Sentencia AL-820-15 — Registro 6877
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio recaído en el defecto de incompetencia de tribunal y defecto de falta de legitimación del actor en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones y salarios de percibir a título de daños y perjuicios por despido ilegal e injusto promovida contra el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Del análisis de los antecedentes del caso, se logra apreciar que la demandante MARTHA YBRENETH PINEDA MENA, no reúne la calidad de funcionario o empleado público, pues su relación laboral con el Estado se deriva de un contrato, que reúne las características esenciales para la existencia de un contrato de trabajo a que hace alusión el artículo 20 del Código del Trabajo; aunque el Instituto de la Propiedad le haya denominado "Contrato de Servicios Profesionales", no deja de ser un contrato de trabajo por razón del nombre que le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Pudiéndose apreciar en autos, la naturaleza del vínculo es decir, la relación contractual entre demandante y demandado, la cual como se señala fue mediante contrato y no mediante un Acuerdo. Por su parte el Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo manda: "Solamente podrán impugnarse en vía Contencioso-administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una Ley especial. Asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para períodos determinados, cuando aquel acto se hubiere producido antes del vencimiento del período respectivo"..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el Derecho a la Defensa ni al Derecho al Debido proceso, consecuentemente no vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el Derecho a la Defensa ni al Derecho al Debido proceso, consecuentemente no vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, a favor del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONESS DEL TRABAJO, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil quince (2015), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación y confirmó el Auto Interlocutorio, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de mayo del año dos mil quince, con relación a un incidente de declinatoria por defecto de incompetencia del Tribunal alegado en la demanda ordinaria Laboral promovida por la señora MARTHA YBRENETH PINEDA MENA, contra EL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que se han violentado las garantías constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil catorce (2014), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada MARTHA YBRENETH PINEDA MENA, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y por salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios; todo en virtud de un despido ilegal e injusto, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (Folio 01 al 06 de la primera pieza de antecedentes) 2) Que el referido Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria de fecha quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), en el cual FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el DEFECTO PROCESAL DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL Y FALTA DE LEGITIMACION DEL DEMANDANTE, opuesto por el representante procesal demandado A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS Y POR ADQUIRIR, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN VIRTUD DE DESPIDO ILEGAL E INJUSTO COSTAS DEL JUICIO, instaurada por la señora MARTHA YBRENETH PINEDA MENA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representada por el Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. III.- SIN COSTAS: En esta instancia…”. (Folio 147 al 151 de la pieza de antecedentes) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULDO REYES ZAVALA, dictó sentencia en fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, mediante la cual (sic): FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación que se ha hecho merito; 2.- CONFIRMAR el auto interlocutorio de fecha quince de mayo del año dos mil quince, recaída en el defecto de incompetencia de tribunal y defecto de falta de legitimación del demandante presentada por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de apoderado sustituto del Estado de Honduras, y presentados en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS Y POR ADQUIRIR, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, TODO EN VIRTUD DE UN DESPIDO ILEGAL E INJUSTO QUE FUERA PROMOVIDO, por la señora MARTHA YBRENETH PINEDA MENA, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representada por el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República.- SIN COSTAS en esta instancia…”. (Folios 40 al 42 de la segunda pieza de antecedentes) 4) El recurrente Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por considerar que la decisión del Ad Quem, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil quince (2015), violenta en perjuicio de su representada, los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha seis (6) de noviembre del dos mil quince (2015).
- Que con fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil quince (2015), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil quince (2015), haciendo la observación que en la formalización del recurso de Amparo interpuesto por el recurrente se establece estar dirigida la acción contra la resolución de fecha quince (15) de mayo del dos mil quince (2015) la cual en la pieza de sus antecedentes se DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación que se ha hecho merito y CONFIRMA el auto interlocutorio de fecha quince (15) de mayo del año dos mil quince (2015), recaída en el defecto de incompetencia de tribunal y defecto de falta de legitimación del demandante presentada por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, interpuesto en tiempo y forma y que constituye el acto contra el cual se reclama indicando en el acápite de su antecedente, por considerar que la misma vulnera la garantía constitucional del derecho de defensa y el derecho al debido proceso consagrada en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Luego de realizar un estudio exhaustivo del presente caso se puede establecer que el recurrente argumentó en su escrito de interposición de la acción de amparo que con la resolución emitida por lo Honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil quince (2015), se le ha vulnerado lo preceptuado en los artículo 82 y 90 referente al derecho de la Defensa y al Debido Proceso contenidas en la Constitución de la República, cuales se han producido en virtud de la jurisdicción laboral en donde el demandante interpuso la acción, no es el competente, sino que lo es, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, salvo las excepciones en una ley que disponga lo contrario. Al tenor de lo anterior el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo exceptúa del régimen general aplicable, que es el Código de! Trabajo a los empleados públicos a los cuales define como aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal; y en la presente causa el demandante no ha sido contratado bajo ninguna de estas modalidades que excluye la aplicabilidad de dicha norma. Asimismo, dicha norma señala que son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código, lo cual significa que no puede ser renunciado, modificado por la simple manifestación de la voluntad de los particulares, sumado a ello la jurisdicción es improrrogable. El artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública señala que: “Los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán: 1., 2., 3.,4. Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República”. CONSIDERANDO CINCO (5): Del análisis de los antecedentes del caso, se logra apreciar que la demandante MARTHA YBRENETH PINEDA MENA, no reúne la calidad de funcionario o empleado público, pues su relación laboral con el Estado se deriva de un contrato, que reúne las características esenciales para la existencia de un contrato de trabajo a que hace alusión el artículo 20 del Código del Trabajo; aunque el Instituto de la Propiedad le haya denominado "Contrato de Servicios Profesionales", no deja de ser un contrato de trabajo por razón del nombre que le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Pudiéndose apreciar en autos, la naturaleza del vínculo es decir, la relación contractual entre demandante y demandado, la cual como se señala fue mediante contrato y no mediante un Acuerdo. Por su parte el Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo manda: "Solamente podrán impugnarse en vía Contencioso- administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una Ley especial. Asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para períodos determinados, cuando aquel acto se hubiere producido antes del vencimiento del período respectivo". CONSIDERANDO SEIS (6): Es oportuno decir que la jurisdicción del Trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo[1], esta disposición es de orden público y no puede ser modificada por convenios de los contratantes, pues como se ha dejado establecido estamos ante una relación laboral entre demandante y demandado, esto de acuerdo al Artículo 3 del Código del Trabajo que dice: "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera." Por lo que al revisar la sentencia recurrida no se aprecia la vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por el recurrente. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la cuestión de competencia es la que se suscita con motivo de la oposición del Juez o del demandado a que él intervenga en una causa respecto de lo cual se le considera incompetente o por su negativa al requerimiento de otro Juez para desprenderse del conocimiento del asunto que considera de su competencia; es decir, hay cuestión de competencia en cualquier caso en que se niegue al Juez la facultad de ejercer su jurisdicción en un litigio determinado. Que además consta de autos, que la relación existente entre la demandante y el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD estaba regida por contratos de servicios profesionales, lo cual en primera instancia sería competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, y no de lo laboral; y de la lectura del contrato de trabajo por servicios profesionales aportado como prueba, se desprende que dicho contrato reúne los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, como ser: La actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono y un salario como retribución del servicio. CONSIDERANDO OCHO (8): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el Derecho a la Defensa ni al Derecho al Debido proceso, consecuentemente no vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2 numeral 2, 3, 20 y 663 del Código del Trabajo; 8 numeral 4 Ley General de la Administración Pública; 109 Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa; FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, a favor del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONESS DEL TRABAJO, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil quince (2015). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- REDACTÓ LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número 0820-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 665 Código del Trabajo