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Sentencia AL-760-16 — Registro 9947

Resumen

Recurrente considera que existe incompetencia de Tribunal por razón de la materia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos. CONSIDERANDO (16): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (17): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO (18):Que se logra observar que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán, ha motivado su fallo en el hecho de que en el presente caso está acreditado y reconocida por la parte demandada la relación laboral que existió entre demandantes y demandada, lo cual resulta evidente a criterio de esta Sala; con ello podemos estimar que la relación de trabajo originada entre los trabajadores demandantes y la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, no se enmarca dentro de la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo. Ante esas circunstancias, por los derechos sociales que el legislador protege, la comparecencia o reclamo de la intervención de los Tribunales del Trabajo en forma legal por parte de quien se dice trabajador, supone la existencia de una relación de trabajo, que coloca el reclamo bajo la jurisdicción de los Juzgados de esta materia; salvo que no encontráramos ante los casos de excepción regulados en el citado Artículo 2 del Código de Trabajo; y, no es el caso; la negativa patronal sobre la naturaleza de la relación o contrato y su duración, se constituye en objeto de prueba en el curso del juicio.

CONSIDERANDO (19):Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (20):Que en virtud de lo anterior esta Sala, luego de efectuar un examen in extenso de los antecedentes de mérito, no advierte que con el fallo recurrido se hayan quebrantado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República; a contrario sensu, en su sentencia, la autoridad recurrida ha tutelado en forma efectiva, tanto la garantía genérica del debido proceso, como la vigencia de los principios que rigen el proceso laboral y al someter la contienda generada en el trámite de la demanda de mérito a la jurisdicción laboral, no ha hecho sino ceñirse a las exigencias y formalidades que la ley prescribe.CONSIDERANDO (21): Que por todas las razones anteriormente expuestas, y al no haberse acreditado las violaciones alegadas por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse"...

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 872 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACI N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintisiete de octubre del año dos mil dieciséis.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada TULA HERNANDEZ, a favor del señor ALLAN WADY CASTRO PARADA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciséis, que confirma el recurso de apelación contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciséis, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN FRANCISCO GONZALEZ SALGADO, contra la sociedad mercantil denominada PANADERÍA EL BUEN GUSTO, representada por el señor ALLAN WADY CASTRO PARADA.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se desprende que las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, recaen en que la Alzada no reconoce el defecto procesal de falta de capacidad o legitimación, misma que refiere la reclamante al no ser reconocida ocasionaría perjuicios económicos a su representado quien a su parecer no debió ser demandado por no tener relación jurídica material con el demandante.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se aprecia que la recurrente invoca como violentadas con el acto contra el cual reclama, el principio de legalidad y el derecho de defensa entre otros reconocidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada decide confirmar el auto apelado, toda vez que como lo indicó el A-quo en su resolución resulta improcedente pronunciarse con respecto a los defectos procesales de falta de capacidad y el de legitimación, toda vez que éstos debieron alegarse separadamente uno del otro, y no conjuntamente como lo hizo la impetrante.-CONSIDERANDO: Que las excepciones[1] o defectos procesales se encuentran determinados taxativamente en la ley, los que consisten en medios de defensa del demandado mediante los que se procura retardar la entrada en juicio o para destruir la acción y poner fin a la demanda.-CONSIDERANDO: Que la falta de capacidad procesal o jurídica[2] para comparecer en juicio es la aptitud de la persona natural o jurídica para ejecutar actos judiciales, ya sea personalmente cuando se está en el pleno ejercicio de los derechos civiles, o por medio de sus representantes legítimos que deban suplir su incapacidad.-CONSIDERANDO: Que la legitimación[3] reside en la relación jurídica que vincula a la parte demandante y a la demandada con el derecho, bien o interés que se discute en el proceso, es decir que la falta de legitimación solo procede si el demandado logra acreditar que no existe el vínculo que le atribuye el demandante y que la ley exige para reconocérsele como titular de la relación jurídica en dicha causa.-CONSIDERANDO: Que de lo expuesto anteriormente esta Sala de lo Constitucional no advierte que con la decisión del Tribunal de segunda instancia, se vulneren las garantías constitucionales que invoca la impetrante esta Sala encuentra acertadas las consideraciones esgrimidas por el Ad-Quem en su resolución. Es pues en razón a estos criterios que resultó procedente en la instancia procesal ordinaria la desestimación de las pretensiones de la demandada, no apreciando esta Sala la existencia de las desavenencias constitucionales que señala la recurrente.-CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo y la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que la recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada TULA HERNANDEZ, a favor del señor ALLAN WADY CASTRO PARADA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciséis; al advertir ésta Sala que las cuestiones alegadas por la demandante de amparo resultan ser alegaciones de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Resolución de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0760-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 710. PROPOSICIÓN Y DECISIÓN DE EXCEPCIONES.- El demandado deberá proponer, en la contestación de la demanda, o en la primera audiencia de trámite, todas las excepciones que crea tener en su favor. El Juez decidirá de las dilatorias en dicha ausencia, si el asunto fuere de puro derecho. Si hubiere hechos que probar deberán presentarse las pruebas en el acto y el Juez resolverá allí mismo. Si el demandante solicitare la celebración de una nueva audiencia para contraprobar, el Juez si lo considera conveniente, podrá decretarla. Esta audiencia deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días siguientes.

Las excepciones perentorias serán decididas en la sentencia definitiva.

[2] Artículo 62. CAPACIDAD PROCESAL.- COMPARECENCIA EN JUICIO Y REPRESENTACIÓN. 1. Sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 2. En otro caso se estará a las reglas siguientes: a) Las personas naturales que no se hallen en el caso del numeral anterior habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley. b) Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido. c) Por las personas jurídicas publicas, y por las privadas nacionales o extranjeras comparecerán quienes legalmente las representen. d) Las entidades sin personalidad comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, les atribuya la representación en juicio de las mismas. En su defecto por las personas que hubiesen contratado en su nombre o por quienes las gestionen. Código Procesal Civil.

[3] Artículo 64. LEGITIMACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 1. Para efectos procesales son partes legítimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa. 2… 3… Código Procesal Civil.