Sentencia AP-1279-14 — Registro 16857
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo que resolvió el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de tenencia de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. En segunda instancia se dicto sobreseimiento definitivo por la tenencia ilegal de armas prohibida, en perjuicio del decomiso y destrucción del arma.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, se establece que al acusado se le encontró en posesión de un arma de fuego prohibida, ilícito tipificado en el artículo 332 –A del Código Penal. Sin embargo el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, establece en su Artículo 2 lo siguiente: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante éste término de un año. Las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la secretaria de dicha institución”. Ciertamente tal Decreto, no está revocando o reformando lo dispuesto en el artículo 332-A y 332-B, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr en primer lugar “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”. Así mismo el Decreto tiene como finalidad que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso prohibido, procedan sin ningún tipo de responsabilidad a entregarlas a la autoridad competente para su destrucción. En consecuencia, cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de armas de tipo comercial y la entrega de armas de uso prohibido para su destrucción, ha restringido su juspuniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley. “
Legislación citada
- Código Penal, art. 332-A Y -B (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO(6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO(6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas."
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciséis.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS contra resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha doce de septiembre de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, COLON, en fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el señor MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO por suponerlo responsable del delito de TENENCIA DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en el artículo 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, COLON, la Abogada LIANA LOURDES SOTO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO, por suponerlo responsable del delito de PORTACION DE ARMA DE GUERRA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 14 al 15 de la primera pieza de los antecedentes).2) Que en Audiencia Inicial celebrada en fecha veintinueve de Enero de dos mil catorce, el A quo resolvió:1) DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el imputado MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.2) Imponer al imputado MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO, la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA.3) Que en audiencia preliminar celebrada en fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, interpuso la Excepción de Falta de Acción Penal, en consecuencia el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, COLON, resolvió: “… En cuanto a la excepción planteada por el Defensor DESESTIMA LA MISMA, ya que no es el momento procesal oportuno para hacerlo…” (Folios 82 al 84 de la primera pieza de los antecedentes).4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA como apoderado defensor, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, en fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÓ:”…1) DECLARAR HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jumy Mauricio Flores Mejía en su condición de apelante, contra el auto de fecha veintiséis de junio del dos mil catorce; 2): REVOCAR: el auto de fecha uno de julio del año dos mil catorce; 3) Que en audiencia Ad-hoc se provea el Sobreseimiento Definitivo por la Tenencia Ilegal de Armas Prohibida, en perjuicio del decomiso y destrucción del arma…”(Folios 06 al 10 de la segunda pieza de los antecedentes).5) Que la recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en fecha doce de noviembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el quince de junio de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1):Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2):Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3):Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil catorce (2014), por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección judicial de La Ceiba, Atlántida, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del Juzgado de Letras Penal Seccional de Tocoa, Colón, en relación a la causa instruida contra el señor MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso señala que considera como vulnerado el Principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República. El Ministerio Público manifiesta “Que el artículo 2 del Decreto 184-2013 no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud de que en el allanamiento practicado a la propiedad del imputado le fue encontrada una arma de fuego tipo fusil FAL, calibre 7.62, culata de metal y dos cargadores con 22 proyectiles; sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro o entrega del arma citada, es decir acción por parte del imputado que diese lugar a pensar que haya tenido la intensión dirigida al registro o entrega del arma decomisada, por lo cual este ente fiscal considera la comisión del delito de Posesión Ilegal de Armas prohibidas señalado en el artículo del Código Penal vigente, diciendo que a su criterio el artículo 2 del Decreto 184-2013 no constituye una cláusula despenalizadora del tipo penal en comento. Por todo ello consideró que la resolución de la Corte ahora impugnada vulnera el principio de legalidad.”.CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem en el párrafo de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA numeral primero: deja establecido en su numeral Segundo: que “el Ministerio Público en el presente caso debió actuar con plena objetividad, ya que una de sus funciones que constitucionalmente tiene asignadas es promover la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, el Juez de Letras en consideración a lo que puede resolver podría apoyarse o auxiliarse en la aplicación del principio Pro Homine (estar siempre a favor del hombre), sin embargo en este caso ha dejado de observar que éste, más bien ha sido lesionado al omitir la aplicación del Decreto Legislativo 184-213, del primero de septiembre del 2013…”, que literalmente dice: “ Artículo 2.- Establece a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este término de un año. Las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución”. En su numeral Tercero dice el Ad quem que “En el primer caso durante el plazo de un año contado a partir del día cinco de octubre del dos mil trece de acuerdo al referido Decreto la persecución penal estará vedada, es decir periodo de tiempo en que prohíbe perseguir el delito por esta causa, que pueda resultar del hecho de que un sujeto tenga en su poder armas de fuego de tipo comercial o armas consideradas de uso ilegal como resulta en el presente caso”, señalando que “en el segundo caso el Ministerio Público no podrá, en virtud de la veda persecutoria establecida en la norma precitada ejercer la acción penal que nace de aquello delitos previstos en los artículo 331-A y 332-B del Código Penal que se cometen cuando un determinado sujeto posee arma de fuego comerciales o de su uso considerado ilegal, respectivamente ni tampoco los ilícitos que se realizan como resultado de esta posesión tenencia”. El Ad quem acorde con el apelante considera que procede conforme a derecho “la interposición de la falta de acción por parte del Ministerio Público cuando no debió promoverse o no puede perseguirse, excepción establecida en el artículo 47 del mismo texto legal, acción que puede interponerse en cualquier etapa del proceso. Por lo que únicamente se debe operar el decomiso del arma para los fines establecidos en dicho Decreto (destrucción), y por tanto procede la revocatoria de la resolución apelada a efecto de que el Juez que la dictó proceda a decretar sobreseimiento Definitivo conforme a lo dispuesto en el artículo 296 numeral 1) del Código Procesal Penal”. Señalando que de acuerdo a los razonamientos expuestos en la resolución no es necesario responder a los otros agravios esgrimidos, los que en todo caso son propios de una audiencia inicial en cuanto a valoración de prueba en torno al hecho se refieren. Por lo que declaró con lugar el Recurso de apelación y Revocó el auto de fecha veintiséis de junio del año dos mil catorce.CONSIDERANDO(6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO(7):Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, se establece que al acusado se le encontró en posesión de un arma de fuego prohibida, ilícito tipificado en el articulo 332 –A del Código Penal. Sin embargo el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, establece en su Artículo 2 lo siguiente: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el termino de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los tramites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante éste término de un año. Las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha institución”. Ciertamente tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en el artículo 332-A y 332-B, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr en primer lugar “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”. Así mismo el Decreto tiene como finalidad que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso prohibido, procedan sin ningún tipo de responsabilidad a entregarlas a la autoridad competente para su destrucción. En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de armas de tipo comercial y la entrega de armas de uso prohibido para su destrucción, ha restringido su juspuniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley. CONSIDERANDO(8):Es importante soslayar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Todo lo cual aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de tenencia ilegal de arma prohibida, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013. CONSIDERANDO (9):Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92,99, 183, 303, 313 No.5, y 316, de La Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha doce de septiembre del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1279-2014. ______________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALJDPG“CERTIFICACIÓN El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciséis.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS contra resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha doce de septiembre de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, COLON, en fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra el señor MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO por suponerlo responsable del delito de TENENCIA DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en el artículo 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, COLON, la Abogada LIANA LOURDES SOTO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO, por suponerlo responsable del delito de PORTACION DE ARMA DE GUERRA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 14 al 15 de la primera pieza de los antecedentes).2) Que en Audiencia Inicial celebrada en fecha veintinueve de Enero de dos mil catorce, el A quo resolvió:1) DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el imputado MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.2) Imponer al imputado MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO, la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA.3) Que en audiencia preliminar celebrada en fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, interpuso la Excepción de Falta de Acción Penal, en consecuencia el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, COLON, resolvió: “… En cuanto a la excepción planteada por el Defensor DESESTIMA LA MISMA, ya que no es el momento procesal oportuno para hacerlo…” (Folios 82 al 84 de la primera pieza de los antecedentes).4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA como apoderado defensor, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, en fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÓ:”…1) DECLARAR HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jumy Mauricio Flores Mejía en su condición de apelante, contra el auto de fecha veintiséis de junio del dos mil catorce; 2): REVOCAR: el auto de fecha uno de julio del año dos mil catorce; 3) Que en audiencia Ad-hoc se provea el Sobreseimiento Definitivo por la Tenencia Ilegal de Armas Prohibida, en perjuicio del decomiso y destrucción del arma…”(Folios 06 al 10 de la segunda pieza de los antecedentes).5) Que la recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en fecha doce de noviembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el quince de junio de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1):Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2):Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3):Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil catorce (2014), por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección judicial de La Ceiba, Atlántida, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del Juzgado de Letras Penal Seccional de Tocoa, Colón, en relación a la causa instruida contra el señor MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso señala que considera como vulnerado el Principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República. El Ministerio Público manifiesta “Que el artículo 2 del Decreto 184-2013 no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud de que en el allanamiento practicado a la propiedad del imputado le fue encontrada una arma de fuego tipo fusil FAL, calibre 7.62, culata de metal y dos cargadores con 22 proyectiles; sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro o entrega del arma citada, es decir acción por parte del imputado que diese lugar a pensar que haya tenido la intensión dirigida al registro o entrega del arma decomisada, por lo cual este ente fiscal considera la comisión del delito de Posesión Ilegal de Armas prohibidas señalado en el artículo del Código Penal vigente, diciendo que a su criterio el artículo 2 del Decreto 184-2013 no constituye una cláusula despenalizadora del tipo penal en comento. Por todo ello consideró que la resolución de la Corte ahora impugnada vulnera el principio de legalidad.”.CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem en el párrafo de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA numeral primero: deja establecido en su numeral Segundo: que “el Ministerio Público en el presente caso debió actuar con plena objetividad, ya que una de sus funciones que constitucionalmente tiene asignadas es promover la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, el Juez de Letras en consideración a lo que puede resolver podría apoyarse o auxiliarse en la aplicación del principio Pro Homine (estar siempre a favor del hombre), sin embargo en este caso ha dejado de observar que éste, más bien ha sido lesionado al omitir la aplicación del Decreto Legislativo 184-213, del primero de septiembre del 2013…”, que literalmente dice: “ Artículo 2.- Establece a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este término de un año. Las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución”. En su numeral Tercero dice el Ad quem que “En el primer caso durante el plazo de un año contado a partir del día cinco de octubre del dos mil trece de acuerdo al referido Decreto la persecución penal estará vedada, es decir periodo de tiempo en que prohíbe perseguir el delito por esta causa, que pueda resultar del hecho de que un sujeto tenga en su poder armas de fuego de tipo comercial o armas consideradas de uso ilegal como resulta en el presente caso”, señalando que “en el segundo caso el Ministerio Público no podrá, en virtud de la veda persecutoria establecida en la norma precitada ejercer la acción penal que nace de aquello delitos previstos en los artículo 331-A y 332-B del Código Penal que se cometen cuando un determinado sujeto posee arma de fuego comerciales o de su uso considerado ilegal, respectivamente ni tampoco los ilícitos que se realizan como resultado de esta posesión tenencia”. El Ad quem acorde con el apelante considera que procede conforme a derecho “la interposición de la falta de acción por parte del Ministerio Público cuando no debió promoverse o no puede perseguirse, excepción establecida en el artículo 47 del mismo texto legal, acción que puede interponerse en cualquier etapa del proceso. Por lo que únicamente se debe operar el decomiso del arma para los fines establecidos en dicho Decreto (destrucción), y por tanto procede la revocatoria de la resolución apelada a efecto de que el Juez que la dictó proceda a decretar sobreseimiento Definitivo conforme a lo dispuesto en el artículo 296 numeral 1) del Código Procesal Penal”. Señalando que de acuerdo a los razonamientos expuestos en la resolución no es necesario responder a los otros agravios esgrimidos, los que en todo caso son propios de una audiencia inicial en cuanto a valoración de prueba en torno al hecho se refieren. Por lo que declaró con lugar el Recurso de apelación y Revocó el auto de fecha veintiséis de junio del año dos mil catorce.CONSIDERANDO(6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO(7):Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, se establece que al acusado se le encontró en posesión de un arma de fuego prohibida, ilícito tipificado en el articulo 332 –A del Código Penal. Sin embargo el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, establece en su Artículo 2 lo siguiente: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el termino de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los tramites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante éste término de un año. Las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha institución”. Ciertamente tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en el artículo 332-A y 332-B, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr en primer lugar “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”. Así mismo el Decreto tiene como finalidad que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso prohibido, procedan sin ningún tipo de responsabilidad a entregarlas a la autoridad competente para su destrucción. En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de armas de tipo comercial y la entrega de armas de uso prohibido para su destrucción, ha restringido su juspuniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley. CONSIDERANDO(8):Es importante soslayar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Todo lo cual aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de tenencia ilegal de arma prohibida, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013. CONSIDERANDO (9):Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92,99, 183, 303, 313 No.5, y 316, de La Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha doce de septiembre del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1279-2014. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”JDPG