Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1124-16 — Registro 17767

Resumen

Sentencia declaró parcialmente ha lugar recurso de apelación, Reformó y Revocó resolución en causa contra imputados, por suponerlos responsable de Delitos de Tentativa de Homicidio en perjuicio de víctima; de Hurto en perjuicio de afectado; y por delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida indicó que la reforma debe encaminarse a la calificación establecida en la motivación del fallo y la Revocatoria debía hacerse a favor de los imputados por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, tomando en cuenta el Decreto transitorio número 184-2013

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a la apreciación que la Alzada ha hecho del Decreto 184-2013, como constitutivo de su reclamación constitucional, puesto que con creación del mencionado decreto transitorio de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; se aprecia entonces que, contrario a lo apreciado por la Alzada, dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como bien lo argumenta el garantista y ha sido inobservado por la Corte de Alzada en el caso de mérito..."..."la Sala de lo Constitucional entiende, como así lo ha señalado en otros precedentes, que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar positivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en su posesión, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras. Por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 183-2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que se estima el otorgamiento del recurso interpuesto en este sentido, como ya queda dicho, y así debe declararse en el presente fallo..."..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."también es importante recalcar en la presente sentencia, al haber cuestionado el quejoso la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Alzada, que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, consecuentemente, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, conforme con la motivación que se ha plasmado en este fallo y así debe declararse..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a la apreciación que la Alzada ha hecho del Decreto 184-2013, como constitutivo de su reclamación constitucional, puesto que con creación del mencionado decreto transitorio de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; se aprecia entonces que, contrario a lo apreciado por la Alzada, dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como bien lo argumenta el garantista y ha sido inobservado por la Corte de Alzada en el caso de mérito..."..."la Sala de lo Constitucional entiende, como así lo ha señalado en otros precedentes, que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar positivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en su posesión, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras. Por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 183-2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que se estima el otorgamiento del recurso interpuesto en este sentido, como ya queda dicho, y así debe declararse en el presente fallo..."..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."también es importante recalcar en la presente sentencia, al haber cuestionado el quejoso la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Alzada, que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, consecuentemente, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, conforme con la motivación que se ha plasmado en este fallo y así debe declararse..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a la apreciación que la Alzada ha hecho del Decreto 184-2013, como constitutivo de su reclamación constitucional, puesto que con creación del mencionado decreto transitorio de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; se aprecia entonces que, contrario a lo apreciado por la Alzada, dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como bien lo argumenta el garantista y ha sido inobservado por la Corte de Alzada en el caso de mérito..."..."la Sala de lo Constitucional entiende, como así lo ha señalado en otros precedentes, que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar positivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en su posesión, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras. Por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 183-2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que se estima el otorgamiento del recurso interpuesto en este sentido, como ya queda dicho, y así debe declararse en el presente fallo..."..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."es importante recalcar en la presente sentencia, al haber cuestionado el quejoso la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Alzada, que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, consecuentemente, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, conforme con la motivación que se ha plasmado en este fallo y así debe declararse.-.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a la apreciación que la Alzada ha hecho del Decreto 184-2013, como constitutivo de su reclamación constitucional, puesto que con creación del mencionado decreto transitorio de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; se aprecia entonces que, contrario a lo apreciado por la Alzada, dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como bien lo argumenta el garantista y ha sido inobservado por la Corte de Alzada en el caso de mérito..."..."la Sala de lo Constitucional entiende, como así lo ha señalado en otros precedentes, que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar positivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en su posesión, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras. Por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 183-2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que se estima el otorgamiento del recurso interpuesto en este sentido, como ya queda dicho, y así debe declararse en el presente fallo..."..."los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."es importante recalcar en la presente sentencia, al haber cuestionado el quejoso la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Alzada, que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, consecuentemente, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, conforme con la motivación que se ha plasmado en este fallo y así debe declararse.-.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de Diciembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, que declaró parcialmente ha lugar un recurso de apelación y reformó la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ por suponerlos responsables de los delitos de TENTATIVA DE HOMICIDIO en perjuicio del señor LESTER CHENI CORDOVA y HURTO en perjuicio del señor NOLASCO CORDOVA MARIN y contra el Señor OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil catorce, el Abogado CARLOS EDUARDO RAMOS FLORES en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ por suponerlos responsables del delito de HURTO y contra el señor OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ por suponerlo responsable también de los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL Y LESIONES CONSTITUTIVAS DE FALTAS en perjuicio del Señor LESTER CHENI CORDOVA ORTIZ Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Seccional, en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, llevo a cabo Audiencia Inicial en la cual resolvió: “1.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los imputado OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ, por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de LESTER CHENI CORDOVA ORTIZ. 2.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ por el delito de HURTO en perjuicio del señor NOLASCO CORDOVA MARIN, con la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA la que deberá cumplir en el centro, penal de esta ciudad.- 3.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE UN ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS con la medida cautelar de prisión preventiva la que deberá cumplir en el centro penal de esta ciudad.- 4.- líbrese atento oficio al director del centro penal de esta ciudad a efecto de que mantenga bajo guardia y custodia a los imputados en virtud de habérsele decretado auto de formal procesamiento por el delito supra indicado con la medida de PRISIÓN PREVENTIVA contenida en el artículo 173 numeral 3 del código procesal penal.- 5.- Líbrese atento oficio al juzgado de ejecución a efecto de notificarle el auto de FORMAL PROCESAMIENTO a los imputados.” (Folios veintiocho (28) al cuarenta y tres (43) de los antecedentes de primera instancia).- 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Abogado MIGUEL ÁNGEL MARADIAGA VALERIO en su condición de Defensor Publico de los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual falló: “Primero: Parcialmente Ha Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la defensa pública de los procesados Miguel Ángel Maradiaga V en su condición de apelante contra la resolución de fecha Cinco de Junio del Dos Mil Catorce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón en el proceso seguido a los señores Oscar Eusebio Padilla Núñez y Jose Ángel Ruiz Núñez de generales expresadas en la causa penal que se les instruye por unos delitos de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, Hurto y de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de Lester Cheny Córdova y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente.- Segundo: Reformar la resolución dictada en fecha Cinco de Junio del Dos Mil Catorce en relación al delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa en el proceso seguido a los señores Padilla Núñez y Ruiz Núñez de generales expresadas en la causa penal que se les instruye por dicho delito, en el cual se deberá dictar la calificación penal en los términos establecidos por esta Corte.- Tercero: Revocar el auto de procesamiento contra Padilla Núñez y Ruiz Núñez por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del estado Hondureño, por las razones ya expuestas, debiendo dictar el sobreseimiento definitivo.- Cuarto: Revocar el auto de procesamiento contra Padilla Núñez y Ruiz Núñez por el delito de Hurto en perjuicio de Lester Cheni Córdova O. debiendo dictar el sobreseimiento provisional por los motivos expuestos por esta Corte.-” (Folios dos (02) al seis (06) de los antecedentes de segunda instancia).- 4) Que el recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha dos de octubre del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en dos de febrero del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Ministerio Público, se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, que conociendo un recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público de los encartados, resolvió REFORMAR Y REVOCAR la resolución apelada que fue dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, que en fecha cinco de junio del año dos mil catorce determinó decretar auto de formal procesamiento contra los referidos imputados, por los delitos ya antes mencionados en la relación de antecedentes del presente fallo, estableciendo la Alzada en su fallo que la reforma debía encaminarse a la calificación establecida en la motivación del fallo y la revocatoria debía hacerse efectiva a favor de los encartados, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES y el delito de HURTO.- CONSIDERANDO (5): Que destaca de los alegatos presentados por el Ministerio Público que de lo resuelto por el Ad-Quem, emana vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, así como al derecho de defensa, razonando que de lo actuado por la Alzada resulta una violación al derecho de tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, específicamente el principio de legalidad. En su exposición el representante del Ministerio Público explica que en el Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, imponiendo a los jueces la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad e interpretación personal. Según manifestó el amparista, la interpretación de la ley debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar al caso, considerando que en el caso de la aplicación del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el legislador no era la de despenalizar la acción constitutiva de delito de tenencia o portación ilegal de arma comercial por la que se ejercitó la acción penal en contra del encausado OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ, tal como lo establece el Ad-Quem, sino más bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, por lo que la Corte de Apelaciones en estricto apego a la legalidad debió confirmar el auto de formal procesamiento decretado por el A-Quo. El quejoso a su vez, cuestiona la apreciación de la prueba por parte de la Alzada, manifestando que se percibe una falta de aplicación de la autoridad recurrida al (sic) “…sistema de valoración de la sana crítica…”, lo cual estima constituye del mismo modo una violación flagrante a la garantía del debido proceso.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos, que si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebida como el derecho a obtener una resolución favorable, sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiendo a los jueces y tribunales por mandato constitucional aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO (8): Que en este sentido, esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a la apreciación que la Alzada ha hecho del Decreto 184-2013, como constitutivo de su reclamación constitucional, puesto que con creación del mencionado decreto transitorio de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; se aprecia entonces que, contrario a lo apreciado por la Alzada, dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como bien lo argumenta el garantista y ha sido inobservado por la Corte de Alzada en el caso de mérito.- CONSIDERANDO (9): Que el artículo 17 del título preliminar del Código Civil establece: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”.- CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional entiende, como así lo ha señalado en otros precedentes, que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar positivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en su posesión, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras. Por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 183-2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que se estima el otorgamiento del recurso interpuesto en este sentido, como ya queda dicho, y así debe declararse en el presente fallo.- CONSIDERANDO (11): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO (12): Que también es importante recalcar en la presente sentencia, al haber cuestionado el quejoso la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Alzada, que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (13): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, consecuentemente, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, conforme con la motivación que se ha plasmado en este fallo y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, por las razones que se han dejado ya establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al un (1) día del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1124-2014._________________________________CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de Diciembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, que declaró parcialmente ha lugar un recurso de apelación y reformó la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ por suponerlos responsables de los delitos de TENTATIVA DE HOMICIDIO en perjuicio del señor LESTER CHENI CORDOVA y HURTO en perjuicio del señor NOLASCO CORDOVA MARIN y contra el Señor OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil catorce, el Abogado CARLOS EDUARDO RAMOS FLORES en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ por suponerlos responsables del delito de HURTO y contra el señor OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ por suponerlo responsable también de los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL Y LESIONES CONSTITUTIVAS DE FALTAS en perjuicio del Señor LESTER CHENI CORDOVA ORTIZ Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Seccional, en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, llevo a cabo Audiencia Inicial en la cual resolvió: “1.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los imputado OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ, por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de LESTER CHENI CORDOVA ORTIZ. 2.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ por el delito de HURTO en perjuicio del señor NOLASCO CORDOVA MARIN, con la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA la que deberá cumplir en el centro, penal de esta ciudad.- 3.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE UN ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS con la medida cautelar de prisión preventiva la que deberá cumplir en el centro penal de esta ciudad.- 4.- líbrese atento oficio al director del centro penal de esta ciudad a efecto de que mantenga bajo guardia y custodia a los imputados en virtud de habérsele decretado auto de formal procesamiento por el delito supra indicado con la medida de PRISIÓN PREVENTIVA contenida en el artículo 173 numeral 3 del código procesal penal.- 5.- Líbrese atento oficio al juzgado de ejecución a efecto de notificarle el auto de FORMAL PROCESAMIENTO a los imputados.” (Folios veintiocho (28) al cuarenta y tres (43) de los antecedentes de primera instancia).- 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Abogado MIGUEL ÁNGEL MARADIAGA VALERIO en su condición de Defensor Publico de los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual falló: “Primero: Parcialmente Ha Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la defensa pública de los procesados Miguel Ángel Maradiaga V en su condición de apelante contra la resolución de fecha Cinco de Junio del Dos Mil Catorce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón en el proceso seguido a los señores Oscar Eusebio Padilla Núñez y Jose Ángel Ruiz Núñez de generales expresadas en la causa penal que se les instruye por unos delitos de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, Hurto y de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de Lester Cheny Córdova y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente.- Segundo: Reformar la resolución dictada en fecha Cinco de Junio del Dos Mil Catorce en relación al delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa en el proceso seguido a los señores Padilla Núñez y Ruiz Núñez de generales expresadas en la causa penal que se les instruye por dicho delito, en el cual se deberá dictar la calificación penal en los términos establecidos por esta Corte.- Tercero: Revocar el auto de procesamiento contra Padilla Núñez y Ruiz Núñez por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del estado Hondureño, por las razones ya expuestas, debiendo dictar el sobreseimiento definitivo.- Cuarto: Revocar el auto de procesamiento contra Padilla Núñez y Ruiz Núñez por el delito de Hurto en perjuicio de Lester Cheni Córdova O. debiendo dictar el sobreseimiento provisional por los motivos expuestos por esta Corte.-” (Folios dos (02) al seis (06) de los antecedentes de segunda instancia).- 4) Que el recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha dos de octubre del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en dos de febrero del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Ministerio Público, se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, que conociendo un recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público de los encartados, resolvió REFORMAR Y REVOCAR la resolución apelada que fue dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, que en fecha cinco de junio del año dos mil catorce determinó decretar auto de formal procesamiento contra los referidos imputados, por los delitos ya antes mencionados en la relación de antecedentes del presente fallo, estableciendo la Alzada en su fallo que la reforma debía encaminarse a la calificación establecida en la motivación del fallo y la revocatoria debía hacerse efectiva a favor de los encartados, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES y el delito de HURTO.- CONSIDERANDO (5): Que destaca de los alegatos presentados por el Ministerio Público que de lo resuelto por el Ad-Quem, emana vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, así como al derecho de defensa, razonando que de lo actuado por la Alzada resulta una violación al derecho de tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, específicamente el principio de legalidad. En su exposición el representante del Ministerio Público explica que en el Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, imponiendo a los jueces la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad e interpretación personal. Según manifestó el amparista, la interpretación de la ley debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar al caso, considerando que en el caso de la aplicación del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el legislador no era la de despenalizar la acción constitutiva de delito de tenencia o portación ilegal de arma comercial por la que se ejercitó la acción penal en contra del encausado OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ, tal como lo establece el Ad-Quem, sino más bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, por lo que la Corte de Apelaciones en estricto apego a la legalidad debió confirmar el auto de formal procesamiento decretado por el A-Quo. El quejoso a su vez, cuestiona la apreciación de la prueba por parte de la Alzada, manifestando que se percibe una falta de aplicación de la autoridad recurrida al (sic) “…sistema de valoración de la sana crítica…”, lo cual estima constituye del mismo modo una violación flagrante a la garantía del debido proceso.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos, que si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebida como el derecho a obtener una resolución favorable, sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiendo a los jueces y tribunales por mandato constitucional aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO (8): Que en este sentido, esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a la apreciación que la Alzada ha hecho del Decreto 184-2013, como constitutivo de su reclamación constitucional, puesto que con creación del mencionado decreto transitorio de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; se aprecia entonces que, contrario a lo apreciado por la Alzada, dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como bien lo argumenta el garantista y ha sido inobservado por la Corte de Alzada en el caso de mérito.- CONSIDERANDO (9): Que el artículo 17 del título preliminar del Código Civil establece: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”.- CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional entiende, como así lo ha señalado en otros precedentes, que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar positivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en su posesión, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras. Por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 183-2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que se estima el otorgamiento del recurso interpuesto en este sentido, como ya queda dicho, y así debe declararse en el presente fallo.- CONSIDERANDO (11): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO (12): Que también es importante recalcar en la presente sentencia, al haber cuestionado el quejoso la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Alzada, que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (13): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, consecuentemente, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, conforme con la motivación que se ha plasmado en este fallo y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, por las razones que se han dejado ya establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al un (1) día del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1124-2014.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”C E R T I F I C A C I Ó NEl Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de Diciembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, que declaró parcialmente ha lugar un recurso de apelación y reformó la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ por suponerlos responsables de los delitos de TENTATIVA DE HOMICIDIO en perjuicio del señor LESTER CHENI CORDOVA y HURTO en perjuicio del señor NOLASCO CORDOVA MARIN y contra el Señor OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil catorce, el Abogado CARLOS EDUARDO RAMOS FLORES en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ por suponerlos responsables del delito de HURTO y contra el señor OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ por suponerlo responsable también de los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO TIPO COMERCIAL Y LESIONES CONSTITUTIVAS DE FALTAS en perjuicio del Señor LESTER CHENI CORDOVA ORTIZ Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Seccional, en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, llevo a cabo Audiencia Inicial en la cual resolvió: “1.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los imputado OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ, por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de LESTER CHENI CORDOVA ORTIZ. 2.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ por el delito de HURTO en perjuicio del señor NOLASCO CORDOVA MARIN, con la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA la que deberá cumplir en el centro, penal de esta ciudad.- 3.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE UN ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS con la medida cautelar de prisión preventiva la que deberá cumplir en el centro penal de esta ciudad.- 4.- líbrese atento oficio al director del centro penal de esta ciudad a efecto de que mantenga bajo guardia y custodia a los imputados en virtud de habérsele decretado auto de formal procesamiento por el delito supra indicado con la medida de PRISIÓN PREVENTIVA contenida en el artículo 173 numeral 3 del código procesal penal.- 5.- Líbrese atento oficio al juzgado de ejecución a efecto de notificarle el auto de FORMAL PROCESAMIENTO a los imputados.” (Folios veintiocho (28) al cuarenta y tres (43) de los antecedentes de primera instancia).- 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Abogado MIGUEL ÁNGEL MARADIAGA VALERIO en su condición de Defensor Publico de los señores OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ Y JOSE ÁNGEL RUIZ NÚÑEZ, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual falló: “Primero: Parcialmente Ha Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la defensa pública de los procesados Miguel Ángel Maradiaga V en su condición de apelante contra la resolución de fecha Cinco de Junio del Dos Mil Catorce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón en el proceso seguido a los señores Oscar Eusebio Padilla Núñez y Jose Ángel Ruiz Núñez de generales expresadas en la causa penal que se les instruye por unos delitos de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, Hurto y de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de Lester Cheny Córdova y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente.- Segundo: Reformar la resolución dictada en fecha Cinco de Junio del Dos Mil Catorce en relación al delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa en el proceso seguido a los señores Padilla Núñez y Ruiz Núñez de generales expresadas en la causa penal que se les instruye por dicho delito, en el cual se deberá dictar la calificación penal en los términos establecidos por esta Corte.- Tercero: Revocar el auto de procesamiento contra Padilla Núñez y Ruiz Núñez por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del estado Hondureño, por las razones ya expuestas, debiendo dictar el sobreseimiento definitivo.- Cuarto: Revocar el auto de procesamiento contra Padilla Núñez y Ruiz Núñez por el delito de Hurto en perjuicio de Lester Cheni Córdova O. debiendo dictar el sobreseimiento provisional por los motivos expuestos por esta Corte.-” (Folios dos (02) al seis (06) de los antecedentes de segunda instancia).- 4) Que el recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha dos de octubre del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en dos de febrero del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Ministerio Público, se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, que conociendo un recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público de los encartados, resolvió REFORMAR Y REVOCAR la resolución apelada que fue dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, que en fecha cinco de junio del año dos mil catorce determinó decretar auto de formal procesamiento contra los referidos imputados, por los delitos ya antes mencionados en la relación de antecedentes del presente fallo, estableciendo la Alzada en su fallo que la reforma debía encaminarse a la calificación establecida en la motivación del fallo y la revocatoria debía hacerse efectiva a favor de los encartados, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES y el delito de HURTO.- CONSIDERANDO (5): Que destaca de los alegatos presentados por el Ministerio Público que de lo resuelto por el Ad-Quem, emana vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, así como al derecho de defensa, razonando que de lo actuado por la Alzada resulta una violación al derecho de tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, específicamente el principio de legalidad. En su exposición el representante del Ministerio Público explica que en el Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, imponiendo a los jueces la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad e interpretación personal. Según manifestó el amparista, la interpretación de la ley debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar al caso, considerando que en el caso de la aplicación del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el legislador no era la de despenalizar la acción constitutiva de delito de tenencia o portación ilegal de arma comercial por la que se ejercitó la acción penal en contra del encausado OSCAR EUSEBIO PADILLA NÚÑEZ, tal como lo establece el Ad-Quem, sino más bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, por lo que la Corte de Apelaciones en estricto apego a la legalidad debió confirmar el auto de formal procesamiento decretado por el A-Quo. El quejoso a su vez, cuestiona la apreciación de la prueba por parte de la Alzada, manifestando que se percibe una falta de aplicación de la autoridad recurrida al (sic) “…sistema de valoración de la sana crítica…”, lo cual estima constituye del mismo modo una violación flagrante a la garantía del debido proceso.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos, que si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebida como el derecho a obtener una resolución favorable, sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho. En este sentido, correspondiendo a los jueces y tribunales por mandato constitucional aplicar las leyes a casos concretos, se entiende que sus resoluciones deben ser emitidas en consonancia con el ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO (8): Que en este sentido, esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a la apreciación que la Alzada ha hecho del Decreto 184-2013, como constitutivo de su reclamación constitucional, puesto que con creación del mencionado decreto transitorio de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; se aprecia entonces que, contrario a lo apreciado por la Alzada, dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como bien lo argumenta el garantista y ha sido inobservado por la Corte de Alzada en el caso de mérito.- CONSIDERANDO (9): Que el artículo 17 del título preliminar del Código Civil establece: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”.- CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional entiende, como así lo ha señalado en otros precedentes, que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar positivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en su posesión, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras. Por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 183-2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que se estima el otorgamiento del recurso interpuesto en este sentido, como ya queda dicho, y así debe declararse en el presente fallo.- CONSIDERANDO (11): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO (12): Que también es importante recalcar en la presente sentencia, al haber cuestionado el quejoso la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Alzada, que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (13): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, consecuentemente, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, conforme con la motivación que se ha plasmado en este fallo y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, por las razones que se han dejado ya establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”Y a solicitud de la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al un (1) día del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1124-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL