Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1100-15 — Registro 6284

Resumen

Resolución recurrida que confirma el auto de formal procesamineto en relación a la causa instruida contra impetrantes por suponerlos responsables del delito de Apropiación indebida

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."…"Que las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de defensa o debido proceso, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de los imputados y el tipo penal en que han podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que los encausados son culpables de la comisión del delito que se le atribuye.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LEONEL DE JESUS AVILA a favor de los señores JOSE LUIS ARTEAGA ARTEAGA, JORGE TORRES ORDOÑEZ y VÍCTOR ASTUL BANEGAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUIDICAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, el veintitrés de mayo de dos mil trece; en relación a la causa instruida contra los señores JOSE LUIS ARTEAGA ARTEAGA, JORGE TORRES ORDOÑEZ y VÍCTOR ASTUL BANEGAS por suponerlos responsables del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio del señor PEDRO TORRES COELLO.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, que confirma el auto de formal procesamiento decretado contra sus representados por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio del señor PEDRO TORRES COELLO, es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso establecidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución impugnada se encuentra apegada a derecho, razón por la que se impuso a confirmarla.-CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de prisión, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, el cual apunta que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, se logró acreditar la evidencia mínima probatoria de tales indicios, así como la concurrencia de todos los elementos del tipo penal por el que se le inició proceso a los ya referidos imputados, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto de formal procesamiento impugnado.-CONSIDERANDO: Que las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de defensa o debido proceso, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de los imputados y el tipo penal en que han podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que los encausados son culpables de la comisión del delito que se le atribuye.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito interpuesto por el Abogado LEONEL DE JESUS AVILA a favor de los señores JOSE LUIS ARTEAGA ARTEAGA, JORGE TORRES ORDOÑEZ y VÍCTOR ASTUL BANEGAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la resolución de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1100-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LEONEL DE JESUS AVILA a favor de los señores JOSE LUIS ARTEAGA ARTEAGA, JORGE TORRES ORDOÑEZ y VÍCTOR ASTUL BANEGAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUIDICAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, el veintitrés de mayo de dos mil trece; en relación a la causa instruida contra los señores JOSE LUIS ARTEAGA ARTEAGA, JORGE TORRES ORDOÑEZ y VÍCTOR ASTUL BANEGAS por suponerlos responsables del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio del señor PEDRO TORRES COELLO.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, que confirma el auto de formal procesamiento decretado contra sus representados por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio del señor PEDRO TORRES COELLO, es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso establecidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución impugnada se encuentra apegada a derecho, razón por la que se impuso a confirmarla.-CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de prisión, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, el cual apunta que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, se logró acreditar la evidencia mínima probatoria de tales indicios, así como la concurrencia de todos los elementos del tipo penal por el que se le inició proceso a los ya referidos imputados, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto de formal procesamiento impugnado.-CONSIDERANDO: Que las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de defensa o debido proceso, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de los imputados y el tipo penal en que han podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que los encausados son culpables de la comisión del delito que se le atribuye.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral

  1. y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito interpuesto por el Abogado LEONEL DE JESUS AVILA a favor de los señores JOSE LUIS ARTEAGA ARTEAGA, JORGE TORRES ORDOÑEZ y VÍCTOR ASTUL BANEGAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la resolución de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1100-2015.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL