Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1104-14 — Registro 6285

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación contra actuaciones del juzgado de primera instancia que decretó auto de prisión con medida cautelar de prisión preventiva contra imputado por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma comercial y prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado, en apelación se revocó auto de prisión y prisión preventiva a imputado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala encuentra que ciertamente al acusado se le ha encontrado en posesión de varias armas de fuego comerciales sin la correspondiente autorización estatal (de igual manera que no existe ninguna excepción estatal que permita la portación sin el correspondiente registro). Además fue encontrada en la diligencia de allanamiento antes reseñada una fabricación casera (chimba)..."..."al respecto de las armas de fabricación casera se pronuncia en concordancia con la JURISPRUDENCIA dictada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA como máximo órgano jurisdiccional a través de la SALA DE LO PENAL, misma que se aprecia en las sentencias Sentencia 467-2012 lo siguiente: VII.- En los hechos probados no se establece, que el arma decomisada es de un calibre de funcionamiento automático, que sea de las silenciadas o de alta precisión, y cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sino que lo establecido en el factum es el decomiso de una arma de fabricación artesanal conocida como chimba que si es posible subsumir su conducta en el tipo penal establecido en el artículo 332-B del Código Penal, al quedar establecido que se le decomisó al acusado una arma de fabricación casera o artesanal comúnmente conocida como “chimba”, concurriendo los elementos objetivos del tipo penal aludido, al “poseer sin permiso de la autoridad competente”, una arma de fuego de fabricación artesanal, de las que pueden considerarse de “uso personal”, y que de acuerdo con la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas las del numeral 2) “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal, que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Por lo que esta Sala considera, que los jueces han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, y han invocado una norma sustantiva ajena a la verdad que aparece consignada en los hechos probados (332-A del Código Penal), de tal forma, que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna… De igual manera se expresa en la sentencia CP 148-2012 Cabe señalar de que si bien es cierto que al tenor de lo previsto en la ley administrativa antes mencionada las armas artesanales son “prohibidas”, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate” Lo que la ley administrativa prevé es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares siempre que cumplan con determinadas requisitos de tal modo que si no son observados tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc… El artículo 332-B del código penal sanciona a “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, etc…, armas de fuego para uso personal y deportivas y explosivos comerciales, precepto en el cual encaja la conducta del encartado, ya que sin autorización de autoridad alguna portaba al momento de su detención un arma cuya posesión para su uso personal no había sido autorizada por autoridad competente habida cuenta que su misma fabricación no es permitida conforme al ordenamiento jurídico hondureño. No cabe duda que en el caso bajo examen el imputado portaba en términos funcionales una escopeta fabricada artesanalmente, propia o idónea para utilizar una munición de calibre comercial y que no puede equipararse por su menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, a las armas automáticas de guerra o de combate como lo es el fusil de asalto kalashnikov más conocido como AK-47, sin embargo igualmente su portación ha puesto en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del encausado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Sentencia No. CP. 246-2013. En el relato fáctico se establece, que al señor WILSON YOVANY MEDINA FUNEZ le fue incautado un artefacto de fabricación casera en buen estado de funcionamiento compatible para utilizar la munición 12 GA Gauge (F77), mismo que atendiendo a criterios técnicos vertidos por el perito correspondiente, se trata de una cartuchería de escopeta calibre 12 GA, es decir, una munición “permitida” y utilizable para fines defensivos o deportivos al tenor de lo previsto en el artículo 7 No. 3) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, por lo que se descarta que el artefacto incautado al encartado pueda ser considerado un arma de guerra o de combate y que por tanto deba imponérsele la pena prevista en el artículo 332-A del Código Penal. Cabe señalar de que si bien es cierto que al tenor de lo previsto en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, las armas artesanales son consideradas “prohibidas”, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate”. Lo que la ley administrativa prevé, es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares, siempre que cumplan con determinados requisitos, de tal modo que si no son observados, tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc. Los antecedentes referidos forman parte del contenido de tres de las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal, sin perjuicio de la existencia de otros fallos..."..."el arma de fabricación casera encontrada al imputado, de acuerdo al Dictamen de Balística Forense que corre agregado a folio treinta y cuatro (F34) de la primera pieza, es calibre 12 GAUGE, es de acción manual o impacto, calibre que acorde a las sentencias antes descritas en su parte conducente importante pata el caso sub judice; dicha arma es de calibre comercial, con tales descripciones resulta muy difícil hacer aparecer una arma de esta naturaleza como ARMA DE GUERRA, no presenta ninguna característica que asemeje siquiera con un arma de guerra que generalmente son de destrucción total no de manejo manual..."si bien es cierto el Estado creó el Decreto transitorio 184-2013 de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), el cual manda en su artículo 2 lo que denomina “Veda” a fin de que en el término de un (1) año, el poseedor de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no posea factura de venta de la Armería, proceda a inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente que tal Decreto no despenaliza bajo ningún concepto su portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que únicamente el fin expreso y taxativo de obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como aserta la recurrente; lo cual sin embargo no fue observado por la Corte de Alzada en el caso de mérito..."..."la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal: “… pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; observando la Sala más bien, que con la puesta en vigencia de la referida Veda por parte del Estado, lo que se pretendería es motivar efectivamente a la ciudadanía a que haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras; por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la presente acción de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre del dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el defensor privado en contra de la resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, en donde el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó auto de formal procesamiento en perjuicio de los imputados, con relación a la causa instruida contra el señor LUÍS LÓPEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL Y PROHIBIDA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR del ESTADO de HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES :1) Que en fecha trece de mayo del año dos mil catorce, el abogado JUAN CARLOS VENTURA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor LUÍS LÓPEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL Y PROHIBIDA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR del ESTADO de HONDURAS.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró Audiencia Inicial en fecha diecinueve de mayo del año dos mil catorce, en la cual resolvió entre algunos de sus considerandos lo siguiente: “PRIMERO: Decretar AUTO DE PRISIÓN en contra del imputado LUÍS LÓPEZ, por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS y COMERCIAL, en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-, con fundamento en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, 332-A, 332-B del Código Penal Vigente, 8 Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, 294 y 297 del Código Procesal Penal.- SEGUNDO: Declarar sin lugar lo peticionado por la defensa por lo antes expuesto.- TERCERO: Imponer al imputado antes referido la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, misma que deberá cumplir en las instalaciones de la Penitenciaria Nacional de esta ciudad, debiendo enviarse el oficio respectivo; con fundamento en los artículos 69 de la Constitución de la República, 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 y 8 de la Convención Americana, 9.1 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 172, 173.3, 178 y 179 del Código Procesal Penal.- CUARTO: ORDENAR AL DIRECTOR DEL Centro Penitenciario que traslade de manera urgente al acusado a que reciba atención medica según lo indiquen los médicos tratantes.-” (Folios trece (F-13) al diecisiete (F-17) de la pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el abogado ASTER ASCANIO ALEGRÍA CASTELLANOS en su condición de defensor privado, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarar CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la Defensa, contra la resolución de fecha diecinueve (19) de Mayo del año dos mil catorce (2014), dictado por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta sección judicial. 2) REVOCAR el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-Quo contra el encausado LUÍS LÓPEZ, por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL Y PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 3) Se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del encausado LUÍS LÓPEZ, por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL Y PROHIBIDA. 4) REVOCAR la medida de prisión preventiva a la que estaba sometido el encausado LUÍS LÓPEZ. 5) Líbrese el correspondiente oficio de excarcelación al Centro Penal de esta ciudad para la INMEDIATA LIBERTAD del encausado antes referido, sin perjuicio de otros procesos que el referido encausado tenga pendientes.-” (Folios quince (F-15) al dieciocho (F-18) de la pieza de los antecedentes).

Que la recurrente la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha doce de agosto del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la causa instruida contra el señor LUIS LOPEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL y PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS,.-CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso señala que considera como vulnerado el debido proceso consagrado en el artículo 321 de la constitución de la República. El Ministerio Público considera que el artículo 2 del decreto 184-2013 no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículos 332-A y B del código penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso , en virtud de que al imputado le fueron encontradas en su casa tres armas de fuego de uso permitido sin el permiso correspondiente. Y un arma de fabricación casera (chimba) junto con sus municiones. Por todo ello consideró que la resolución de la Corte ahora impugnada vulnera el principio de legalidad.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en el acápite de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA numeral primero: deja establecido que (sic) “Los hechos traídos a juzgamiento se desprenden de un allanamiento que se hizo el día trece (13) de mayo, a raíz de que agentes asignados a la Policía Militar recibieron información de una persona que les señaló que en la colonia Los Zorzales, sector de Chamelecon en varias viviendas habían armas y que allí pernotaban miembros de la M.S desde hace tres meses, es así que al realizarse el allanamiento encontraron , en un solar en una de las casas de ese sector en su interior una pistola, calibre 32, con serie 066393, con su respectivo cargador conteniendo 14 proyectiles sin percutir; una pistola calibre 25, serie 730858 con 6 proyectiles sin percutir más 14 proyectiles sin percutir en una bolsa , varios proyectiles en otras bolsas más un cartucho de escopeta 12 sin percutir y una arma de fabricación casera tipo chimba, en otro cuarto de la vivienda se encontró una arma tipo revolver 38, con serie 673306 con 6 proyectiles sin percutir, encontrándose en dicha vivienda al hoy imputado Luís López, quien al momento de la diligencia se le preguntó que si allí vivía y dijo que sí y al preguntarle si tenía permiso de alguna de las armas contestó que no…”.-CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo a la resolución del Tribunal de alzada deja establecido que las armas tipo pistola y revolver encontradas durante al encausado no tienen reporte de robo, la pistola 32 con serie 066393 está registrada a nombre del encausado y el revolver 38 spl, serie 673306 y la pistola 25mm serie 730858 no están registradas, señalando que de acuerdo a las características que son armas de uso permitido, en cuanto al artefacto de construcción casera sin proyectiles el artículo 8 de la misma ley establece que se considera una arma prohibida; en conclusión al encausado se le encontraron 3 armas de uso permitido y sus municiones y una arma (chimba)”. Señala que el decreto No. 184-2013 de fecha cinco de octubre del dos mil trece, establece un periodo de veda de un año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. En el segundo párrafo establece: que “Durante éste término de 1 año las personas que tenga en su poder armas consideradas de uso ilegal puedan hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediendo a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha Institución”, y en su artículo 3 señala que la Secretaría de Seguridad debe de implementar los procedimientos necesarios a fin de dar cumplimiento al decreto en forma expedita… . Señala además que el hallazgo de las armas referidas queda comprendido dentro del período de veda que establece el referido artículo 184-2013, el cual concluyó el 4 de octubre del mismo año. Concluyendo el Ad quem, que lo que corresponde a las personas que tengan dichas armas es proceder con la documentación respectiva a realizar los trámites de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por lo tanto no era procedente en la presente causa detener al encausado por posesión ilegal de arma comercial sino conminarlo a realizar los trámites correspondientes en el Registro antes del cinco (05) de octubre del año dos mil trece. Además señala el Ad quem que el mismo decreto establece que las personas que tengan en su poder armas de uso ilegal podían hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de la tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de dicha Secretaría. Por lo que el tribunal de alzada considera que no procedía la detención del encausado y menos dictarle auto de prisión por considerar que el tener una arma artesanal (chimba) es un delito relacionado con armas de guerra, ya que de acuerdo al artículo 332-A del código Penal no le comprende como arma de guerra o de combate como lo son las AK-47 ni tampoco están establecidas como arma de guerra en la Ley de control de Armas de Fuego. Además el Tribunal de alzada se pronunció en cuanto a la edad del encausado, señalando que aún no tiene los 70 años que establece la ley, por lo que no es de recibo lo señalado por la defensa del encausado. Por todo ello el Ad quem declaró con lugar el Recurso de apelación y revocó el auto de formal procesamiento dictado contra el señor Luis López.-CONSIDERANDO (7): Que procede analizar en sede constitucional el recurso de amparo formalizado por la Abogada fiscal YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de alzada que antecede, la cual estima violatoria de los derechos al debido proceso de la parte por él representada, según prescritos en forma garante en el artículo 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (8): Que en cuanto a la calidad en que comparece la recurrente a esta sede, a reclamar un supuesto de infracción al debido proceso, que se invoca como infringido en el presente caso, en su más amplio concepto de tutela judicial efectiva; es claro que éste obliga al Estado a satisfacer e implementar un conjunto de garantías normativas e institucionales que la efectivicen, habiéndose reconocido el derecho ciudadano a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso justo, en observancia del derecho interno y en concordancia a los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos humanos contra todo actos u omisión de las autoridades públicas, sean estas ejecutivas, judiciales o legislativas; lo cual se reconoce extensivamente a la Fiscalía del Ministerio Público, en tanto representante de los intereses generales de la sociedad y del Estado, en cuya calidad legítima comparece la ahora impetrante.-CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala encuentra que ciertamente al acusado se le ha encontrado en posesión de varias armas de fuego comerciales sin la correspondiente autorización estatal (de igual manera que no existe ninguna excepción estatal que permita la portación sin el correspondiente registro). Además fue encontrada en la diligencia de allanamiento antes reseñada una fabricación casera (chimba).-CONSIDERANDO (10): Que esta al respecto de las armas de fabricación casera se pronuncia en concordancia con la JURISPRUDENCIA dictada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA como máximo órgano jurisdiccional a través de la SALA DE LO PENAL, misma que se aprecia en las sentencias Sentencia 467-2012 lo siguiente: VII.- En los hechos probados no se establece, que el arma decomisada es de un calibre de funcionamiento automático, que sea de las silenciadas o de alta precisión, y cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sino que lo establecido en el factum es el decomiso de una arma de fabricación artesanal conocida como chimba que si es posible subsumir su conducta en el tipo penal establecido en el artículo 332-B del Código Penal, al quedar establecido que se le decomisó al acusado una arma de fabricación casera o artesanal comúnmente conocida como “chimba”, concurriendo los elementos objetivos del tipo penal aludido, al “poseer sin permiso de la autoridad competente”, una arma de fuego de fabricación artesanal, de las que pueden considerarse de “uso personal”, y que de acuerdo con la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas las del numeral 2) “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal, que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Por lo que esta Sala considera, que los jueces han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, y han invocado una norma sustantiva ajena a la verdad que aparece consignada en los hechos probados (332-A del Código Penal), de tal forma, que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna… De igual manera se expresa en la sentencia CP 148-2012 Cabe señalar de que si bien es cierto que al tenor de lo previsto en la ley administrativa antes mencionada las armas artesanales son “prohibidas”, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate” Lo que la ley administrativa prevé es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares siempre que cumplan con determinadas requisitos de tal modo que si no son observados tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc… El artículo 332-B del código penal sanciona a “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, etc…, armas de fuego para uso personal y deportivas y explosivos comerciales, precepto en el cual encaja la conducta del encartado, ya que sin autorización de autoridad alguna portaba al momento de su detención un arma cuya posesión para su uso personal no había sido autorizada por autoridad competente habida cuenta que su misma fabricación no es permitida conforme al ordenamiento jurídico hondureño. No cabe duda que en el caso bajo examen el imputado portaba en términos funcionales una escopeta fabricada artesanalmente, propia o idónea para utilizar una munición de calibre comercial y que no puede equipararse por su menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, a las armas automáticas de guerra o de combate como lo es el fusil de asalto kalashnikov más conocido como AK-47, sin embargo igualmente su portación ha puesto en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del encausado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Sentencia No. CP. 246-2013. En el relato fáctico se establece, que al señor WILSON YOVANY MEDINA FUNEZ le fue incautado un artefacto de fabricación casera en buen estado de funcionamiento compatible para utilizar la munición 12 GA Gauge (F77), mismo que atendiendo a criterios técnicos vertidos por el perito correspondiente, se trata de una cartuchería de escopeta calibre 12 GA, es decir, una munición “permitida” y utilizable para fines defensivos o deportivos al tenor de lo previsto en el artículo 7 No. 3) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, por lo que se descarta que el artefacto incautado al encartado pueda ser considerado un arma de guerra o de combate y que por tanto deba imponérsele la pena prevista en el artículo 332-A del Código Penal. Cabe señalar de que si bien es cierto que al tenor de lo previsto en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, las armas artesanales son consideradas “prohibidas”, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate”. Lo que la ley administrativa prevé, es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares, siempre que cumplan con determinados requisitos, de tal modo que si no son observados, tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc. Los antecedentes referidos forman parte del contenido de tres de las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal, sin perjuicio de la existencia de otros fallos.-CONSIDERANDO (11): Que el arma de fabricación casera encontrada al imputado, de acuerdo al Dictamen de Balística Forense que corre agregado a folio treinta y cuatro (F34) de la primera pieza, es calibre 12 GAUGE, es de acción manual o impacto, calibre que acorde a las sentencias antes descritas en su parte conducente importante pata el caso sub judice; dicha arma es de calibre comercial, con tales descripciones resulta muy difícil hacer aparecer una arma de esta naturaleza como ARMA DE GUERRA, no presenta ninguna característica que asemeje siquiera con un arma de guerra que generalmente son de destrucción total no de manejo manual. Todo lo cual, si bien no puede considerarse arma de guerra no obstante ello tomando en consideración el calibre, su efectividad, además de la prohibición de tenencia y portación por ser de producción prohibida, corresponde conocer de dicha acción conforme lo dispuesto en el tipo penal de armas comerciales sin autorización, Puesto que los jueces no pueden crear figuras jurídicas ni ir más allá de los dispuesto en la ley, hacerlo sería una arbitrariedad que esta proscrita constitucionalmente, en consecuencia las penas deberán ser acordes al principio de proporcionalidad, necesidad y lesividad entre otros.-CONSIDERANDO (12): Que, si bien es cierto el Estado creó el Decreto transitorio 184-2013 de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), el cual manda en su artículo 2 lo que denomina “Veda” a fin de que en el término de un (1) año, el poseedor de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no posea factura de venta de la Armería, proceda a inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente que tal Decreto no despenaliza bajo ningún concepto su portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que únicamente el fin expreso y taxativo de obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como aserta la recurrente; lo cual sin embargo no fue observado por la Corte de Alzada en el caso de mérito.-CONSIDERANDO (13): Que el artículo 17 del título preliminar del Código Civil establece: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”.-CONSIDERANDO (14): Que en resumen la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal: “… pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; observando la Sala más bien, que con la puesta en vigencia de la referida Veda por parte del Estado, lo que se pretendería es motivar efectivamente a la ciudadanía a que haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras; por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la presente acción de amparo.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de agosto del dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1104-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre del dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el defensor privado en contra de la resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, en donde el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó auto de formal procesamiento en perjuicio de los imputados, con relación a la causa instruida contra el señor LUÍS LÓPEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL Y PROHIBIDA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR del ESTADO de HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES :1) Que en fecha trece de mayo del año dos mil catorce, el abogado JUAN CARLOS VENTURA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor LUÍS LÓPEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL Y PROHIBIDA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR del ESTADO de HONDURAS.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró Audiencia Inicial en fecha diecinueve de mayo del año dos mil catorce, en la cual resolvió entre algunos de sus considerandos lo siguiente: “PRIMERO: Decretar AUTO DE PRISIÓN en contra del imputado LUÍS LÓPEZ, por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS y COMERCIAL, en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-, con fundamento en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, 332-A, 332-B del Código Penal Vigente, 8 Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, 294 y 297 del Código Procesal Penal.- SEGUNDO: Declarar sin lugar lo peticionado por la defensa por lo antes expuesto.- TERCERO: Imponer al imputado antes referido la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, misma que deberá cumplir en las instalaciones de la Penitenciaria Nacional de esta ciudad, debiendo enviarse el oficio respectivo; con fundamento en los artículos 69 de la Constitución de la República, 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 y 8 de la Convención Americana, 9.1 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 172, 173.3, 178 y 179 del Código Procesal Penal.- CUARTO: ORDENAR AL DIRECTOR DEL Centro Penitenciario que traslade de manera urgente al acusado a que reciba atención medica según lo indiquen los médicos tratantes.-” (Folios trece (F-13) al diecisiete (F-17) de la pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el abogado ASTER ASCANIO ALEGRÍA CASTELLANOS en su condición de defensor privado, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarar CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la Defensa, contra la resolución de fecha diecinueve (19) de Mayo del año dos mil catorce (2014), dictado por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta sección judicial. 2) REVOCAR el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-Quo contra el encausado LUÍS LÓPEZ, por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL Y PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 3) Se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del encausado LUÍS LÓPEZ, por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL Y PROHIBIDA. 4) REVOCAR la medida de prisión preventiva a la que estaba sometido el encausado LUÍS LÓPEZ. 5) Líbrese el correspondiente oficio de excarcelación al Centro Penal de esta ciudad para la INMEDIATA LIBERTAD del encausado antes referido, sin perjuicio de otros procesos que el referido encausado tenga pendientes.-” (Folios quince (F-15) al dieciocho (F-18) de la pieza de los antecedentes).-4) Que la recurrente la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha doce de agosto del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación a la causa instruida contra el señor LUIS LOPEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL y PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS,.-CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso señala que considera como vulnerado el debido proceso consagrado en el artículo 321 de la constitución de la República. El Ministerio Público considera que el artículo 2 del decreto 184-2013 no constituye una cláusula o norma que despenalice los delitos señalados en los artículos 332-A y B del código penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso , en virtud de que al imputado le fueron encontradas en su casa tres armas de fuego de uso permitido sin el permiso correspondiente. Y un arma de fabricación casera (chimba) junto con sus municiones. Por todo ello consideró que la resolución de la Corte ahora impugnada vulnera el principio de legalidad.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en el acápite de la MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA numeral primero: deja establecido que (sic) “Los hechos traídos a juzgamiento se desprenden de un allanamiento que se hizo el día trece (13) de mayo, a raíz de que agentes asignados a la Policía Militar recibieron información de una persona que les señaló que en la colonia Los Zorzales, sector de Chamelecon en varias viviendas habían armas y que allí pernotaban miembros de la M.S desde hace tres meses, es así que al realizarse el allanamiento encontraron , en un solar en una de las casas de ese sector en su interior una pistola, calibre 32, con serie 066393, con su respectivo cargador conteniendo 14 proyectiles sin percutir; una pistola calibre 25, serie 730858 con 6 proyectiles sin percutir más 14 proyectiles sin percutir en una bolsa , varios proyectiles en otras bolsas más un cartucho de escopeta 12 sin percutir y una arma de fabricación casera tipo chimba, en otro cuarto de la vivienda se encontró una arma tipo revolver 38, con serie 673306 con 6 proyectiles sin percutir, encontrándose en dicha vivienda al hoy imputado Luís López, quien al momento de la diligencia se le preguntó que si allí vivía y dijo que sí y al preguntarle si tenía permiso de alguna de las armas contestó que no…”.-CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo a la resolución del Tribunal de alzada deja establecido que las armas tipo pistola y revolver encontradas durante al encausado no tienen reporte de robo, la pistola 32 con serie 066393 está registrada a nombre del encausado y el revolver 38 spl, serie 673306 y la pistola 25mm serie 730858 no están registradas, señalando que de acuerdo a las características que son armas de uso permitido, en cuanto al artefacto de construcción casera sin proyectiles el artículo 8 de la misma ley establece que se considera una arma prohibida; en conclusión al encausado se le encontraron 3 armas de uso permitido y sus municiones y una arma (chimba)”. Señala que el decreto No. 184-2013 de fecha cinco de octubre del dos mil trece, establece un periodo de veda de un año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. En el segundo párrafo establece: que “Durante éste término de 1 año las personas que tenga en su poder armas consideradas de uso ilegal puedan hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediendo a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha Institución”, y en su artículo 3 señala que la Secretaría de Seguridad debe de implementar los procedimientos necesarios a fin de dar cumplimiento al decreto en forma expedita… . Señala además que el hallazgo de las armas referidas queda comprendido dentro del período de veda que establece el referido artículo 184-2013, el cual concluyó el 4 de octubre del mismo año. Concluyendo el Ad quem, que lo que corresponde a las personas que tengan dichas armas es proceder con la documentación respectiva a realizar los trámites de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por lo tanto no era procedente en la presente causa detener al encausado por posesión ilegal de arma comercial sino conminarlo a realizar los trámites correspondientes en el Registro antes del cinco (05) de octubre del año dos mil trece. Además señala el Ad quem que el mismo decreto establece que las personas que tengan en su poder armas de uso ilegal podían hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de la tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de dicha Secretaría. Por lo que el tribunal de alzada considera que no procedía la detención del encausado y menos dictarle auto de prisión por considerar que el tener una arma artesanal (chimba) es un delito relacionado con armas de guerra, ya que de acuerdo al artículo 332-A del código Penal no le comprende como arma de guerra o de combate como lo son las AK-47 ni tampoco están establecidas como arma de guerra en la Ley de control de Armas de Fuego. Además el Tribunal de alzada se pronunció en cuanto a la edad del encausado, señalando que aún no tiene los 70 años que establece la ley, por lo que no es de recibo lo señalado por la defensa del encausado. Por todo ello el Ad quem declaró con lugar el Recurso de apelación y revocó el auto de formal procesamiento dictado contra el señor Luis López.-CONSIDERANDO (7): Que procede analizar en sede constitucional el recurso de amparo formalizado por la Abogada fiscal YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de alzada que antecede, la cual estima violatoria de los derechos al debido proceso de la parte por él representada, según prescritos en forma garante en el artículo 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (8): Que en cuanto a la calidad en que comparece la recurrente a esta sede, a reclamar un supuesto de infracción al debido proceso, que se invoca como infringido en el presente caso, en su más amplio concepto de tutela judicial efectiva; es claro que éste obliga al Estado a satisfacer e implementar un conjunto de garantías normativas e institucionales que la efectivicen, habiéndose reconocido el derecho ciudadano a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso justo, en observancia del derecho interno y en concordancia a los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos humanos contra todo actos u omisión de las autoridades públicas, sean estas ejecutivas, judiciales o legislativas; lo cual se reconoce extensivamente a la Fiscalía del Ministerio Público, en tanto representante de los intereses generales de la sociedad y del Estado, en cuya calidad legítima comparece la ahora impetrante.-CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala encuentra que ciertamente al acusado se le ha encontrado en posesión de varias armas de fuego comerciales sin la correspondiente autorización estatal (de igual manera que no existe ninguna excepción estatal que permita la portación sin el correspondiente registro). Además fue encontrada en la diligencia de allanamiento antes reseñada una fabricación casera (chimba).-CONSIDERANDO (10): Que esta al respecto de las armas de fabricación casera se pronuncia en concordancia con la JURISPRUDENCIA dictada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA como máximo órgano jurisdiccional a través de la SALA DE LO PENAL, misma que se aprecia en las sentencias Sentencia 467-2012 lo siguiente: VII.- En los hechos probados no se establece, que el arma decomisada es de un calibre de funcionamiento automático, que sea de las silenciadas o de alta precisión, y cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; sino que lo establecido en el factum es el decomiso de una arma de fabricación artesanal conocida como chimba que si es posible subsumir su conducta en el tipo penal establecido en el artículo 332-B del Código Penal, al quedar establecido que se le decomisó al acusado una arma de fabricación casera o artesanal comúnmente conocida como “chimba”, concurriendo los elementos objetivos del tipo penal aludido, al “poseer sin permiso de la autoridad competente”, una arma de fuego de fabricación artesanal, de las que pueden considerarse de “uso personal”, y que de acuerdo con la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas las del numeral 2) “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal, que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Por lo que esta Sala considera, que los jueces han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, y han invocado una norma sustantiva ajena a la verdad que aparece consignada en los hechos probados (332-A del Código Penal), de tal forma, que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna… De igual manera se expresa en la sentencia CP 148-2012 Cabe señalar de que si bien es cierto que al tenor de lo previsto en la ley administrativa antes mencionada las armas artesanales son “prohibidas”, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate” Lo que la ley administrativa prevé es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares siempre que cumplan con determinadas requisitos de tal modo que si no son observados tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc… El artículo 332-B del código penal sanciona a “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, etc…, armas de fuego para uso personal y deportivas y explosivos comerciales, precepto en el cual encaja la conducta del encartado, ya que sin autorización de autoridad alguna portaba al momento de su detención un arma cuya posesión para su uso personal no había sido autorizada por autoridad competente habida cuenta que su misma fabricación no es permitida conforme al ordenamiento jurídico hondureño. No cabe duda que en el caso bajo examen el imputado portaba en términos funcionales una escopeta fabricada artesanalmente, propia o idónea para utilizar una munición de calibre comercial y que no puede equipararse por su menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, a las armas automáticas de guerra o de combate como lo es el fusil de asalto kalashnikov más conocido como AK-47, sin embargo igualmente su portación ha puesto en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del encausado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Sentencia No. CP. 246-2013. En el relato fáctico se establece, que al señor WILSON YOVANY MEDINA FUNEZ le fue incautado un artefacto de fabricación casera en buen estado de funcionamiento compatible para utilizar la munición 12 GA Gauge (F77), mismo que atendiendo a criterios técnicos vertidos por el perito correspondiente, se trata de una cartuchería de escopeta calibre 12 GA, es decir, una munición “permitida” y utilizable para fines defensivos o deportivos al tenor de lo previsto en el artículo 7 No. 3) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, por lo que se descarta que el artefacto incautado al encartado pueda ser considerado un arma de guerra o de combate y que por tanto deba imponérsele la pena prevista en el artículo 332-A del Código Penal. Cabe señalar de que si bien es cierto que al tenor de lo previsto en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, las armas artesanales son consideradas “prohibidas”, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate”. Lo que la ley administrativa prevé, es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares, siempre que cumplan con determinados requisitos, de tal modo que si no son observados, tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc. Los antecedentes referidos forman parte del contenido de tres de las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal, sin perjuicio de la existencia de otros fallos.-CONSIDERANDO (11): Que el arma de fabricación casera encontrada al imputado, de acuerdo al Dictamen de Balística Forense que corre agregado a folio treinta y cuatro (F34) de la primera pieza, es calibre 12 GAUGE, es de acción manual o impacto, calibre que acorde a las sentencias antes descritas en su parte conducente importante pata el caso sub judice; dicha arma es de calibre comercial, con tales descripciones resulta muy difícil hacer aparecer una arma de esta naturaleza como ARMA DE GUERRA, no presenta ninguna característica que asemeje siquiera con un arma de guerra que generalmente son de destrucción total no de manejo manual. Todo lo cual, si bien no puede considerarse arma de guerra no obstante ello tomando en consideración el calibre, su efectividad, además de la prohibición de tenencia y portación por ser de producción prohibida, corresponde conocer de dicha acción conforme lo dispuesto en el tipo penal de armas comerciales sin autorización, Puesto que los jueces no pueden crear figuras jurídicas ni ir más allá de los dispuesto en la ley, hacerlo sería una arbitrariedad que esta proscrita constitucionalmente, en consecuencia las penas deberán ser acordes al principio de proporcionalidad, necesidad y lesividad entre otros.-CONSIDERANDO (12): Que, si bien es cierto el Estado creó el Decreto transitorio 184-2013 de cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), el cual manda en su artículo 2 lo que denomina “Veda” a fin de que en el término de un (1) año, el poseedor de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no posea factura de venta de la Armería, proceda a inscribirla en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente que tal Decreto no despenaliza bajo ningún concepto su portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto; sino que únicamente el fin expreso y taxativo de obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado, como aserta la recurrente; lo cual sin embargo no fue observado por la Corte de Alzada en el caso de mérito.-CONSIDERANDO (13): Que el artículo 17 del título preliminar del Código Civil establece: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”.-CONSIDERANDO (14): Que en resumen la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal: “… pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; observando la Sala más bien, que con la puesta en vigencia de la referida Veda por parte del Estado, lo que se pretendería es motivar efectivamente a la ciudadanía a que haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras; por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la presente acción de amparo.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de agosto del dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1104-2014.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL