Sentencia AP-1266-14 — Registro 6292
Resumen
Se revocó sobreseimiento provisional en contra del recurrente y se ordenó dictar auto de prisión por suponerlo responsable del delito de robo agravado en perjuicio de testigo protegido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.."..."Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el dictar auto de formal procesamiento a los imputados, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de marzo de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA, a favor del señor HECTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil catorce, que recayeron en un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha cinco de mayo de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ y MARNOLD ALI FERRUFINO LÓPEZ por suponerlos responsable de los delitos de ROBO AGRAVADO, POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS Y EXTORSIÓN EN SU GRADO DE TENTATIVA en perjuicio de testigo protegido AL 264 y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cuatro de diciembre del año dos mil trece, la Abogada ELSY MARICEL ANDINO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ y MARNOLD ALI FERRUFINO LÓPEZ por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de testigo protegido AL 264; en contra los señores HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, MARNOLD ALI FERRUFINO LÓPEZ y HENRY WILFREDO MEDINA HERRERA por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de testigo protegido AL 264; y en contra los señores HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, MARNOLD ALI FERRUFINO LÓPEZ y HENRY WILFREDO MEDINA HERRERA por suponerlos responsables del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Inicial en fecha cinco de mayo del año dos mil catorce, en la cual resolvió entre algunos de sus considerandos lo siguiente: “I) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de HECTOR JOSUE PONCE MARTÍNEZ, MARNOLD ALI FERRUFINO LÓPEZ y HENRY WILFREDO MEDINA HERRERA a quienes se le supone responsables de los delitos de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AL 264.- II) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de HECTOR JOSUE PONCE MARTÍNEZ, MARNOLD ALLI FERRUFINO LOPEZ y HENRY WILFREDO MEDINA HERRERA a quienes se le supone responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- III) SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de los encausados HECTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ y MARNOLD ALI FERRUFINO LOPEZ a quienes se le supone responsables del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AL 264.- IV) Imponiéndoles como medida cautelar la PRISIÓN PREVENTIVA establecida en el artículo 173 en su numeral 3, misma que cumplirá en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, aunado a esta la prohibición que ya establece el Decreto 56-2003 en el que prohíbe la aplicación de otro tipo de medida cautelar en el delito de extorsión por lo que esta medida se mantendrá hasta la celebración del juicio oral y público si es que llegaste a esta etapa procesal.- V) Extender la Carta de Libertad Provisional al señores HECTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ y MARNOLD ALI FERRUFINO LOPÉZ, sin perjuicio del AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por los delitos de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCIÓND E TENTATIVA y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS.- VI).- Declarar extinguida la acción penal, si transcurrido el término de cinco años (5) que señala la Ley, el Ministerio Público no se hubieren recabado nuevos elementos de juicio que propicien la reapertura del proceso.- VII).- Se revoca la Detención Judicial que les fuera impuesta en la Audiencia de Declaración de Imputado, para lo cual envíese nota al Director de la Penitenciaría Nacional para informarle al respecto de esta resolución.- VIII) ….-” (Folios cuarenta y uno (F-41) al cincuenta y cuatro (F-54) de la pieza de los antecedentes).
- Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por los Abogados NOE NAZARETH BURGOS HERRERA y CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, en su condición de defensores privados y; por el Abogado JOSÉ CRUZ MEJIA MEZA en su condición de agente fiscal en representación del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarando ha lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE CRUZ MEJIA MEZA, Fiscal.- 2) Revocar el sobreseimiento provisional por el delito de ROBO AGRAVADO dictado a favor de HECTOR JOSUE PONCE MARTÍNEZ, MARNOLD ALI FERRUFINO LOPEZ y que el A-quo dicte el Auto de Formal Procesamiento por ese delito.- 3) Declarar No Ha Lugar los recursos de apelación interpuesto por los Abogados NOE NAZARETH BURGOS HERRERA y CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, Defensores Privados de HECTOR JOSUE PONCE MARTÍNES, MARNOLD ALI FERRUFINO LOPEZ y HENRY WILFREDO MEDINA HERRERA.- 4) Confirma el auto de formal procesamiento por el delito de Extorsión en su grado de ejecución de tentativa.-” (Folios ciento ochenta y seis (F-186) al ciento noventa y cinco (F-195) de la pieza de los antecedentes).-
- Que el recurrente el Abogado ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha siete de noviembre del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo en su condición de defensor privado, a favor del señor HECTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, por considerar que las decisiones del Ad-quem de fecha treinta y uno de julio del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por Abogado ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA, a favor del señor HECTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil catorce, que recayeron en un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha cinco de mayo de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ y MARNOLD ALI FERRUFINO LÓPEZ por suponerlos responsable de los delitos de ROBO AGRAVADO, POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS Y EXTORSIÓN EN SU GRADO DE TENTATIVA en perjuicio de Testigo Protegido AL 264 y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA considera que existe una vulneración al derecho constitucional del Debido Proceso, así como al derecho de defensa, cuando el A-Quem, en una flagrante violación al derecho de tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, esto por la falta de motivación en la resolución emitida, al no haberse realizado una valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana critica y la violación del derecho de acceso a la justicia, se deriva de la negación de justicia materializada en una resolución que carece de las motivaciones necesarias para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto; ya que el proceso mediante el cual se llegó a la misma denota inobservancia a las reglas de la sana critica como método de valoración de la prueba al no haberse valorado en forma que demanda la normativa procesal. Concluyendo que al haberse dictado el auto de formal procesamiento por robo agravado, sin haber considerado el Juez A-Quem, la materialidad del delito y sus elementos integradores, se deja en total indefensión a su representado, tal y como lo ha señalado, colocándolo en una situación de flagrante deterioro de sus derechos fundamentales. El Tribunal A-Quem arrastra el mismo error cometido por el A-Quo al no pronunciarse en el fondo de las dos actas sometidas y admitidas al proceso; y, por ende contradictorias entre si, sin poderse probar la razón del porque tenían diferencias entre si; por otro lado la violación del derecho de defensa se materializa desde el momento que se hubiese evacuado el medio probatorio propuesto por la defensa, consistente en la declaración del técnico de inspecciones oculares, quien explicaría que el Ministerio Público le ordenó cambiar dicha acta, no le cabe la menor duda que la resolución hubiese podido ser favorable a su representado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil catorce, resolviendo recursos de apelación interpuestos contra la providencia de fecha cinco de mayo del año dos mil catorce del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que en el presente caso existe plena prueba de la comisión de los tipos penales de robo agravado, posesión ilegal de armas y extorsión en su grado de tentativa, por la ocurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que los califican e indicios racionales para conceptualizar a la imputada como autora de ellos. Tal es así que consecuencia el encartado tiene el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el dictar auto de formal procesamiento a los imputados, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis, recaída en los Recursos de Amparo Penal, registrados en este Tribunal bajo el número 1266-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL