Sentencia AP-1021-14 — Registro 6280
Resumen
Sentencia confirmó resolución del juzgado de primera instancia que revocó medidas cautelares y en su lugar impuso la prisión preventiva contra la recurrente por suponerla responsable del delito que se le imputa con libramiento de orden de captura
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, como ser el formal procesamiento del imputado y la aplicación de la medida de la prisión preventiva. Ya que la medida cautelar de Prisión Preventiva fue decretada, en atención al delito de que se trata, a las circunstancias muy personales de la encartada, sin tener en cuenta su grado de participación o culpabilidad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ARNOLDO ALCIDES GARCIA ALVARADO a favor de la Señora KARLA LUCIA BANEGAS ROMERO, contra el Auto Motivado dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, que declaró no ha lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece, con relación a la causa instruida contra la Señora KARLA LUCIA BANEGAS ROMERO por suponerla responsable del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO 1.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 90 párrafo primero y 96 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha siete de junio del año dos mil doce, el Abogado SANTIAGO RENE MONCADA SAUCEDA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de la Señora KARLA LUCIA BANEGAS ROMERO por suponerla responsable del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO 1.-
- Que en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil trece, el Abogado SANTIAGO RENE MONCADA SAUCEDA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el referido Juzgado de Letras Penal, solicitando Revisión de Medida Cautelar sustitutiva a la Prisión Preventiva. (Folio ciento dieciséis (116) de la pieza de los antecedentes).-3)Que Seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Audiencia de Revisión de Medidas de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece, resolvió: “…1) Revocar las medidas cautelares impuestas hasta este momento e imponer la medida cautelar de prisión preventiva, 2) Y para tal efecto, para que la misma se cumpla será necesario ordenar la inmediata captura de la imputada por lo que se ordena libramiento correspondiente ordenes de captura a la señora KARLA LUCIA BANEGAS ROMERO.-” (Folios ciento diecisiete (117) y ciento dieciocho (118) de la pieza de los antecedentes).-4)Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada ESTHER CAROLINA FLORES en su condición de Defensora Pública de la Señora KARLA LUCIA BANEGAS ROMERO, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, dictó Auto Motivado mediante el cual resolvió: “1) Declarar NO HA LUGAR al recurso de apelación interpuesto; 2) CONFIRMAR La resolución recurrida.” (Folios ciento treinta y ocho (138) al ciento cuarenta (140) de la pieza de los antecedentes).-
- Que el recurrente Abogado ARNOLDO ALCIDES GARCIA ALVARADO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de la Señora KARLA LUCIA BANEGAS ROMERO, por considerar que la decisión del Ad- Quem de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 párrafo primero y 96 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis de enero del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ARNOLDO ALCIDES GARCIA ALVARADO a favor de la Señora KARLA LUCIA BANEGAS ROMERO, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, que declaró no ha lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece, con relación a la causa instruida contra la Señora KARLA LUCIA BANEGAS ROMERO por suponerla responsable del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO 1.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado ARNOLDO ALCIDES GARCIA ALVARADO señala que no comparte el criterio de la Corte de Apelaciones Penal, en vista que tradicionalmente la prohibición de retroactividad se ha ligado al principio de legalidad, dentro del apartado de la exigencia de la ley previa, como garantía individual frente al poder punitivo y como una derivación de los principios de legalidad en el ámbito del derecho penal es tanto la prohibición de dictar leyes con efectos retroactivos desfavorables, como de aplicarlas a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor. El Tribunal de alzada no tomó en cuenta que al aplicarse retroactivamente la reforma del Artículo 184 del Código Procesal Penal se esta infringiendo el Artículo 94 de la Constitución.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. -CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, que declaró no ha lugar un Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece; se aprecia en la misma, que el Ad-Quem concluye que no tratándose de normas de derecho penal material, rige para ellas el principio de “tempos delicti comisi”, que establece que la ley aplicable es aquella vigente al momento de cometerse el delito. Sin embargo en el caso de las normas procesales penales rige el principio de “tempus regit actum”, cuyo enunciado es que la que se encuentra vigente al momento de resolverse el acto. Y siendo que el delito por el cual se le decretó auto de formal procesamiento a la imputada es el de Extorsión, se encuentra comprendido en la prohibición actual, por lo que se le impone la medida de prisión preventiva a al encausada.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO TRECEE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal, como ser el formal procesamiento del imputado y la aplicación de la medida de la prisión preventiva. Ya que la medida cautelar de Prisión Preventiva fue decretada, en atención al delito de que se trata, a las circunstancias muy personales de la encartada, sin tener en cuenta su grado de participación o culpabilidad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de agosto del año dos mil (2016), certificación de la sentencia de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1021-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL