso de Amparo presentado a favor del señor HECTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES, debiendo en consecuencia el Tribunal recurrido dictar nueva resolución, con la debida motivación, respetando el imperio de la ley y el principio de legalidad, debiendo hacer la valoración respectiva de cada una de las peticiones de la recurrente al momento de emitir sus resoluciones.-CONSIDERANDO (13): Que en cuanto a las alegaciones expuestas por la representante del Ministerio Público, invocando como vulnerados los derechos de Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, esta Sala aprecia, de acuerdo al estudio de los antecedentes, los argumentos y fundamentos que se han establecido en los considerandos que anteceden, que los motivos invocados por la recurrente no son de recibo, en consecuencia procede Denegar el Recurso intentado por ésta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 70, 82, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Primero: Otorgar el recurso de Amparo interpuesto a favor del señor HÉCTOR ANTONIO VÁSQUEZ TORRES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, debiendo el Tribunal recurrido dictar sentencia, con la debida motivación. Segundo: Denegar el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fechas trece y veintiocho de enero ambas del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal (Acumulados), registrado en este Tribunal bajo el número 187 y 211-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL