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Sentencia AP-1031-12 — Registro 6281

Resumen

Resolución recurrida que declara sin lugar recurso de apelación y que confirma y declara con lugar la excepción de falta de acción interpuesta por imputados en relación al delito de Usurpación y Daños en perjuicio de diversas Empresas Asociativas campesinas,y cual es la jurisdicción competente para dilucidar conflicto dominical de bien inmueble en litigio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala observa que en el caso subjúdice, la resolución emitida tanto en la primera instancia como la dictada por el Tribunal de Alzada y que se ha impugnado en esta vía constitucional, son conforme a derecho, y ello es así, puesto que la jurisdicción competente para conocer del asunto de mérito es la civil, y no la penal; en ese sentido se estima que en aquellos casos en que planteada por una de las partes una cuestión de usurpación ante la jurisdicción penal, si ambas partes alegan y pretenden acreditar ante tal instancia que son los propietarios del inmueble usurpado y presentan títulos de dominio; ante tal situación es que los juzgados de lo civil serán los competentes para conocer y resolver el mismo.-CONSIDERANDO (12): Que por lo antes anotado, no se aprecia la violación de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, puesto que al contrario de lo aseverado por el quejoso, se estima que las alegaciones por el planteadas al tener que ver, con que no se han evacuado unos medios de prueba en la segunda instancia, con ello no se concita las vulneraciones alegadas, puesto que el fondo del asunto en el caso de autos se circunscribe a estimar si la jurisdicción penal es competente para conocer de un supuesto delito de Usurpación, cuando ambas partes han aportado sendos medios de prueba documental por los cuales pretenden acreditar la propiedad del inmueble en litigio, entendemos entonces que precisamente será la instancia civil la que decidirá cual de los documentos de propiedad es legalmente el válido; por otro lado esta Sala estima que a los imputados les asiste constitucionalmente su derecho a la presunción de inocencia, consecuentemente la Corte de Apelaciones del Departamento de Choluteca al dictar su fallo de fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, y mediante el cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público y por el Acusador Privado, ha sido motivado suficientemente y con apego a las reglas de la lógica y la coherencia, explicando cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico en los que funda la misma.-CONSIDERANDO (13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Departamento de Choluteca, no vulnera las garantías constitucionales del derecho de petición, defensa y debido proceso, por lo que el amparo interpuesto por el quejoso, debe ser denegado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia en la Acción de Amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO GUEVARA TRUJILLO a favor de los señores ISRAEL GARCIA MONTOYA, SEFERINA PEREIRA CRUZ, PATROCINIO CARCAMO, ISAAC DOMINGUEZ GARCIA, ROLANDO MARTINEZ MENDIETA, SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA, JUAN CARCAMO PAZ, CECILIO AVILA CORDOVA, PABLO SANTOS PINEDA MONTOYA, JOSE LUIS VELASQUEZ MARCIA, FAUSTO DIAZ, ISIDRO DOMINGUEZ DIAZ, JOSE ANTONIO GARCIA SALMERON, JOSE SILVIO CASTRO VALLE, DIGNA MARIBEL HERNANDEZ ORDOÑEZ Y ROSA ARISTIDES NUÑEZ RIOS, contra la Sentencia dictada en fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de Choluteca, Departamento de Choluteca, que declara SIN LUGAR un Recurso de Apelación, interpuesto contra la Resolución dictada en fecha seis de junio de ese mismo año dos mil doce, por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, con relación a la causa instruida contra los señores OSCAR REINIERIS MURILLO, FERNANDO HERNANDEZ MEJIA, VICTOR PASCUAL MORAN DOMINGUEZ, WILSON ENRIQUE RUBIO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN MORAN DOMINGUEZ, BARTOLO HERNANDEZ BANEGAS, MARIA PASTORA MORAN DOMINGUEZ, JULIO CESAR PAZ DOMINGUEZ, PABLO VICENTE SIERRA MEJIA, GENARO CRUZ CRUZ, EUGENIO BONILLA SANTOS, JOSE AGRIPINO LEMUS MEJIA, MARIA MILAGRO BONILLA BANEGAS, FRANCISCO JAVIER LARIOS RODRIGUEZ, SANTOS BIBIANA SUAZO MENDIETA, FRANCISCA DOMINGUEZ ESCOBAR, SAMUEL PAZ DOMINGUEZ, RAMON GARCIA QUIROZ, TEOFILO LEMUS MEJIA y EDWIN MARCIAL ARGUIJO GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACIÓN Y DAÑOS en perjuicio de las Empresas Asociativas Campesinas SAN FRANCISCO, EL ESFUERZO, SALINITAS, GRACIAS A DIOS, 29 DE JUNIO y NUEVO AGRICULTOR EL TULAR.- ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil doce, el Abogado OSWALDO OSORIO SANTOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, presentando Requerimiento Fiscal contra los Señores OSCAR REINIERIS MURILLO, FERNANDO HERNANDEZ MEJIA, VICTOR PASCUAL MORAN DOMINGUEZ, WILSON ENRIQUE RUBIO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN MORAN DOMINGUEZ, BARTOLO HERNANDEZ BANEGAS, MARIA PASTORA MORAN DOMINGUEZ, JULIO CESAR PAZ DOMINGUEZ, PABLO VICENTE SIERRA MEJIA, GENARO CRUZ CRUZ, EUGENIO BONILLA SANTOS, JOSE AGRIPINO LEMUS MEJIA, MARIA MILAGRO BONILLA BANEGAS, FRANCISCO JAVIER LARIOS RODRIGUEZ, SANTOS BIBIANA SUAZO MENDIETA, FRANCISCA DOMINGUEZ ESCOBAR, SAMUEL PAZ DOMINGUEZ, RAMON GARCIA QUIROZ, TEOFILO LEMUS MEJIA y EDWIN MARCIAL ARGUIJO GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACIÓN Y DAÑOS en perjuicio de las Empresas Asociativas Campesinas SAN FRANCISCO, EL ESFUERZO, SALINITAS, GRACIAS A DIOS, 29 DE JUNIO y NUEVO AGRICULTOR EL TULAR.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en Audiencia Inicial celebrada en fecha seis de junio del año dos mil doce, resolvió: (Sic) “DECLARA: HA LUGAR la Excepción de Falta de acción cuando no pueda proseguirse promovida por la defensa privada de los imputados por considerar que la presente causa deberá ser dilucidada por la vía Civil ante el órgano jurisdiccional competente, por existir titulos de propiedad, tanto a favor de la Asociacion de Regantes del Valle de Nacaome, imputados en la presente causa, y titulo de propiedad inscritos tambien a favor de los ofendido en este caso diversas Empresas Asociativas campesinas, tal como a quedado acreditado en autos con la basta documentación incorporada a los mismos, ordenando asi mismo la cesación de las medidas cautelares impuestas a los ofendidos por este mismo despacho en fecha tres de mayo del año 2,012, sin perjuicio de que las partes puedan hacer uso de los recursos que la ley les franquea.-”(Folios del ciento ochenta y dos (182) al ciento ochenta y nueve (189) de los antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de Choluteca, departamento de Choluteca, conociendo de los Recurso de Apelación promovidos por los Abogados WILFREDO GUEVARA TRUJILLO en su condición de Acusador Privado y OSWALDO OSORIO SANTOS en su condición de Fiscal del Ministerio Público, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesta por los Abogados Wilfredo Guevara Trujillo, y el Oswaldo Osorio Santos, contra la resolución de fecha seis de Junio del año dos mil doce, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en el proceso instruido contra los señores OSCAR RENIERIS MURILLO, FERNANDO HERNANDEZ MEJIA, VICTOR PASCUAL MORAN DOMINGUEZ, WILSON ENRIQUE RUBIO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN MORAN DOMINGUEZ Y OTROS de generales expresadas, por suponerlos responsables del delito de USURPACION Y DAÑOS, en perjuicio de las EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS, SAN FRANCISCO, EL ESFUERZO, SALINITAS, GRACIAS A DIOS, VEINTINUEVE (29) DE JUNIO Y NUEVO AGRICULTOR EL TULAR.- SEGUNDO: En consecuencia SE CONFIRMA la resolución recurrida…” (Folios del doce (12) al dieciséis (16) de los antecedentes de segunda instancia).-4) Que en fecha trece de diciembre del año dos mil doce, el recurrente abogado WILFREDO GUEVARA TRUJILLO, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de Amparo a favor de los Señores ISRAEL GARCIA MONTOYA, SEFERINA PEREIRA CRUZ, PATROCINIO CARCAMO, ISAAC DOMINGUEZ GARCIA, ROLANDO MARTINEZ MENDIETA, SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA, JUAN CARCAMO PAZ, CECILIO AVILA CORDOVA, PABLO SANTOS PINEDA MONTOYA, JOSE LUIS VELASQUEZ MARCIA, FAUSTO DIAZ, ISIDRO DOMINGUEZ DIAZ, JOSE ANTONIO GARCIA SALMERON, JOSE SILVIO CASTRO VALLE, DIGNA MARIBEL HERNANDEZ ORDOÑEZ Y ROSA ARISTIDES NUÑEZ RIOS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, y que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. En fecha diecinueve de agosto del año dos mil trece, se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada, omitiéndose la vista de los antecedentes al fiscal del despacho para que emitiese dictamen, por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que a juicio del recurrente la resolución judicial del ad-quem ha violentando el derecho de petición, de defensa y la garantía genérica del debido proceso, consignada en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Al respecto expone que la vulneración del derecho de defensa se ha suscitado ya que tanto en su escrito de apelación y expresión de agravios él planteo en base a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 357 del Código Procesal Penal, que la segunda instancia se abriera a pruebas, ello con el único fin de demostrar que desde el mes de septiembre del año dos mil once, los imputados sabían que ya no tenían derecho sobre el bien inmueble propiedad de sus representados, y que a pesar de ello los mismos ocuparon el referido predio y que por lo tanto lo estaban ocupando al momento en que se judicializo la causa, por lo que los mismos estaban cometiendo el delito que se le ha imputado; en ese sentido señala el recurrente que el Tribunal de Alzada al no pronunciarse sobre su petición de que se abriera a pruebas la segunda instancia, con ello a dejado a sus representados en indefensión; aduce el recurrente que los documentos por él presentados como medio de prueba acreditan que los imputados ya habían recorrido la vía administrativa, incluso llegando los mismos hasta la instancia constitucional, al interponer acción de amparo contra una resolución del Consejo Nacional Agrario, misma que fue sobreseído por la Sala de lo Constitucional, dice que la documentación presentada versa sobre lo señalado, esto es el trámite seguido por el abogado de los imputados en la instancia administrativa y en la constitucional, es por ello que desde el mes de septiembre de 2011, los imputados han perdido su oportunidad procesal de seguir disputando los bienes en conflicto, extremo este que se ve confirmado con la documentación por el presentada y que pidió se evacuara en la segunda instancia.-CONSIDERANDO (2): Que el impetrante señala la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, preceptuada en el artículo 90 de la Constitución de la República, para ello expone que el A-quo en su resolución ha tocado el fondo del asunto, cuando es sabido que las excepciones por su propia naturaleza no versan sobre el fondo del asunto, sino que sobre formalismos legales, procedimientos o circunstancias que no tienen que ver con el asunto principal; por lo que el Tribunal de Alzada al confirmar lo resuelto por la primera instancia, no repara en que el Juzgado de primera instancia ha dejado en confusión a las partes al decretar la cesación de las medidas cautelares y señalar que eso depende de los recursos que las partes puedan interponer; con lo cual asegura que la Corte de Apelaciones provoca la vulneración de la referida garantía constitucional. Dice que amen de lo anterior la resolución impugnada emplea conceptos equivocados que violentan también el debido proceso, cuando en el Considerando 3, ha ignorado la instancia especializada esto es la agraria; siguiendo la referida Corte el criterio equivocado de la primera instancia, confundiendo con ello la materia que dirime el caso de mérito que es la administrativa y no la civil, aduce que se incurre en falacia por parte del Ad-quem, al asegurar que las dos partes tienen escrituras válidas, lo cual no resulta cierto ya que el Instituto Nacional Agrario (INA), emitió resolución donde deja sin valor ni efecto la escrituración a favor de los imputados y deja en posesión a sus representados del bien en conflicto, situación con la cual asegura se violenta el debido proceso pues la referida Corte de Apelaciones pretende ignorar con su resolución otra resolución que ya es firme, misma que fue dictada por un órgano sobre el cual no tiene competencia, dice que no hay tal que los imputados tengan escritura válida, y que nunca la tendrán ya que los mismos perdieron su oportunidad procesal al haber perdido un recurso de apelación ante el Consejo Nacional Agrario. Aduce asimismo que el Tribunal Ad-quem violenta también el debido proceso cuando señala que el caso de mérito debe dirimirse en la vía civil; y sostiene que con tal declaración se altera principio de especialidad de la ley, puesto que se pretende terminar esta causa aplicando una materia que no resulta aplicable a este caso, ya que si los imputados hubieran terminado correctamente la vía administrativa, hubieran tenido derecho de acudir a la vía Contencioso Administrativo, mas nunca a la vía civil, ya que siendo el caso de autos de naturaleza agraria, tal materia tiene su propio engranaje procesal que culmina en lo contencioso administrativo.-CONSIDERANDO (3): Finalmente el recurrente señala la vulneración del derecho de petición preceptuado en el artículo 80 de nuestra carta magna; al respecto señala que tal vulneración se habría suscitado por cuanto el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado oportunamente sobre la petición por el planteada en cuanto abrir el juicio a pruebas. Señala que el derecho de petición es básico para el correcto seguimiento de todo procedimiento de carácter legal ya sea este administrativo o judicial, por lo que no tomar en cuenta las peticiones que se planteen, con ello se desnaturaliza la obligación de las autoridades de dar respuesta a todas las peticiones que se hagan dentro del marco legal, estimando que al no dársele trámite a la solicitud por el expuesta, con ello se ha provocado la vulneración de la referida garantía constitucional.-CONSIDERANDO(4): Que de un examen detenido de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca, tenemos que la misma basa su fundamentación fáctica y jurídica en lo siguiente: “…..Que este Tribunal aprecia que la controversia jurídica referida en autos, tiene lugar con ocasión de disputarse la propiedad dominical de la fracción del inmueble objeto del presente caso, circunstancia que atendiendo a lo dispuesto en el articulo 54 párrafo final del Código Procesal Penal, debe previamente ser resuelta por el tribunal competente del fuero civil, al que las partes deberán someterse para su examen y valoración jurídica, todos y cada uno de los documentos de propiedad de los que pueda derivarse el derecho del reclamo, es decir, que en el presente caso ambas partes sostienen su tesis de que tienen documentos de propiedad del inmueble en litigio por lo tanto es justo que se les aplica el párrafo final del artículo 54 del Código Procesal Penal….”.-CONSIDERANDO(5): Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y sus antecedentes, entiende que el fondo del asunto en el caso de autos, lo constituye la pretensión por parte del recurrente de que a los imputados los señores OSCAR REINIERIS MURILLO, FERNANDO HERNANDEZ MEJIA, VICTOR PASCUAL MORAN DOMINGUEZ, WILSON ENRIQUE RUBIO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN MORAN DOMINGUEZ, BARTOLO HERNANDEZ BANEGAS, MARIA PASTORA MORAN DOMINGUEZ, JULIO CESAR PAZ DOMINGUEZ, PABLO VICENTE SIERRA MEJIA, GENARO CRUZ CRUZ, EUGENIO BONILLA SANTOS, JOSE AGRIPINO LEMUS MEJIA, MARIA MILAGRO BONILLA BANEGAS, FRANCISCO JAVIER LARIOS RODRIGUEZ, SANTOS BIBIANA SUAZO MENDIETA, FRANCISCA DOMINGUEZ ESCOBAR, SAMUEL PAZ DOMINGUEZ, RAMON GARCIA QUIROZ, TEOFILO LEMUS MEJIA y EDWIN MARCIAL ARGUIJO GARCIA, se les juzgue en la instancia Penal, por estimar que los mismos son responsables de los delitos de USURPACIÓN Y DAÑOS en perjuicio de las Empresas Asociativas Campesinas SAN FRANCISCO, EL ESFUERZO, SALINITAS, GRACIAS A DIOS, 29 DE JUNIO y NUEVO AGRICULTOR EL TULAR; en ese sentido muestra su desacuerdo con el fallo proferido por el Tribunal Ad-quem, cuando el mismo estima que la instancia civil es en donde se debe ventilar el caso de autos.-CONSIDERANDO (6): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola o no garantías individuales y la restricción en el goce de los derechos que establece la Constitución de la República, en ese orden de ideas es necesario examinar si los artículos 80, 82 y 90 de nuestra carta magna, han sido vulnerados por la decisión del Ad-quem; tal y como lo estima el amparista abogado WILFREDO GUEVARA TRUJILLO.-CONSIDERANDO (7): Que con relación a lo alegado por el recurrente es menester hacer algunas acotaciones, especialmente con respecto a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal, entiende esta Sala que tal precepto no obedece sino a la circunstancia de que el Derecho Penal, pese a haberse erigido desde hace más de un siglo en una rama con sustantividad propia y bien delimitada, en modo alguno constituye un compartimiento cerrado dentro del ordenamiento jurídico. Al contrario, y puesto que el Derecho Penal tiene como finalidad esencial la de la prevención y represión de los más graves atentados a los bienes jurídicos reconocidos por el resto del ordenamiento, sean éstos cuales sean, es decir, con independencia de su naturaleza jurídica pública o privada, civil, laboral, mercantil, administrativa o constitucional, en la aplicación judicial de las normas penales resulta perfectamente posible encontrarse con la necesidad de dirimir algún tipo de conflicto diferenciado, nacido como consecuencia de la utilización por parte de los tipos penales de conceptos, elementos o instituciones pertenecientes a las distintas ramas materiales del ordenamiento jurídico, y ello precisamente con la finalidad de poder resolver sobre el fondo del conflicto propiamente penal que constituye el objeto principal del enjuiciamiento.-CONSIDERANDO(8): Que en este sentido, los litigios a las que se refiere en su último párrafo el artículo 54 del Código Procesal Penal, constituyen auténticos conflictos intersubjetivos que, de no surgir con ese carácter en un proceso penal, podrían perfectamente erigirse en el objeto principal de otro proceso cualquiera. De ahí que para poder apreciar su existencia, los órganos judiciales han de encontrarse frente a situaciones fácticas o jurídicas controvertidas, conflictivas o dudosas que, como tales, precisan para ser solventadas de una decisión adoptada por los Jueces o Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.-CONSIDERANDO (9): Que adoptando como punto de partida los criterios hasta ahora expuestos, podemos afirmar que una lectura detenida del último párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal, nos lleva a entender que cuando sea muy intensa la relación de la cuestión no penal (laboral, civil, administrativa, mercantil etc.), con el hecho punible, el tribunal penal resolverá por sí mismo conforme a las pruebas aportadas por las partes, debiendo evidentemente abstenerse de conocer del asunto, si resulta probado por la parte que así lo alegue, que tal situación no debe ventilarse en la instancia penal, de no ser así, deberá entonces el Tribunal Penal resolver la cuestión conforme a las reglas propias de su materia, y al sólo efecto de la represión penal que proceda en el caso.-CONSIDERANDO (10): Que una lectura detenida de los antecedentes, revela lo siguiente: a) Que a los imputados el Instituto Nacional Agrario (INA), mediante Resolución Nº 240-2001 de fecha once de octubre de 2001, les otorgó título definitivo de propiedad sobre el bien inmueble en conflicto, y b) Que también mediante Resolución Nº 218-2010 de fecha once de mayo de 2010, el Instituto Nacional Agrario recupera con fines de reforma agraria el mismo predio, dejando establecido en la referida Resolución que quedaba sin valor ni efecto la adjudicación realizada en fecha quince de octubre de 2001, a favor de la Asociación Regantes del valle de Nacaome, otorgando posteriormente Titulo definitivo de propiedad sobre el mismo bien inmueble a la Empresa Asociativa Campesina “San Francisco”, “El Esfuerzo”, “Salinitas”, “Gracias a Dios”, “29 de Junio” y “Nuevo Agricultor El Tular” en fecha dieciocho de marzo del año dos mil once. (Folios del veintinueve (F-29) al cincuenta y tres (F-53) y del ciento noventa y nueve (f-199) al doscientos cinco (F-205) de los antecedentes de primera instancia).-CONSIDERANDO (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala observa que en el caso subjúdice, la resolución emitida tanto en la primera instancia como la dictada por el Tribunal de Alzada y que se ha impugnado en esta vía constitucional, son conforme a derecho, y ello es así, puesto que la jurisdicción competente para conocer del asunto de mérito es la civil, y no la penal; en ese sentido se estima que en aquellos casos en que planteada por una de las partes una cuestión de usurpación ante la jurisdicción penal, si ambas partes alegan y pretenden acreditar ante tal instancia que son los propietarios del inmueble usurpado y presentan títulos de dominio; ante tal situación es que los juzgados de lo civil serán los competentes para conocer y resolver el mismo.-CONSIDERANDO (12): Que por lo antes anotado, no se aprecia la violación de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, puesto que al contrario de lo aseverado por el quejoso, se estima que las alegaciones por el planteadas al tener que ver, con que no se han evacuado unos medios de prueba en la segunda instancia, con ello no se concita las vulneraciones alegadas, puesto que el fondo del asunto en el caso de autos se circunscribe a estimar si la jurisdicción penal es competente para conocer de un supuesto delito de Usurpación, cuando ambas partes han aportado sendos medios de prueba documental por los cuales pretenden acreditar la propiedad del inmueble en litigio, entendemos entonces que precisamente será la instancia civil la que decidirá cual de los documentos de propiedad es legalmente el válido; por otro lado esta Sala estima que a los imputados les asiste constitucionalmente su derecho a la presunción de inocencia, consecuentemente la Corte de Apelaciones del Departamento de Choluteca al dictar su fallo de fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, y mediante el cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público y por el Acusador Privado, ha sido motivado suficientemente y con apego a las reglas de la lógica y la coherencia, explicando cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico en los que funda la misma.-CONSIDERANDO (13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Departamento de Choluteca, no vulnera las garantías constitucionales del derecho de petición, defensa y debido proceso, por lo que el amparo interpuesto por el quejoso, debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 89, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 Nº 5)de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 46, 47, 54, 61, 62, 64, del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 8.1 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el abogado WILFREDO GUEVARA TRUJILLO a favor de los Señores ISRAEL GARCIA MONTOYA, SEFERINA PEREIRA CRUZ, PATROCINIO CARCAMO, ISAAC DOMINGUEZ GARCIA, ROLANDO MARTINEZ MENDIETA, SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA, JUAN CARCAMO PAZ, CECILIO AVILA CORDOVA, PABLO SANTOS PINEDA MONTOYA, JOSE LUIS VELASQUEZ MARCIA, FAUSTO DIAZ, ISIDRO DOMINGUEZ DIAZ, JOSE ANTONIO GARCIA SALMERON, JOSE SILVIO CASTRO VALLE, DIGNA MARIBEL HERNANDEZ ORDOÑEZ Y ROSA ARISTIDES NUÑEZ RIOS, contra la Sentencia dictada en fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de Choluteca, Departamento de Choluteca, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada REINA AUXILIDORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1031-2012.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia en la Acción de Amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO GUEVARA TRUJILLO a favor de los señores ISRAEL GARCIA MONTOYA, SEFERINA PEREIRA CRUZ, PATROCINIO CARCAMO, ISAAC DOMINGUEZ GARCIA, ROLANDO MARTINEZ MENDIETA, SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA, JUAN CARCAMO PAZ, CECILIO AVILA CORDOVA, PABLO SANTOS PINEDA MONTOYA, JOSE LUIS VELASQUEZ MARCIA, FAUSTO DIAZ, ISIDRO DOMINGUEZ DIAZ, JOSE ANTONIO GARCIA SALMERON, JOSE SILVIO CASTRO VALLE, DIGNA MARIBEL HERNANDEZ ORDOÑEZ Y ROSA ARISTIDES NUÑEZ RIOS, contra la Sentencia dictada en fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de Choluteca, Departamento de Choluteca, que declara SIN LUGAR un Recurso de Apelación, interpuesto contra la Resolución dictada en fecha seis de junio de ese mismo año dos mil doce, por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, con relación a la causa instruida contra los señores OSCAR REINIERIS MURILLO, FERNANDO HERNANDEZ MEJIA, VICTOR PASCUAL MORAN DOMINGUEZ, WILSON ENRIQUE RUBIO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN MORAN DOMINGUEZ, BARTOLO HERNANDEZ BANEGAS, MARIA PASTORA MORAN DOMINGUEZ, JULIO CESAR PAZ DOMINGUEZ, PABLO VICENTE SIERRA MEJIA, GENARO CRUZ CRUZ, EUGENIO BONILLA SANTOS, JOSE AGRIPINO LEMUS MEJIA, MARIA MILAGRO BONILLA BANEGAS, FRANCISCO JAVIER LARIOS RODRIGUEZ, SANTOS BIBIANA SUAZO MENDIETA, FRANCISCA DOMINGUEZ ESCOBAR, SAMUEL PAZ DOMINGUEZ, RAMON GARCIA QUIROZ, TEOFILO LEMUS MEJIA y EDWIN MARCIAL ARGUIJO GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACIÓN Y DAÑOS en perjuicio de las Empresas Asociativas Campesinas SAN FRANCISCO, EL ESFUERZO, SALINITAS, GRACIAS A DIOS, 29 DE JUNIO y NUEVO AGRICULTOR EL TULAR.- ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil doce, el Abogado OSWALDO OSORIO SANTOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, presentando Requerimiento Fiscal contra los Señores OSCAR REINIERIS MURILLO, FERNANDO HERNANDEZ MEJIA, VICTOR PASCUAL MORAN DOMINGUEZ, WILSON ENRIQUE RUBIO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN MORAN DOMINGUEZ, BARTOLO HERNANDEZ BANEGAS, MARIA PASTORA MORAN DOMINGUEZ, JULIO CESAR PAZ DOMINGUEZ, PABLO VICENTE SIERRA MEJIA, GENARO CRUZ CRUZ, EUGENIO BONILLA SANTOS, JOSE AGRIPINO LEMUS MEJIA, MARIA MILAGRO BONILLA BANEGAS, FRANCISCO JAVIER LARIOS RODRIGUEZ, SANTOS BIBIANA SUAZO MENDIETA, FRANCISCA DOMINGUEZ ESCOBAR, SAMUEL PAZ DOMINGUEZ, RAMON GARCIA QUIROZ, TEOFILO LEMUS MEJIA y EDWIN MARCIAL ARGUIJO GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de USURPACIÓN Y DAÑOS en perjuicio de las Empresas Asociativas Campesinas SAN FRANCISCO, EL ESFUERZO, SALINITAS, GRACIAS A DIOS, 29 DE JUNIO y NUEVO AGRICULTOR EL TULAR.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en Audiencia Inicial celebrada en fecha seis de junio del año dos mil doce, resolvió: (Sic) “DECLARA: HA LUGAR la Excepción de Falta de acción cuando no pueda proseguirse promovida por la defensa privada de los imputados por considerar que la presente causa deberá ser dilucidada por la vía Civil ante el órgano jurisdiccional competente, por existir titulos de propiedad, tanto a favor de la Asociacion de Regantes del Valle de Nacaome, imputados en la presente causa, y titulo de propiedad inscritos tambien a favor de los ofendido en este caso diversas Empresas Asociativas campesinas, tal como a quedado acreditado en autos con la basta documentación incorporada a los mismos, ordenando asi mismo la cesación de las medidas cautelares impuestas a los ofendidos por este mismo despacho en fecha tres de mayo del año 2,012, sin perjuicio de que las partes puedan hacer uso de los recursos que la ley les franquea.-”(Folios del ciento ochenta y dos (182) al ciento ochenta y nueve (189) de los antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de Choluteca, departamento de Choluteca, conociendo de los Recurso de Apelación promovidos por los Abogados WILFREDO GUEVARA TRUJILLO en su condición de Acusador Privado y OSWALDO OSORIO SANTOS en su condición de Fiscal del Ministerio Público, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesta por los Abogados Wilfredo Guevara Trujillo, y el Oswaldo Osorio Santos, contra la resolución de fecha seis de Junio del año dos mil doce, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en el proceso instruido contra los señores OSCAR RENIERIS MURILLO, FERNANDO HERNANDEZ MEJIA, VICTOR PASCUAL MORAN DOMINGUEZ, WILSON ENRIQUE RUBIO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN MORAN DOMINGUEZ Y OTROS de generales expresadas, por suponerlos responsables del delito de USURPACION Y DAÑOS, en perjuicio de las EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS, SAN FRANCISCO, EL ESFUERZO, SALINITAS, GRACIAS A DIOS, VEINTINUEVE (29) DE JUNIO Y NUEVO AGRICULTOR EL TULAR.- SEGUNDO: En consecuencia SE CONFIRMA la resolución recurrida…” (Folios del doce (12) al dieciséis (16) de los antecedentes de segunda instancia).-4) Que en fecha trece de diciembre del año dos mil doce, el recurrente abogado WILFREDO GUEVARA TRUJILLO, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de Amparo a favor de los Señores ISRAEL GARCIA MONTOYA, SEFERINA PEREIRA CRUZ, PATROCINIO CARCAMO, ISAAC DOMINGUEZ GARCIA, ROLANDO MARTINEZ MENDIETA, SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA, JUAN CARCAMO PAZ, CECILIO AVILA CORDOVA, PABLO SANTOS PINEDA MONTOYA, JOSE LUIS VELASQUEZ MARCIA, FAUSTO DIAZ, ISIDRO DOMINGUEZ DIAZ, JOSE ANTONIO GARCIA SALMERON, JOSE SILVIO CASTRO VALLE, DIGNA MARIBEL HERNANDEZ ORDOÑEZ Y ROSA ARISTIDES NUÑEZ RIOS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, y que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. En fecha diecinueve de agosto del año dos mil trece, se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada, omitiéndose la vista de los antecedentes al fiscal del despacho para que emitiese dictamen, por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que a juicio del recurrente la resolución judicial del ad-quem ha violentando el derecho de petición, de defensa y la garantía genérica del debido proceso, consignada en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Al respecto expone que la vulneración del derecho de defensa se ha suscitado ya que tanto en su escrito de apelación y expresión de agravios él planteo en base a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 357 del Código Procesal Penal, que la segunda instancia se abriera a pruebas, ello con el único fin de demostrar que desde el mes de septiembre del año dos mil once, los imputados sabían que ya no tenían derecho sobre el bien inmueble propiedad de sus representados, y que a pesar de ello los mismos ocuparon el referido predio y que por lo tanto lo estaban ocupando al momento en que se judicializo la causa, por lo que los mismos estaban cometiendo el delito que se le ha imputado; en ese sentido señala el recurrente que el Tribunal de Alzada al no pronunciarse sobre su petición de que se abriera a pruebas la segunda instancia, con ello a dejado a sus representados en indefensión; aduce el recurrente que los documentos por él presentados como medio de prueba acreditan que los imputados ya habían recorrido la vía administrativa, incluso llegando los mismos hasta la instancia constitucional, al interponer acción de amparo contra una resolución del Consejo Nacional Agrario, misma que fue sobreseído por la Sala de lo Constitucional, dice que la documentación presentada versa sobre lo señalado, esto es el trámite seguido por el abogado de los imputados en la instancia administrativa y en la constitucional, es por ello que desde el mes de septiembre de 2011, los imputados han perdido su oportunidad procesal de seguir disputando los bienes en conflicto, extremo este que se ve confirmado con la documentación por el presentada y que pidió se evacuara en la segunda instancia.-CONSIDERANDO (2): Que el impetrante señala la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, preceptuada en el artículo 90 de la Constitución de la República, para ello expone que el A-quo en su resolución ha tocado el fondo del asunto, cuando es sabido que las excepciones por su propia naturaleza no versan sobre el fondo del asunto, sino que sobre formalismos legales, procedimientos o circunstancias que no tienen que ver con el asunto principal; por lo que el Tribunal de Alzada al confirmar lo resuelto por la primera instancia, no repara en que el Juzgado de primera instancia ha dejado en confusión a las partes al decretar la cesación de las medidas cautelares y señalar que eso depende de los recursos que las partes puedan interponer; con lo cual asegura que la Corte de Apelaciones provoca la vulneración de la referida garantía constitucional. Dice que amen de lo anterior la resolución impugnada emplea conceptos equivocados que violentan también el debido proceso, cuando en el Considerando 3, ha ignorado la instancia especializada esto es la agraria; siguiendo la referida Corte el criterio equivocado de la primera instancia, confundiendo con ello la materia que dirime el caso de mérito que es la administrativa y no la civil, aduce que se incurre en falacia por parte del Ad-quem, al asegurar que las dos partes tienen escrituras válidas, lo cual no resulta cierto ya que el Instituto Nacional Agrario (INA), emitió resolución donde deja sin valor ni efecto la escrituración a favor de los imputados y deja en posesión a sus representados del bien en conflicto, situación con la cual asegura se violenta el debido proceso pues la referida Corte de Apelaciones pretende ignorar con su resolución otra resolución que ya es firme, misma que fue dictada por un órgano sobre el cual no tiene competencia, dice que no hay tal que los imputados tengan escritura válida, y que nunca la tendrán ya que los mismos perdieron su oportunidad procesal al haber perdido un recurso de apelación ante el Consejo Nacional Agrario. Aduce asimismo que el Tribunal Ad-quem violenta también el debido proceso cuando señala que el caso de mérito debe dirimirse en la vía civil; y sostiene que con tal declaración se altera principio de especialidad de la ley, puesto que se pretende terminar esta causa aplicando una materia que no resulta aplicable a este caso, ya que si los imputados hubieran terminado correctamente la vía administrativa, hubieran tenido derecho de acudir a la vía Contencioso Administrativo, mas nunca a la vía civil, ya que siendo el caso de autos de naturaleza agraria, tal materia tiene su propio engranaje procesal que culmina en lo contencioso administrativo.-CONSIDERANDO (3): Finalmente el recurrente señala la vulneración del derecho de petición preceptuado en el artículo 80 de nuestra carta magna; al respecto señala que tal vulneración se habría suscitado por cuanto el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado oportunamente sobre la petición por el planteada en cuanto abrir el juicio a pruebas. Señala que el derecho de petición es básico para el correcto seguimiento de todo procedimiento de carácter legal ya sea este administrativo o judicial, por lo que no tomar en cuenta las peticiones que se planteen, con ello se desnaturaliza la obligación de las autoridades de dar respuesta a todas las peticiones que se hagan dentro del marco legal, estimando que al no dársele trámite a la solicitud por el expuesta, con ello se ha provocado la vulneración de la referida garantía constitucional.-CONSIDERANDO(4): Que de un examen detenido de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca, tenemos que la misma basa su fundamentación fáctica y jurídica en lo siguiente: “…..Que este Tribunal aprecia que la controversia jurídica referida en autos, tiene lugar con ocasión de disputarse la propiedad dominical de la fracción del inmueble objeto del presente caso, circunstancia que atendiendo a lo dispuesto en el articulo 54 párrafo final del Código Procesal Penal, debe previamente ser resuelta por el tribunal competente del fuero civil, al que las partes deberán someterse para su examen y valoración jurídica, todos y cada uno de los documentos de propiedad de los que pueda derivarse el derecho del reclamo, es decir, que en el presente caso ambas partes sostienen su tesis de que tienen documentos de propiedad del inmueble en litigio por lo tanto es justo que se les aplica el párrafo final del artículo 54 del Código Procesal Penal….”.-CONSIDERANDO(5): Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y sus antecedentes, entiende que el fondo del asunto en el caso de autos, lo constituye la pretensión por parte del recurrente de que a los imputados los señores OSCAR REINIERIS MURILLO, FERNANDO HERNANDEZ MEJIA, VICTOR PASCUAL MORAN DOMINGUEZ, WILSON ENRIQUE RUBIO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN MORAN DOMINGUEZ, BARTOLO HERNANDEZ BANEGAS, MARIA PASTORA MORAN DOMINGUEZ, JULIO CESAR PAZ DOMINGUEZ, PABLO VICENTE SIERRA MEJIA, GENARO CRUZ CRUZ, EUGENIO BONILLA SANTOS, JOSE AGRIPINO LEMUS MEJIA, MARIA MILAGRO BONILLA BANEGAS, FRANCISCO JAVIER LARIOS RODRIGUEZ, SANTOS BIBIANA SUAZO MENDIETA, FRANCISCA DOMINGUEZ ESCOBAR, SAMUEL PAZ DOMINGUEZ, RAMON GARCIA QUIROZ, TEOFILO LEMUS MEJIA y EDWIN MARCIAL ARGUIJO GARCIA, se les juzgue en la instancia Penal, por estimar que los mismos son responsables de los delitos de USURPACIÓN Y DAÑOS en perjuicio de las Empresas Asociativas Campesinas SAN FRANCISCO, EL ESFUERZO, SALINITAS, GRACIAS A DIOS, 29 DE JUNIO y NUEVO AGRICULTOR EL TULAR; en ese sentido muestra su desacuerdo con el fallo proferido por el Tribunal Ad-quem, cuando el mismo estima que la instancia civil es en donde se debe ventilar el caso de autos.-CONSIDERANDO (6): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola o no garantías individuales y la restricción en el goce de los derechos que establece la Constitución de la República, en ese orden de ideas es necesario examinar si los artículos 80, 82 y 90 de nuestra carta magna, han sido vulnerados por la decisión del Ad-quem; tal y como lo estima el amparista abogado WILFREDO GUEVARA TRUJILLO.-CONSIDERANDO (7): Que con relación a lo alegado por el recurrente es menester hacer algunas acotaciones, especialmente con respecto a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal, entiende esta Sala que tal precepto no obedece sino a la circunstancia de que el Derecho Penal, pese a haberse erigido desde hace más de un siglo en una rama con sustantividad propia y bien delimitada, en modo alguno constituye un compartimiento cerrado dentro del ordenamiento jurídico. Al contrario, y puesto que el Derecho Penal tiene como finalidad esencial la de la prevención y represión de los más graves atentados a los bienes jurídicos reconocidos por el resto del ordenamiento, sean éstos cuales sean, es decir, con independencia de su naturaleza jurídica pública o privada, civil, laboral, mercantil, administrativa o constitucional, en la aplicación judicial de las normas penales resulta perfectamente posible encontrarse con la necesidad de dirimir algún tipo de conflicto diferenciado, nacido como consecuencia de la utilización por parte de los tipos penales de conceptos, elementos o instituciones pertenecientes a las distintas ramas materiales del ordenamiento jurídico, y ello precisamente con la finalidad de poder resolver sobre el fondo del conflicto propiamente penal que constituye el objeto principal del enjuiciamiento.-CONSIDERANDO(8): Que en este sentido, los litigios a las que se refiere en su último párrafo el artículo 54 del Código Procesal Penal, constituyen auténticos conflictos intersubjetivos que, de no surgir con ese carácter en un proceso penal, podrían perfectamente erigirse en el objeto principal de otro proceso cualquiera. De ahí que para poder apreciar su existencia, los órganos judiciales han de encontrarse frente a situaciones fácticas o jurídicas controvertidas, conflictivas o dudosas que, como tales, precisan para ser solventadas de una decisión adoptada por los Jueces o Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.-CONSIDERANDO (9): Que adoptando como punto de partida los criterios hasta ahora expuestos, podemos afirmar que una lectura detenida del último párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal, nos lleva a entender que cuando sea muy intensa la relación de la cuestión no penal (laboral, civil, administrativa, mercantil etc.), con el hecho punible, el tribunal penal resolverá por sí mismo conforme a las pruebas aportadas por las partes, debiendo evidentemente abstenerse de conocer del asunto, si resulta probado por la parte que así lo alegue, que tal situación no debe ventilarse en la instancia penal, de no ser así, deberá entonces el Tribunal Penal resolver la cuestión conforme a las reglas propias de su materia, y al sólo efecto de la represión penal que proceda en el caso.-CONSIDERANDO (10): Que una lectura detenida de los antecedentes, revela lo siguiente: a) Que a los imputados el Instituto Nacional Agrario (INA), mediante Resolución Nº 240-2001 de fecha once de octubre de 2001, les otorgó título definitivo de propiedad sobre el bien inmueble en conflicto, y b) Que también mediante Resolución Nº 218-2010 de fecha once de mayo de 2010, el Instituto Nacional Agrario recupera con fines de reforma agraria el mismo predio, dejando establecido en la referida Resolución que quedaba sin valor ni efecto la adjudicación realizada en fecha quince de octubre de 2001, a favor de la Asociación Regantes del valle de Nacaome, otorgando posteriormente Titulo definitivo de propiedad sobre el mismo bien inmueble a la Empresa Asociativa Campesina “San Francisco”, “El Esfuerzo”, “Salinitas”, “Gracias a Dios”, “29 de Junio” y “Nuevo Agricultor El Tular” en fecha dieciocho de marzo del año dos mil once. (Folios del veintinueve (F-29) al cincuenta y tres (F-53) y del ciento noventa y nueve (f-199) al doscientos cinco (F-205) de los antecedentes de primera instancia).-CONSIDERANDO (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala observa que en el caso subjúdice, la resolución emitida tanto en la primera instancia como la dictada por el Tribunal de Alzada y que se ha impugnado en esta vía constitucional, son conforme a derecho, y ello es así, puesto que la jurisdicción competente para conocer del asunto de mérito es la civil, y no la penal; en ese sentido se estima que en aquellos casos en que planteada por una de las partes una cuestión de usurpación ante la jurisdicción penal, si ambas partes alegan y pretenden acreditar ante tal instancia que son los propietarios del inmueble usurpado y presentan títulos de dominio; ante tal situación es que los juzgados de lo civil serán los competentes para conocer y resolver el mismo.-CONSIDERANDO (12): Que por lo antes anotado, no se aprecia la violación de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, puesto que al contrario de lo aseverado por el quejoso, se estima que las alegaciones por el planteadas al tener que ver, con que no se han evacuado unos medios de prueba en la segunda instancia, con ello no se concita las vulneraciones alegadas, puesto que el fondo del asunto en el caso de autos se circunscribe a estimar si la jurisdicción penal es competente para conocer de un supuesto delito de Usurpación, cuando ambas partes han aportado sendos medios de prueba documental por los cuales pretenden acreditar la propiedad del inmueble en litigio, entendemos entonces que precisamente será la instancia civil la que decidirá cual de los documentos de propiedad es legalmente el válido; por otro lado esta Sala estima que a los imputados les asiste constitucionalmente su derecho a la presunción de inocencia, consecuentemente la Corte de Apelaciones del Departamento de Choluteca al dictar su fallo de fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, y mediante el cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público y por el Acusador Privado, ha sido motivado suficientemente y con apego a las reglas de la lógica y la coherencia, explicando cuales son los presupuestos de orden fáctico y jurídico en los que funda la misma.-CONSIDERANDO (13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Departamento de Choluteca, no vulnera las garantías constitucionales del derecho de petición, defensa y debido proceso, por lo que el amparo interpuesto por el quejoso, debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 89, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 Nº 5)de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 46, 47, 54, 61, 62, 64, del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 8.1 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el abogado WILFREDO GUEVARA TRUJILLO a favor de los Señores ISRAEL GARCIA MONTOYA, SEFERINA PEREIRA CRUZ, PATROCINIO CARCAMO, ISAAC DOMINGUEZ GARCIA, ROLANDO MARTINEZ MENDIETA, SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA, JUAN CARCAMO PAZ, CECILIO AVILA CORDOVA, PABLO SANTOS PINEDA MONTOYA, JOSE LUIS VELASQUEZ MARCIA, FAUSTO DIAZ, ISIDRO DOMINGUEZ DIAZ, JOSE ANTONIO GARCIA SALMERON, JOSE SILVIO CASTRO VALLE, DIGNA MARIBEL HERNANDEZ ORDOÑEZ Y ROSA ARISTIDES NUÑEZ RIOS, contra la Sentencia dictada en fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de Choluteca, Departamento de Choluteca, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada REINA AUXILIDORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1031-2012.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL