Sentencia AP-022-15 — Registro 9406
Resumen
Resolución impugnada que confirmó sobreseimiento definitivo e inadmitió como medio probatorio declaración testifical rendida ante fiscal, (sede administrativa)considerando ente acusador en su condición de recurrente,que las mismas debieron ser valoradas y adquirir el carácter de prueba evacuada ante Juez competente,tomando en consideración la Sala que impetrante solo presentó una copia de la declaración tomada en sede administrativa no presentándolos ante Juez de Garantías,quebrantando el derecho de imputados a la inmediación, contradicción e igualdad que deben gozar las partes,en relación a causa incoada contra imputados por el delito de Tráfico ilícito de Drogas en perjuicio de la salud de la población
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."9): Que respecto de los medios de prueba el código Procesal Penal en su artículo 198 establece su finalidad, que es: “el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este código”. Entendiendo que los actos de prueba son la autoridad o institución “actividad de las partes procesales dirigidas a ocasionar la evidencia necesaria para obtener la convicción del Juez o Tribunal decidor, sobre los hechos por ellas afirmados. Claro es que, para que esa actividad tenga validez y eficacia como prueba, debe ser intervenida por un órgano jurisdiccional, bajo la vigencia de los principios de contradicción e igualdad, y con respeto a las garantías constitucionales relativas a los derechos individuales…” . (las negritas son nuestras). Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia estatuye “la obligación del Estado de Garantizar el ejercicio del principio de inmediación de la prueba, el cual supone que “todo medio probatorio que sirve para fundamentar la culpabilidad de un procesado debe ser aportado por un órgano distinto al jurisdiccional” o éste último debe exhibir la prueba para que la defensa manifieste su posición. “Además una cosa son los actos de investigación, propios de la fase preliminar, y otra los actos de prueba, exclusivos de la segunda (fase de juicio)”, y la sentencia sólo puede dictarse con base en estos últimos” . Señala además la Corte Interamericana “que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran su contra y a su favor, en las mismas condiciones. Con el objeto de ejercer su defensa” . Lo expresado coincide con lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la República como norma Suprema del Estado “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente” la disposición constitucional es clara y en armonía con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que no podrán inobservarse, puesto que son parte del Derecho Interno del Estado y desde el momento de su Ratificación el Estado deviene obligado a darle cumplimiento según los dispuesto en el artículo 1 y 2 de dicha Convención. CONSIDERNADO (10): Que la Supremacía Constitucional es el pilar del ordenamiento jurídico del Estado, en consecuencia, la Constitución de la República es jerárquicamente superior a cualquier norma secundaria, por lo que el ordenamiento jurídico debe estar en armonía con la Constitución de la República y, si fuera el caso que una ley o una norma fuera contraria a las disposiciones constitucionales, debe prevalecer la Constitución de la República. En relación al caso que nos ocupa debe prevalecer lo dispuesto en el artículo 88 Constitucional “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”, disposición que es clara, precisa, sin ambigüedades por lo que ninguna autoridad puede cambiar una disposición constitucional a su libre albedrío sin incurrir en responsabilidad. CONSIDERANDO (11): Que del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que ciertamente el Ad quem ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, no es de recibo la pretensión del Ministerio Público, que desde el prisma de la justicia constitucional pretende quebrantar el contenido del artículo 88 constitucional que dispone “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”,el derecho del imputado y de su representante a la inmediación, contradicción e igualdad de derechos que deben gozar las partes en todos los actos del proceso. En ese orden de ideas es claro que si las declaraciones fueron rendidas en sede administrativa no lo han sido ANTE JUEZ COMPETENTE, y al intentar que los actos de investigación realizados en sede administrativa, en este caso declaraciones de personas ante la presencia del fiscal, adquieran el carácter de prueba evacuada ante Juez competente, sin que haya comparecido a rendir declaración ante el Juez de Garantías, quebrantando por lo tanto a ningún administrador de justicia se le faculta para crear figuras conforme sus decisiones, ya que dejar al arbitrio de una de las partes la disposición del acervo probatorio sin control jurisdiccional, es quebrantar el principio de legalidad, mediante el cual, en el caso sub judice, todos los procedimientos, instituciones etc., están previamente establecidos en la ley, la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que el Estado forma parte, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que siendo parte de nuestro derecho interno por lo que todos los operadores de justicia deben ceñirse a sus postulados y tomar en consideración su jurisprudencia. CONSIDERANDO (12): Que el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal pública, deberá apegarse estrictamente a la Constitución y la Ley, así, cuando pretende aportar un medio de prueba este deberá presentarse con todos los requisitos que exige la ley, para el caso concreto, en cuanto a la proposición de medios de prueba denominados evidencia el Ente Acusador debe acreditar el origen de la evidencia, como la obtuvo, a través de quien, donde, entre otros, y esto lo hará incorporando el acta de recolección de evidencia con su respectiva cadena de custodia; entendiendo que la cadena de custodia es un procedimiento establecido por la normatividad jurídica, fundamental en el desarrollo de la investigación y probatorio para el control de los elementos físicos encontrados en el lugar de los hechos. Tiene el propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos materiales de prueba; el funcionario, al momento de recolectar los elementos de prueba debe dejar constancia en el acta de la diligencia correspondiente sobre la aplicación de cadena de custodia. Lo que ciertamente no sucedió en el caso sub judice. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo, estimando la exposición del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, apreciados en su conjunto, la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el amparo intentado. CONSIDERANDO (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 88, numeral 3 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente Dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de diciembre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha diez de noviembre del año dos mil catorce, que declaró no ha lugar el Recurso de Apelación y confirmó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veinte de abril del año dos mil doce, con relación a la causa instruida contra los señores OSMAN ANTONIO MEDINA MONTOYA Y ALBA KARINA ARGUETA AMAYA por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha catorce de abril del año dos mil doce, el Abogado VICENTE MALDONADO MALDONADO en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los Señores OSMAN ANTONIO MEDINA MONTOYA Y ALBA KARINA ARGUETA AMAYA por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras, en fecha veinte de abril del año dos mil doce, dictó Auto mediante el cual resolvió: "1) Tener por Ratificado el Requerimiento Fiscal y que se tengan por admitidos, evacuados e incorporados los elementos probatorios que fueron proporcionados en la presente Audiencia por el Representante del Ministerio Publico y lo argumentado por la Defensa Pública del imputado, 2) Decretar DECLARATORIA DE REO a la imputada ALBA KARINA ARGUETA AMAYA, por suponerla responsable del delito de POSESION DE DROGAS PARA EL CONSUMO PERSONAL INMEDIATO en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, 3.- Dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado OSMAN ANTONIO MEDINA MONTOYA, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, por las razones anteriormente expuestas, 4.- Ordenar la inmediata libertad de los imputados ALBA KARINA ARGUETA AMAYA y OSMAN ANTONIO MEDINA MONTOYA, debiendo para tal efecto librar atento oficio a la Penitenciaria Nacional de la ciudad de La Paz, departamento de la Paz, para su inmediata excarcelación, 4.- Imponer a la imputada ALBA KARINA ARTUEGTA AMAYA, las medidas cautelares establecidas en el articulo 173 numeral 6, 7, y 8 del Código Procesal Penal, consistentes en: Que se presente cada quince días a este juzgado, la prohibición de salir del país, la prohibición de concurrir a lugares donde expendan bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, 5.- Sin lugar la pretensión del ministerio Publico en que se decrete auto de prisión y la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados. 6.- Únanse a las presentes diligencias el acta de allanamiento solicitado con las formalidades de la prueba anticipada que obra en este juzgado bajo No. 017-2012.-” (Folios treinta y cinco (35) al treinta y siete (37) de la pieza de primera instancia). 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada EVA LINETH BUSTILLO en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha diez de noviembre del año dos mil catorce, dictó Auto Motivado en el cual resolvió: “1) Declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto. 2) CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios siete (07) al once (11) de la pieza de segunda instancia). 4) Que el recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha catorce de enero del año dos mil quince, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha diez de noviembre del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en once de mayo del año dos mil quince, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Comayagua, en fecha diez de noviembre del año dos mil catorce que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinte de abril del año dos mil doce, con relación a la causa instruida contra ALBA KARINA ARGUETA AMAYA Y OSMAN ANTONIO MEDINA MONTOYA, por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la Acción de amparo, relata de manera detallada los hechos desde el momento en que se presentó requerimiento fiscal contra los imputados, expone además los medios de prueba de los que hizo merito, entre ellos, acta de allanamiento en la vivienda de los acusados donde se encontró catorce envoltorio plásticos transparentes conteniendo piedras de Crack y dos mil ciento cuarenta y nueve lempiras (L. 2,149.00),; acta de decomiso o secuestro de los indicios de la comisión del delito; dictamen QT-147-2017 emitido por el laboratorio de Criminalística Químico Toxicológico del Ministerio Público, donde se establece que la sustancia es prohibida con un peso de 4.51 gramos dosis considerada para el consumo personal inmediato. Además, actas de Declaración de tres testigos en Sede Administrativa. Señala el recurrente su inconformidad por la resolución del A quo mediante la cual decretó Declaratoria de Reo a la imputada ALBA KARINA ARGUETA y Sobreseimiento Definitivo a favor del Imputado OSMAN ANTONIO MEDINA por el delito de Trafico Ilícito de Drogas. Manifiesta que se han vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90. Señala además que los medios de prueba en sede administrativa debieron ser considerados y valorados por el A-Quo, al no hacerlo se han quebrantado los derechos invocados. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en la resolución impugnada deja establecidos los antecedentes procesales, así como la expresión y contestación de agravios por las partes. En el párrafo de la Motivación expone el Tribunal de alzada que el Ministerio Público presentó diferentes documentos relativos al informe investigativo efectuado por la policía de Investigación declaraciones de testigos, actas de inspección, acta de decomiso y el dictamen químico toxicológico No. 1474 -2012, se aprecia que en las actas de registro se consigna que al señor OSMAN ANTONIO MEDINA MONTOYA, no se le encontró nada; a ALBA KARINA ARGUETA AMAYA no se reencontró nada. Acta de Decomiso de 14 envoltorios de plástico transparentes conteniendo sustancia blanquecina supuesto Crack. Pericial: dictamen 1474-2012, emitido por la Dirección de Medicina Forense, en el cual se concluye que de acuerdo a los análisis realizados a las piedras amarillentas decomisadas se concluye que se trata de Cocaína/Crack y que la cantidad decomisada es compatible con la dosis considerada para CONSUMO PERSONAL INMEDIATO. En el numeral dos (2) de la resolución, dice el Ad quem que se han fijado en el proceso los puntos siguientes: a) que el día hora y lugar indicados en el requerimiento fiscal, que al realizar un allanamiento en la casa que habitan los señores OSMAN ANTONIO MEDINA MONTOYA, ALBA KARINA ARGUETA AMAYA, estos se encontraban en el lugar y al registrar los espacios de la casa no encontraron indicios o evidencias que se asemejen a la actividad ilícita de tráfico de drogas, señalando que del dictamen toxicológico se concluye que la cantidad de Cocaína /Crack encontrados son compatibles para el consumo personal inmediato. Expresa el Ad quem que “el Ministerio Público en el Requerimiento Fiscal como en la audiencia inicial manifiesta que se ha encontrado una cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS (L. 2,149.99) y varias bolsas plásticas transparentes, pero no se encuentra agregado o incorporado al expediente el acta que registre esas evidencias encontradas, así como que hayan sido embaladas y debidamente custodiadas por lo tanto ese indicio no se ha acreditado. B) Dejando establecido que no se acreditó que los imputados estuvieran ejerciendo alguna actividad de comercio con la cocaína/Crack, antes referida; por lo que no comparte el criterio vertido por el ente fiscal en el sentido de que por haberse encontrado la droga descrito ya es tráfico de drogas”. (Ver folio 48 final pieza de amparo). Deja establecido el Tribunal de alzada que el TRÁFICO, es una actividad emergente que consiste en hacer una entrega determinada y recibir a cambio, una cantidad de dinero también determinada u otro objeto de valor, dice además que el Ministerio Público señaló tener al testigo protegido X1, y siendo que está en la obligación de hacer llegar a la audiencia inicial los elementos de prueba, no se encargó de llevar al testigo al estrado judicial acompañando una copia de la declaración tomada en sede administrativa. Señala además que no se estableció que los imputados se hayan encontrado realizando actividades relacionadas con el tráfico de drogas, por lo consideró conforme a derecho, declarar no a lugar a apelación interpuesta y confirmó la resolución dictada por el A-Quo. CONSIDERANDO (6): Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido proceso esta contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2]. CONSIDERANDO (7): Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no esta autorizado les está vedado[3]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[4]. CONSIDERANDO (8): Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurarla adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[5] CONSIDERANDO (9): Que respecto de los medios de prueba el código Procesal Penal en su artículo 198 establece su finalidad, que es: “el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este código”. Entendiendo que los actos de prueba son la “actividad de las partes procesales dirigidas a ocasionar la evidencia necesaria para obtener la convicción del Juez o Tribunal decidor, sobre los hechos por ellas afirmados. Claro es que, para que esa actividad tenga validez y eficacia como prueba, debe ser intervenida por un órgano jurisdiccional, bajo la vigencia de los principios de contradicción e igualdad, y con respeto a las garantías constitucionales relativas a los derechos individuales…”[6]. (las negritas son nuestras). Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia estatuye “la obligación del Estado de Garantizar el ejercicio del principio de inmediación de la prueba, el cual supone que “todo medio probatorio que sirve para fundamentar la culpabilidad de un procesado debe ser aportado por un órgano distinto al jurisdiccional” o éste último debe exhibir la prueba para que la defensa manifieste su posición. “Además una cosa son los actos de investigación, propios de la fase preliminar, y otra los actos de prueba, exclusivos de la segunda (fase de juicio)”, y la sentencia sólo puede dictarse con base en estos últimos”[7]. Señala además la Corte Interamericana “que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran su contra y a su favor, en las mismas condiciones. Con el objeto de ejercer su defensa” [8]. Lo expresado coincide con lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la República como norma Suprema del Estado “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente” la disposición constitucional es clara y en armonía con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que no podrán inobservarse, puesto que son parte del Derecho Interno del Estado y desde el momento de su Ratificación el Estado deviene obligado a darle cumplimiento según los dispuesto en el artículo 1 y 2 de dicha Convención. CONSIDERNADO (10): Que la Supremacía Constitucional es el pilar del ordenamiento jurídico del Estado, en consecuencia, la Constitución de la República es jerárquicamente superior a cualquier norma secundaria, por lo que el ordenamiento jurídico debe estar en armonía con la Constitución de la República y, si fuera el caso que una ley o una norma fuera contraria a las disposiciones constitucionales, debe prevalecer la Constitución de la República. En relación al caso que nos ocupa debe prevalecer lo dispuesto en el artículo 88 Constitucional “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”, disposición que es clara, precisa, sin ambigüedades por lo que ninguna autoridad puede cambiar una disposición constitucional a su libre albedrío sin incurrir en responsabilidad. CONSIDERANDO (11): Que del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que ciertamente el Ad quem ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, no es de recibo la pretensión del Ministerio Público, que desde el prisma de la justicia constitucional pretende quebrantar el contenido del artículo 88 constitucional que dispone “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”, al intentar que los actos de investigación realizados en sede administrativa, en este caso declaraciones de personas ante la presencia del fiscal, adquieran el carácter de prueba evacuada ante Juez competente, sin que haya comparecido a rendir declaración ante el Juez de Garantías, quebrantando el derecho del imputado y de su representante a la inmediación, contradicción e igualdad de derechos que deben gozar las partes en todos los actos del proceso. En ese orden de ideas es claro que si las declaraciones fueron rendidas en sede administrativa no lo han sido ANTE JUEZ COMPETENTE, y por lo tanto a ningún administrador de justicia se le faculta para crear figuras conforme sus decisiones, ya que dejar al arbitrio de una de las partes la disposición del acerbo probatorio sin control jurisdiccional, es quebrantar el principio de legalidad, mediante el cual, en el caso sub judice, todos los procedimientos, instituciones etc., están previamente establecidos en la ley, la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que el Estado forma parte, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que siendo parte de nuestro derecho interno por lo que todos los operadores de justicia deben ceñirse a sus postulados y tomar en consideración su jurisprudencia. CONSIDERANDO (12): Que el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal pública, deberá apegarse estrictamente a la Constitución y la Ley, así, cuando pretende aportar un medio de prueba este deberá presentarse con todos los requisitos que exige la ley, para el caso concreto, en cuanto a la proposición de medios de prueba denominados evidencia el Ente Acusador debe acreditar el origen de la evidencia, como la obtuvo, a través de quien, donde, entre otros, y esto lo hará incorporando el acta de recolección de evidencia con su respectiva cadena de custodia; entendiendo que la cadena de custodia es un procedimiento establecido por la normatividad jurídica, fundamental en el desarrollo de la investigación y probatorio para el control de los elementos físicos encontrados en el lugar de los hechos. Tiene el propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos materiales de prueba; el funcionario, al momento de recolectar los elementos de prueba debe dejar constancia en el acta de la diligencia correspondiente sobre la aplicación de cadena de custodia. Lo que ciertamente no sucedió en el caso sub judice. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo, estimando la exposición del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, apreciados en su conjunto, la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el amparo intentado. CONSIDERANDO (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diez de noviembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0022-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[3] Rodríguez Cesia Victor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.
[4] Idem Pág.1305
[5] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128. párr. 132. Citando Caso Herrera Ulloa, párr. 147; Caso Maritza Urrutia, párr. 118; y Caso Myrna Mack Chang, párr. 202.
[6] Cuella Cruz. Fernández Entralgo. Menciona Diego Diez siguiendo a Jimeno Sendra. Derecho Procesal Penal de Honduras, Manual Teórico - Práctico. Proyecto de fortalecimiento al Poder Judicial de Honduras. Septiembre 2004.Páginas 443,444.
[7]7 Alonso Salazar diana Monterio. Derecho de defensa en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. que cita: Óp. cit., n.p. [4], párr. 136. Consideraciones de la CIDH.
[8]8 Idem cita n.p. [3],. párr. 184. Citando Caso Castillo Petruzzi y otros, párr. 154; Eur. Court H. R., case of Barberà, Messegué and Jabardo, párr. 78; y Eur. Court H. R., case of Bönishc judgment, párr. 32. Pág.116.