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Sentencia AL-787-14 — Registro 6214

Resumen

Sentencia recurrida confirmó la resolución del Juzgado de Primera Instancia que declaró precluido el derecho a la parte actora de proponer medios de prueba en el juicio por no haber asistido el representante judicial de la parte actora a la audiencia primera de trámite en la demanda ordinaria laboral de emplazamiento con el objeto de probar que la trabajadora abandonó sus labores sin justa causa, más el pago de preaviso, daños y perjuicios ocasionados y costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que los alegatos planteados por el recurrente abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, los mismos son de recibo por parte nuestra y ello se estima así puesto que en el caso de merito entendemos que efectivamente respecto del referido profesional del derecho se han suscitado unos hechos que imposibilitaron que el mismo se presentara el día de la audiencia a la hora señalada ante el a-quo, esta Sala advierte que las razones esgrimidas por el referido profesional del derecho merecen credibilidad, toda vez que el mismo ha acreditado debidamente el mismo día de la audiencia, mediante la presentación de dos publicaciones digitales impresas de los diarios de esa ciudad; publicaciones por las cuales se da cuenta de la protesta callejera que ese mismo día habían protagonizado el gremio de enfermeras en los alrededores de la municipalidad de San Pedro Sula; siendo pues que se ha acreditado en debida forma la razón de la demora en la comparecencia a la referida audiencia, esta Sala no encuentra razón alguna para que la primera instancia no le haya dado credibilidad a la misma, por lo que estimamos que mas bien el a-quo debió de proceder a señalar día y hora para la celebración de la audiencia de tramite. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala establece que en salvaguarda de los derechos fundamentales que consagra nuestra carta magna y dado lo que preceptúa el ya citado articulo 708 del Código del Trabajo, en el caso subexamine las actuaciones tanto del a-quo como del Tribunal de Alzada concitan las alegadas vulneraciones constitucionales del derecho de defensa y debido proceso, por lo que el recurso de amparo interpuesto por el abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, debe ser otorgado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, contra la sentencia dictada en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil catorce (2014), por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y su vez confirmó la resolución dictada en fecha doce (12) de mayo del año dos mil catorce(2014),por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con relación demanda ordinaria laboral de emplazamiento promovida por el abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, en su condición de Apoderado Judicial de la referida alcaldía municipal, contra la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once (11) de marzo del año dos mil catorce(2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, en su condición de Apoderado Judicial de la alcaldía municipal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, promoviendo demanda ordinaria laboral de emplazamiento con el objeto de probar que la trabajadora abandonó sus labores sin justa causa, más el pago de preaviso, daños y perjuicios ocasionados, y costas del juicio, en contra de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en audiencia de fecha doce (12) de mayo del año dos mil catorce (2014), resolvió: “Tener por propuestos los medios de prueba por el apoderado legal de la parte demandada, mándese agregar a los autos la documental presentada en este acto, y por agregada y evacuada la prueba documental presentada con la demanda la que se encuentra agregada a los autos, y en vista de la no comparecencia a esta audiencia ni haber presentado previa excusa justificada por la parte actora, declárese precluido el derecho a la parte actora el derecho de proponer medios de prueba en el presente juicio.- En consecuencia, declárese clausurada la audiencia Primera de tramite y en curso se abre la audiencia segunda de trámite para lo cual SEÑÁLESE AUDIENCIA PARA EL DIA LUNES DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, A LAS DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, con el objeto de que las partes formulen sus Alegatos finales.- En este acto se notifica en este acto de la presente acta de audiencia al apoderado legal de la parte actora Abogado PORFIRIO DIAZ.-…” (Folios 36 y 37 de la pieza de primera instancia). 3) Que en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil catorce(2014), la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, conociendo del recurso de apelación promovido por el abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, en su condición de apoderado legal de la alcaldía municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, departamento de Cortés, dictó Sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el representante judicial de la parte demandante, contra la resolución proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en fecha doce (12) de mayo del presente año (2014) en la DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO promovida por el abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA en su calidad de mandatario judicial de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA contra la señora ADA ESPERANZA MUÑOS TORRES, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta resolución; en consecuencia se confirma la resolución apelada y relacionada anteriormente.- SIN COSTAS, por el carácter social de las normas en materia del trabajo.-” (Folios 09 al 12 de la pieza de segunda instancia). 4) Que en fecha veinte (20) de junio del año dos mil catorce (2014), el recurrente abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de Amparo a favor de la alcaldía municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por considerar que la decisión del Tribunal Ad-quem de fecha treinta(30) de mayo del año dos mil catorce(2014), que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional impetrada 5) Que con fecha doce (12) de diciembre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público, quien por intermedio de la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión de que SE DENIEGUE el Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO (1): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en amparo la sentencia proferida en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, mediante la cual falla declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la resolución proferida en fecha doce de mayo de ese mismo año, por el Juzgado de Letras del Trabajo de esa misma ciudad. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, muestra su disconformidad con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de su representada la alcaldía municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, las garantías constitucionales del debido proceso y la del derecho de defensa; para ello explica que los hechos que dan origen a tales vulneraciones constitucionales por parte del a-quo, y en segunda instancia por el Tribunal de Alzada, tienen su origen el día doce(12) de mayo del año dos mil catorce(2014), fecha en la cual en el Juzgado de Letras de Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortes, estaba señalada la celebración de la audiencia de Conciliación y a continuación la primera de tramite; en la demanda laboral de emplazamiento que su representada interpusiera en contra de la señora ADA ESPERANZA MUÑOS TORRES, con el objeto de probar que la trabajadora abandonó sus labores sin justa causa, más el pago de preaviso, daños y perjuicios ocasionados, y costas del juicio. Aduce el recurrente que el día de la referida audiencia ocurrió un caso fortuito que consistió en la toma de las calles aledañas a la municipalidad de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, lugar en el cual el tiene su oficina; por un nutrido grupo de enfermeras, quienes públicamente se manifestaban, y que tal manifestación provoco la intervención de la Policía Nacional, con lo cual el tráfico vehicular se vio interrumpido y que cuando el mismo se reanudo se hizo en forma muy lenta, y que esto provoco que el llegase al tribunal cuando ya habían transcurrido quince minutos de iniciada la audiencia, y que aunado a lo anterior cuando él llego al Juzgado inicialmente se le impidió el ingreso a la audiencia y que fue hasta después de transcurridos de veinte a veinticinco minutos que se le permitió ingresar, y fue entonces cuando le pudo explicar al señor juez el motivo de su retraso, pero que este le informó que la audiencia ya había concluido. Sigue señalado el recurrente que en esa misma fecha el procedió a presentar ante el referido órgano jurisdiccional una manifestación excusándose y explicando acerca del por que no había podido estar en el juzgado a la hora señalada para la celebración de la audiencia, y que en base a lo señalado en el articulo 708 del Código del Trabajo acompaño con dicha manifestación impresos de diarios digitales de esa ciudad en los que se informaba acerca de la manifestación ocurrida por el gremio de las enfermeras, pero que el juez de primera instancia sin hacer ningún tipo de valoración acerca de la prueba aportada declaro sin lugar la referida manifestación, situación ante la cual procedió a interponer los respectivos recursos de reposición y subsidiariamente el de apelación. Dice el recurrente que en igual situación el Tribunal de Alzada, pese a escuchar los alegatos por el esgrimido, sin que hubiese valore los mismos, ni la prueba aportada, dicto resolución mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto. Manifiesta el impetrante que las vulneraciones constitucionales del derecho de defensa y debido proceso, en relación con lo preceptuado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el caso de autos se suscitan por que habiendo ocurrido un caso fortuito debidamente acreditado, mismo que le impidió a él estar a la hora señalada para la celebración de la audiencia laboral, y que aunado a lo anterior se le ha impedido inicialmente la entrada a la audiencia y que cuando finalmente se le permitió entrar la misma ya había concluido, situación que dice a imposibilitado que el pudiese proponer las pruebas pertinentes para acreditar su pretensión, lo cual concita la total indefensión de su representada. CONSIDERANDO (4): Que este Alto Tribunal en diferentes ocasiones ha dejado sentada su posición de que el derecho de defensa en juicio se traduce inter alía en el derecho a la comunicación previa y detallada de la demanda formulada, la concesión al demandado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, la posibilidad para ambas partes de presentar pruebas y manifestar libremente sus pretensiones, contar con la asistencia de un profesional del derecho de su elección o nombrado por el Estado, y la de acceder mediante recurso a otra instancia. CONSIDERANDO (5): Que en cuanto al Derecho al Debido Proceso es importante hacer algunas reflexiones de lo que debemos entender como tal, en general el Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende: principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem) y de reforma en perjuicio (no reformatio in pejus), motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades publicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO (6): Que bajo la panorámica planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional del derecho de defensa y del debido Proceso alegado por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal ad-quem no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. CONSIDERANDO (7): Que los párrafos segundo y cuarto del articulo 708 del Código del Trabajo preceptúan: “….Si el actor o su representante no concurriere a la audiencia de tramite, sin excusa debidamente comprobada, se continuara el juicio sin su asistencia…….Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse sentencia, y el juez estimare justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar día y hora para la celebración de la audiencia de tramite”. CONSIDERANDO (8): Que la contumacia es sinónimo de rebeldía y supone la inactividad de las partes o de alguna de ellas durante el curso del proceso por lo que debemos distinguir diversos tipos de inactividad, así tenemos que el demandado puede abstenerse de cualquier actividad procesal; el actor, desde la actividad inicial (citación) podrá abstenerse de cualquier actividad posterior, en cuyo caso se trata de rebeldía misma que puede ser del demandado, del actor o de ambos. En materia laboral se pueden dar los supuestos que señala el artículo 708 citado, y puede estar referido al demandado, según este se abstenga de contestar la demanda o de comparecer a la audiencia de trámite, en ese orden de ideas entendemos que el demandado siempre tendrá una segunda oportunidad para su defensa, oportunidad que se suscita en la primera audiencia de tramite, misma en la que podrá presentar pruebas, oponer excepciones y promover incidentes. Para el demandante también esta audiencia representa el acto en virtud del cual goza del derecho de aclarar, corregir o enmendar la demanda y el de presentar las pruebas sobre la cuestión principal o las que sean del caso cuando se debate una excepción o un incidente, de ahí que podemos afirmar que la primera audiencia de tramite significa para las partes la piedra angular del proceso. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes, así como de la resolución recurrida en esta vía constitucional, esta Sala observa que los alegatos planteados por el recurrente abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, los mismos son de recibo por parte nuestra y ello se estima así puesto que en el caso de merito entendemos que efectivamente respecto del referido profesional del derecho se han suscitado unos hechos que imposibilitaron que el mismo se presentara el día de la audiencia a la hora señalada ante el a-quo, esta Sala advierte que las razones esgrimidas por el referido profesional del derecho merecen credibilidad, toda vez que el mismo ha acreditado debidamente el mismo día de la audiencia, mediante la presentación de dos publicaciones digitales impresas de los diarios de esa ciudad; publicaciones por las cuales se da cuenta de la protesta callejera que ese mismo día habían protagonizado el gremio de enfermeras en los alrededores de la municipalidad de San Pedro Sula; siendo pues que se ha acreditado en debida forma la razón de la demora en la comparecencia a la referida audiencia, esta Sala no encuentra razón alguna para que la primera instancia no le haya dado credibilidad a la misma, por lo que estimamos que mas bien el a-quo debió de proceder a señalar día y hora para la celebración de la audiencia de tramite. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala establece que en salvaguarda de los derechos fundamentales que consagra nuestra carta magna y dado lo que preceptúa el ya citado articulo 708 del Código del Trabajo, en el caso subexamine las actuaciones tanto del a-quo como del Tribunal de Alzada concitan las alegadas vulneraciones constitucionales del derecho de defensa y debido proceso, por lo que el recurso de amparo interpuesto por el abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, debe ser otorgado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con fundamento en los artículos 8 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 664, 665, 666, 672, 708 y 858 del Código del Trabajo; 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, contra la sentencia dictada en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil catorce (2014), por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0787-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL