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Sentencia AL-637-15 — Registro 6028

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar el incidente de declinatoria por razón de la materia en demanda ordinaria laboral para que el patrono demuestre justa causa de despido, pago de prestaciones laborales promovida por demandante contra el Estado de Honduras por actuaciones de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales; La Autoridad recurrida considera que cuando se colige que existió subordinación hacia el patrono, configurándose los elementos del contrato de trabajo no importa el nombre que se le haya dado por lo que la demanda corresponde a la competencia de la jurisdicción laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Del estudio de la foliada esta Sala ha podido constatar que ciertamente ha existido una relación laboral de acuerdo a la documentación acompañada al expediente de mérito entre la demandante y la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, en la que concurren los elementos esenciales para determinar dicha relación laboral; constando en autos que la trabajadora realiza una actividad determinada, bajo una subordinación continua y un salario en concepto de retribución por el servicio prestado. Por todo ello, esta Sala encuentra que la resolución dictada por el Ad-Quem, ha respetado, las exigencias, requisitos, solemnidades que garantizan el debido proceso, y por ende una tutela judicial efectiva..."..."el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial . Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona . Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que observa los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso..."..."esta Sala observa que el Derecho de Defensa de la Recurrente no ha sido vulnerado, derecho que se ha garantizado a lo largo del proceso, donde la recurrente ha tenido la mismas oportunidades procesales que su contendiente, así como el derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, tal y como acontece con el recurso que ahora nos ocupa, en consecuencia no existe la vulneración al derecho a la defensa invocado por la recurrente..."..."esta Sala deja establecido que la recurrente no desarrollo este motivo de amparo, sin embargo del estudio de los antecedentes y la resolución no se observa vulneración a dicha disposición constitucional, puesto que se ha garantizado el debido proceso que consecuentemente da lugar a una tutela judicial efectiva para las partes; y siendo que los Funcionarios judiciales han actuado dentro del marco de sus facultades, conforme a derecho, no se advierte vulneración alguna a esta disposición constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de mayo del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada MARTHA EUGENIA BARAHONA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; en fecha treinta (30) de abril del año dos mil quince (2015), que declaro Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARTHA BARAHONA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil quince (2015), con relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora BETSAIDA NUÑEZ SOLORZANO, contra el ESTADO DE HONDURAS.- Considera la recurrente que la decisión del Ad-Quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 82, 90 Y 206 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha quince (15) de mayo del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la señora BETSAIDA NUÑEZ SOLORZANO, interponiendo Demanda ordinaria Laboral para que el patrono demuestre justa causa de despido, pago de prestaciones laborales, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, representada por el Procurador General de la República.- (Folio 01 al 05 de la primera pieza del Juzgado). 2) Que el referido Juzgado, dictó resolución en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil quince (2015), en el cual “FALLA: Declarando SIN LUGAR el Incidente de DECLINATORIA POR RAZÓN DE LA MATERIA, interpuesto por la Abogada MARTHA BARAHONA, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por la señora BETSAIDA NUÑEZ SOLORZANO, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del representante legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SIN COSTAS en esta instancia…” (Folio 63 al 65 de la pieza del Juzgado). 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARTHA BARAHONA, en fecha treinta (30) de abril del dos mil quince (2015), FALLA: “ 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARTHA BARAHONA, accionando como Representante Procesal apelante 2.- CONFIRMA el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de marzo del año dos mil quince, que corre agregada a ( folios 18 al 20) la pieza compulsada.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia…” (Folios 28 al 29 de la segunda pieza de antecedentes). 4) La recurrente abogada MARTHA EUGENIA BARAHONA, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de junio del año dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-Quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículo 82, 90 Y 206 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha once (11) de abril del año dos mil dieciséis (2016) (folio 52 de la pieza de Amparo). 5) Que con fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil dieciséis, la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. (Folio 55 al 59 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha treinta de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de marzo del año dos mil quince, con relación a la Demanda Laboral promovida por la señora BETSAIDA NUÑEZ SOLORZANO, contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo, en su parte conducente (F. 49 pieza de amparo) dice: que ha recurrido en amparo después de haber interpuesto el recurso ordinario de reposición, (SIC) "puesto que se alegó entre otras cosas que la demandante suscribió contrato temporal de Servicios Profesionales, con fecha determinada, y que conforme lo que prescribe la normativa del artículo 3 inciso a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción competente para conocer de todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los Poderes del Estado, es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo; no obstante con sustentación de "Criterio Unificados",la corte de apelaciones del Trabajo confirmó la Resolución del Auto Interlocutorio de fecha 25 de marzo del 2015, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo declarando sin lugar el incidente de Declinatoria, lo que demuestra la inobservancia a esta normativa jurídica que limita la defensa de su representado, pues el juzgador no permite ni valorar la voluntad de las partes ni el sometimiento de las partes a las condiciones que rigen el referido contrato suscrito, siendo estos elementos esenciales la aceptación y el sometimiento de las partes, requisito indispensable para que tenga validez un contrato, el cual al no estimarse por el juez impide pronunciarse objetivamente y con parcialidad hacia una parte; es así que la falta de sustentación legal de la reclamación de la señora BETSAIDA NUÑEZ SOLORZANO se refleja en reiteración durante la secuela del juicio, en vista que suscribió con mi representada el Estado de Honduras a través de la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, contrato de servicios profesionales por tiempo determinado, lo que esta preceptuado en los artículos 3 inciso a), 6, 108, 109, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo, por lo cual se infiere que la jurisdicción que debe conocer de la presente acción en la jurisdicción de lo Contencioso administrativo". Señalando que el Juzgado de Letras del Trabajo debió inhibirse de conocer de la referida demanda. Manifiesta que considera que se han vulnerado los siguientes derechos: Derecho a la Defensa, artículo 82, artículo 90 del debido proceso y 321 de las facultades de los Servidores del Estado, todos de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en el considerando tres de su resolución (F.28 pieza de apelación) señala: (sic) "que cuando se pretenda ocultar autenticas relaciones laborales en contratos que aparentemente no podrían ser conocidos por la jurisdicción del trabajo, el Juez deberá analizar los hechos a la luz de los principios protectorio, especialmente el de primacía de la realidad, es decir que si de la relación contractual derivan de los elementos esenciales del contrato de trabajo tales como: 1) la subordinación; 2)si se presta el trabajo de manera personal ; 3) si existe el salario como retribución del servicio, el lugar y los medios con que se ejecute el trabajo". En el presente caso las labores que desempeñó la demandante por tres años consecutivos fueron para los mismos fines, modificando solamente los períodos recontratación, además de estar sometida a un horario de trabajo, percibiendo una retribución mensual por sus servicios, también tenía permanencia en la institución como asistente del Procurador del Ambiente, de lo cual se colige que existió subordinación hacia el patrono, configurándose de tal manera los elementos del contrato de trabajo establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, condiciones que están enmarcadas en propios contratos, no importa el nombre que se le haya dado, por tanto la demanda está comprendida dentro de la esfera de competencia de la jurisdicción laboral". CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem invoca el Principio de la Primacía de la Realidad, como uno de los principios fundamentales del Derecho del Trabajo, significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia alo primero, es decir alo que sucede en el terreno de los hechos, así mismo explica el alcance de esta concepción: “La existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieran pactado, sino de la situación real en la que el trabajador se encuentre colocado y la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento. De donde resulta erróneo pretender juzgarla naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieran pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecen de todo valor. En consecuencia el Tribunal de alzada falla declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (7): Que el objeto propio del derecho laboral lo constituyen todas las normas legales relacionadas con el contrato de trabajo y sus consecuencias mediatas e inmediatas, regulando la forma, modo y condiciones en que el trabajo subordinado ha de desarrollarse. Contemplan, por tanto, la jornada de trabajo, los descansos obligatorios, las condiciones de salubridad, seguridad e higiene, etcétera, disposiciones que son de orden público y que están reguladas en el Código del Trabajo. Del estudio de la foliada esta Sala ha podido constatar que ciertamente ha existido una relación laboral de acuerdo a la documentación acompañada al expediente de mérito entre la demandante y la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, en la que concurren los elementos esenciales para determinar dicha relación laboral; constando en autos que la trabajadora realiza una actividad determinada, bajo una subordinación continua y un salario en concepto de retribución por el servicio prestado. Por todo ello, esta Sala encuentra que la resolución dictada por el Ad-Quem, ha respetado, las exigencias, requisitos, solemnidades que garantizan el debido proceso, y por ende una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que observa los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo a lo antes expuesto esta Sala observa que el Derecho de Defensa de la Recurrente no ha sido vulnerado, derecho que se ha garantizado a lo largo del proceso, donde la recurrente ha tenido la mismas oportunidades procesales que su contendiente, así como el derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, tal y como acontece con el recurso que ahora nos ocupa, en consecuencia no existe la vulneración al derecho a la defensa invocado por la recurrente. CONSIDERANDO (11): Que la impetrante manifiesta la vulneración del artículo 321 que dispone que “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Al respecto, esta Sala deja establecido que la recurrente no desarrollo este motivo de amparo, sin embargo del estudio de los antecedentes y la resolución no se observa vulneración a dicha disposición constitucional, puesto que se ha garantizado el debido proceso que consecuentemente da lugar a una tutela judicial efectiva para las partes; y siendo que los Funcionarios judiciales han actuado dentro del marco de sus facultades, conforme a derecho, no se advierte vulneración alguna a esta disposición constitucional. CONSIDERANDO (12): Que el Ministerio Público emitió su dictamen en fecha veintiuno de abril del año dos mil dieciséis; habiendo sometido a estudio la foliada concluye que no aprecia vulneración de ninguna garantía constitucional invocadas por el recurrente, siendo del parecer porque Se DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 2, 55 literal b), del Arancel del Profesional del Derecho; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por la Abogada MARTHA EUGENIA BARAHONA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha treinta de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTTUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de junio de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número 0637-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.