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Sentencia AL-780-16 — Registro 6213

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación de Hecho contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que considera que el auto emitido se limita a señalar lo que ya fue resuelto en autos anteriores en demanda ordinaria laboral promovida por recurrente contra la Mancomunidad de Municipios de la Frontera (MAFRONA) y Solidariamente contra el Programa de Desarrollo Intefral (PDRI<; La Autoridad recurrida declaró inadmisible el recurso de apelación de Hecho en virtud de que ya se pronunció sobre el mismo asunto, declarándole sin l ugar sus pretensiones, resolución que también es firme

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida en apelación, el Tribunal de Segunda Instancia indicó que no se concretiza la existencia real de la afectación al recurrente, pues el auto emitido por el A-quo se limita a señalar lo que ya fue resuelto en un autos anteriores; igualmente se aprecia que el compareciente ha tenido la oportunidad de ejercitar las acciones que estimó convenientes contra el acto que le perjudica, por lo que no se puede alegar una violación al debido proceso por el hecho de no obtener una respuesta acorde a sus pretensiones..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la victima, y que no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."..."ésta Sala aprecia, que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en sus respectivas resoluciones, aplicaron correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa..."..."las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley..."..."cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad  corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.- _VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ FRANCISCO MOREIRA SALAZAR, a favor del señor MARCO TULIO INTERIANO CARDONA; recurso contra la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince, que declara sin lugar un recurso de Apelación de Hecho, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil quince, dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARCO TULIO INTERIANO CARDONA, en contra de la Mancomunidad de Municipios de la Frontera (MAFRON), representada por su Presidente el señor MARIO ROMERO y SOLIDARIAMENTE contra el PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL (P.D.R.I.) a través del señor ANGEL MANUEL RODRIGUEZ.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente acciona por estimar que la Alzada ignoró el hecho que en la sentencia definitiva de fecha 28 de noviembre de 2008, se ordenó la remisión de las diligencias al Ad-quem para consulta pero que dicho extremo no consta en autos, es decir no ésta acreditado en el expediente, consecuentemente relaciona el peticionario dicho fallo no esta firme por no cumplir con dicha condición conforme al artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aun cuando el A-quo y la Alzada afirmen es firme y constituye cosa juzgada.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que el recurrente invoca como violados entre otros, los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que con la resolución recurrida, la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince, declaró inadmisible el recurso de Apelación de Hecho, en virtud de que en fecha 12 de febrero de dos mil quince, ya se pronunció sobre el mismo asunto, en que ya le fue declarada sin lugar sus pretensiones, resolución que también es firme.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.-CONSIDERANDO: Que según de lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida en apelación, el Tribunal de Segunda Instancia indicó que no se concretiza la existencia real de la afectación al recurrente, pues el auto emitido por el A-quo se limita a señalar lo que ya fue resuelto en un autos anteriores; igualmente se aprecia que el compareciente ha tenido la oportunidad de ejercitar las acciones que estimó convenientes contra el acto que le perjudica, por lo que no se puede alegar una violación al debido proceso por el hecho de no obtener una respuesta acorde a sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta y garantizar la correcta administración de justicia.-CONSIDERANDO: Que para Couture, el agravio, dentro del ámbito del Derecho Procesal se configura como el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Es decir que el agravio, así entendido, presenta dos sentidos: uno de carácter substantivo, representado por la ofensa que contiene y que puede dar 1ugar a responsabilidad de orden civil o penal para el agraviante, y otro de índole adjetivo, en cuanto da derecho a la impugnación de una resolución judicial cuyo contenido se reputa agraviante al derecho de quien lo alega. Esta completa definición del agravio hecha por el connotado y respetado jurista uruguayo es compartida por esta Sala pues engloba de manera integral los elementos esenciales de lo que representa el agravio en un sentido estrictamente jurídico.-CONSIDERANDO: Que partiendo de lo anterior y ya en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, comporta ciertamente una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta.-CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la victima, y que no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos.-CONSIDERANDO: Que la alegación en que el impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, sin embargo ésta Sala aprecia, que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en sus respectivas resoluciones, aplicaron correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ FRANCISCO MOREIRA SALAZAR, a favor del señor MARCO TULIO INTERIANO CARDONA; contra la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince; por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimándose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Resolución de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0780-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.- _VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ FRANCISCO MOREIRA SALAZAR, a favor del señor MARCO TULIO INTERIANO CARDONA; recurso contra la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince, que declara sin lugar un recurso de Apelación de Hecho, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil quince, dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARCO TULIO INTERIANO CARDONA, en contra de la Mancomunidad de Municipios de la Frontera (MAFRON), representada por su Presidente el señor MARIO ROMERO y SOLIDARIAMENTE contra el PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL (P.D.R.I.) a través del señor ANGEL MANUEL RODRIGUEZ.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente acciona por estimar que la Alzada ignoró el hecho que en la sentencia definitiva de fecha 28 de noviembre de 2008, se ordenó la remisión de las diligencias al Ad-quem para consulta pero que dicho extremo no consta en autos, es decir no ésta acreditado en el expediente, consecuentemente relaciona el peticionario dicho fallo no esta firme por no cumplir con dicha condición conforme al artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aun cuando el A-quo y la Alzada afirmen es firme y constituye cosa juzgada.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que el recurrente invoca como violados entre otros, los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que con la resolución recurrida, la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince, declaró inadmisible el recurso de Apelación de Hecho, en virtud de que en fecha 12 de febrero de dos mil quince, ya se pronunció sobre el mismo asunto, en que ya le fue declarada sin lugar sus pretensiones, resolución que también es firme.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.-CONSIDERANDO: Que según de lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida en apelación, el Tribunal de Segunda Instancia indicó que no se concretiza la existencia real de la afectación al recurrente, pues el auto emitido por el A-quo se limita a señalar lo que ya fue resuelto en un autos anteriores; igualmente se aprecia que el compareciente ha tenido la oportunidad de ejercitar las acciones que estimó convenientes contra el acto que le perjudica, por lo que no se puede alegar una violación al debido proceso por el hecho de no obtener una respuesta acorde a sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta y garantizar la correcta administración de justicia.-CONSIDERANDO: Que para Couture, el agravio, dentro del ámbito del Derecho Procesal se configura como el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Es decir que el agravio, así entendido, presenta dos sentidos: uno de carácter substantivo, representado por la ofensa que contiene y que puede dar 1ugar a responsabilidad de orden civil o penal para el agraviante, y otro de índole adjetivo, en cuanto da derecho a la impugnación de una resolución judicial cuyo contenido se reputa agraviante al derecho de quien lo alega. Esta completa definición del agravio hecha por el connotado y respetado jurista uruguayo es compartida por esta Sala pues engloba de manera integral los elementos esenciales de lo que representa el agravio en un sentido estrictamente jurídico.-CONSIDERANDO: Que partiendo de lo anterior y ya en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, comporta ciertamente una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta.-CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la victima, y que no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos.-CONSIDERANDO: Que la alegación en que el impetrante basa su recurso, refiere que se violentaron el Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por considerar no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, sin embargo ésta Sala aprecia, que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en sus respectivas resoluciones, aplicaron correctamente lo dispuesto por la ley, para el asunto que nos ocupa.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley.-CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 457 y 470 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ FRANCISCO MOREIRA SALAZAR, a favor del señor MARCO TULIO INTERIANO CARDONA; contra la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince; por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimándose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Resolución de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0780-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL