Sentencia AL-939-15 — Registro 6219
Resumen
Resolución declaró sin lugar tasación de costas en segunda instancia por considerar que el derecho que tenía para demandar la pretensión ante esa instancia, ya prescribió pues debieron solicitarse una vez firme el auto que las concede en relación a demanda laboral promovida por recurrente contra la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar sin lugar la tasación de costas en segunda instancia,.."..."al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito..."
Legislación citada
- Código Civil, art. 2296, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar sin lugar la tasación de costas en segunda instancia,.."..."al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Civil, art. 2296, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.." Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., ocho de febrero de dos mil dieciséis.-VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, a favor de la señora JENNIFER MELISA CHIRINOS MARRIQUIN, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil quince, que declaró sin lugar la tasación de costas en segunda instancia, presentada por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES; en relación a la demanda laboral promovida por la señora JENNIFER MELISSA CHIRINOS MARROQUIN, contra la DIRECCION EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERIA (DEFOMIN).-CONSIDERANDO: Que en el escrito de interposición de la presente acción de amparo, el recurrente indica que con el acto reclamado en amparo, es decir la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil quince, se vulneran en perjuicio su representado, las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por considerar que el Ad-quem se extralimitó en sus funciones al declarar sin lugar la tasación de costas en segunda instancia en base a una prescripción que no había sido objeto de debate en la tasación presentada.-CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la resolución de fecha treinta de junio del año dos mil quince, mediante la cual la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, declaró sin lugar la tasación de costas en segunda instancia, presentada por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, por considerar que el derecho que tenía para demandar dicha pretensión ante esa instancia, ya le prescribió ya que las mismas debieron solicitarse una vez firme el auto que las concede, según lo preceptuado por el artículo 2296 numeral 1) del Código Civil.- CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 2296 numeral 1) del Código Civil, por el transcurso de un (1) año prescriben las acciones para el cumplimiento de la obligación de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, peritos, agentes y curiales, sus honorarios y derechos en el caso de que los tengan, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran._CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar sin lugar la tasación de costas en segunda instancia, presentada por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES.-CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 115 párrafo final de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, a favor de la señora JENNIFER MELISA CHIRINOS MARRIQUIN, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil quince, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.- VICTOR MANUEL LOZANO URBINA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la resolución de fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0939-2015.
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CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., ocho de febrero de dos mil dieciséis.-VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, a favor de la señora JENNIFER MELISA CHIRINOS MARRIQUIN, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil quince, que declaró sin lugar la tasación de costas en segunda instancia, presentada por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES; en relación a la demanda laboral promovida por la señora JENNIFER MELISSA CHIRINOS MARROQUIN, contra la DIRECCION EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERIA (DEFOMIN).-CONSIDERANDO: Que en el escrito de interposición de la presente acción de amparo, el recurrente indica que con el acto reclamado en amparo, es decir la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil quince, se vulneran en perjuicio su representado, las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por considerar que el Ad-quem se extralimitó en sus funciones al declarar sin lugar la tasación de costas en segunda instancia en base a una prescripción que no había sido objeto de debate en la tasación presentada.-CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la resolución de fecha treinta de junio del año dos mil quince, mediante la cual la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, declaró sin lugar la tasación de costas en segunda instancia, presentada por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, por considerar que el derecho que tenía para demandar dicha pretensión ante esa instancia, ya le prescribió ya que las mismas debieron solicitarse una vez firme el auto que las concede, según lo preceptuado por el artículo 2296 numeral 1) del Código Civil.- CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 2296 numeral 1) del Código Civil, por el transcurso de un (1) año prescriben las acciones para el cumplimiento de la obligación de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, peritos, agentes y curiales, sus honorarios y derechos en el caso de que los tengan, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran._CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar sin lugar la tasación de costas en segunda instancia, presentada por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES.-CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido.-CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 115 párrafo final de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, a favor de la señora JENNIFER MELISA CHIRINOS MARRIQUIN, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil quince, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.- VICTOR MANUEL LOZANO URBINA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la resolución de fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0939-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL