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Sentencia AP-1163-14 — Registro 6289

Resumen

Sentencia al revocar resolución dictada por el juzgado de primera instancia resolvió de un sobreseimiento provisional a uno definitivo a favor de los imputados en el delito descombro en perjuicio del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia en la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha cuatro de agosto del año dos mil catorce, que por unanimidad de votos declaró con lugar el Recurso de Apelación y reformó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en fecha nueve de abril del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los Señores SANTOS ISRAEL CRUZ AGUILAR y MANUEL EDGARDO ORTEZ MORAN por suponerlos responsables del delito de DESCOMBRO en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado en perjuicio de su representado los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y el derecho de acceso a la justicia, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintidós de marzo del año dos mil catorce, el Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA HERRERA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los Señores SANTOS ISRAEL CRUZ AGUILAR y MANUEL EDGARDO CRUZ MORAN por suponerlos responsables del delito de DESCOMBRO en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS. (Folios del uno (F-01) al tres (F-03) de la pieza de los antecedentes de primera instancia).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Primero Departamental, en fecha nueve de abril del año dos mil catorce, celebró Audiencia Inicial en la cual resolvió: (Sic) “DECRETA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de SANTOS ISRAEL CRUZ AGUILAR Y MANUEL EDGARDO ORTEZ MORAN por suponerlo responsable del delito de DESCOMBRO en perjuicio de EL ESTADO DE HONDURAS de los hechos acontecidos el día 21 de Marzo del año 2014 en Punta Ratón Marcovia en virtud de considerar de haber plena prueba de la comisión del delito no hay indicio racional suficiente de que los imputados hallan tenido participación en el mismo pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvieron, dejando la posibilidad de que el futuro el MP pueda aportar elementos de prueba que den base para decretar un auto de prisión, tomando en consideración también de que los imputados fueron detenidos en fecha posterior al descombro realizado y que actuó únicamente como operarios de maquinaria de construcción de la empresa LEMA asimismo deje sin valor ni efectos las medidas impuesta sen audiencia indagatoria de fecha 22 de marzo del año 2014.- extiéndasele su carta de libertad provisional a favor de los imputados. Sobreseimiento provisional que puede ser modificado o revocado en virtud que el mismo es meramente provisional.-” (Folios veintitrés (23 al veintisiete (27) de la pieza de los antecedentes de primera instancia).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por los Abogados RIGOBERTO EMILIO CORDOVA Y DENIA MARIELA POSADAS SORIANO en su condición de Apoderados Legales de los Señores SANTOS ISRAEL CRUZ AGUILAR y MANUEL EDGARDO ORTEZ MORAN, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha cuatro de agosto del año dos mil catorce, dictó resolución por unanimidad de votos, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por los Abogados RIGOBERTO EMILIO CORDOVA Y DENIA MARIELA POSADAS SORIANO, en su carácter indicado, contra la resolución de fecha nueve de abril del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca en la causa penal incoada contra SANTOS ISRAEL CRUZ AGUILAR Y MANUEL EDGARDO ORTEZ MORAN, por el delito de DESCOMBRO, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: REFORMA LA RESOLUCION IMPUGNADA DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL A UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los imputados SANTOS ISRAEL CRUZ AGUILAR Y MANUEL EDGARDO ORTEZ MORAN, en la causa penal por el delito de DESCOMBRO, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS.-” (Folios del ocho (F-08) al doce (F-12) de la pieza de los antecedentes de Alzada).-4) Que el recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha catorce de octubre del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cuatro de agosto del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, vulnera en perjuicio de su representado los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y el derecho de acceso a la justicia, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos de febrero del año dos mil quince, omitiéndose la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la ley del Ministerio Público, por ser éste parte de la controversia de instancia.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veintidós de marzo del año dos mil catorce, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el Abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA HERRERA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores SANTOS ISRAEL CRUZ AGUILAR y MANUEL EDGARDO CRUZ MORAN por suponerlos responsable del delito de DESCOMBRO, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (3): Que en fecha catorce de octubre del año dos mil catorce, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha cuatro de agosto del año dos mil catorce, emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha nueve de abril del año dos mil catorce, dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en el proceso iniciado en contra de los señores SANTOS ISRAEL CRUZ AGUILAR y MANUEL EDGARDO ORTEZ MORAN; resolución que dicta Sobreseimiento Provisional a favor de los imputados, por el delito incoado por el Ministerio Público, de Descombro; considera el recurrente en amparo que la resolución antes referida violenta los derechos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el acceso a la justicia, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional, el recurrente procede a indicar toda la prueba que fue propuesta y evacuada por las partes en la Audiencia Inicial celebrada y las valoraciones respecto a las mismas, que debieron ser observadas por el Ad-quem; considera el impetrante que de valorarse adecuadamente la prueba se llegaría a una conclusión distinta, que si bien no se pudo establecer el indicio racional que los imputados participaron en las acciones de corte de la vegetación, pues ésta ya estaba seca en el momento de su detención, sin embargo a ellos se les detuvo en el mismo lugar, mientras continuaban con el daño ambiental en una zona protegida, aduciendo que ese mismo día fueron contratados por una empresa supuestamente llamada “LEMA”, de la cual no existe en el proceso documentación alguna, tampoco se estableció quien era el dueño de la maquinaria, elementos éstos que se enmarcan en el contenido del artículo 295 del Código Procesal Penal, ya que dan margen de sospecha de que los acusados si han tenido participación, no como erróneamente ha establecido el A-Quem al señalar que no existe sospecha alguna. Sostiene el recurrente en amparo que es evidente que la resolución emitida por el A-quem no se encuentra apegada a derecho, por las exigencias del artículo 296 del Código Procesal Penal y tal como se ha señalado las pruebas evacuadas en audiencia inicial dan el margen de sospecha establecido en el artículo ut supra, ya que no se tomó en cuenta siquiera la definición básica de la palabra sospecha que no es otra cosa que la creencia o suposición que se realiza a partir de cierta información, en éste caso, dice el impetrante, los imputados fueron detenidos en el mismo lugar de los hechos utilizando maquinaria sin que justifiquen su accionar.-CONSIDERANDO (5): Que arguye el recurrente en amparo que nuestro ordenamiento jurídico demanda de los tribunales que deben apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, esto de acuerdo al artículo 202 del Código Procesal Penal que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, por lo que sus resoluciones deben ser debidamente fundamentadas y no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Señala el impetrante que para Couture “las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas se interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez, unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de perito, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de los casos. El juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no seria sana crítica, sino libre convicción”.-CONSIDERANDO (6): Que en relación a la vulneración de los derechos constitucionales invocados el pedidor dice que la falta de aplicación al sistema de valoración de la sana crítica constituye una flagrante violación al derecho debido proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación partiendo de una valoración objetiva de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, misma que demanda al órgano jurisdiccional formar su convicción después de haber realizado una valoración en forma conjunta y armónica de toda la prueba producida en el proceso ( artículo 202 del Código Procesal Penal), sin embargo como arriba se ha dicho la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle se basa en la defensa material realizada por los imputados, pues estos no acompañaron ningún elemento de prueba para acreditar sus dichos. CONSIDERANDO (7): Que finaliza el amparista señalando que igualmente hay una flagrante violación al derecho de tutela judicial al no por garantizarse el debido proceso, esto por falta de motivación de la resolución emitida, al no haberse realizado una valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica y la violación del derecho de acceso a la justicia, se deriva de la negación de justicia materializada en una resolución que carece de las motivaciones necesarias para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto, ya que el proceso mediante el cual se llego a la misma denota inobservancia de las reglas de la sana crítica como método de valoración de la prueba al no haberse valorado en forma que demanda la normativa procesal. Siendo que la materialización del derecho de acceso a la justicia, es mediante la obtención de una decisión motivada para garantizar el debido proceso, como parte del enfoque que dan fundamento al principio de la tutela judicial efectiva, el sentido y alcance de la resolución emitida por el A-quem lo contraviene abiertamente y como efecto consecuente se incurre en la violación al principio de la sana crítica, al emitir una resolución careciente de una valoración de la prueba aportada por el Ministerio Público, en virtud que con la prueba aportada se determinó la plena prueba de la comisión del delito imputado, así como sospechas de que los imputados participaron en la comisión del mismo.- CONSIDERANDO (8): Que del examen de las diligencias esta Sala observa que la cuestión que se recurre en amparo, es la resolución de fecha cuatro de agosto del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, mediante la cual Resuelve: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por los Abogados RIGOBERTO EMILIO CORDOVA Y DENIA MARIELA POSADAS SORIANO, en su carácter indicado, contra la resolución de fecha nueve de abril del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca en la causa penal incoada contra SANTOS ISRAEL CRUZ AGUILAR Y MANUEL EDGARDO ORTEZ MORAN, por el delito de DESCOMBRO, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: REFORMA LA RESOLUCION IMPUGNADA DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL A UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los imputados SANTOS ISRAEL CRUZ AGUILAR Y MANUEL EDGARDO ORTEZ MORAN, en la causa penal por el delito de DESCOMBRO, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS.-” (Folios del ocho (F-08) al doce (F-12) de la pieza de los antecedentes de Alzada).- CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; entendiendo el recurrente que el debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso; en ese orden de ideas el recurrente estima vulnerado el debido proceso al no realizarse a su criterio una valoración adecuada por parte del Ad-quem, a la prueba evacuada en la Audiencia Inicial celebrada, que culminó con una resolución en fecha nueve de abril del año dos mil catorce, resolución que fue reformada por el Tribunal de Alzada, acto éste último que es recurrido en amparo; es menester entonces señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”.-CONSIDERANDO (10): Que conforme lo manda el artículo 202 citado en el acápite anterior, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[1] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.-CONSIDERANDO (11): Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha cuatro de agosto del año dos mil catorce, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce el recurrente vulnerado, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a reformar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo.-CONSIDERANDO (12): Que conforme a la valoración de la prueba realizada, la Alzada a procedido a reformar la resolución emitida por el A-quo con fundamento en el artículo 296 numeral 1 del Código Procesal Penal que preceptúa: “Sobreseimiento Definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión…” .- CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (14): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: Denegando el amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha cuatro de agosto del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de Septiembre del año dos mil (2016), certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1163 - 2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL