Sentencia AP-1221-14 — Registro 6315
Resumen
Sentencia en consulta otorgó acción de amparo contra actuaciones del Tribunal de Sentencia por la no entrega del acta de Audiencia de Debate o Juicio Oral y Público en causa contra el imputado por suponerlo responsable de delitos de asesinato y atentado ilegal de armas prohibidas en perjuicio de víctima y la Seguridad interior del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida revocó el término de emplazamiento para que el recurrente interpusiera el Recurso de Casación el cual deberá ser proveído por el Tribunal de Sentencia y que empiece a correr una vez que el reclamante haya recibido las actas de debate y pueda preparar el recurso que la ley le autorice
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua mediante su fallo del veintiuno de octubre del año dos mil catorce resolvió otorgar el recurso de amparo interpuesto, sustentando su decisión básicamente en la no entrega del acta de manera inmediata a las partes una vez que ha concluido el acto que documenta, constituye además un incumplimiento al deber del funcionario Secretarial; no solamente una vulneración a los derechos al debido proceso y defensa..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que sucedió en el presente caso..."…"esta Sala Constitucional, confirma la sentencia que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial una violación al derecho fundamental de defensa; ya que al órgano persecutor del estado se le privó del plazo legal de veinte días hábiles para que efectuara un estudio reposado y reflexivo de todas las incidencias del Debate, pues la Copia del Acta del Debate, NO le fue entregada, coartándole el plazo completo y legal de veinte días a partir de la notificación del fallo, por lo que resulta evidente el ultraje a la garantía del Derecho de Defensa y manifiesta violación al Debido proceso por parte del Tribunal de Sentencia de Comayagua..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 346 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua mediante su fallo del veintiuno de octubre del año dos mil catorce resolvió otorgar el recurso de amparo interpuesto, sustentando su decisión básicamente en la no entrega del acta de manera inmediata a las partes una vez que ha concluido el acto que documenta, constituye además un incumplimiento al deber del funcionario Secretarial; no solamente una vulneración a los derechos al debido proceso y defensa..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que sucedió en el presente caso..."…"esta Sala Constitucional, confirma la sentencia que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial una violación al derecho fundamental de defensa; ya que al órgano persecutor del estado se le privó del plazo legal de veinte días hábiles para que efectuara un estudio reposado y reflexivo de todas las incidencias del Debate, pues la Copia del Acta del Debate, NO le fue entregada, coartándole el plazo completo y legal de veinte días a partir de la notificación del fallo, por lo que resulta evidente el ultraje a la garantía del Derecho de Defensa y manifiesta violación al Debido proceso por parte del Tribunal de Sentencia de Comayagua..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 346 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que sucedió en el presente caso.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de marzo de dos mil dieciséis.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIÓN DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en el Recurso de Amparo presentado por el Abogado REINIERY RAMÓN ALMENDAREZ LIZARDO, en su condición de Fiscal, actuando en representación del MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que otorgó la acción de amparo contra las actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, consistente en la no entrega del Acta de Audiencia de Debate o Juicio Oral y Público por parte de la secretaria del Tribunal de Sentencia, en relación a la causa instruida contra el señor ROGER GEOVANI SUAZO por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO y ATENTADO en perjuicio del JOSÉ CARLOS PADILLA y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha tres de octubre del año dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el abogado RENIERY RAMON ALMENDAREZ LIZARDO, en su condición de Fiscal, actuando en representación del MINISTERIO PÚBLICO, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las actuaciones consistente en la no entrega del Acta de Audiencia de Debate o Juicio Oral y Público por parte de la secretaria del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, por considerar que dicha actuación es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. - 2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, mediante la cual falló: “1.- OTORGAR LA ACCIÓN DE AMPARO que ha interpuesto el Abogado RENIERY RAMON ALMENDAREZ LIZARDO contra la actuación de la Secretaria del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, al no hacer entrega a la Fiscalía del Ministerio Público del acta de Audiencia de Debate o Juicio Oral en la causa registrada bajo el expediente judicial número TSC-4-259-2013 contra ROGER YOVANY SUAZO por los delitos de ASESINATO Y ATENTADO ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA en perjuicio de JOSE CARLOS PADILLA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- EN CONSECUENCIA bajo el respeto estricto de los derechos y garantías que la Constitución de la República y que aparecen consagradas en el debido proceso legal y el derecho a la defensa del Ministerio Público, el que se muestra violentado en el proceso judicial apuntado, SE REVOCA, el termino que por disposición de la ley contenida en el Artículo 363 del Código Procesal Penal, ha emplazado al Ministerio Público para la interposición del Recurso de Casación, el que deberá ser proveído por el Tribunal de Sentencia que empiece a corre una vez que el reclamante haya recibido las actas de debate, y pueda preparar su recurso que contra la sentencia le autorice la ley; En cuanto a la actuación Secretarial, que se prevenga al funcionario respectivo sobre las responsabilidades de su cargo y sea remitido a la Inspectoría de Tribunales para el descargo administrativo correspondiente, por apreciar se actos irregulares en la función por ley a ella encomendada.-” (Folios treinta y ocho (F-38) al cuarenta y tres (F-43) de la pieza de Amparo).-3) Que en fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el Abogado REINIERY RAMÓN ALMENDAREZ LIZARDO, en su condición de Fiscal, actuando en representación del MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, dictada en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado REINIERY RAMÓN ALMENDAREZ LIZARDO, en su condición de Fiscal, actuando en representación del MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que otorgó la acción de amparo contra las actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, consistente en la no entrega del Acta de Audiencia de Debate o Juicio Oral y Público por parte de la secretaria del Tribunal de Sentencia, en relación a la causa instruida contra el señor ROGER GEOVANI SUAZO por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO y ATENTADO en perjuicio de JOSÉ CARLOS PADILLA y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente..-CONSIDERANDO TRES (3): Que La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua mediante su fallo del veintiuno de octubre del año dos mil catorce resolvió otorgar el recurso de amparo interpuesto, sustentando su decisión básicamente en la no entrega del acta de manera inmediata a las partes una vez que ha concluido el acto que documenta, constituye además un incumplimiento al deber del funcionario Secretarial; no solamente una vulneración a los derechos al debido proceso y defensa. Es básico, toda vez que las partes requieren analizar las incidencias con miras a la interposición de un Recurso de Casación, no solo por infracción de Ley o Violación de un precepto constitucional. -CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Acta de Debate cuya copia no se entregó en forma al Amparista, refleja a las partes las incidencias principales del debate del Juicio Oral y Público, de un resumen estructural del debate, la que sirve de notificación para todos, haciendo contar al pie de la misma la forma en que la audiencia y el cumplimiento y observancia de las formalidades que para la misma previste la Ley, acta que sirve además a las otras partes para auxiliar la memoria para un eventual Recurso de Casación. En otras palabras, define la Corte de Apelaciones; el Acta de Debate tiene un valor inestimable para las partes, pues constituye un documento primordial, habida cuenta que proyecta todo lo acontecido en la audiencia y hace plena fe para poder probar un enunciado faltante de la audiencia o su falsedad, los cuales podrían originar la invalidez de la decisión y servirán para interponer el recurso de Casación. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. -CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que sucedió en el presente caso.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, confirma la sentencia que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial una violación al derecho fundamental de defensa; ya que al órgano persecutor del estado se le privó del plazo legal de veinte días hábiles para que efectuara un estudio reposado y reflexivo de todas las incidencias del Debate, pues la Copia del Acta del Debate, NO le fue entregada, coartándole el plazo completo y legal de veinte días a partir de la notificación del fallo, por lo que resulta evidente el ultraje a la garantía del Derecho de Defensa y manifiesta violación al Debido proceso por parte del Tribunal de Sentencia de Comayagua. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82 de la Constitución de la República; 1º., 78 atribución 5ª. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, párrafo final del Artículo 346 del Código Procesal Penal.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redacto Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta , registrado en este Tribunal bajo el número 1221-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de marzo de dos mil dieciséis.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIÓN DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en el Recurso de Amparo presentado por el Abogado REINIERY RAMÓN ALMENDAREZ LIZARDO, en su condición de Fiscal, actuando en representación del MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que otorgó la acción de amparo contra las actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, consistente en la no entrega del Acta de Audiencia de Debate o Juicio Oral y Público por parte de la secretaria del Tribunal de Sentencia, en relación a la causa instruida contra el señor ROGER GEOVANI SUAZO por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO y ATENTADO en perjuicio del JOSÉ CARLOS PADILLA y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha tres de octubre del año dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el abogado RENIERY RAMON ALMENDAREZ LIZARDO, en su condición de Fiscal, actuando en representación del MINISTERIO PÚBLICO, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las actuaciones consistente en la no entrega del Acta de Audiencia de Debate o Juicio Oral y Público por parte de la secretaria del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, por considerar que dicha actuación es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. - 2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, mediante la cual falló: “1.- OTORGAR LA ACCIÓN DE AMPARO que ha interpuesto el Abogado RENIERY RAMON ALMENDAREZ LIZARDO contra la actuación de la Secretaria del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, al no hacer entrega a la Fiscalía del Ministerio Público del acta de Audiencia de Debate o Juicio Oral en la causa registrada bajo el expediente judicial número TSC-4-259-2013 contra ROGER YOVANY SUAZO por los delitos de ASESINATO Y ATENTADO ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA en perjuicio de JOSE CARLOS PADILLA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- EN CONSECUENCIA bajo el respeto estricto de los derechos y garantías que la Constitución de la República y que aparecen consagradas en el debido proceso legal y el derecho a la defensa del Ministerio Público, el que se muestra violentado en el proceso judicial apuntado, SE REVOCA, el termino que por disposición de la ley contenida en el Artículo 363 del Código Procesal Penal, ha emplazado al Ministerio Público para la interposición del Recurso de Casación, el que deberá ser proveído por el Tribunal de Sentencia que empiece a corre una vez que el reclamante haya recibido las actas de debate, y pueda preparar su recurso que contra la sentencia le autorice la ley; En cuanto a la actuación Secretarial, que se prevenga al funcionario respectivo sobre las responsabilidades de su cargo y sea remitido a la Inspectoría de Tribunales para el descargo administrativo correspondiente, por apreciar se actos irregulares en la función por ley a ella encomendada.-” (Folios treinta y ocho (F-38) al cuarenta y tres (F-43) de la pieza de Amparo).-3) Que en fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el Abogado REINIERY RAMÓN ALMENDAREZ LIZARDO, en su condición de Fiscal, actuando en representación del MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, dictada en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado REINIERY RAMÓN ALMENDAREZ LIZARDO, en su condición de Fiscal, actuando en representación del MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que otorgó la acción de amparo contra las actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, consistente en la no entrega del Acta de Audiencia de Debate o Juicio Oral y Público por parte de la secretaria del Tribunal de Sentencia, en relación a la causa instruida contra el señor ROGER GEOVANI SUAZO por suponerlo responsable de los delitos de ASESINATO y ATENTADO en perjuicio de JOSÉ CARLOS PADILLA y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente..-CONSIDERANDO TRES (3): Que La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua mediante su fallo del veintiuno de octubre del año dos mil catorce resolvió otorgar el recurso de amparo interpuesto, sustentando su decisión básicamente en la no entrega del acta de manera inmediata a las partes una vez que ha concluido el acto que documenta, constituye además un incumplimiento al deber del funcionario Secretarial; no solamente una vulneración a los derechos al debido proceso y defensa. Es básico, toda vez que las partes requieren analizar las incidencias con miras a la interposición de un Recurso de Casación, no solo por infracción de Ley o Violación de un precepto constitucional. -CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Acta de Debate cuya copia no se entregó en forma al Amparista, refleja a las partes las incidencias principales del debate del Juicio Oral y Público, de un resumen estructural del debate, la que sirve de notificación para todos, haciendo contar al pie de la misma la forma en que la audiencia y el cumplimiento y observancia de las formalidades que para la misma previste la Ley, acta que sirve además a las otras partes para auxiliar la memoria para un eventual Recurso de Casación. En otras palabras, define la Corte de Apelaciones; el Acta de Debate tiene un valor inestimable para las partes, pues constituye un documento primordial, habida cuenta que proyecta todo lo acontecido en la audiencia y hace plena fe para poder probar un enunciado faltante de la audiencia o su falsedad, los cuales podrían originar la invalidez de la decisión y servirán para interponer el recurso de Casación. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. -CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que sucedió en el presente caso.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, confirma la sentencia que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial una violación al derecho fundamental de defensa; ya que al órgano persecutor del estado se le privó del plazo legal de veinte días hábiles para que efectuara un estudio reposado y reflexivo de todas las incidencias del Debate, pues la Copia del Acta del Debate, NO le fue entregada, coartándole el plazo completo y legal de veinte días a partir de la notificación del fallo, por lo que resulta evidente el ultraje a la garantía del Derecho de Defensa y manifiesta violación al Debido proceso por parte del Tribunal de Sentencia de Comayagua. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82 de la Constitución de la República; 1º., 78 atribución 5ª. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, párrafo final del Artículo 346 del Código Procesal Penal.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redacto Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta , registrado en este Tribunal bajo el número 1221-2014.- Firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL