Sentencia AP-153-15 — Registro 6237
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación y revocó sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de primera instancia a favor de recurrente por suponerlo responsable del delito de Homicidio Simple en perjuicio de víctima; La Autoridad recurrida concluyó que se acreditaron los requisitos legales para poder decretar un auto de formal procesamiento por lo que no comparte la opinión del A-Quo y que la pretensión de la Fiscalía es procedente de conformidad a derecho no vulnerándose garantías constitucionales; Indicó dicha Autoridad de Alzada que se proceda a dictar auto de formal procesamiento contra recurrente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, que declaró ha lugar el Recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; se aprecia en la misma, que el Ad-Quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en los criterio objetados por el recurrente al señalar que arribó a la conclusión que los requisitos legales que exige la Ley adjetiva para poder decretar un auto de formal procesamiento, fueron acreditado durante la vista inicial, por lo que no comparte la opinión del A-Quo, en cuanto a la decisión que tomó al finalizar dicha audiencia; consecuentemente, la pretensión de la fiscalía es procedente de conformidad a derecho; por lo que declara ha lugar el recurso de apelación planteado; y, revoca lo resuelto por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor del señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, que declaró ha lugar el Recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor AROBY ABDIEL MARTINEZ.- ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintiocho de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, la Abogada VARINA SARAHI AVILA SUAZO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor AROBY ABDIEL MARTINEZ.- 2) Que en fecha dos de enero del año dos mil quince, en la celebración de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado dictó SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de OSCAR DAVID PEÑA CRUZ por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de AROBY ABDIEL MARTINEZ ROMERO.- 3) Que en fecha veintiséis de enero del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, “RESUELVE: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el recurso de APELACIÓN interpuesto por la Abogada Varinia Ávila Suazo, en su condición ya indicada; SEGUNDO: REVOCAR la resolución apelada. TERCERO: Que proceda el A-Quo, a dictar Auto de Formal Procesamiento, bajo los parámetros establecidos en la presente resolución.” .- 4) Que el recurrente Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, compareció ante este Tribunal, en fecha once de febrero del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintiséis de enero del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha tres de agosto del año dos mil quince, esta Sala declara caducado de derecho, y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, en virtud de que el término de cuarenta y ocho horas concedidos para formalizar la acción de amparo, venció el día veintitrés de julio de dos mil quince, sin embargo del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrollo de manera puntual el concepto de violación, por lo cual es procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, asimismo se omitió la vista al fiscal de conformidad con lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor del señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, que declaró ha lugar el Recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor AROBY ABDIEL MARTINEZ.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA considera que existe una vulneración de los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República, esto porque tanto el Juez A-Quo como la Honorable Corte de Apelaciones, violentaron el principio de la sana critica al momento de valorar los medios de prueba aportados, resultando en el fallo, que además de ser contradictorio, en cuanto se indican calificativos diferentes de responsabilidad como autor material, que se desecha, como complicidad necesaria que también se desecha y se habla de encubrimiento. No se puede hablar de duda en cuanto al calificativo del ilícito, no se puede apuntar una participación de complicidad necesaria por un lado; y, por otro lado se desecha e indica que pueda existir un encubrimiento.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, que declaró ha lugar el Recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; se aprecia en la misma, que el Ad-Quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en los criterio objetados por el recurrente al señalar que arribó a la conclusión que los requisitos legales que exige la Ley adjetiva para poder decretar un auto de formal procesamiento, fueron acreditado durante la vista inicial, por lo que no comparte la opinión del A-Quo, en cuanto a la decisión que tomó al finalizar dicha audiencia; consecuentemente, la pretensión de la fiscalía es procedente de conformidad a derecho; por lo que declara ha lugar el recurso de apelación planteado; y, revoca lo resuelto por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la de Sentencia de fecha dos (2) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0153-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de septiembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor del señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, que declaró ha lugar el Recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor AROBY ABDIEL MARTINEZ.- ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintiocho de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, la Abogada VARINA SARAHI AVILA SUAZO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor AROBY ABDIEL MARTINEZ.- 2) Que en fecha dos de enero del año dos mil quince, en la celebración de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado dictó SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de OSCAR DAVID PEÑA CRUZ por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de AROBY ABDIEL MARTINEZ ROMERO.- 3) Que en fecha veintiséis de enero del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, “RESUELVE: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el recurso de APELACIÓN interpuesto por la Abogada Varinia Ávila Suazo, en su condición ya indicada; SEGUNDO: REVOCAR la resolución apelada. TERCERO: Que proceda el A-Quo, a dictar Auto de Formal Procesamiento, bajo los parámetros establecidos en la presente resolución.” .- 4) Que el recurrente Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, compareció ante este Tribunal, en fecha once de febrero del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintiséis de enero del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha tres de agosto del año dos mil quince, esta Sala declara caducado de derecho, y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, en virtud de que el término de cuarenta y ocho horas concedidos para formalizar la acción de amparo, venció el día veintitrés de julio de dos mil quince, sin embargo del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrollo de manera puntual el concepto de violación, por lo cual es procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, asimismo se omitió la vista al fiscal de conformidad con lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor del señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, que declaró ha lugar el Recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; con relación a la causa instruida contra el señor OSCAR DAVID PEÑA CRUZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor AROBY ABDIEL MARTINEZ.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA considera que existe una vulneración de los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República, esto porque tanto el Juez A-Quo como la Honorable Corte de Apelaciones, violentaron el principio de la sana critica al momento de valorar los medios de prueba aportados, resultando en el fallo, que además de ser contradictorio, en cuanto se indican calificativos diferentes de responsabilidad como autor material, que se desecha, como complicidad necesaria que también se desecha y se habla de encubrimiento. No se puede hablar de duda en cuanto al calificativo del ilícito, no se puede apuntar una participación de complicidad necesaria por un lado; y, por otro lado se desecha e indica que pueda existir un encubrimiento.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, que declaró ha lugar el Recurso de apelación y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán; se aprecia en la misma, que el Ad-Quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en los criterio objetados por el recurrente al señalar que arribó a la conclusión que los requisitos legales que exige la Ley adjetiva para poder decretar un auto de formal procesamiento, fueron acreditado durante la vista inicial, por lo que no comparte la opinión del A-Quo, en cuanto a la decisión que tomó al finalizar dicha audiencia; consecuentemente, la pretensión de la fiscalía es procedente de conformidad a derecho; por lo que declara ha lugar el recurso de apelación planteado; y, revoca lo resuelto por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la de Sentencia de fecha dos (2) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0153-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL