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Sentencia AP-1025-14 — Registro 6038

Resumen

Resolución impugnada confirmó al recurrente el auto de formal procesamiento por los delitos de posesión y almacenamiento de armas de uso prohibido y almacenamiento de municiones en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."todo lo atinente a la regulación en materia de armas de fuego y explosivos, se encuentra regulado por la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros, contenida en el Decreto Nº 20-2000 del once (11) de abril de 2009; por su parte y en el caso que nos ocupa encontramos que al tenor de lo dispuesto por el articulo 332A del Código Penal se tipifica como ilícito: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas ultimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionado…”..."en ese sentido nuestro legislador al estimar que un segmento importante de la población posee armas de fuego, municiones y explosivos de guerra, ha puesto en vigencia el Decreto Nº 184-2013, mismo que en su articulo 2 establece lo siguiente: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura a realizar los tramites correspondientes para dicho registro ante la Secretaria de Estado en los despachos de Seguridad. Durante este termino de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose...”..." Entiende la Sala que los hechos y las conductas atribuidas al imputado, esto es la Posesión y Almacenamiento de armas de uso prohibido y Almacenamiento de Municiones, si bien es cierto que tal conducta deviene en ser normalmente ilícita, pero en el caso que nos ocupa, se ha establecido una excepcionalidad con la puesta en vigencia del ya señalado Decreto Nº 184-2013, esto indudablemente implica precisamente que durante la vigencia de tal periodo de veda temporal, el contenido del artículo 332A del Código Penal temporalmente no tiene aplicabilidad, por lo que en modo alguno podrá considerarse como constitutivo de ilícito penal..."..."la Sala haciendo una interpretación extensiva en salvaguarda de derechos fundamentales interpreta que al estar vigente la aludida veda, quedan comprendidas en ese periodo temporal aquellas situaciones en las no se hayan entregado las armas de uso prohibido por la persona voluntariamente..."..."Que al tenor de lo señalado en el iter de este fallo podemos afirmar, que la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar el auto de formal procesamiento en contra del señor Obdulio Mercedes Posas Martínez por suponerlo responsable por los delitos de  Posesión y Almacenamiento de Armas de uso prohibido y Almacenamiento de Municiones, ha vulnerado en perjuicio del imputado derechos constitucionales que le asisten, por lo que resulta procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por los abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor del señor OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ, contra la resolución dictada en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil catorce (2014), por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN con relación a la causa instruida contra el señor OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ, por suponerlo responsable de los delitos de POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta (30) de abril del año dos mil catorce (2014), el abogado MARVIN ORELLANA CORTES, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ Y OBDULIO JOSE POSAS LOPEZ, por suponerlos responsables de los delito de POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y DE GUERRA, ALMACENAMIENTO DE MUNICION DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha treinta (30) de abril del año dos mil catorce (2014), el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, celebro Audiencia de Declaración de Imputado, en donde haciendo aplicación de lo preceptuado en el Decreto 247-2010 resolvió, se remitieran las actuaciones para el Juzgado de Letras Penal con Competencia en el Territorio Nacional en la ciudad de Tegucigalpa. 3) Que en fecha seis (6) de mayo del año dos mil catorce (2014), el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, celebró Audiencia Inicial en la cual DECRETO: (Sic.) “1.- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ Y OBDULIO JOSUE POSAS LOPEZ por suponerlos responsables de los delitos de POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2.- Se les impone a los acusados arriba mencionados la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, misma que deberá cumplir en el Centro Penal de la Ciudad de Juticalpa, Olancho, debiendo librar el respectivo oficio al Director de dicho Centro Penal.- 3.- Se declaran sin lugar las excepciones y nulidad planteadas por la Defensa Privada de acuerdo a lo ya motivado en los numerales 7), 8) y 9)…”. (Folios 100 al 118 de la primera pieza) 4) Que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del Recurso de Apelación promovido por el abogado IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ, a favor de los señores OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ Y OBDULIO JOSUE POSAS LOPEZ en la causa instruida en su contra, dictó Resolución mediante la cual por unanimidad de votos fallo: (Sic.) “1)Declarando HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto.- 2)REVOCAR LOS AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO al señor OBDULIO JOSUE POSAS LOPEZ, por los delitos de POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMA DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a fin de que se le dicte Sobreseimiento Definitivo por los mismos.- 3) REVOCAR UNICAMENTE EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO al señor OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ por el delito de POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a fin de que se le dicte Sobreseimiento Definitivo por el mismo.- 4) CONFIRMAR los AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO al señor OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ por los delitos de POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.” (Folios 194 al 204 de la primera pieza) 5) Que en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil catorce (2014), los recurrentes abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción de Amparo a favor del señor OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ, por considerar que la decisión de la Corte de Apelaciones de la Penal del Departamento de Francisco Morazán de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil catorce (2014), y que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 92, 95 y 99 de la Constitución de la República. En fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada, omitiéndose la vista al fiscal, por ser el Ministerio Público parte de la controversia que se conoce por parte de la Sala. CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, tenemos que la trascendencia de la Acción de Amparo no se circunscribe propiamente al ámbito constitucional nuestro, sino que deviene en ser reconocida en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos de los cuales nuestro país es signatario, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”; de manera similar tenemos que tal protección judicial encuentra acogida, cuando se señala que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales[3].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional el auto motivado dictado por unanimidad de votos en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra del señor OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ, por suponerlo responsable de los delitos de POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, resolución por la cual el Tribunal ad-quem entre otros, resolvió declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto; en consecuencia CONFIRMO el auto de formal procesamiento dictado en contra del señor OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ, por suponerlo responsable de los delitos de POSESION Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE USO PROHIBIDO Y ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO(3): Que a juicio de los recurrentes el conflicto intersubjetivo de intereses objeto del proceso, se ha derivado del auto motivado dictado por el ad-quem y que se recurre en esta vía constitucional, ya que el mismo dicen vulnera en perjuicio de su representado la garantía que le asiste a un debido proceso, en relación con la garantía constitucional de que no podrá proveerse auto de prisión sin que procesada plena prueba de haberse cometido un delito; en sustento de su posición los mismos sostienen ante esta Sala que la plena prueba de la comisión de un ilícito, requiere la existencia de todos los elementos de prueba para la configuración del mismo; y que en el caso que nos ocupa siendo que a su representado se le imputa el ilícito de Posesión y Almacenamiento de Armas Prohibidas y Municiones, por lo tanto el ente acusador debe acreditarlo, y que quede plasmado en la resolución emitida por el órgano jurisdiccional los siguientes extremos: a) Cuerpo del delito de armas, b) Determinar mediante la pericia respectiva si las armas son comerciales y prohibidas; c) Que la legislación vigente determine su tipificación ( ya que en el caso de autos existe veda en relación a la calificación de los delitos); d)Que se determine conforme a la prueba pericial, en que numeral del articulo 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, queda comprendida. Explican los recurrentes que en el caso de autos ninguno de los elementos anteriormente señalados se cumplen, ya que para determinar si un arma es prohibida o automática, se debe examinar por perito balístico calificado, ello con el fin de determinar en el arma reconocida sus características de clase, como la marca, modelo, calibre y serie, así mismo determinar su estado de funcionamiento, si dispara, si es original o es un arma obsoleta, como también se deberá determinar mediante pruebas de disparo su mecanismo de acción y si es automática o semiautomática; labor esta que dicen los recurrentes se debe realizar por un perito o analista en balística, situación que en el caso de autos no ocurre. En ese sentido expresan que las reglas de la valoración de prueba útil, se acreditara mediante una prueba pericial, no hacerlo así, manifiestan resulta en la imposibilidad a simple vista para determinar sí las armas de fuego resultan o no prohibidas, por lo que tal falencia pericial no puede ser suplida, ni con la evidencia, ni con prueba testimonial. Dicen los recurrentes que al tenor de lo señalado se violenta el debido proceso, puesto que la resolución impugnada no señala cuales son supuestamente las armas prohibidas, ya que en el proceso se presentaron una serie de armas como evidencia, pero se ignora respecto de las mismas su funcionamiento, características y estado de conservación, en ese sentido señalan que a lo largo del proceso tal falencia se ha hecho evidente, pues ni el Ministerio Publico, ni la juez a-quo, ni el Tribunal de Alzada han podido determinar o individualizar, acerca de cuales de las nueve armas que se han presentado como evidencia son prohibidas y cuales son comerciales. CONSIDERANDO(4): Que los impetrantes exponen que respecto de de la vulneración del principio de legalidad que preceptúa el articulo 95 de la Constitución de la República, la misma se habría suscitado en el caso de autos, dado que se violentan preceptos legales, esto es el articulo 1 del Código Penal que establece que: “Nadie será penado por infracciones que no estén, determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito.”; y el articulo 2 del Decreto Nº 184-2013 que establece: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el termino de un (1) año, un periodo de veda….Dentro de éste termino de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia….”. Dicen que en cuanto a la legalidad no hay delito ni pena sin que la ley que la prevé, esto es la tipicidad en la fijación de la conducta punible y atribución legal en calidad y cantidad por lo que hace a su consecuencia; señalan que el principio constitucional de legalidad protege al ciudadano del ius puniendi del Estado no permitiendo el enjuiciamiento de personas por procesos penales, por hechos o causas que al tenor de la legislación no son constitutivos de delitos; por lo que en ese orden de ideas nuestro legislador al haber decretado el ya referido Decreto Nº 184-2013, mediante el cual se reforma la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros; con ello estableció una veda al contenido de la ley penal, es decir que durante el periodo establecido en el mismo, lo que la ley establece como delito, no lo es. En ese sentido dicen no compartir el criterio que al respecto ha argüido el Tribunal de Alzada, puesto que en el caso de autos de lo que se trata no es de la tipificación contenida por la ley penal en sus artículos 332A y 332B, en cuanto a la portación y almacenamiento de armas comerciales y de guerra, sino que de lo que se trata es de la existencia de un Decreto que veda por un año estos tipos penales, ficción jurídica que lo que provoca dicen, es que durante el periodo no existan tales delitos, por lo que el ad-quem al confirmar el auto de formal procesamiento lo ha hecho por un delito inexistente con lo cual se violenta la garantía constitucional contenida en el principio de legalidad. CONSIDERANDO(5): Que respecto a la inviolabilidad del domicilio que consagra nuestro texto fundamental en su artículo 99, los impetrantes invocan lo que al respecto ha señalado la Sala de lo Penal de este Alto Tribunal en la sentencia numero CP 308-2010; señalan que la lectura de la misma, los lleva a concluir que en el caso de su defendido se ha vulnerado tal garantía constitucional, puesto que los allanamientos llevados a cabo en el domicilio del mismo son ilegales ello en razón de lo siguiente: 1) El allanamiento se llevo a cabo en tres lugares diferentes, uno en una bodega, en la que no existe autorización alguna para el ingreso a la misma, y que es parte del domicilio; 2) Que las supuestas autorizaciones de ingreso y que fueron firmadas por las señoras Agustina Lopez Irias y Ana Beatriz Jiménez Cruz, carecen de validez, al no reunir las mismas los requisitos, esto es en cuanto ser otorgadas libremente, ya que dichas personas fueron coaccionadas para que firmaran y después de ocurrido el registro, no ocurrió frente a dos testigos ajenos a los agentes policiales y de los habitantes que moran en el lugar; 3) Que en el caso de autos no puede hablarse de allanamiento por flagrancia, ya que por el dicho de los agentes de investigación, quienes afirman haber recibido la información la noche anterior al allanamiento, retornando a la ciudad de Juticalpa, por lo que teniendo el tiempo y los recursos de ley, no comunicaron ni al Ministerio Publico y mucho menos al juez del operativo que realizaron, cuando para ello tenían tiempo suficiente para solicitar la autorización judicial; 4) Que tal y como consta a folio 17 del expediente del proceso, la denuncia que dio pie al allanamiento se produjo el día 30 de abril de 2014, a las diez de la mañana, es decir que la misma se suscito cinco horas después de haberse llevado a cabo el referido allanamiento; y 5) Que las señoras Agustina Lopez Irias y Ana Beatriz Jiménez Cruz, niegan haber firmado la autorización de ingreso, por lo que se concluye que las firmas que calzan tal documento apócrifo, se produjo por intimidación y posterior al allanamiento. CONSIDERANDO(6): Que el recurso de amparo solo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos individuales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente las garantías constitucionales invocadas. CONSIDERANDO(7): Que la garantía constitucional referida al debido proceso, esto es lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO(8): Que el articulo 92 constitucional consagra que: “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice.”; tal disposición constitucional, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento solo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO(9): Que el articulo 95 de nuestra carta magna, que dispone: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley,…….”; disposición constitucional, que tiene vigencia en Instrumentos jurídicos Internacionales suscritos por el Estado de Honduras, tal y lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15.1 establece: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional……….” El principio constitucional antes referido, tiene incidencia en el derecho penal material como también en el derecho procesal penal. De este modo, cabe distinguir entre la dimensión sustantiva (nadie será sancionado con penas no establecidas previamente en la ley, ni penado de nuevo por una infracción por la cual ya ha sido absuelto o condenado definitivamente), y la dimensión procesal (nadie puede ser juzgado de nuevo por una infracción por la cual ya ha sido absuelto o condenado definitivamente), de ahí que la vulneración de ese principio se produce no solamente cuando se sanciona a una persona con penas no establecidas en la ley, o se le juzga más de una vez por el mismo hecho, sino también cuando se le juzga por el mismo hecho en más de una oportunidad. CONSIDERANDO(10): Que el articulo 99 constitucional, dispone que: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante pude ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o la propiedad…….La ley determinara los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento….”. Indudablemente que la ley a la que hace referencia el texto constitucional, respecto de las formalidades que deben observarse en tales practicas, no son otras mas que las consignadas en el Código Procesal Penal, cuerpo legal que junto con el Código Penal, trata lo atinente a estos asuntos, en el caso concreto que nos ocupa, tendremos que remitirnos a lo preceptuado en el articulo 212 y siguientes del Código Procesal Penal, que son los preceptos encargados de disciplinar los casos y forma en que los Jueces de Instrucción y excepcionalmente las autoridades policiales (en casos de urgencia), pueden restringir este derecho fundamental, perteneciente al núcleo duro o esencial del derecho a la intimidad, reconocido por el artículo 76 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO(11): Que dado los alegatos planteados por los recurrentes en sede constitucional, esta Sala estima oportuno reiterar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; y que los mismos serán valorados con arreglo a la sana critica, en donde el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. CONSIDERANDO(12): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra el imputado; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana critica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO(13): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal; es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando en esa valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales. CONSIDERANDO (14): Que del estudio exhaustivo de la sentencia impugnada y los antecedentes del caso sub examine, esta Sala estima señalar que respecto de las vulneraciones formuladas por los recurrentes, tienen cabida en esta vía constitucional, aquella referida a la vulneración del articulo 95 de la Constitución de la República, esto es la prohibición constitucional de que: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley……”; y con ello consecuentemente la improcedencia de dictar un auto de formal procesamiento en contra del imputado, cuando la conducta atribuida, no se encuentra tipificada. En el caso sub examine nos encontramos que todo lo atinente a la regulación en materia de armas de fuego y explosivos, se encuentra regulado por la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros, contenida en el Decreto Nº 20-2000 del once (11) de abril de 2009; por su parte y en el caso que nos ocupa encontramos que al tenor de lo dispuesto por el articulo 332A del Código Penal se tipifica como ilícito: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas ultimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionado…….”; en ese sentido nuestro legislador al estimar que un segmento importante de la población posee armas de fuego, municiones y explosivos de guerra, ha puesto en vigencia el Decreto Nº 184-2013, mismo que en su articulo 2 establece lo siguiente: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura a realizar los tramites correspondientes para dicho registro ante la Secretaria de Estado en los despachos de Seguridad. Durante este termino de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose……….” Entiende la Sala que los hechos y las conductas atribuidas al imputado, esto es la Posesión y Almacenamiento de armas de uso prohibido y Almacenamiento de Municiones, si bien es cierto que tal conducta deviene en ser normalmente ilícita, pero en el caso que nos ocupa, se ha establecido una excepcionalidad con la puesta en vigencia del ya señalado Decreto Nº 184-2013, esto indudablemente implica precisamente que durante la vigencia de tal periodo de veda temporal, el contenido del artículo 332A del Código Penal temporalmente no tiene aplicabilidad, por lo que en modo alguno podrá considerarse como constitutivo de ilícito penal, la conducta por la cual una persona posea, almacene o venda un arma de fuego de uso prohibido, pues es la autoridad la que otorga ese periodo de tiempo de veda a fin de que durante la vigencia del mismo se haga entrega de tales armas a la autoridad respectiva, esto es la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad para su destrucción; y si bien el contenido del referido Decreto hace alusión a la entrega de las armas por las personas que las posean, con lo cual se pudiese inferir que si no media esa entrega voluntaria, cualquier otra situación por la que se pudiesen decomisar ese tipo de armamento por parte de las autoridades, quedaría comprendida en el ilícito penal que preceptúa el articulo 332A del Código Penal; la Sala haciendo una interpretación extensiva en salvaguarda de derechos fundamentales interpreta que al estar vigente la aludida veda, quedan comprendidas en ese periodo temporal aquellas situaciones en las no se hayan entregado las armas de uso prohibido por la persona voluntariamente, tal y como ha sucedido en el caso de autos. CONSIDERANDO(15): Que en tanto que la Sala, tal y como lo establece nuestra Ley Sobre Justicia Constitucional, sea el interprete supremo de la Constitución, se debe definir por tal motivo como su especial misión la defensa de los derechos fundamentales, y esta misión, de conformidad a la doctrina[4], se concreta a una doble actividad, pudiendo ser abordada la misma desde dos puntos de vista el subjetivo y el objetivo. En cuanto a la actividad objetiva, que es la que nos interesa en el caso de autos, tenemos que ante cualquier vulneración de una norma constitucional que tutele alguno de tales derechos fundamentales, le corresponde a la Sala la función de reinstaurar el ordenamiento constitucional vulnerado y a través de la interpretación, o creación inclusive de la oportuna doctrina legal que ha de vincular a todos los poderes públicos, viéndose reforzados estos conceptos doctrinarios por el contenido de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (16): Que al tenor de lo señalado en el iter de este fallo podemos afirmar, que la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar el auto de formal procesamiento en contra del señor Obdulio Mercedes Posas Martínez por suponerlo responsable por los delitos de Posesión y Almacenamiento de Armas de uso prohibido y Almacenamiento de Municiones, ha vulnerado en perjuicio del imputado derechos constitucionales que le asisten, por lo que resulta procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 82, 90, 92, 95, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 332A del Código Penal, y Decreto Nº 184-2013.- FALLA: I.- OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor del señor OBDULIO MERCEDES POSAS MARTINEZ, contra la resolución dictada en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil catorce (2014), por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, II.- SE ORDENA que la referida Corte de Apelaciones profiera nuevo fallo en el que revoque el auto de formal procesamiento dictado por el a-quo, en contra del imputado por el delito de Posesión y Almacenamiento de Armas de Uso Prohibido y Almacenamiento de Municiones en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado, a fin de que se le dicte sobreseimiento definitivo por el mismo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de enero de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha once de enero de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 1025-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

LMPL

[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.

[2] Articulo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Art. 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[4] Vid. obra Los Derechos Fundamentales y su Protección Jurisdiccional, Vicente Gimeno Sendra (Finalidad de la Acción de Amparo), P. 754, editorial Colex, 2007, 1ra. Edición, Madrid..