Sentencia AP-1308-14 — Registro 16858
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la Resolución que declaró con lugar parcialmente un Recurso de Apelación y revocó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con relación al delito de portación de armas prohibida de fabricación casera en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “ CONSIDERANDO (8):Que el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, establece en su Artículo 2 lo siguiente: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el termino de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los tramites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante éste término de un año. Las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha institución”. Ciertamente tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en el artículo 332-A y 332-B, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr en primer lugar “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”. Así mismo el Decreto tiene como finalidad que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso prohibido, procedan sin ningún tipo de responsabilidad a entregarlas a la autoridad competente para su destrucción. En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de armas de tipo comercial y la entrega de armas de uso prohibido para su destrucción, ha restringido su juspuniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley. ”
Legislación citada
- Código Penal, art. 332 A y B (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (8): Es importante soslayar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. ¿Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Todo lo cual, aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de tenencia ilegal de arma prohibida, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013. CONSIDERANDO (9): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. "
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público,a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONESPENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce, que declaró con lugar parcialmente un Recurso de Apelación y revocó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés,en fecha ocho de agosto del año dos mil catorce,con relación a la causa instruida contra el Señor LUIS ALONSO MÁRQUEZ LAINEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN DE ARMAS PROHIBIDA DE FABRICACIÓN CASERA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado el artículo 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha nueve de junio del año dos mil catorce, la Abogada NADYA SUAZO en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal en contra del Señor LUIS ALONSO MARQUEZ LAINEZ por suponerlo responsable a titulo de autor de los delitos de PORTACIÓN DE ARMAS PROHIBIDA DE FABRICACIÓN CASERA (CHIMBA), PORTACIÓN DE MUNICIONES COMERCIALES Y TRASPORTE PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIORY LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.2)Que seguido el trámite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Penal,en fechas trece de junio del año dos mil catorce,llevo a cabo Audiencia Inicial en la cual decretó: “PRIMERO: DECLARATORIA DE REO a favor de LUIS ALONSO MÁRQUEZ LAÍNEZ. SEGUNDO: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de LUIS ALONSO MÁRQUEZ LAÍNEZ en la imputación de TRASPORTE PARA EL TRÁFICOILÍCITO DE DROGAS. TERCERO: SOBRESEIMIENTO DEFINIDO a favor de LUIS ALONSO MÁRQUEZ LAÍNEZ en la imputación de PORTACIÓN DE MUNICIONES COMERCIALES. CUARTO: SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de LUIS ALONSO MÁRQUEZ LAÍNEZ en la imputación de PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA DE FABRICACIÓN CASERA. QUINTO: Como medida cautelar ser impone la PRESENTACIÓN CADA QUINCE DÍAS al sistema biométrico de éste órgano jurisdiccional, y siendo que el encausado actualmente se encuentra privado de su libertad mediante detención judicial, se ordena su inmediata libertad, para lo cual ha de librarse el oficio meritorio. Asimismo se deberá de rendir caución juratoria por la medida no limitativa de libertad decretada.”(Folios trece (13) al diecisiete (17)de la pieza de primera instancia).3)Que en fecha diecisiete de julio del año dos mil catorce, la Abogada IRIS MELISSA CANALES PEÑA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, solicitando reactivación del proceso penal y señalamiento de Audiencia Ad-Hoc.(Folio cuarenta y seis (46) de la pieza de primera instancia). 4) Que en fechas ocho de agosto del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, llevo a cabo Audiencia Ad-Hoc en la cual decretó: “PRIMERO: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de LUIS ALONSOMÁRQUEZ LAÍNEZ por suponerlo responsable en la comisión del ilícito penal tipificado como PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA DE FABRICACIÓN CASERA, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: Como medida cautelar se le sustituye al imputado Luis Alonso Márquez Laínez, la sustitutiva de la prisión por la PRISIÓN PREVENTIVA, a ser efectiva en el Centro Penal de ésta ciudad, sin perjuicio de disposición administrativa en contrario, una vez que ésta resolución le haya sido notificada al referido encartado, por lo tanto se le ordena al Departamento de Receptoría en concordancia con el Departamento del Sistema Biométrico que el señor Luis Alonso Márquez Laínez, sea notificado de la resolución de ésta audiencia una vez que se haga presente a firmar. TERCERO: Declarar SIN LUGAR, la EXCEPCIÓN POR FALTA DE ACCIÓN interpuesta por la Defensa Privada del encausado Luis Alonso Márquez Laínez, a si mismos DECLARAR SIN LUGAR LA NULIDAD del Dictamen pericial evacuado y valorado en ésta audiencia.”(Folios cincuenta y uno (51) al cincuenta y cuatro (54) de la pieza de primera instancia). 5)Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Abogado FREDY OMAR MADRID en su condición de Defensor Privado del Señor LUIS ALONSO MÁRQUEZ LAÍNEZ, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, llevo a cabo Audiencia en fechas veintitrés y veintisiete de octubre del año dos mil catorce, en la cual resolvió:“PRIMERO:Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación presentado por la Defensa, contra la resolución de fecha ocho (08) de Agosto del presente año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado Penal Unificado de esta ciudad. SEGUNDO:Declarar CON LUGAR LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN planteada en la audiencia Ad-Hoc de fecha ocho (08) de Agosto del presente año, y SIN LUGAR LA NULIDAD solicitada en la misma audiencia. TERCERO:REVOCAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado contra el encausado LUIS ALONZO MARQUEZ LAINEZ por el Juzgado Penal Unificado de esta sección judicial en la presente causa. CUARTO: Se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del encausado LUIS ALONZO MARQUEZ LAINEZ por el delito de PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA DE FABRICACIÓN CASERA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en aplicación del decreto No. 181-(Folios once (11) al catorce (14) dela pieza de segunda instancia). 6) Que la recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS,por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en elartículo321de la Constitución de la República.Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3):Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección judicial San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del Juzgado de Letras Penal Seccional de San Pedro Sula, Cortés, en relación a la causa instruida contra el señor LUIS ALONZO MARQUEZ LAINEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso señala que considera como vulnerado el Principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República.El Ministerio Público manifiesta “Que el artículo 2 del Decreto 184-2013 no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud de que al imputado le fue encontrada una arma de fuego de fabricación casera ( Chimba);sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes a la entrega del arma citada, es decir acción por parte del imputado que diese lugar a pensar que haya tenido la intensión dirigida ala entrega del arma decomisada; por lo cual este ente fiscal considera la comisión del delito de Posesión Ilegal de Armas prohibidas señalado en el artículo del Código Penal vigente, diciendo que a su criterio el artículo 2 del Decreto 184-2013 no constituye una cláusula despenalizadora del tipo penal en comento. Por todo ello consideró que la resolución de la Corte ahora impugnada vulnera el principio de legalidad.” CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem en el párrafo de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA numeral primero: deja establecido: que “cuando el Ministerio Público presento requerimiento contra su representado LUIS ALONZO MARQUEZ se encontraba vigente el decreto No- 181- 2013 que dispone una veda que deja en suspenso la adjudicación de permisos para portar armas en relación con los artículos 332 A y B CPP. Al respecto esta Alzada observa que efectivamente el hecho por el cual es requerido el encausado sucedió el día domingo ocho de junio del presente año ( 2014) y el decreto No 181-2013 entro en vigencia a partir del cinco de octubre del 2013, el cual referente a las armas prohibidas señala lo siguiente:Artículo 2.-“ Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este término de un año. LAS PERSONASQUE TENGAN EN SU PODER ARMAS CONSIDERADAS DE USO ILEGAL, PUEDEN HACER ENTREGA DE LAS MISMAS A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, SIN NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD PRODUCTO DE SU TENENCIA, PROCEDIÉNDOSE A LA INMEDIATA DESTRUCCIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DICHA INSTITUCIÓN”. Siendo esta disposición taxativa en cuanto a las personas que tengan en su poder armas de uso ilegal, como lo son las armas de fabricación casera y dado que el arma encontrada al encausado es de esa condición por cuanto el articulo 8.2 de la Ley de Control de Armas de fuego, la considera como arma prohibida, la misma esta comprendida dentro de las suspensión que otorga dicho decreto de dar permisos durante el plazo de un año a condición de que estas sean entregadas a la secretaria de seguridad para su destrucción, encontramos que al encausado “supuestamente” le fue encontrada un arma prohibida dentro de dicho plazo que vence en un año a partir de su vigencia, es decir hasta el cinco de octubre del corriente año (2014), en consecuencia y tal como lo señala la defensa no correspondía que a su representado se le detuviera por portación ilegal de armas, sino conminarlo a entregarla para proceder a su destrucción. Por lo tanto el auto de Formal Procesamiento dictado por la A-quo no esta dictado conforme a Derecho, ya que no logró enmarcar la conducta del encausado en la veda que establece el decreto No 181- 2013, por lo tanto la excepción de falta de acción interpuesta por la Defensa resulta procedente ya que el MP no debió accionar el aparato punitivo del Estado por una conducta que esta despenalizada y que se realizo durante el plazo que señala el decreto en mención. Ello por un lado y por otro, en cuanto a la calificación del hecho realizado tanto por el MP como la A-quo en el art.332-A es incorrecto, por cuanto esta disposición se refiere a las “ armas de guerra” y la referida Disposición se refiere a las mismas, como las AK-47 que nadie las puede portar a menos los autorizados para ello como son los miembros del ejecito, en cambio las armas de fabricación casera son consideradas por la ley especial (Ley de Control de Armas) como ARMAS PROHIBIDA, no de guerra, por lo tanto es acertado lo que señala la defensa en cuanto a la incorrecta calificación del delito. Por lo que declaró con lugar el Recurso de apelación y Revocó la resolución de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil catorce. CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO(7):Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, se establece que al acusado se le encontró en posesión de un arma de fuego Prohibida de Fabricación Casera “Chimba” calibre 12 igual a la de las armas comerciales, según Dictamen Balístico Forense ( ver Folios 47 de la Primera Pieza ), ilícito penal tipificado en el articulo 332–B del Código Penal, en relación con el artículo 8 de la Ley de Control de Armas de fuego que enlista cuales son las armas de uso prohibido entre ellas las establecidas en el numeral 2) “las armas de fuego y todo artefacto de construcción casera o artesanal que permitan lanzar proyectiles aprovechando la fuerza de la expansión de los gases de pólvora”.Es importante dejar establecido que la “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA a través de la Sala de lo Penal ha dictado jurisprudencia en el caso “de portación de armas de fabricación casera”en el sentido que los elemento del tipo penal antes relacionado se subsumen en lo establecido en el artículo 332-B del Código Penal,Sentencia CP 467-2012,sentenciaCP 148-2012,Sentencia No. CP. 246-2013.” CONSIDERANDO (8):Que el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, establece en su Artículo 2 lo siguiente: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el termino de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los tramites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante éste término de un año. Las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha institución”. Ciertamente tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en el artículo 332-A y 332-B, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr en primer lugar “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”. Así mismo el Decreto tiene como finalidad que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso prohibido, procedan sin ningún tipo de responsabilidad a entregarlas a la autoridad competente para su destrucción. En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de armas de tipo comercial y la entrega de armas de uso prohibido para su destrucción, ha restringido su juspuniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley. CONSIDERANDO (9): Es importante soslayar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Todo lo cual aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de Portación Ilegal de Arma Prohibida de Fabricación Caseras, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013. CONSIDERANDO (10):Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92,99, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, certificación de la Sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1308-2014. _________________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Jorge Abilio Serrano Villa nueva Magistrado Nº EXPEDIENTE Y FECHA DE FALLO:AP–SCO–1308=2014