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Sentencia AP-1124-15 — Registro 6314

Resumen

Amparo en consulta contra la resolución que declaro sin lugar la Solicitud de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia, en la causa que se le sigue a impetrante por suponerlo responsable del delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Prohibida (chimba)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"6: Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, quien a inobservado el debido proceso, pues como bien lo señala la impetrante en Amparo, el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 440-A del Código Procesal Penal en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, precepto que establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aún cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo no encuentra fundamento legal en el artículo 440-A invocado, pues de la lectura del Requerimiento Fiscal presentado se advierte que el caso no se encuentra enmarcado en ninguna de las excepciones que señala la norma procesal indicada a efecto de denegar la solicitud presentad por el ente acusador.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal"

Legislación citada

Sentencia

CERTIICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho dias del mes de junio del año dos mil dieciseis.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que otorga la acción de amparo interpuesta por la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha veinte de octubre del año dos mil quince, por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, del departamento de Comayagua, en el proceso instruido contra el señor EVED MELEC AGUILAR GOMEZ, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veinte de octubre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, la Abogada MIRIAM YESSENIA BARAHONA ORDOÑEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra EVED MELEC AGUILAR GOMEZ, por suponerlo responsable del delito de POSISIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDA INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y solicitando aplicación del Juicio Expedito.-2) Que en la misma fecha el referido Juzgado celebró Audiencia de Adecuación del Procedimiento Expedito de Flagrancias, mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Por ser un delito del cual como lo ha expuesto a su vez la agente fiscal del Ministerio Publico, en el cual le deberán de realizar peritajes, por el tipo de arma, siendo esta una Chimba, a su vez que hay doctrina de la Corte en la cual previo al pronunciamiento de la misma, se requiere un análisis del tipo de munición que utiliza este tipo de arma casera por lo que tanto la fiscal del ministerio publico como la defensora publica deberán de presentar pruebas para acusar o para eximir de responsabilidad al encausado y ya que regula nuestra normativa procesal penal que los juicios expeditos no podrán durar más de treinta días hábiles, es así que se declara SIN LUGAR la solicitud de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia, esto en virtud de que esta Juez deberá garantizar el debido proceso y al tener conocimiento de los plazos que existen en la normativa procesal penal, se violentarían los mismos, al acceder a lo solicitado por la fiscal del Ministerio Publico, pudiendo ocasionar la no presentación de pruebas en el tiempo establecido por la ley…”. (Ver folios del dieciséis (F-16) al dieciocho (F-18) de la pieza de los antecedentes de instancia).- 3) Que en fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince, la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público, interpuso ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veinte de octubre del dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, por considerar que la misma es violatoria del principio derecho al Debido proceso, contenido en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-4) Que en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, dictó sentencia que falla: (Sic) “PRIMERO: OTORGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO, interpuesta por la Abogado NORMA YANETH FLORES RUIZ, contra la resolución de fecha Dos de Noviembre del año Dos Mil Quince, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, en la causa que se le sigue a EVED MELEC AGUILAR GÓMEZ, a quien se supone responsable del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. SEGUNDO: Ordena a la referida judicatura que se continúe el proceso contra el referido imputado por la vía del Procedimiento Expedito de Flagrancia…”. (Ver folios del quince (F-15) al dieciocho (F-18) de la pieza de antecedentes de amparo).-5) Que en fecha Veintiséis de noviembre del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interpuesta por la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ, contra las actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del procedimiento Expedito de Flagrancia, en el proceso penal instruido en contra del señor EVED MELEC AGUILAR GOMEZ, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del proceso al Juicio Expedito, argumentando el A-quo, que el caso requiere la práctica de pruebas de difícil realización, como ser dictámenes o más, para acusar o eximir de responsabilidad al encausado y como los juicios expeditos no pueden durar más de treinta días, esos medios de pruebas no estarán listos para ilustrar a la señora Juez en el momento del Juicio, sostiene la recurrente. Arguye asimismo la impetrante que la señora Juez al dar su resolución trastoca lo que manda el artículo 321 de la Constitución de la República, en relación y paliación a lo que dice el Código Procesal Penal en su artículo 285, en el que se indica que el “Fiscal presentará un escrito con expresión del hecho imputado y de su calificación provisional” (lo resaltada es del recurrente), en tal sentido la calificación de los hechos está a cargo del Fiscal, no de la Defensa ni mucho menos del Juez que va a conocer del caso, reitera la garantista; concluye expresando la pedidora de amparo, que la resolución dada por el Juez de primera Instancia no tiene fundamento legal, trastocando el debido proceso, dejando de cumplir lo que le mandan los artículos 8[1] y 9[2] del Código Procesal Penal, en relación a una pronta y eficaz aplicación de la justicia, evitando todo lo que tenga como propósito dilatar indebidamente los procedimientos, actuando con estricto respeto de los derechos que corresponde a los sujetos procesales. Traduciéndose este trastoque del debido proceso en perjuicio del imputado, quien podría ver resuelta su situación legal en el término de treinta días, tiempo que está previsto para concluir con el proceso y de esta manera tener una pronta y expedita paliación de la justicia.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual resuelve Otorgando la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al estimar que la resolución impetrada vía Amparo vulnera el debido proceso invocado por el Ministerio Público como recurrente enunciado en el artículo 90 párrafo primero de la Carta Magna.-CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del debido proceso, los artículos 90 párrafo primero y 321 de de la Constitución de la República que señalan, el primero: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; y el segundo preceptúa: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad”. En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO 6: Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, quien a inobservado el debido proceso, pues como bien lo señala la impetrante en Amparo, el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 440-A del Código Procesal Penal en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, precepto que establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aún cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo no encuentra fundamento legal en el artículo 440-A invocado, pues de la lectura del Requerimiento Fiscal presentado se advierte que el caso no se encuentra enmarcado en ninguna de las excepciones que señala la norma procesal indicada a efecto de denegar la solicitud presentad por el ente acusador.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.- POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13, 14 y 292 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1124-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho dias del mes de junio del año dos mil dieciseis.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que otorga la acción de amparo interpuesta por la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha veinte de octubre del año dos mil quince, por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, del departamento de Comayagua, en el proceso instruido contra el señor EVED MELEC AGUILAR GOMEZ, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veinte de octubre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, la Abogada MIRIAM YESSENIA BARAHONA ORDOÑEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra EVED MELEC AGUILAR GOMEZ, por suponerlo responsable del delito de POSISIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDA INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y solicitando aplicación del Juicio Expedito.-2) Que en la misma fecha el referido Juzgado celebró Audiencia de Adecuación del Procedimiento Expedito de Flagrancias, mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Por ser un delito del cual como lo ha expuesto a su vez la agente fiscal del Ministerio Publico, en el cual le deberán de realizar peritajes, por el tipo de arma, siendo esta una Chimba, a su vez que hay doctrina de la Corte en la cual previo al pronunciamiento de la misma, se requiere un análisis del tipo de munición que utiliza este tipo de arma casera por lo que tanto la fiscal del ministerio publico como la defensora publica deberán de presentar pruebas para acusar o para eximir de responsabilidad al encausado y ya que regula nuestra normativa procesal penal que los juicios expeditos no podrán durar más de treinta días hábiles, es así que se declara SIN LUGAR la solicitud de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia, esto en virtud de que esta Juez deberá garantizar el debido proceso y al tener conocimiento de los plazos que existen en la normativa procesal penal, se violentarían los mismos, al acceder a lo solicitado por la fiscal del Ministerio Publico, pudiendo ocasionar la no presentación de pruebas en el tiempo establecido por la ley…”. (Ver folios del dieciséis (F-16) al dieciocho (F-18) de la pieza de los antecedentes de instancia).- 3) Que en fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince, la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público, interpuso ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veinte de octubre del dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, por considerar que la misma es violatoria del principio derecho al Debido proceso, contenido en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-4) Que en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, dictó sentencia que falla: (Sic) “PRIMERO: OTORGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO, interpuesta por la Abogado NORMA YANETH FLORES RUIZ, contra la resolución de fecha Dos de Noviembre del año Dos Mil Quince, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, en la causa que se le sigue a EVED MELEC AGUILAR GÓMEZ, a quien se supone responsable del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. SEGUNDO: Ordena a la referida judicatura que se continúe el proceso contra el referido imputado por la vía del Procedimiento Expedito de Flagrancia…”. (Ver folios del quince (F-15) al dieciocho (F-18) de la pieza de antecedentes de amparo).-5) Que en fecha Veintiséis de noviembre del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocido por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interpuesta por la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ, contra las actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del procedimiento Expedito de Flagrancia, en el proceso penal instruido en contra del señor EVED MELEC AGUILAR GOMEZ, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del proceso al Juicio Expedito, argumentando el A-quo, que el caso requiere la práctica de pruebas de difícil realización, como ser dictámenes o más, para acusar o eximir de responsabilidad al encausado y como los juicios expeditos no pueden durar más de treinta días, esos medios de pruebas no estarán listos para ilustrar a la señora Juez en el momento del Juicio, sostiene la recurrente. Arguye asimismo la impetrante que la señora Juez al dar su resolución trastoca lo que manda el artículo 321 de la Constitución de la República, en relación y paliación a lo que dice el Código Procesal Penal en su artículo 285, en el que se indica que el “Fiscal presentará un escrito con expresión del hecho imputado y de su calificación provisional” (lo resaltada es del recurrente), en tal sentido la calificación de los hechos está a cargo del Fiscal, no de la Defensa ni mucho menos del Juez que va a conocer del caso, reitera la garantista; concluye expresando la pedidora de amparo, que la resolución dada por el Juez de primera Instancia no tiene fundamento legal, trastocando el debido proceso, dejando de cumplir lo que le mandan los artículos 8[3] y 9[4] del Código Procesal Penal, en relación a una pronta y eficaz aplicación de la justicia, evitando todo lo que tenga como propósito dilatar indebidamente los procedimientos, actuando con estricto respeto de los derechos que corresponde a los sujetos procesales. Traduciéndose este trastoque del debido proceso en perjuicio del imputado, quien podría ver resuelta su situación legal en el término de treinta días, tiempo que está previsto para concluir con el proceso y de esta manera tener una pronta y expedita paliación de la justicia.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual resuelve Otorgando la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada NORMA YANETH FLORES RUIZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al estimar que la resolución impetrada vía Amparo vulnera el debido proceso invocado por el Ministerio Público como recurrente enunciado en el artículo 90 párrafo primero de la Carta Magna.-CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del debido proceso, los artículos 90 párrafo primero y 321 de de la Constitución de la República que señalan, el primero: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; y el segundo preceptúa: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad”. En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO 6: Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, quien a inobservado el debido proceso, pues como bien lo señala la impetrante en Amparo, el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 440-A del Código Procesal Penal en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, precepto que establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aún cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo no encuentra fundamento legal en el artículo 440-A invocado, pues de la lectura del Requerimiento Fiscal presentado se advierte que el caso no se encuentra enmarcado en ninguna de las excepciones que señala la norma procesal indicada a efecto de denegar la solicitud presentad por el ente acusador.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.- POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13, 14 y 292 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1124-2015.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 8. Finalidad del proceso. La finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal.

[2] Artículo 9. Saneamiento de irregularidades procesales. Los jueces y magistrados adoptarán las providencias que sean precisas para corregir las irregularidades que adviertan en los procesos, a fin de impedir la nulidad de las actuaciones o la realización de cualquier acto que tenga como propósito, dilatar indebidamente los procedimientos. En el cumplimiento de esta función, actuarán con estricto respeto de los derechos que corresponden a los sujetos procesales.

El tribunal rechazará de plano sin posibilidad de recurso alguno, toda solicitud que se aprecie tenga como finalidad dilatar maliciosamente el proceso, sin perjuicio de que al ser evidente la infracción dolosa de esta disposición se sancione al responsable con una multa entre dos (2) y tres (3) salarios mínimos, según la gravedad de la actuación.

[3] Artículo 8. Finalidad del proceso. La finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal.

[4] Artículo 9. Saneamiento de irregularidades procesales. Los jueces y magistrados adoptarán las providencias que sean precisas para corregir las irregularidades que adviertan en los procesos, a fin de impedir la nulidad de las actuaciones o la realización de cualquier acto que tenga como propósito, dilatar indebidamente los procedimientos. En el cumplimiento de esta función, actuarán con estricto respeto de los derechos que corresponden a los sujetos procesales.

El tribunal rechazará de plano sin posibilidad de recurso alguno, toda solicitud que se aprecie tenga como finalidad dilatar maliciosamente el proceso, sin perjuicio de que al ser evidente la infracción dolosa de esta disposición se sancione al responsable con una multa entre dos (2) y tres (3) salarios mínimos, según la gravedad de la actuación.