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Sentencia AP-186-15 — Registro 6294

Resumen

Sentencia en consulta denegó acción de amparo contra resolución emitida por Tribunal de Sentencia que inadmitió la Querella interpuesta por recurrente por considerar que no concurren los elementos objetivos de los tipos penales en relación a causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de difamación e injurias en perjuicio de afectada; La Autoridad recurrida consideró que la ley faculta al Tribunal para rechazar de plano una querella cuando notoriamente la acción u omisión no es constitutiva de delito siendo del parecer que el caso es propio de la instancia procesal ordinaria concluyendo que no se han vulnerado los derechos en consecuencia denegó el amparo de mérito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional emite las siguientes valoraciones en cuanto a su objeto de tutela. En primer lugar observa la Sala que los considerandos de la sentencia guardan coherencia con aspectos sustantivos del debido proceso, relacionados con la tutela judicial efectiva, sometida al principio de legalidad; valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta plausible CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de marzo del dos mil dieciséis.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en el Recurso de Amparo presentado por el abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, a favor del señor CARLOS MANRIQUE MARTÍNEZ CRUZ, que denegó la acción de amparo contra las actuaciones emitidas por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, en relación a la causa instruida contra el señor CARLOS MANRIQUEZ MARTÍNEZ CRUZ por suponerlo responsable del delito de DIFAMACIÓN E INJURIAS en perjuicio de la señora OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 68, 76, 82 de la Constitución de la República, artículos cinco (5) y 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor CARLOS MANRIQUEZ MARTÍNEZ CRUZ, contra la resolución de fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 68, 76, 82 de la Constitución de la República, artículos cinco (5) y 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha doce de febrero del año dos mil quince, mediante la cual falló: “DENEGAR el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, en su condición de apoderado legal del señor CARLO MANRIQUE MARTÍNEZ CRUZ, contra el Resolución de fecha veinticuatro de julio del Dos Mil Catorce, dictado por el Tribunal de Sentencia de esta ciudad.-” (Folios sesenta siete (F-67) al setenta (F-70) de la pieza de Amparo).-3) Que en fecha diecinueve de febrero del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, a favor del señor CARLOS MANRIQUE MARTÍNEZ CRUZ, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se Deniega el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA a favor del señor CARLOS MANRIQUE MARTINEZ CRUZ, contra las actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA de la referida Sección Judicial, con relación a la causa instruida contra la señora: OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN por suponerla responsable del delito de DIFAMACION E INJURIAS en perjuicio del señor CARLOS MANRIQUE MARTINEZ CRUZ. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente fue notificado en fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince, del fallo emitido por el Ad-Quem, mediante el cual se Deniega el Recurso de Amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem, enuncia en su fallo una relación de los hechos que motivan el Recurso de Amparo interpuesto, y de la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia, para ello expone en su “CONSIDERANDO(03): Que en fecha 24 de julio del año 2014, en resolución debidamente motivada inadmite la querella” presentada por el ahora recurrente, expresa que del estudio de la misma y de acuerdo a lo establecido en los artículo 99 y 406 del Código Procesal Penal, no concurren los elementos objetivos de los tipos penales, tanto el de injuria como el de difamación,” considerando el Tribunal que las frases vertidas en informes internos de auditoria y a través de medios de comunicación atribuidas a la querellada, no se refieren directamente al querellado, sino en términos generales a los proyectos auditados”, puesto que “no puede considerarse como epítetos o calificativos que conllevan deshonra y odio público hacia el querellante, pues aprecia el mismo que ni siquiera se le menciona directamente con nombre y apellido como autor responsable de un presunto acto de corrupción pública, ni en los citados informes, ni en la nota de prensa” (Folio 68 vuelto de la segunda pieza de autos); además, explica “que la noticia no describe frases o expresiones propias de la acusada donde señale directamente al actor como persona responsable de una conducta consumada de corrupción pública”., razonamiento que el Tribunal de Alzada comparte invocando además el “artículo 406.1 del Código Procesal Penal, la ley faculta a ese Tribunal, para rechazar de plano, una querella cuando notoriamente la acción u omisión no es constitutiva de delito” (folio 69 segunda pieza de autos). Como soporte a su resolución el Ad-Quem hace referencia a fallos dictados por la Sala de lo Constitucional en casos similares, entre ellos el amparo APC 356-11 de fecha 1 de noviembre del año 2011, APC 878 – 11 de fecha 8 de mayo del 2012 (Folio 69 vuelto). En su considerando siete (07) invoca el artículo 406 del Código Procesal Penal que le confiere facultades discrecionales al tribunal de sentencia para inadmitir de plano una querella cuando reúna cualquiera de los tres presupuestos señalados en dicho artículo. Por otra parte aprecia que la norma adjetiva faculta al A-Quo para efectuar este tipo de valoración, es un asunto de mera legalidad” Apreciando la corte de apelaciones que el caso sub judice es propio de la instancia procesal ordinaria a que fue sometido el asunto, expresando que la resolución impugnada contiene la motivación suficiente cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, concluyendo que no se han vulnerado los derechos invocados por el recurrente” (folio 70 segunda pieza de autos).En consecuencia Denegó el Recurso de amparo intentado.-CONSIDERANDO (6): Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional emite las siguientes valoraciones en cuanto a su objeto de tutela. En primer lugar observa la Sala que los considerandos de la sentencia guardan coherencia con aspectos sustantivos del debido proceso, relacionados con la tutela judicial efectiva, sometida al principio de legalidad; valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta plausible CONFIRMAR la sentencia venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8, 316, 317 y 361 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil quince (2015). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. -

Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0186-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de marzo del dos mil dieciséis.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en el Recurso de Amparo presentado por el abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, a favor del señor CARLOS MANRIQUE MARTÍNEZ CRUZ, que denegó la acción de amparo contra las actuaciones emitidas por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, en relación a la causa instruida contra el señor CARLOS MANRIQUEZ MARTÍNEZ CRUZ por suponerlo responsable del delito de DIFAMACIÓN E INJURIAS en perjuicio de la señora OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 68, 76, 82 de la Constitución de la República, artículos cinco (5) y 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor CARLOS MANRIQUEZ MARTÍNEZ CRUZ, contra la resolución de fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 68, 76, 82 de la Constitución de la República, artículos cinco (5) y 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha doce de febrero del año dos mil quince, mediante la cual falló: “DENEGAR el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, en su condición de apoderado legal del señor CARLO MANRIQUE MARTÍNEZ CRUZ, contra el Resolución de fecha veinticuatro de julio del Dos Mil Catorce, dictado por el Tribunal de Sentencia de esta ciudad.-” (Folios sesenta siete (F-67) al setenta (F-70) de la pieza de Amparo).-3) Que en fecha diecinueve de febrero del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, a favor del señor CARLOS MANRIQUE MARTÍNEZ CRUZ, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se Deniega el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA a favor del señor CARLOS MANRIQUE MARTINEZ CRUZ, contra las actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA de la referida Sección Judicial, con relación a la causa instruida contra la señora: OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN por suponerla responsable del delito de DIFAMACION E INJURIAS en perjuicio del señor CARLOS MANRIQUE MARTINEZ CRUZ. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente fue notificado en fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince, del fallo emitido por el Ad-Quem, mediante el cual se Deniega el Recurso de Amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem, enuncia en su fallo una relación de los hechos que motivan el Recurso de Amparo interpuesto, y de la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia, para ello expone en su “CONSIDERANDO(03): Que en fecha 24 de julio del año 2014, en resolución debidamente motivada inadmite la querella” presentada por el ahora recurrente, expresa que del estudio de la misma y de acuerdo a lo establecido en los artículo 99 y 406 del Código Procesal Penal, no concurren los elementos objetivos de los tipos penales, tanto el de injuria como el de difamación,” considerando el Tribunal que las frases vertidas en informes internos de auditoria y a través de medios de comunicación atribuidas a la querellada, no se refieren directamente al querellado, sino en términos generales a los proyectos auditados”, puesto que “no puede considerarse como epítetos o calificativos que conllevan deshonra y odio público hacia el querellante, pues aprecia el mismo que ni siquiera se le menciona directamente con nombre y apellido como autor responsable de un presunto acto de corrupción pública, ni en los citados informes, ni en la nota de prensa” (Folio 68 vuelto de la segunda pieza de autos); además, explica “que la noticia no describe frases o expresiones propias de la acusada donde señale directamente al actor como persona responsable de una conducta consumada de corrupción pública”., razonamiento que el Tribunal de Alzada comparte invocando además el “artículo 406.1 del Código Procesal Penal, la ley faculta a ese Tribunal, para rechazar de plano, una querella cuando notoriamente la acción u omisión no es constitutiva de delito” (folio 69 segunda pieza de autos). Como soporte a su resolución el Ad-Quem hace referencia a fallos dictados por la Sala de lo Constitucional en casos similares, entre ellos el amparo APC 356-11 de fecha 1 de noviembre del año 2011, APC 878 – 11 de fecha 8 de mayo del 2012 (Folio 69 vuelto). En su considerando siete (07) invoca el artículo 406 del Código Procesal Penal que le confiere facultades discrecionales al tribunal de sentencia para inadmitir de plano una querella cuando reúna cualquiera de los tres presupuestos señalados en dicho artículo. Por otra parte aprecia que la norma adjetiva faculta al A-Quo para efectuar este tipo de valoración, es un asunto de mera legalidad” Apreciando la corte de apelaciones que el caso sub judice es propio de la instancia procesal ordinaria a que fue sometido el asunto, expresando que la resolución impugnada contiene la motivación suficiente cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, concluyendo que no se han vulnerado los derechos invocados por el recurrente” (folio 70 segunda pieza de autos).En consecuencia Denegó el Recurso de amparo intentado.-CONSIDERANDO (6): Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional emite las siguientes valoraciones en cuanto a su objeto de tutela. En primer lugar observa la Sala que los considerandos de la sentencia guardan coherencia con aspectos sustantivos del debido proceso, relacionados con la tutela judicial efectiva, sometida al principio de legalidad; valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta plausible CONFIRMAR la sentencia venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8, 316, 317 y 361 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil quince (2015). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. -

Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0186-2015.-Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL