Sentencia AP-07-15 — Registro 6232
Resumen
Sentencia recurrida confirmó el sobreseimiento provisional que considera al recurrente sospechoso de la participación de los delitos que se le imputan sin constituir un indicio racional de participación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala aprecia que el Ad-Quem luego de un exhaustivo estudio de los antecedentes y la resolución dictada por el A-Quo, falla dictando un sobreseimiento definitivo por los diferentes delitos que les fueron imputados a los acusados excepto el delito de ENCUBRIMIENTO por el que se le acusa al señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, en el que se mantiene el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, sin embargo ésta resolución no es congruente con el fallo de sobreseimiento definitivo antes aludido, y esto resulta del hecho de que no existiendo delito alguno y por ende tampoco ningún grado de participación de los acusados, no se entiende que delito de éstos se sospecha ha encubierto el encartado, si tal como se ha expuesto antes, para que exista el ENCUBRIMIENTO debe haberse cometido un delito cuya relación resulta accesoria al delito de encubrimiento, además de que deben concurrir los demás requisitos de tal tipificación legal y siendo que se dicta sobreseimiento Definitivo en los casos donde el ente acusador no acreditó la existencia de un delito y la participación de quienes son acusados es claro que NO EXISTE DELITO en consecuencia no podría existir ENCUBRIMIENTO de un delito que no existe..."..."En su resolución el Ad-Quem aprecia cada uno de los agravios expresados y contestación de los mismos, a los que de manera razonada da respuesta jurídica, no obstante ello, el Ad-Quem ha errado al momento de pronunciarse acerca del sobreseimiento Provisional dictado a favor del señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, porque tal como ha quedado expuesto en acápites anteriores, de su resolución se aprecia que si ha dictado un sobreseimiento definitivo por todos los delitos por los que se presentó requerimiento fiscal contra los acusados, no resulta congruente con ésta resolución mantener el sobreseimiento provisional contra el señor FUNEZ PONCE, puesto que no existe la comisión de ningún delito, por ende el acusado no puede encubrir el delito que no existe, como ya se dijo..."..."Esta Sala aprecia de los antecedentes y de la resolución recurrida que ciertamente se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley del señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, de quien se sospecha la participación en un delito de encubrimiento que depende de la perpetración de otro delito en el que no tuvo ninguna participación ni como autor o cómplice, sin embargo que se han decretado sobreseimientos definitivos que solo proceden cuando el delito no existe o no ha existido y no existe participación de alguna persona, pero se mantiene el sobreseimiento provisional sobre el señor FUNEZ PONCE, y como lo ha dicho esta Sala, si no existe la comisión de ningún delito, por ende el acusado no puede encubrir el delito que no existe. En consecuencia procede en este aspecto Reformar la resolución del Ad-Quem..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por el Abogado I. JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO a favor del señor RAYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, y II. por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscal de Ministerio Publico a favor del ESTADO DE HONDURAS, ambos,- contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores RAYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE y JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ por suponerlos responsables de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra MARIANO MENDOZA MARADIAGA, JUAN RUBEN GIRON REYES, JOSE EMILIANO NOVOA FUNEZ Y JUAN JOSE FLORES ALVAREZ por suponerlos responsables de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y ABUSO DE AUTORIDAD todos en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados lo dispuesto en los artículos 60, 90 párrafo primero, y 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES
- Que en fecha diez de abril de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, la Abogada EDITH FUNES MARTINEZ en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores RAYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE y JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ por suponerlos responsables de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, y contra MARIANO MENDOZA MARADIAGA, JUAN RUBEN GIRON REYES, JOSE EMILIANO NOVOA FUNEZ Y JUAN JOSE FLORES ALVAREZ por suponerlos responsables de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y ABUSO DE AUTORIDAD todos en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. (Folios 01 al 19 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha veintinueve de septiembre de dos mil trece, el referido Juzgado de Letras, en celebración de audiencia inicial resolvió: “PRIMERO: Decretar: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de ENCUBRIMIENTO y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. SEGUNDO: Decretar: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra JUAN RUBEN GIRON REYES Y JOSE EMILIANO NOVOA FUNEZ, por suponerles responsables de la comisión de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. TERCERO: Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL contra RAYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, por suponerlo responsable de la comisión del delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de la ADMINSTRACION PUBLICA, y SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, por suponerle responsable de la comisión del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMNISTRACION PUBLICA. CUARTO: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO contra MARIANO MENDOZA MARADIAGA y JUAN JOSE FLORES ALVAREZ, por suponerles responsables de la comisión de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA. QUINTO: En cuanto a la medidas cautelares a imponer a los señores JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ, JUAN RUBEN GIRON REYES, JOSE EMILIANO NOVOA FUNEZ…”. (Folios 22 al 55 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintinueve de septiembre de dos mil trece, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución relacionada en el inciso que antecede en fecha siete de noviembre de dos mil catorce, la Corte De Apelaciones De Lo Penal Del Departamento De Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual RESUELVE:
- NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico; 2) HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa de los imputados; 3)REVOCAR las siguientes resoluciones: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponérseles responsables del delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, para los señores JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ, JUAN RUBEN GIRON REYES Y JOSE EMILIANO NOVOA FUNEZ; AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponérsele del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, para el señor JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ; AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponérseles responsables del delito ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, para los señores JUAN RUBEN GIRON REYES y JOSE EMILIANO NOVOA FUNEZ, debiendo dictar el A quo Sobreseimiento Definitivo; 4) CONFIRMAR el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor RAYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE por el delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, y 5)CONFIRMAR en lo demás la resolución apelada. (Folios 438 al 455 de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha veintiséis de marzo de dos mi quince, compareció ante este Tribunal por el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO a favor del señor RAYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha veintiocho de siete de noviembre de dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 90 párrafo primero, y 183 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el cuatro de junio de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. 5) Que en fecha veintitrés de junio de dos mi quince, compareció ante este Tribunal el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha de siete de noviembre de dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 90 párrafo primero, y 183 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el quince de junio de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. 6)Que en fecha veintinueve de julio de dos mil quince, esta Sala dispuso acumular los amparos antes descritos al apreciar en autos que ambas acciones se dirigen contra el mismo acto, siendo lo procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las mismas produzcan una sola sentencia. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que Interponen recurso de amparo por una parte el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VELLECILLO a favor del señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE. Por la otra, en representación del Ministerio Público y a favor del Estado de Honduras el Abogado ROGER LUDUVICO MATUS ZELAYA, ambos contra la resolución de fecha siete de noviembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual RATIFICA un sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil catorce. Con relación a la causa instruida contra los señores RAYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE Y JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ por suponerlos responsables de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra MARIANO MENDOZA MARADIGA, JUAN RUBEN GIRON REYES, JOSE EMILIANO NOVOA FUNEZ Y JUAN JOSE FLORES ALVAREZ por suponerlos responsables de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y ABUSO DE AUTORIDAD todos en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VELLECILLO, al formalizar el recurso a favor del señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, manifiesta que reclama contra la resolución de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil catorce (2014) que ratifica el sobreseimiento provisional dictado por el Juez Natural en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil catorce, Sin embargo esta Sala debe hacer la observación que de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente de merito, así como que, del escrito queda claramente establecido el contenido de la resolución que se impugna y que no es otra que la de fecha siete de noviembre del año dos mil catorce, que corresponde a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán. Manifiesta el recurrente que la resolución dictada por el A-Quo de sobreseimiento provisional a favor de su representado REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE por el delito de encubrimiento, le causa agravios, señala que a su representado se le considera autor del delito de encubrimiento de acuerdo al artículo 388.2 del Código Penal, que consiste en procurar la desaparición de los efectos del delito, sin tomar en consideración que no existe elemento de prueba alguno que lo relacione con la manipulación de ningún indicio ni oficio enviado por el Ministerio Público en los nueve días que tuvo lugar la investigación, señala además que el A-Quo no realizó ningún análisis de cuál es la participación o autoría que debe de considerarse a cada uno de los imputados, dice además que es imposible individualizar una autoría a cada uno de ellos, esto por la falta de participación en la recepción y complementación de solicitudes hechas por el Ministerio Público a las Fuerzas Armadas. Expone, que si bien el Tribunal de Alzada consideró los aspectos antes señalados y en consecuencia dictó resolución en la que reformó el auto de prisión dictado injustamente, sin embargo fue sobreseído provisionalmente el señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, por el delito de ENCUBRIMIENTO; resolución dictada en primera instancia por el A-Quo y ratificada por el Ad-Quem, sin observar que no existen elementos para tal decisión, debiendo haberse dictado un sobreseimiento definitivo de igual manera que a los demás coimputados. El Recurrente considera que se han vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los artículos 60 del derecho de Igualdad, 82 del derecho de Defensa, 89 del principio de inocencia y 90 del Debido Proceso, vulneración que ha sido desarrollada a lo largo del escrito de formalización. CONSIDERANDO (5): Que el representante del Ministerio Público en su condición de recurrente a favor del Estado de Honduras, interpuso Recurso de Amparo en fecha treinta (30) de enero del año dos mil quince (2015), contra el fallo dictado en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los acusados. Que el impetrante en la formalización del recurso consideró que se han vulnerado los derechos de: Tutela judicial efectiva, Debido Proceso, y derecho a la Defensa, relacionados con los artículos 82, 90 constitucionales y 166, 198,202 del Código Procesal Penal, desarrollados a lo largo de la exposición del recurso. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem al dictar su fallo, en su motivación fáctica jurídica hace una relación detallada de los medios de prueba aportados por las partes, en el numeral dos (2) del folio 448 vuelto expone el fallo: “La resolución del A-Quo para efectos del análisis de la causa se contrae a lo siguiente: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponérseles responsables del delito de ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, para los señores JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ JUAN RUBEN GIRON REYES, JOSE EMILIANO NOVOA FUNEZ. AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponérseles responsables del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, para los señores JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ. AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponérseles responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, para los señores JUAN RUBEN GIRON REYES, JOSE EMILIANO NOVOA FUNEZ; de los que además el Ministerio Público apela la defensa técnica de los encartados. El Ad-Quem luego del estudio de los antecedentes de los medios de prueba aportados por las partes, concluye en que cada uno de los autos de prisión antes referidos deben Revocarse y dictarse un Sobreseimiento definitivo considerando que no se ha demostrado la existencia del delito ni la participación de los acusados en los mismos. En cuanto al SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL dictado a favor del señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE por el delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, del que apela el Ministerio Público, y a su vez es recurrido por el representante de la Defensa del imputado solicitando Sobreseimiento Definitivo, el Ad-Quem se pronuncia porque se mantenga el sobreseimiento provisional por considerar que existe la sospecha de la participación del imputado, sin constituir un indicio racional de participación por lo que confirmó el sobreseimiento provisional dictado por el A-Quo. CONSIDERANDO (7): Que el delito de encubrimiento es el acto realizado por una persona, que sin tener participación en un hecho delictivo cuya comisión conoce, bien auxiliándole para que se aprovechen de los efectos del delito, bien desarrollando una actividad de ocultamiento de los instrumentos y efectos del mismo o bien ayudando a los responsables del delito a eludir la acción de la justicia. De acuerdo a este concepto, para que una conducta se subsuma en el tipo penal de encubrimiento deben concurrir varios requisitos a saber: 1.- PERPETRACIÖN de un delito. Así el encubrimiento se encontraría en una relación de accesoriedad con el delito encubierto. 2.- Conocimiento de la perpetración de un delito. Conocimiento que debe ser anterior a la conducta encubridora, el encubridor debe de abarcar al delito concreto realizado, sin que el mismo comprenda la calificación jurídica del delito anterior o su perfección delictiva. 3.- Intervención del Encubridor con posterioridad a la perpetración del delito, de tal manera que el encubridor interviene hasta cuando el delito ha sido cometido y su acción aparece desconectada de la responsabilidad en la que incurren los responsables del mismo; todo lo cual implica que el encubridor no debe haber intervenido en el delito encubierto ni como autor ni como cómplice. El Código Penal en su artículo 388 establece que “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste: 1) Oculta al delincuente o facilita su fuga para evitar su juzgamiento; 2) Procurar la desaparición de las pruebas del delito…; entre otros. Analizado el caso sub judice, esta Sala aprecia que el Ad-Quem luego de un exhaustivo estudio de los antecedentes y la resolución dictada por el A-Quo, falla dictando un sobreseimiento definitivo por los diferentes delitos que les fueron imputados a los acusados excepto el delito de ENCUBRIMIENTO por el que se le acusa al señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, en el que se mantiene el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, sin embargo ésta resolución no es congruente con el fallo de sobreseimiento definitivo antes aludido, y esto resulta del hecho de que no existiendo delito alguno y por ende tampoco ningún grado de participación de los acusados, no se entiende que delito de éstos se sospecha ha encubierto el encartado, si tal como se ha expuesto antes, para que exista el ENCUBRIMIENTO debe haberse cometido un delito cuya relación resulta accesoria al delito de encubrimiento, además de que deben concurrir los demás requisitos de tal tipificación legal y siendo que se dicta sobreseimiento Definitivo en los casos donde el ente acusador no acreditó la existencia de un delito y la participación de quienes son acusados es claro que NO EXISTE DELITO en consecuencia no podría existir ENCUBRIMIENTO de un delito que no existe. CONSIDERANDO (8): El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas la aplicación de las reglas de la sana crítica y la motivación clara y precisa de la sentencia forman parte del debido Proceso. En su resolución el Ad-Quem aprecia cada uno de los agravios expresados y contestación de los mismos, a los que de manera razonada da respuesta jurídica, no obstante ello, el Ad-Quem ha errado al momento de pronunciarse acerca del sobreseimiento Provisional dictado a favor del señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, porque tal como ha quedado expuesto en acápites anteriores, de su resolución se aprecia que si ha dictado un sobreseimiento definitivo por todos los delitos por los que se presentó requerimiento fiscal contra los acusados, no resulta congruente con ésta resolución mantener el sobreseimiento provisional contra el señor FUNEZ PONCE, puesto que no existe la comisión de ningún delito, por ende el acusado no puede encubrir el delito que no existe, como ya se dijo. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente en representación del señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, señala que se ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, dispuesto en el artículo 60 constitucional que a la letra dice: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos…”. El derecho a la igualdad ante la ley es un derecho reconocido constitucionalmente como por las normas internacionales de protección a los Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo determina en su artículo 24, ”Todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia todas las personas sin discriminación alguna tienen derecho a igual protección de la ley”, de igual manera lo expresa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26 cuando dispone: “que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. El derecho de igualdad implica la aplicación de la ley a todas las personas de manera uniforme, por ello el legislador debe tratar igual a las personas que se encuentran en situaciones e hipótesis jurídicas iguales y debe tratar diferenciadamente a quienes se encuentran en situaciones o hipótesis jurídicas diferentes. Siendo así, la igualdad consiste en una relación que debe ser justa y ajena a toda arbitrariedad o diferenciación sin justificación racional y razonable, lo que da lugar a la aplicación del principio o regla en materia de igualdad ante la ley, de que las situaciones iguales deben ser tratadas iguales y que las situaciones desiguales deben ser tratadas desigualmente[3].Esta Sala aprecia de los antecedentes y de la resolución recurrida que ciertamente se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley del señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE, de quien se sospecha la participación en un delito de encubrimiento que depende de la perpetración de otro delito en el que no tuvo ninguna participación ni como autor o cómplice, sin embargo que se han decretado sobreseimientos definitivos que solo proceden cuando el delito no existe o no ha existido y no existe participación de alguna persona, pero se mantiene el sobreseimiento provisional sobre el señor FUNEZ PONCE, y como lo ha dicho esta Sala, si no existe la comisión de ningún delito, por ende el acusado no puede encubrir el delito que no existe. En consecuencia procede en este aspecto Reformar la resolución del Ad-Quem. CONSIDERANDO (10): Que el representante del Ministerio Público también interpuso acción constitucional de amparo contra la resolución de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil catorce (2014), invocando como vulnerados los derechos de: Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, y el Derecho a la Defensa, sin embargo, de acuerdo al estudio de los antecedentes, los argumentos y fundamentos que se han establecido en los considerandos que anteceden, esta Sala aprecia que los motivos invocados por el recurrente no son de recibo, en consecuencia procede Denegar el Recurso intentado. CONSIDERANDO (11): Que de acuerdo al análisis realizado a la sentencia impugnada es procedente Confirmar los numerales 1, 3 y 5 que a la letra dicen: 1.- NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público. 3.- REVOCAR las siguientes resoluciones: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponérseles responsables del delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚLICA para los señores JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ, JUAN RUBEN GIRON REYES, Y JOSE EMILIANO NOVOA FUNEZ. AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponérsele responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PÚBLICA, para el señor JESUS ALBERTO MARMOL YANEZ; AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponérseles responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, para los señores JUAN RUBEN GIRON REYES Y JOSE EMILIANO NOVOA NUÑEZ. Debiendo dictar Sobreseimiento Definitivo el A-Quo. Numeral 5 CONFIRMAR en lo demás la resolución apelada. REVOCAR los numerales 2 y 4. El numeral dos (2) de la sentencia que dice: HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa de los imputados. El numeral 4 de la sentencia que dice: CONFIRMAR el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor REYNEL ENRIQUE FUNEZ PONCE por el delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. En consecuencia otorgar el recurso de amparo interpuesto por el recurrente. Así mismo denegarse el recurso intentado por el representante del Ente Acusador. CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 1, 8, 24, de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: PRIMERO: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECIDLLO a favor del señor REYNEL ENRIQUE FUMEZ PONCE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil catorce (2014). SEGUNDO: DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha siete de noviembre del año dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis, certificación del fallo de fecha once de enero de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo Penal, con orden de ingreso en este Tribunal No. 007-0067=15.
CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL.