Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-792-15 — Registro 6215

Resumen

Recurso de amparo contra resolución que declara sin lugar la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal,considerando impetrante que es un asunto correspondiente a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,al haber sido contratado demandante por medio de Contratos Administrativos de Servicios Profesionales y Técnicos elevados a Acuerdos Ministeriales, y que dicho asunto corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada determinó que si bien la demandada celebró contratos de servicios profesionales con la demandante también lo es que con los medios de prueba aportados en el proceso logró concluir que la relación laboral sostenida entre las partes reúne los tres elementos esenciales que exige el Contrato de Trabajo regulado en el Código del Trabajo, especialmente el elemento de subordinación, por lo cual indica que la jurisdicción del trabajo es la competente para el conocimiento de la presente causa, razón por la que estimó confirmar el auto interlocutorio apelado, pues si bien la demandada indica que la contratación fue elevada a Acuerdo Ministerial, lo cierto es que no corre agregada la compulsa del nombramiento de la actora para el cargo que desempeñaba.-CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo y la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que la recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., trece de abril de dos mil dieciséis.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cuatro (04) de junio de dos mil quince, que confirma el auto proferido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil quince, con relación a la demanda laboral promovida por la señora JULISSA STHEFANY MOREIRA ÁVILA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que la Alzada declara sin lugar la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda y modifica el auto interlocutorio dictado por el Juzgado del Trabajo, sin estimar que la demandante fue contratada por el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, por medio de Contratos Administrativos de Servicios Profesionales y Técnicos que fueron elevados a Acuerdos Ministeriales con duración limitad y plazo determinado, siendo del criterio el reclamante que dicho asunto es estrictamente administrativo correspondiendo por tal a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente señala que con la resolución contra la cual reclama se vulneran entre otros el derecho de defensa y el debido proceso garantías reconocidas en los Artículos 80 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada determinó que si bien la demandada celebró contratos de servicios profesionales con la demandante también lo es que con los medios de prueba aportados en el proceso logró concluir que la relación laboral sostenida entre las partes reúne los tres elementos esenciales que exige el Contrato de Trabajo regulado en el Código del Trabajo, especialmente el elemento de subordinación, por lo cual indica que la jurisdicción del trabajo es la competente para el conocimiento de la presente causa, razón por la que estimó confirmar el auto interlocutorio apelado, pues si bien la demandada indica que la contratación fue elevada a Acuerdo Ministerial, lo cierto es que no corre agregada la compulsa del nombramiento de la actora para el cargo que desempeñaba.-CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo y la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que la recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cuatro (04) de junio de dos mil quince; al advertir ésta Sala que las cuestiones alegadas por la demandante de amparo resultan ser alegaciones de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la resolución de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0792-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., trece de abril de dos mil dieciséis.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cuatro (04) de junio de dos mil quince, que confirma el auto proferido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil quince, con relación a la demanda laboral promovida por la señora JULISSA STHEFANY MOREIRA ÁVILA, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que la Alzada declara sin lugar la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda y modifica el auto interlocutorio dictado por el Juzgado del Trabajo, sin estimar que la demandante fue contratada por el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, por medio de Contratos Administrativos de Servicios Profesionales y Técnicos que fueron elevados a Acuerdos Ministeriales con duración limitad y plazo determinado, siendo del criterio el reclamante que dicho asunto es estrictamente administrativo correspondiendo por tal a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente señala que con la resolución contra la cual reclama se vulneran entre otros el derecho de defensa y el debido proceso garantías reconocidas en los Artículos 80 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada determinó que si bien la demandada celebró contratos de servicios profesionales con la demandante también lo es que con los medios de prueba aportados en el proceso logró concluir que la relación laboral sostenida entre las partes reúne los tres elementos esenciales que exige el Contrato de Trabajo regulado en el Código del Trabajo, especialmente el elemento de subordinación, por lo cual indica que la jurisdicción del trabajo es la competente para el conocimiento de la presente causa, razón por la que estimó confirmar el auto interlocutorio apelado, pues si bien la demandada indica que la contratación fue elevada a Acuerdo Ministerial, lo cierto es que no corre agregada la compulsa del nombramiento de la actora para el cargo que desempeñaba.-CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo y la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que la recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cuatro (04) de junio de dos mil quince; al advertir ésta Sala que las cuestiones alegadas por la demandante de amparo resultan ser alegaciones de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la resolución de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0792-2015.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.