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Sentencia AL-958-15 — Registro 12256

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia por la Corte de Apelaciones que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82, 90 párrafos primero, 94 y 103 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Suprema de Justicia ha si lo ha establecido en su jurisprudencia, como uno de los principios que rigen el Derecho Laboral en Honduras, el principio protectorio. Para apreciar mejor este principio, es necesario puntualizar que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador y que el ordenamiento jurídico como sistema de paz, sea social y moralmente justo.- La subordinación es un factor propio en una relación laboral, y esta subordinación trae aparejada la aplicación del derecho del trabajo. El principio protector es como el corazón del derecho del trabajo, su esencia radica no en nivelar a las personas, sino de equilibrar las desigualdades existentes en dicha subordinación, no solo en el Derecho Individual, sino también, en el Derecho Procesal y en el Derecho Colectivo del Trabajo.- Básicamente éste principio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador.- Se desprenden de este principio protectorio, llamado también protector o de favor, tres reglas fundamentales instrumentales: 1) IN DUBIO PRO OPERARIO Hace referencia al criterio que debe adoptar un Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma, cuando ésta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. 2) NORMA MÁS FAVORABLE En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes. 3) LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Hace referencia a que nunca se aplicará una normativa que signifique un retroceso para los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo. Por este principio se entiende que cualquier modificación a las normativas, debe ampliar, y no reducir los derechos del trabajador. Este es el principio sobre el que se desarrolló la disciplina del derecho del trabajo, luego la doctrina fue abriéndose paso y se crearon otros principios, que complementaran al primero para su mejor aplicación e Interpretación.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO ONCE (11): Que si bien se establece de una manera general por la Constitución de la República el derecho a la propiedad privada, también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir esa propiedad, como consecuencia de un proceso laboral en particular. CONSIDERANDO DOCE (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa o al de propiedad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.””

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada ELVA MARCELA DIAZ MARTINEZ a favor del señor BIBIAN CRUZ AGUILAR contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte de agosto de dos mil quince, con relación a la demanda laboral promovida por las señoras SAIRA ELIZABETH MEJIA BARDALEZ Y EVELYN MELISSA RODRIGUEZ O’RELLY contra el señor BIBIAN CRUZ AGUILAR propietario de la Sociedad Mercantil denominada “COMERCIAL EL SUREÑO S. DE R. L. DE C. V.”. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82, 90 párrafos primero, 94 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de abril de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, Cortés, las señoras SAIRA ELIZABETH MEJIA BARDALES Y EVELYN MELISSA RODRIGUEZ O’RELLY en su condición personal, promoviendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos contra la Sociedad Mercantil denominada “COMERCIAL EL SUREÑO” S. DE R. L. DE C. V. Representada por el señor GRACINIANO CRUZ AGUILAR. (Folios 01-03 de la primera pieza de antecedentes) 2) Que en audiencia de juzgamiento celebrada en fecha cinco de diciembre de dos mil quince, el Juzgado de Letras Seccional del departamento de Cortés, falló: “DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS IRRENUNCIABLES, REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO, PAGO DE DIAS DE SUELDO, PAGO DE PARTE DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2013, PAGO DEL REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO LEGAL, MÁS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, ADEMAS DE LO QUE SE LE ADEUDE, UNA SUMA IGUAL A LA REAJUSTADA, PROMOVIDA POR LA SEÑORAS SAIRA ELIZABETH MEJIA BARDALES, Y EVELYN MELISSA RODRIGUEZ O’ REILLY, EN CONTRA DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA COMERCIAL EL SUREÑO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE C. V., A TRAVÉS DE SU GERENTE GENERAL EL SEÑOR GRACINIANO CRUZ AGUILAR. CON COSTAS…” (Folios 84-86 de la primera pieza de los antecedentes) 3) En fecha doce de febrero de dos mil quince, compareció ante el Juzgado antes referido el Abogado CESAR AMILCAR MARTINEZ FAJARDO, en su condición de apoderado judicial de las señoras SAIRA ELIZABETH MEJIA BARDALES Y EVELYN MELISSA RODRIGUEZ O’ REILLY, solicitando se ejecutara embargo por vía de ejecución de sentencia sobre los bienes muebles, y electrodomésticos de todo tipo que distribuye la sociedad mercantil demandada, en la cual el Juzgado resolvió: (Sic)“Se admite la comparecencia que antecede presentada por el ABOGADO CESAR AMILCAR MARTINEZ FAJARDO, en su condición de Apoderado Judicial de las señoras SAIRA ELIZABETH MEJIA BARDALES y EVELYN MELISSA RODRIGUEZ MEJIA BARDALES y EVELYN MELISSA RODRIGUEZ O’REILLY, en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, promovida contra COMERCIAL EL SUREÑO, S. DE R. L. DE C. V., representado por el señor GRACINIANO CRUZ AGUILAR, en su condición de Gerente General, y previo a resolver lo solicitado por el Abogado Actor, que la Secretaría del Despacho INFORME si el Requerimiento de Pago en Acto es firme…”. (Folio 100 vuelto de la primera pieza de los antecedentes) 4) Que en fecha tres de junio de dos mil quince, el Abogado REYNERIO FIGUEROA VILLATORO presentó escrito de reclamación de derecho de tercera persona para que se decrete la suspensión de la ejecución respecto a los bienes muebles embargados de su representado. (Folios 111-116 de la primera pieza de los antecedentes) 5) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado en la audiencia de juzgamiento de fecha veinte de agosto de dos mil quince, falló: “…Declarar NO HA LUGAR la reclamación de derecho de tercera persona interpuesta por el Abogado JOSÉ REYNERIO FIGUEROA VILLATORO en su condición de Apoderado Judicial de COMERCIAL EL SUREÑO en el embargo decretado por este Juzgado sobre los bienes muebles de la parte demandada en el presente juicio.- SIN COSTAS.- EN CONSECUENCIA se mantiene el embargo decretado por este Juzgado sobre los bienes muebles de la parte demandada…” (Folios 168-170 de la primera pieza de antecedentes). 6) Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al conocer del recurso de apelación contra el auto interlocutorio relacionado en el numeral anterior, promovido por los Abogado JOSÉ REYNERIO FIGUEROA VILLATORO, en su condición de Representante Judicial de la Sociedad Mercantil denominada “COMERCIAL EL SUREÑO” S. DE R. L. DE C. V., y DAGOBERTO RIVAS AGUILAR en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, FALLÓ: “Declarando Sin Lugar el recurso de apelación…” (Folios 6-9 de la segunda pieza de antecedentes.) 7) Que la Abogada ELVA MARCELA DIAZ MARTINEZ, actuando en su condición arriba relacionada, compareció ante este Tribunal en fecha quince de octubre de dos mil quince, reclamando amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 párrafo primero, 94 y 103 de la Constitución de la República. Teniéndose por formalizada la acción de amparo en fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. 8) Que esta Sala, en fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal del Despacho Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, la cual fue de la opinión de que “NO SE OTORGUE”, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo en contra de la Sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veinte de agosto de dos mil quince, con relación a la demanda laboral promovida por las señoras SAIRA ELIZABETH MEJIA BARDALEZ Y EVELYN MELISSA RODRIGUEZ O’RELLY contra el señor BIBIAN CRUZ AGUILAR propietario de la Sociedad Mercantil denominada “COMERCIAL EL SUREÑO” S. DE R. L. DE C. V.. CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente, Abogada ELVA MARCELA DIAZ MARTINEZ, actuando en su condición arriba relacionada, compareció ante este Tribunal en fecha quince de octubre de dos mil quince, reclamando amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 párrafo primero, 94 y 103 de la Constitución de la República, puesto que se ha analizado la sentencia, se ha constatado que la confirmación de la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, lesiona el derecho de defensa, de propiedad privada y al debido proceso al efectuar presunciones y sustentarlas en actos procesales declarados nulos, es decir que en el procedimiento especial de ejecución de sentencia no debió decretarse embargo sobre bienes de ajena pertenencia o posesión, de quien no fue parte en el proceso. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, pronunciándose en el sentido que sobre le particular el Artículo 782 del Código de Trabajo dispone: “Queda a salvo el derecho de terceras personas, si prestan caución de indemnizar a las partes los perjuicios que de su acción se le sigan para pedir en cualquier tiempo, antes del remate que se levante el secuestro de bienes alegando que tenían la procesión de ellos al tiempo en que aquel lo hizo, junto con su petición, el tercero deberá presentar las pruebas en que se funde y el juez lo resolverá de plano.”; lo cual no fue sustentado por el recurrente ya que el lugar señalado para ubicar al representante de la demandada fue COMERCIAL EL SUREÑO S. de R. L. de C. V., por lo tanto se ordenó practicar el embargo en el referido lugar. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque no se otorgue el presente recurso de amparo, por no vislumbrarse violación alguna a los derechos denunciados por el amparista. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO SIETE (7): Que la Sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veinte de agosto de dos mil quince, se fundamenta básicamente en que si bien se reconoce constitucionalmente el derecho a la propiedad, embargados los bienes en un proceso laboral que se encuentra en fase de ejecución, su levantamiento sólo es posible mediante la satisfacción completa del ejecutante o por la concurrencia de los presupuestos procesales de calidad de tercero, más en autos no se dan ninguna de estas situaciones jurídicas. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Suprema de Justicia ha si lo ha establecido en su jurisprudencia, como uno de los principios que rigen el Derecho Laboral en Honduras, el principio protectorio. Para apreciar mejor este principio, es necesario puntualizar que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador y que el ordenamiento jurídico como sistema de paz, sea social y moralmente justo.- La subordinación es un factor propio en una relación laboral, y esta subordinación trae aparejada la aplicación del derecho del trabajo. El principio protector es como el corazón del derecho del trabajo, su esencia radica no en nivelar a las personas, sino de equilibrar las desigualdades existentes en dicha subordinación, no solo en el Derecho Individual, sino también, en el Derecho Procesal y en el Derecho Colectivo del Trabajo.- Básicamente éste principio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador.- Se desprenden de este principio protectorio, llamado también protector o de favor, tres reglas fundamentales instrumentales: 1) IN DUBIO PRO OPERARIO Hace referencia al criterio que debe adoptar un Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma, cuando ésta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. 2) NORMA MÁS FAVORABLE En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes. 3) LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Hace referencia a que nunca se aplicará una normativa que signifique un retroceso para los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo. Por este principio se entiende que cualquier modificación a las normativas, debe ampliar, y no reducir los derechos del trabajador. Este es el principio sobre el que se desarrolló la disciplina del derecho del trabajo, luego la doctrina fue abriéndose paso y se crearon otros principios, que complementaran al primero para su mejor aplicación e Interpretación. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que si bien se establece de una manera general por la Constitución de la República el derecho a la propiedad privada, también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir esa propiedad, como consecuencia de un proceso laboral en particular. CONSIDERANDO DOCE (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa o al de propiedad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0958-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL