Sentencia AP-1259-14 — Registro 6291
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado en virtud que la figura del delito de consumo no está tipificada como delito según la Ley Especial sobre el uso indebido de drogras misma que ordena que se apliquen medidas de seguridad por lo que el Juzgado impuso una medida de seguridad y una multa en causa en su contra por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida determinó que ha quedado acreditado que la droga decomisada tiene un peso de 4.0 gramos cantidad que es considerada para consumo personal inmediato por lo que la resolución se encuentra conforme a la ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.." Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado, acusado, acusador y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.:"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"en relación a la vulneración del debido proceso invocado por el recurrente, esta Sala encuentra que los señalamientos del recurrente en cuanto a la audiencia inicial, no son de recibo, si el mismo Ente Acusador sabía de la existencia de alguna irregularidad por lealtad con la justicia debió buscar su saneamiento en el momento procesal oportuno, sin embargo no se aprecian. La Sala de lo Constitucional deviene obligada a pronunciarse, sobre la existencia o no de vulneración a los derechos reconocidos y garantizados por la Constitución, no a cuestiones de mera legalidad. En consecuencia no se encuentra vulneración al debido proceso..."..."en cuanto al quebrantamiento del Derecho de Defensa invocado por la impetrante, esta Sala luego del estudio de los antecedentes y la resolución impugnada, no observa tal vulneración, la recurrente ha tenido garantizado este derecho a lo largo del proceso, ejerciéndolo en las audiencias que conforme el procedimiento deben realizarse, en las que tuvo la oportunidad de expresar sus argumentos de acuerdo al caso concreto, así como de hacer uso de la acción recursiva que le franquea la ley. Por otra parte que durante la celebración de la audiencia inicial no se contara, por ejemplo con el dictamen toxicológico, obviamente no debe imputársele al o la fiscal que conoce del caso, tomando en cuenta por una parte, que después de la audiencia de declaración de imputado apenas quedan seis días para que, dentro de ese término celebrar la audiencia inicial: Por otra parte, la pericia toxicológica la realiza un especialista en la materia, (no la o él Fiscal), dependiendo de dicho toxicólogo la entrega del dictamen. Que la o el Fiscal haya presentado dicho dictamen toxicológico en la audiencia preliminar es resultado de la aplicación del principio de objetividad (las negritas son nuestras) que rige las actuaciones del Ministerio Público, actuando sus funcionarios con respeto a la Constitución y garantía del ejerció y aplicación de la ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos de los que el Estado forma parte, todo lo cual se materializa cuando el ente Acusador no solo investiga aquello que inculpe al imputado sino todo lo concerniente a los hechos aún en favor del procesado. Siendo así, la A-Quo dictó una resolución en la que por un lado no existía el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, dictando sobreseimiento definitivo; encontrando sin embargo que existía el consumo de drogas, por lo que ordenó el internamiento del consumidor e impuso una multa. Siendo así no encuentra esta Sala ni siquiera indicio de vulneración del derecho de defensa invocado por la recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de junio del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha cinco de septiembre del año dos mil catorce, que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce, en donde el Juzgado de Letras Primero departamental de Choluteca, dictó Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado y, a la vez le impone una medida de seguridad y le impone una multa, con relación a la causa instruida contra el señor Alfredo Maradiaga Armas por suponerlo responsable del delito de Trafico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciocho de abril del año dos mil catorce, el abogado José Luís Reyes Benavides, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Primero departamental de Choluteca, presentando Solicitud de Allanamiento de Morada del señor identificado como Álvaro Alfredo Maradiaga Armas, en vista de que en informe remitido por la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación que se refieren a informar por haber recibido denuncias y haber realizado acciones de vigilancia de que en ese lugar se venden sustancias prohibidas, específicamente Cocaína.- 2) Que en esa misma fecha dieciocho de abril de dos mil catorce el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, admitió la Solicitud de Allanamiento de Morada junto con el informe de investigación acompañado, nombrado como Juez Ejecutor al agente de investigación de servicios especiales Sergio Hernán Baquedano Mejía, a efectos de realizar las diligencias de allanamiento de morada en las viviendas solicitas.-3) Que en fecha diecinueve de abril del año dos mil catorce, el abogado José Luís Reyes Benavides, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras ya citado, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor Álvaro Alfredo Maradiaga Armas por suponerlo responsable de los delitos de trafico ilícito de drogas y portación o tenencia ilegal de armas de fuego comerciales en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente.-4) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, celebró Audiencia Inicial en fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, en la cual resolvió entre algunos de sus considerandos lo siguiente: “en contra del IMPUTADO ALVARO ALFREDO MARADIAGA ARMAS de generales ya conocidas por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, Y AUTO DE PRISIÓN POR EL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, - Asimismo DECRETESE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, por el término de DOS AÑOS, a cumplirla en el centro penal de esta ciudad en virtud que para esta figura delictiva se les Prohíbe decretar Medidas Sustitutivas, esto sin perjuicio de que el respectivo auto de Prisión pueda ser modificado o revocado ya que el mismo es meramente provisional, tomada en cuenta que no tenemos la prueba documental del dictamen toxicológico hasta este momento, por lo que esta juzgadora estima pertinente la medida antes impuesta por ser idónea y proporcional a los presentes hechos….” (Folios cincuenta (F-50) al cincuenta y cinco (F-55) de las piezas de los antecedentes).-5) Que posterior a la recepción del Dictamen Químico Toxicológico, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, celebró Audiencia Preliminar en fecha (SIC) “veintiséis de mayo del año dos mil trece”, en la cual resolvió entre algunos de sus considerándoos lo siguiente: “DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del IMPUTADO ALVARO ALFREDO MARADIAGA ARMAS EN VIRTUD QUE DICHA FIGURA DEL DELITO DE CONSUMO no esta tipifica como delito según la norma Especial sobre la Ley Sobre el Uso Indebido de Drogas según decreto N. 126-89 del 23 de Noviembre de 1989 y tomando en cuenta que dicha ley ordena que se le apliquen medidas de Seguridad por lo que este Juzgado aplica las Siguiente: 1.- …, 2.- …. En Cuanto al Delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIAL ha presentado Constancia que se encuentra en tramite ante la Procuraduría General de la República de esta ciudad misma que se encuentra en tramite, por lo que este Juzgado se abstiene de Decretar Auto de Apertura en virtud que la misma se llevara a un Arreglo Conciliatorio entre las partes….- Asimismo Decrétese Medidas Diferentes a la Prisión Preventiva en cuento a este delito tomando en cuenta que es susceptible a la Conciliación que se ha hecho mención en esta audiencia.- Siendo las Siguientes: 1.- PRESENTACIÓN PERIODICA A ESTE TRIBUNAL TODOS LOS DÍAS LUNES A FIRMAR EL LIBRO DE PRESENTACIONES EN ESTA SECRETARÍA. 2.- PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS, que la secretara del despacho levante el acta correspondiente….” (Folios sesenta y cuatro (F-64 al sesenta y seis (F-66) de las piezas de los antecedentes).-6) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el abogado José Luís Reyes Benavides en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones Seccional de los Departamentos de Choluteca y Valle, en fecha cinco de septiembre del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1º) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ LUÍS REYES BENAVIDES, en contra de la resolución pronunciada en la audiencia inicial de fecha veintiséis (26) de Mayo del año dos mil catorce, en la causa penal instruida en contra del señor ALVARO ALFREDO MARADIAGA ARMAS, de generales ya expresadas, por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2º) En consecuencia CONFIRMAR la resolución recurrida.-” (Folios trece (F-13) al diecisiete (F-17) de la pieza de Segunda).-7) Que la recurrente Abogada Karla Patricia García Arita, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cinco de septiembre del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintinueve de abril del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, Valle, en fecha cinco de septiembre del año dos mil catorce, mediante la primera declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-Quo en fecha veintiséis de mayo del año dos mil catorce.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso manifiesta que estima que se han quebrantado: los artículos 82, 90, 92 y 94 de la Constitución de la República. Manifiesta la recurrente que iniciado el proceso penal, de acuerdo a la normativa procesal se celebró la audiencia inicial en la que solicitó y se decretó auto de formal procesamiento por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras. Señala el artículo 92 constitucional que dispone lo concerniente a la procedencia del auto de prisión, relacionado con el artículo 297 del Código Procesal Penal referente al sobreseimiento provisional, definitivo, y el auto de prisión. Dice la recurrente que la A-Quo en su resolución dejó establecido que al momento no se podía determinar que la sustancia incautada al imputado es droga por lo que no se dieron los elementos de su tipificación de un delito relacionado al tráfico de drogas, en ese sentido en base a lo establecido en la normativa procesal penal se debió en base al artículo 296 decretar sobreseimiento definitivo, sin embargo se decretó un auto de formal procesamiento en donde se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva, decisión esta, que causa un grave perjuicio al imputado en particular y a la sociedad en general.-CONSIDERANDO (5): Que la recurrente expone que el día 26 de mayo del año dos mil catorce (2014), se celebró la audiencia preliminar, señalando cada uno de las actuaciones que deben realizarse en dicha audiencia y, señalando finalmente que el Ministerio Público no tuvo una exposición conforme al procedimiento establecido, únicamente se limitó a incorporar hasta ese momento procesal la plena prueba de la comisión de un delito e incorporar al proceso el dictamen emitido por el Laboratorio Químico- Toxicológico en donde se establece que la sustancia incautada efectivamente es cocaína y que la cantidad es considerada para el consumo personal inmediato, por lo que solicita que se imponga al imputado el internamiento hasta por 30 días y multa de 500 a 1,000 lempiras dice la recurrente.- CONSIDERANDO (6): Que la recurrente sigue exponiendo que el delito imputado por el Ministerio Público en audiencia preliminar que está contenido en el artículo 26 literal a) de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias Psicotrópicas que establece: “La persona que sea sorprendida en posesión de cigarrillos de marihuana o su equivalente en hoja seca o pasta básica o de cualquier otra droga que produzca dependencia, en una cantidad mínima, tal que, de acuerdo con el dictamen del Departamento Médico Legal del Poder Judicial o de un médico empleado por el Estado, a falta de aquel, sea considerado para su consumo personal inmediato, se le aplicarán las siguientes medidas de seguridad: a) Por la primera vez, internamiento hasta por 30 días multa de quinientos a mil lempiras”.-CONSIDERANDO (7): Que la recurrente siguiendo con su exposición señala:”Sin embargo al haberse violentado el debido proceso por no haberse acreditado en audiencia inicial la plena prueba de la comisión del delito, se impuso al imputado una medida cautelar no contemplada en la ley para esta conducta, estuvo más de 60 días en prisión preventiva. Esto no hubiera ocurrido se hubiese acreditado en la audiencia inicial la plena prueba de la comisión del delito de Consumo de Drogas, de haberse acreditado que la sustancia incautada era droga y la cantidad para el consumo personal inmediato, en ese momento el órgano jurisdiccional debió hacer la declaratoria de reo y continuar el proceso hasta la conclusión del mismo en donde se declarar la responsabilidad penal del imputado e imponer las sanciones a que se refiere el artículo 26, sin embargo el Ministerio Público en la audiencia preliminar se limitó a solicitar la aplicación de una sanción penal, realizando una formalización de acusación en los términos señalados en el artículo 301 del Código Procesal Penal, sin respetar las garantías constitucionales y procesales que le asisten al imputado. Señalando que la A-Quo dicta sobreseimiento provisional, le impone una medida de seguridad y una multa al imputado, lo que es contradictorio, ya que le “sobreseimiento definitivo en base al artículo 296 No. 2 que dice: “Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) “Cuando resulte probado que el hecho no ha existido o no esta tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión. 2) No existan fundamentos suficiente para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito y 3) Se ha extinguido la acción penal…”. Señalando que la Corte de apelaciones confirmó la resolución impugnada es decir el sobreseimiento definitivo…”. Manifestando que han quedado evidenciadas una serie de violaciones de los derechos del imputado que comenzaron en la audiencia inicial al decretarse en su contra auto de prisión e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.-CONSIDERANDO (8): el Ad-Quem al dictar su fallo, realiza una exposición detallada de la audiencia preliminar así como de los agravios expuestos por el apelante y la contestación de éstos por el apelado. Dejando establecido en su numeral QUINTO: Que esa “Corte de apelaciones en base a los argumentos expuesto por las partes ante la instancia jurisdiccional correspondiente y considerando las motivaciones y fundamentos en que la Juez instructora sostiene la resolución pronunciada en la audiencia inicial y que fue objeto del recurso de apelación considera y observa que los elementos de prueba aportados como ser documentales y testifícales y en especial con el medio de prueba pericial consistente en el dictamen forense No. 3315, se acredita que la droga decomisada tiene un peso de 4.0 gramos cantidad que es considerada para consumo personal inmediato”. “Esta Magistratura en reiteradas jurisprudencia y sostenida en criterios científicos de los toxicólogos, ha mantenido firmes criterios sustentados sobretodo, en lo que estipula el artículo 26 de la ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Drogas y sustancias Psicotrópicas, relacionado con lo conceptuado en el numeral 11 del artículo 5 de dicho cuerpo legal especial que, si a una persona se le encuentra en posesión de hasta cinco (0.5) gramos de cocaína, siempre y cuando no acontezcan circunstancias de que la misma será utilizada para tráfico, debe considerarse tal cantidad de droga para consumo personal inmediato, criterio que en el presente caso ha quedado demostrado con el dictamen toxicológico médico forense que determina el criterio jurisprudencial de este tribunal”. En consecuencia confirmo la resolución impugnada, es decir el sobreseimiento definitivo dictado por la A-Quo.-CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado, acusado, acusador y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO (10): Que en relación a la vulneración del debido proceso invocado por el recurrente, esta Sala encuentra que los señalamientos del recurrente en cuanto a la audiencia inicial, no son de recibo, si el mismo Ente Acusador sabía de la existencia de alguna irregularidad por lealtad con la justicia debió buscar su saneamiento en el momento procesal oportuno, sin embargo no se aprecian. La Sala de lo Constitucional deviene obligada a pronunciarse, sobre la existencia o no de vulneración a los derechos reconocidos y garantizados por la Constitución, no a cuestiones de mera legalidad. En consecuencia no se encuentra vulneración al debido proceso.
CONSIDERANDO (11): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno del Estado, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8.-CONSIDERANDO (12): Que en cuanto al quebrantamiento del Derecho de Defensa invocado por la impetrante, esta Sala luego del estudio de los antecedentes y la resolución impugnada, no observa tal vulneración, la recurrente ha tenido garantizado este derecho a lo largo del proceso, ejerciéndolo en las audiencias que conforme el procedimiento deben realizarse, en las que tuvo la oportunidad de expresar sus argumentos de acuerdo al caso concreto, así como de hacer uso de la acción recursiva que le franquea la ley. Por otra parte que durante la celebración de la audiencia inicial no se contara, por ejemplo con el dictamen toxicológico, obviamente no debe imputársele al o la fiscal que conoce del caso, tomando en cuenta por una parte, que después de la audiencia de declaración de imputado apenas quedan seis días para que, dentro de ese término celebrar la audiencia inicial: Por otra parte, la pericia toxicológica la realiza un especialista en la materia, (no la o él Fiscal), dependiendo de dicho toxicólogo la entrega del dictamen. Que la o el Fiscal haya presentado dicho dictamen toxicológico en la audiencia preliminar es resultado de la aplicación del principio de objetividad (las negritas son nuestras) que rige las actuaciones del Ministerio Público, actuando sus funcionarios con respeto a la Constitución y garantía del ejerció y aplicación de la ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos de los que el Estado forma parte, todo lo cual se materializa cuando el ente Acusador no solo investiga aquello que inculpe al imputado sino todo lo concerniente a los hechos aún en favor del procesado. Siendo así, la A-Quo dictó una resolución en la que por un lado no existía el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, dictando sobreseimiento definitivo; encontrando sin embargo que existía el consumo de drogas, por lo que ordenó el internamiento del consumidor e impuso una multa. Siendo así no encuentra esta Sala ni siquiera indicio de vulneración del derecho de defensa invocado por la recurrente.-CONSIDERANDO (13): Que la recurrente señala que además de los derechos antes reseñados también se ha vulnerado el artículo 92 constitucional que contiene los elementos esenciales para que pueda proveerse auto de formal procesamiento, de acuerdo a las actuaciones realizadas en las audiencias señaladas por la impetrante es claro que la audiencia inicial se desarrollo conforme el pedimento del Ministerio Público y con el acerbo probatorio que fue sometido al contradictorio e ilustró a la A-Quo para dictar resolución, de igual manera ha sucedido en la audiencia preliminar, en consecuencia la resolución dictada por el A-Quo y la dictada por el tribunal de alzada no vulneran esta disposición constitucional.- CONSIDERANDO (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 82, 89 90, 92, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 253 relacionado con el artículo 248 del Código Penal en relación con el titulo VI artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha cinco de septiembre del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y a solicitud de la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1259-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL