Sentencia AP-126-14 — Registro 6034
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó auto de prisión contra recurrente y denegó excepción por falta de acción opuesta por la Defensa por considerar que hay meritos para considerar que la acción cometida es constitutiva de delito y no se está ante una situación meramente civil; en relación a causa donde se le supone responsable a título de autor del delito de Estafa continuada en perjuicio de Inversiones Turísticas y Deportivas M J S A de C V conocida también como Kapitan Tours; La Autoridad recurrida considera que recurrente confunde la falta de acción con la falta de tipicidad ya que la inexistencia del delito no es una excepción oponible sino un extremo de fondo que debe dilucidarse en la audiencia correspondiente; por tal razón declara no ha lugar el recurso de apelación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"los elementos del delito de Estafa se encuentran contenido en el artículo 240 quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresa o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. Que analizados cada uno de los verbos rectores que anteceden esta Sala encuentra que ciertamente la conducta de la acusada no se enmarca en ninguno de ellos, puesto que en ningún momento ha usado un nombre supuesto, o un titulo falso, no ha existido influencia o calidad simulada, ya que la transacción comercial fue acto voluntario de las partes intervinientes en el que no se cumplió a cabalidad los acuerdos a los que habían llegado, no se observa abuso de confianza, o que la acusada haya fingido ser dueña de bienes, créditos, empresa o negociación, en cuanto a cualquier otro artificio, astucia o engaño no se aprecia tal conducta en lo narrado en el Requerimiento Fiscal ni de los antecedentes que corren en la foliada..."..."del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que el recurrente ha invocado una excepción por falta de acción ya que según su criterio no debió presentarse requerimiento fiscal contra su representada ALYNE ROSIBEL VELASQUEZ PINEDA Gerente General de Gala Tour, porque los hechos controvertidos son puramente mercantiles civiles...Lo cierto es que queda acreditado que ciertamente existe o existió una transacción comercial entre las representante de INVERSIONES TURISTICAS Y DEPORTIVAS, M. J. S.A. de C.V. Y GALA TOURS misma que no se cumplió en su totalidad el acuerdo comercial lo cual no convierte dichos actos en acciones delictivas, desde el momento en que no concurren los elementos de su tipificación legal como ser el del delito de Estafa..."..."de acuerdo a lo antes expuesto los motivos por los que busca Justicia Constitucional el recurrente son de recibo, observando la Sala que la resolución del Ad-quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del Debido Proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela Judicial Efectiva, en ese sentido debe Otorgarse el Amparo y dirimirse a la Justicia Civil el Proceso y sus Antecedentes..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"los elementos del delito de Estafa se encuentran contenido en el artículo 240 quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresa o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. Que analizados cada uno de los verbos rectores que anteceden esta Sala encuentra que ciertamente la conducta de la acusada no se enmarca en ninguno de ellos, puesto que en ningún momento ha usado un nombre supuesto, o un titulo falso, no ha existido influencia o calidad simulada, ya que la transacción comercial fue acto voluntario de las partes intervinientes en el que no se cumplió a cabalidad los acuerdos a los que habían llegado, no se observa abuso de confianza, o que la acusada haya fingido ser dueña de bienes, créditos, empresa o negociación, en cuanto a cualquier otro artificio, astucia o engaño no se aprecia tal conducta en lo narrado en el Requerimiento Fiscal ni de los antecedentes que corren en la foliada..."..."del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que el recurrente ha invocado una excepción por falta de acción ya que según su criterio no debió presentarse requerimiento fiscal contra su representada ALYNE ROSIBEL VELASQUEZ PINEDA Gerente General de Gala Tour, porque los hechos controvertidos son puramente mercantiles civiles...Lo cierto es que queda acreditado que ciertamente existe o existió una transacción comercial entre las representante de INVERSIONES TURISTICAS Y DEPORTIVAS, M. J. S.A. de C.V. Y GALA TOURS misma que no se cumplió en su totalidad el acuerdo comercial lo cual no convierte dichos actos en acciones delictivas, desde el momento en que no concurren los elementos de su tipificación legal como ser el del delito de Estafa..."..."de acuerdo a lo antes expuesto los motivos por los que busca Justicia Constitucional el recurrente son de recibo, observando la Sala que la resolución del Ad-quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del Debido Proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela Judicial Efectiva, en ese sentido debe Otorgarse el Amparo y dirimirse a la Justicia Civil el Proceso y sus Antecedentes..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 199 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de mayo del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSWALDO ENRIQUE URQUIA MORGAN a favor de la Señora ALYNE ROSIBEL VELÁSQUEZ PINEDA, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta de septiembre del año dos mil trece, que declaró no ha lugar un Recurso de Apelación contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de agosto del año dos mil trece, con relación a la causa instruida contra la Señora ALYNE ROSIBEL VELÁSQUEZ PINEDA por suponerla responsable a titulo de autor del delito de ESTAFA en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS M.J. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 1, 59, 82, 88 párrafo primero, 89, 90, 92 y 98 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta de agosto del año dos mil once, la Abogada MARIA DE LOS ÁNGELES BARAHONA DIAZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de la Señora ALYNE ROSIBEL VELÁSQUEZ PINEDA por suponerla responsable a titulo de autor del delito de ESTAFA en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS M.J. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, llevó a cabo Audiencia Inicial en fechas doce de septiembre del año dos mil once, uno, cinco, once y veintidós de junio del año dos mil doce, en la cual resolvió: “1.-) DECRETAR AUTO DE PRISIÓN en contra de la encausada ALYNE ROSIBEL VELÁSQUEZ PINEDA, de generales ya conocidas en las presentes Diligencias, por suponerla responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de INVERSIONES TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS M.J SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, conocida también como KAPITAN TOURS.” (Folios ciento cincuenta y ocho (158) al ciento sesenta y cinco (165), trescientos sesenta y tres (363) al trescientos setenta y cuatro (374) de la pieza Tomo I, y del seiscientos treinta y siete (637) al seiscientos sesenta y tres (663) de la pieza Tomo II de los antecedentes). 3) Que en fecha veintiséis de junio del año dos mil trece, el Abogado OSWALDO ENRIQUE URQUIA MORGAN en su condición de Defensor Privado de la Señora ALYNE ROSIBEL VELÁSQUEZ PINEDA, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interponiendo excepción por la falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse. (Folios setecientos cuarenta y cuatro (744) al setecientos cuarenta y seis (746) de la pieza Tomo II de los antecedentes). 4) Que en fecha nueve de agosto del año dos mil trece, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, llevó a cabo Audiencia de Excepción en la cual resolvió declarar sin lugar la excepción por falta de acción cuando no haya debido promoverse o no haya debido proseguirse interpuesta por la Defensa, en virtud que con toda la prueba presentada, y que ya fue sometida a contradictorio, el tribunal considera que existen meritos suficientes para considerar que la acción cometida por la encausada es constitutiva de delito, por tanto no se está ante una situación meramente civil. (Folios setecientos sesenta (760) al setecientos sesenta y cinco (765) de la pieza Tomo II de los antecedentes). 5) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Abogado OSWALDO ENRIQUE URQUIA MORGAN en su condición de Defensor Privado de la Señora ALYNE ROSIBEL VELÁSQUEZ PINEDA, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de septiembre del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarando NO HA LUGAR, el recurso de apelación interpuesto.- 2) CONFIRMANDO la resolución apelada.” (Folios setecientos noventa y dos (792) al setecientos noventa y cinco (795) de la pieza Tomo II de los antecedentes). 6) Que el recurrente Abogado OSWALDO ENRIQUE URQUIA MORGAN, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diez de febrero del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de la Señora ALYNE ROSIBEL VELÁSQUEZ PINEDA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha treinta de septiembre del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 59, 82, 88 párrafo primero, 89, 90, 92 y 98 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince de julio del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de septiembre del año dos mil trece, que declaró sin lugar un recurso de apelación, confirmando la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán con relación a la causa instruida contra la señora ALYNE ROSIBEL VELASQUEZ PINEDA, por suponerla responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de INVERSIONES TURISTICAS Y DEPORTIVAS M.J.S.A. DE C.V. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente, en la formalización del Recurso expresa que desde que se inició el requerimiento Fiscal y las investigaciones realizadas, se ha establecido que los hechos son meramente mercantiles y civiles, así se desprende de la declaración de la señora LUCILA GARIN MARADIAGA quien afirmó que hizo una relación comercial con la señora ALYNE ROSIBEL VELASQUEZ PINEDA narrando hechos que constituyen acciones civiles y mercantiles (f. 11 al 18 primera pieza. De acuerdo al recurrente la relación comercial se inicia cuando la gerente de Kapitan Tour realiza gestiones para la compra de unos pasajes aéreos a través de la señora Alyne Rosibel Velásquez a quien se le entregó determinada cantidad de dinero, pero, señala el recurrente que la señora Madariaga (gerente de Kapitan Tour) no cumplió con el límite de fecha o último pago ya que se había obligado a cancelar dicha suma en julio del 2011, lo que origina el problema porque hasta esa fecha se garantizaban los precios de los pasajes de los viajeros, o sea en temporada baja, luego por el pago tardío de la señora Maradiaga, realizado hasta el día 8 de agosto del año 2011, mes (agosto) en que subieron las tarifas de los precios de los pasajes casi al doble o más, por lo que la señoras ALYNE PINEDA ya no pudo comprar todos los pasajes sino que parte de ellos, señala que además con el dinero recibido por la hoy imputada se hicieron los pagos de los servicio de hotel, haciendo las reservaciones etc., según las instrucciones recibidas por la señora Maradiaga, esto por las presiones, coacciones que recibió dicha señora, quien ya sabía el problema que se le vendría con los viajeros. Señala además otras declaraciones testificales rendidas ante el Juez, quienes manifestaron no saber lo que sucedió y la declaración del señor Edgar Ahmed Castro García que afirmó que “cuando se hizo la reservación de los precios los boletos tenía un precio, pero cuando se iban a pagar los precios habían subido” (F. 51 52 pieza de amparo), a criterio del recurrente constituyen acciones civiles y mercantiles. Considera que la resolución impugnada vulnera los derechos contenidos en la constitución de la República en los artículos 1,59, 82, 88 párrafo primero, 89, 90 y 92, 14 del pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos. CONSIDERANDO: (5) Que el Ad-quem en su resolución expone detalladamente los antecedentes procesales. En el numeral tres (3) de la Motivación expone, que el acto impugnado se origina en la denegatoria del Ad-quo de la excepción por falta de acción opuesta por la defensa señalando como agravio que los actos son meramente mercantiles y civiles que deben ventilarse en esa esfera y no por la vía penal. Señala el “artículo 46 del código Procesal Penal en su numeral dos (2) que contempla dos situaciones diversas dentro de la excepción por falta de acción: 1.- Cuando la acción no haya debido promoverse y cuando la acción no pueda proseguirse, señalando que en el primer supuesto se incluyen situaciones como: en los delitos de acción pública que no haya requerimiento del Ministerio Público; en los delitos de acción pública dependientes de instancia particular, cuando la persona la persona agraviada no haya dado la autorización correspondiente al Fiscal para ejercitar la acción; y en los delitos de acción privada cuando la querella no sea presentada por la persona autorizada; y también cuando un procedimiento extrapenal sea requisito para ejercer la acción. En el segundo aspecto cuando la acción no pueda proseguirse, en el caso de que sobrevengan obstáculos posteriores al inicio del proceso que hacen imposible su continuación, como por ejemplo lo que dispone el artículo 105 del Código Procesal Penal en cuanto a que el imputado no se encuentra en condiciones de participar conscientemente en el proceso por alteración de su capacidad de comprensión de los actos que haya de realizar o de actuar de conformidad con ese entendimiento. Señala en el numeral cinco que el recurrente no desarrolló de manera concreta sus fundamentos para oponer la excepción por falta de acción como tampoco cual de los presupuestos considera concurren para su petición…. Expone que el recurrente dice que es un asunto meramente civil y mercantil y en ese ámbito procesal debe ser ventilado pero confunde la falta de acción con la falta de tipicidad, ya que la inexistencia del delito no es una excepción oponible sino un extremo de fondo que debe dilucidarse en la audiencia correspondiente. Por tales razones declara no ha lugar el recurso de apelación instruido. CONSIDERANDO: (6) Que los elementos del delito de Estafa se encuentran contenido en el artículo 240 quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresa o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. Que analizados cada uno de los verbos rectores que anteceden esta Sala encuentra que ciertamente la conducta de la acusada no se enmarca en ninguno de ellos, puesto que en ningún momento ha usado un nombre supuesto, o un titulo falso, no ha existido influencia o calidad simulada, ya que la transacción comercial fue acto voluntario de las partes intervinientes en el que no se cumplió a cabalidad los acuerdos a los que habían llegado, no se observa abuso de confianza, o que la acusada haya fingido ser dueña de bienes, créditos, empresa o negociación, en cuanto a cualquier otro artificio, astucia o engaño no se aprecia tal conducta en lo narrado en el Requerimiento Fiscal ni de los antecedentes que corren en la foliada. CONSIDERANDO: (7) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que el recurrente ha invocado una excepción por falta de acción ya que según su criterio no debió presentarse requerimiento fiscal contra su representada ALYNE ROSIBEL VELASQUEZ PINEDA Gerente General de Gala Tour, porque los hechos controvertidos son puramente mercantiles civiles. Que consta en los antecedentes que los hechos surgieron de una transacción comercial realizada entre la ahora imputada y la señora LUCIDA MERCEDES GARIN MARADIAGA, para la compra de un paquetes de pasajes aéreos al extranjero, en los que viajaría un número considerable de personas, sin embargo solo pudo viajar un grupo de personas y las demás vieron frustrado su viaje, consta en los antecedentes primeros tomos, varios documentos en los que se establecen las diferentes actividades realizadas por la ahora acusada a fin de realizar la gestión de viaje, sinnúmeros correos enviados y recibidos en los que se hace referencia a la posibilidad de cambio de los precios, así como las listas de personas con reservación en el hotel y listas de personas que habían llegado al hotel sin reservación. Lo cierto es que queda acreditado que ciertamente existe o existió una transacción comercial entre las representante de INVERSIONES TURISTICAS Y DEPORTIVAS, M. J. S.A. de C.V. Y GALA TOURS misma que no se cumplió en su totalidad el acuerdo comercial lo cual no convierte dichos actos en acciones delictivas, desde el momento en que no concurren los elementos de su tipificación legal como ser el del delito de Estafa. CONSIDERANDO: (8) Que el Auto Acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia en sesión celebrada el miércoles 20 de marzo de 1991, en su motivación dice:…. “3º.- Con el objeto de asegurar el respeto a la garantía contenida en el artículo 98 de la Constitución de la República…, norma infringida frecuentemente al ejercitarse la acción penal y obtener orden de arresto o detención contra personas partícipes en actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no configura un hecho delictuosos o falta; por lo que tales órdenes realmente disminuyen, restringen o tergiversan aquella garantía establecida en la Constitución…,” de lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”. CONSIDERANDO:(9) Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos (El subrayado es nuestro). CONSIDERANDO: (10) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (11) Que de acuerdo a lo antes expuesto los motivos por los que busca Justicia Constitucional el recurrente son de recibo, observando la Sala que la resolución del Ad-quem, ahora impugnada es errónea al inobservar el contexto de los hechos y los principios, requisitos y exigencia del Debido Proceso, que contiene el principio de legalidad sin los cuales no hay una tutela Judicial Efectiva, en ese sentido debe Otorgarse el Amparo y dirimirse a la Justicia Civil el Proceso y sus Antecedentes. CONSIDERANDO: (12) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGA el Recurso amparo interpuesto.
POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 199 código Procesal Penal y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: PRIMERO: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado OSWALDO ENRIQUE URQUIA MORGAN, a favor de ALYNE ROSIBEL VELÁSQUEZ PINEDA, contra las resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán de fecha treinta de septiembre del dos mil trece. SEGUNDO: Que se dirima el proceso instruido y sus antecedentes a los órganos jurisdiccionales en materia civil. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número 0126-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
LMPL